La Cámara de Comercio de Lima (CCL) se pronunció en contra del dictamen del proyecto de ley 5981/2023-CR presentado por el Congreso de la República, aprobado en primera votación, que propone modificar artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, advirtiendo que la iniciativa pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país y el pleno desarrollo de las inversiones.
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Al analizar el dictamen, se observa que la modificatoria considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los seis años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción.
El gremio empresarial también cuestionó otras disposiciones del dictamen como el allanamiento a las propiedades, el cual debe darse con la presencia del imputado y de su abogado. Ello implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones, facilitando así el eventual encubrimiento de información y elemento de prueba para la investigación.
Asimismo, consideró como grave que se ponga como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto.
Comisión de Seguridad Ciudadana
Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Giovanni Conetta, expresó su preocupación al afirmar que, si el dictamen es aprobado, muchos de los delitos que hoy están tipificados en el Código Penal, dejarían de ser analizados bajo la perspectiva de crimen organizado.
Para Giovanni Conetta, la norma “es una clara amenaza para la actividad empresarial y laboral, afectando también a la dinámica de las inversiones y el clima de negocios”. Supone además una clara afectación a la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y las economías ilegales; así como obstrucción a las funciones y las diligencias del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
Indicó que las empresas consideran diferentes aspectos para invertir en el país, siendo uno de ellos la seguridad jurídica, legal y social.
“En lugares de alta incidencia delictiva y la falta del imperio de la ley, los capitales extranjeros optarán por otros mercados más estables”, comentó.
Sostuvo que actualmente no se han logrado avances significativos para reducir los niveles de delincuencia pese a la voluntad e iniciativa por parte del Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional, instituciones que requieren de mayores recursos.
Ciudadanos más expuestos a delincuencia
Ante estas observaciones que generan preocupación, la Cámara de Comercio de Lima invocó al Congreso de la República a tomar en cuenta estas consideraciones en la segunda votación del referido dictamen. Mientras tanto, el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben sentar su posición frente a esas modificaciones que, de prosperar, harán que los ciudadanos estén más expuestos frente a extorsionadores, asaltantes y secuestradores.
Así también, la CCL exhortó al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) a sostener prontamente reuniones con los diferentes gremios empresariales para trabajar y definir una política clara contra el crimen organizado.
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