En la evolución de la humanidad y la formación de las sociedades, existen ciertos hitos cardinales que constituyen una línea divisoria entre un pasado al que no se debe retroceder y el futuro que se busca alcanzar a través de logros determinados. Ellos definen el progreso de la civilización a lo largo de la historia.

En este artículo examinaremos algunos de ellos, relevantes para el tema del arbitraje.

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La justicia no puede tomarse por las propias manos

Para evitar la venganza y la violencia como herramientas justicieras, se logró que la justicia se discierna no directamente por las partes interesadas, sino a través de terceros.

Esos terceros, inicialmente conciliadores y luego decisores, fueron originalmente las mismas autoridades públicas, que asumieron la facultad de pronunciar y ejecutar las soluciones de derecho (juris -dictio) en las controversias.

No obstante, era difícil asegurar la independencia de los responsables en el caso de los conflictos entre esas autoridades y los particulares. Estos últimos requerían en forma creciente una mayor especialización y celeridad en las decisiones, así como hacer efectivo el ejercicio de la autonomía de su voluntad.

Así, surge primero la necesidad de independizar la función jurisdiccional de las demás funciones públicas, y luego el derecho de someter las controversias a la decisión de personas independientes y escogidas por los propios interesados. Este es el origen del arbitraje.

Pacta sunt servanda

Lo acordado libremente por las partes debe ser respetado y cumplido. El derecho es una realidad laboriosamente construida por los pueblos sobre la base de las experiencias vividas, las dificultades superadas, y los valores y principios que se postulan.

En esta construcción resulta vital el compromiso generalizado de la sociedad de respetar la ley, así como los contratos como una manifestación tangible de la autonomía de la voluntad.

Esta última es la expresión del ejercicio de la libertad como valor conquistado, no sin luchas ni sin victorias, a lo largo de la historia de los pueblos.

El respeto a esa manifestación de la libertad, conjugada entre dos o más partes, se materializa en el principio de que los contratos son “leyes para las partes” que los acuerdan.

Por ello, los contratos no pueden ser desatendidos ni incumplidos, y resulta del más alto interés de las sociedades exigir su cumplimiento e impulsar desde la ley su exigencia recíproca entre quienes suscriben un pacto, acuerdo o contrato.

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El Estado de Derecho

La autoridad aprueba las leyes y exige su cumplimiento. Pero eso no la sitúa por encima de ellas. Por el contrario, las leyes están por encima de la autoridad, y le facultan o le limitan su ejercicio. La autoridad no puede desconocer ni desbordar el contenido de las leyes, ni puede ejercer una facultad discrecional donde las leyes no se lo permiten en forma expresa. Este principio es el fundamento y el espíritu de lo que se conoce como Estado de derecho, que los sajones resumen en su esencia: rule of law, el gobierno de la ley sobre las autoridades llamadas a cumplirlas y respetarlas.

Además del respeto a la ley, se encuentra el respeto a los contratos y el respeto a las decisiones jurisdiccionales de jueces y árbitros. Si se desconocen o incumplen contratos, sentencias judiciales o laudos arbitrales, se atenta contra todo el ordenamiento jurídico y se violenta el Estado de derecho.

El desarrollo depende del (respeto al) Estado de Derecho

A lo largo de su historia, especialmente en los últimos dos siglos, el mundo ha descubierto la relación existente entre el respeto a las instituciones jurídicas y las condiciones básicas que hacen posible el desarrollo de las naciones. No puede haber crecimiento ni desarrollo de las sociedades si no se respeta el Estado de derecho.

Cuando una autoridad, de cualquier nivel, desconoce las normas básicas del Estado de derecho (respeto de leyes, sentencias, laudos o contratos), incumple las condiciones básicas del desarrollo y deteriora la reputación del país como una nación civilizada y respetable, lo que daña la confianza de los ciudadanos y la que requieren las inversiones.

Las autoridades que así procedieran pierden, además, uno de los requisitos de su legitimidad y respetabilidad, y fracturan la piedra angular de la confianza ciudadana y de la ejemplaridad pública, causando un daño incalculable a su país.

Reflexión final

Por la modernización global de las instituciones jurídicas, el especial cuidado legislativo y las buenas prácticas cumplidas por gobernantes y ciudadanos, el arbitraje creció saludablemente hasta ahora en el Perú, y nuestro país ha logrado presentar ante el mundo un tratamiento ejemplar del arbitraje.

El Perú ha conquistado internacionalmente un lugar preponderante y modélico en materia arbitral que todos debemos cuidar como un patrimonio invalorable. En nuestras manos está defenderlo o destrozarlo. Recordemos los hitos cardinales logrados por la humanidad y las sociedades a lo largo de la historia, y cumplamos el deber de defender lo que toca respetar.

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Los próximos días son cruciales, decisivos para el futuro del país, pues este domingo debemos acudir una vez más a las urnas para decidir en manos de quién confiaremos el gobierno de nuestro Perú.

 

Es una decisión trascendental que debemos meditar con muchísimo cuidado, dejando de lado traumas, revanchismos, rencores o antipatías, pues lo que está en juego es el presente y futuro, no solo de nuestro país, sino esencialmente el de nuestros padres y hermanos, el de nuestros hijos y nietos, el de nuestra familia y, en definitiva, nuestro propio destino individual.

 

En las últimas semanas, la Cámara de Comercio de Lima emprendió una campaña sobre la importancia y la defensa de la libertad, poniendo énfasis en la trascendencia que esta tiene en nuestra vida cotidiana.

 

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Hoy la libertad cobra un especial significado, especialmente en estos momentos, pues en otros países de la región, vecinos del Perú, se ha logrado imponer y se está pretendiendo imponer —por la fuerza del vandalismo y las protestas disfrazadas de reclamos ciudadanos— regímenes totalitarios que ambicionan implantar ideologías del pensamiento único, donde quien difiere es descalificado, agredido, humillado y perseguido.

 

Los que propugnan este tipo de regímenes son quienes pretenden ordenarnos, desde su ficticia autoridad moral y la mendaz altura intelectual que ellos mismo se han erigido, en qué debemos invertir, dónde y en qué debemos trabajar, qué productos debemos comprar o consumir y qué uso debemos dar al dinero que ganamos con el esfuerzo de nuestro trabajo.

 

No solo eso, sino que también ambicionan decidir el tipo de educación que debemos dar a nuestros hijos, en qué colegios deben estudiar, qué debemos decir, leer o publicar, qué debemos ver y oír en la radio y la televisión, de qué nos podemos reír y hasta si debemos tener un Dios en el cual creer y rezar.

 

Tengamos en cuenta que de nuestra decisión dependerá quiénes serán los responsables de conducir a nuestro país en esta hora tan difícil, en que se encuentra sumido en una aguda crisis sanitaria y económica, producto de uno de los peores y más negligentes manejos de la pandemia que se haya hecho en el mundo.

 

Todos somos testigos de sus resultados desgarradores: miles de muertos porque no recibieron la más mínima atención médica ni oxígeno, enfermos con efectos colaterales, y arrastrará de por vida centenares de grandes, medianas y pequeñas empresas quebradas y millones de desempleados y familias que han vuelto a caer en la extrema pobreza.

 

Y, por si fuera poco, tenemos latente la amenaza asesina y destructiva del terrorismo aliado del narcotráfico, que controla una extensa área de nuestro territorio, donde impone la muerte y el horror. En estas condiciones recibiremos el bicentenario de nuestra independencia, viviendo un calvario en lo que debería haber sido una celebración.

 

Frente a esta situación, lo responsable es optar por un gobierno que ofrezca un mínimo de condiciones y capacidad organizativa y profesional para enfrentar esta tragedia.

 

Pero, a la vez, que sea capaz de corregir todo aquello que no funciona del actual modelo económico, que elimine y sancione los abusos que se han cometido a su amparo, que haga que el crecimiento y especialmente el desarrollo y bienestar, lleguen a todos los peruanos.

 

Debemos entender ahora —porque tal vez no haya otra oportunidad—, que es imperioso reenfocar nuestro objetivo como país, para que no haya quienes se sientan excluidos del sistema, al punto de ser capaces de ponernos a todos al borde del abismo.

 

Esto nos lleva a dejar en claro que no podemos ni debemos optar o confiar en quienes han hecho de la improvisación, la incapacidad, las amenazas de perpetuarse en el poder, los chantajes confiscatorios, el divisionismo entre peruanos y de la venganza, su plan de gobierno.

 

No rehuyamos a nuestra obligación y derecho de elegir, es tiempo de dejar de lado la cómoda posición de dejar que sean otros los que decidan, de eludir nuestra responsabilidad. Nunca como antes ha estado tan en juego el futuro del Perú.

 

Está en nuestras manos evitar que tomemos un camino equivocado que nos llevará a más muertes, mayor ruina económica y pobreza, pues se trata de un camino del que no solo nos arrepentiremos nosotros sino también nuestras siguientes generaciones.

 

Recuperemos el optimismo y vayamos a votar; con fe, alegría y convicción, sabiendo que contribuiremos a que volvamos a ser un solo equipo que junto, unido, construya un mejor país con oportunidades para todos. Es hoy.