La Cámara de Comercio de Lima cuestionó que una controversia netamente jurídica que debe definirse en el Tribunal Constitucional, referida a la adecuada aplicación de normas en el tiempo (principio de irretroactividad) y el correcto ejercicio de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo, pretenda politizarse a fin de ejercer presión sobre los magistrados. […]