Estamos en un panorama complicado por la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo asume la conducción de la CCL en este contexto?

Los tiempos complicados no han terminado. Atravesamos una pandemia cuyo virus, dos años después, aún confina en sus hogares a millones de personas en el mundo. Mientras convivimos con los tambores de la guerra en Ucrania, la economía mundial y nacional se encuentran seriamente afectadas con incrementos de precios y del costo del dinero.

 

Asimismo, vivimos una crisis logística que golpea a todos los países y estamos inmersos en una crisis política que comienza a afectar los servicios ciudadanos básicos y los conflictos sociales van en aumento. Los momentos que nos tocarán vivir serán aún más difíciles, si no hacemos algo para evitarlo. En estas circunstancias asumo la presidencia de la CCL, con el ánimo de unir a los empresarios y políticos para la recuperación del país.

 

Ello, porque, pese a las crisis que nos ha tocado vivir, los empresarios nunca hemos perdido la esperanza. La innovación, el emprendimiento y el orgullo del trabajo duro han sido parte del ADN de los peruanos, quienes mostrábamos a los inversionistas y visitantes lo que teníamos que ofrecer en materia de inversiones y turismo.

 

Los empresarios nos convertimos en los embajadores del boom peruano, que muchos titulaban como el milagro latinoamericano. Sin embargo, eso no quiere decir que todo estaba bien, pues se quedaron en el tintero las reformas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Tal vez si hubiéramos avanzado en la reforma de salud, no hubiéramos tenido que lamentar los más de 200.000 muertos producto de la pandemia. ¡Hoy, nuevamente, la patria nos llama y aquí estamos los empresarios!

 

Entonces, ¿cuál debería ser el rol del empresariado ante esta coyuntura política y económica?

Sin duda, debemos unir esfuerzos y lograr consensos para salir adelante. La historia así lo señala. Por eso, aquí estamos los empresarios nuevamente cansados de estériles agitaciones políticas y ansiosos de aplicar nuestras fuerzas para procurar mejoras en nuestro camino al desarrollo.

 

Desde la CCL hemos planteado a los otros gremios empresariales del país consensuar una agenda de acuerdos mínimos que permitan impulsar la reactivación económica, así como exigir al Gobierno que implemente las políticas públicas urgentes para atender a los sectores más vulnerables de la población, lo cual no pasa por la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

 

Luego de que nuestro país creciera en promedio 5% entre los años 2000 y 2018, logrando reducir la pobreza monetaria en casi 60% de la población, hoy se requiere alcanzar la inclusión de la mayor cantidad de peruanos, para lo cual son necesarias una serie de reformas.

 

Hay que trabajar aún en esa ansiada inclusión y esta se debe lograr manteniendo la economía de mercado, a través de una saludable macroeconomía, con un nivel de endeudamiento bajo y reservas suficientes para solventar crisis externas. Esto debe ser complementado con mayor dinamismo de la inversión pública y privada.

 

¿Cuáles son las propuestas que tiene la CCL al respecto?

No solo tenemos propuestas en los temas de coyuntura económica, sino una mirada de largo plazo. Queremos incidir en los cambios estructurales que nos proyecten a un país más justo e igualitario, fortaleciendo nuestra democracia, el Estado de derecho, que protege nuestras libertades individuales y los derechos humanos de todos los peruanos.

 

Nuestras propuestas están alineadas al objetivo de acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para conectarnos al mundo y lograr que las empresas peruanas se ubiquen en las escalas más altas de las cadenas globales de valor, aprovechando las nuevas tecnologías; con mejores reglas y prácticas, cuidando nuestro ambiente y a nuestras comunidades para que sean parte de todo este proceso.

 

No obstante, necesitamos y exigimos un Estado eficiente y eficaz, transparente e íntegro. Y, por nuestra parte, debemos colaborar con esas mismas prácticas en el logro de las metas de desarrollo de nuestro país. En una economía social de mercado, todos debemos comprometernos en el bien común.

 

Por ello, desde la CCL haremos política presentando propuestas de políticas públicas, para alcanzar nuestro objetivo común: el bienestar del Perú.

 

¿Qué es lo más urgente que se necesita hacer en el Perú?

Necesitamos generar mercados más competitivos, abiertos, transparentes, sostenibles y con más competencia, donde las micro, pequeñas y medianas empresas puedan crecer y generar empleo digno y formal; disminuyendo las diferencias entre trabajadores, empresas y regiones.

 

Hace un par de años, la CCL preparó un estudio que hacía propuestas para lograr la inclusión en la formalidad de más empresas y trabajadores, con algunos cambios de política tributaria, laboral y de seguridad social, en pro del trabajador y de las pymes.

 

Dicho documento fue presentado de manera desinteresada a las autoridades. Lamentablemente, la turbulencia política desvió el interés en temas tan relevantes como este y no se avanzó en dichas reformas tan importantes para el desarrollo del país.

 

Somos testigos de que la turbulencia política se mantiene, y es, sin duda, una de las razones que alimentan la crisis por la que estamos atravesando.

 

Pero no es la primera vez que pasa. Tras la Guerra del Pacífico y durante la lucha contra el terrorismo nos encontramos en escenarios muy similares.

 

¿Qué enseñanzas nos dejan estos 134 años de existencia que tiene la CCL como gremio empresarial?

La CCL fue el primer gremio empresarial del Perú y nació de las cenizas de la Guerra del Pacífico. Es importante señalar que en esos momentos el Perú estaba quebrado, enlutado y dividido. La reconstrucción nacional era un reclamo general.

 

Los ciudadanos entendieron que debían dejar de lado sus diferencias para reconstruir el Perú. Por ello, empresarios con vocación patriótica decidieron fundar en abril de 1888 la CCL. Este gremio nació con la misión de participar activamente en la reconstrucción y ayudar a resanar el dañado tejido social de la postguerra.

 

Sin embargo, en su historia la CCL hizo mucho más que eso. Ha sido precursora de la Justicia Arbitral en el Perú, de la Ley de Bancos, de la creación de la Caja de Depósitos y Consignaciones, que luego dio origen al Banco de la Nación, del registro de protesto, del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades. Un largo camino colaborando con el fortalecimiento de la institucionalidad en el Perú.

 

¿Cuál es su objetivo como nueva presidente de la CCL?

Nuestra meta es avanzar en la formación de un Centro de Pensamiento, con la autoridad que nos otorgan nuestros miles de asociados, micros, pequeños medianos y grandes empresarios. La diversidad de intereses de los mismos nos obliga a fijar posiciones técnicas, transversales, claras y transparentes.

 

No agotaremos nuestros esfuerzos en la elaboración de propuestas sustentadas, sostenibles y técnicas, sino que las socializaremos entre las autoridades que deben ejecutarlas y, lo más importante, las difundiremos entre los ciudadanos a lo largo y ancho del país para explicarles los beneficios que una economía de mercado tiene para ellos.

 

Para lograr estos objetivos trabajaremos con Perucámaras, esfuerzo de descentralización gremial que impulsó nuestra institución gremial.

 

Llegó la hora de unirnos en torno a la defensa de la economía social de mercado, la que ha demostrado ser eficiente en la lucha contra la pobreza y el desarrollo del país. Las cifras así lo demuestran.

 

¿Se puede interpretar que el cambio de gabinete ministerial significa una moderación del Gobierno del presidente Pedro Castillo?

No sé si podemos hablar de moderación. Es muy pronto para definir este nuevo gabinete. Lo más urgente es saber si ahora tenemos un gabinete ministerial que tenga definidos objetivos claros, específicos para el corto, mediano y quizás largo plazo.

 

Frente al desorden, caos, enfrentamientos y amenazas que dejó en su camino quien lideró hasta hace poco la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que el país requiere ahora es un rumbo, un horizonte claro y una meta a la que aspiremos juntos a llegar.

 

El Gobierno no puede darse el lujo de seguir perdiendo tiempo y recursos en batallas inútiles cuando lo que tiene al frente es una grave crisis económica, una emergencia sanitaria que no termina de irse y un proceso de vacunación que, si bien marcha bien por ahora, comenzó muy tarde, con las consiguientes consecuencias trágicas que supuso esta demora.

 

Quienes día a día luchamos por sacar adelante el Perú necesitamos saber que nuestras autoridades, sobre todo quienes dirigen el país, trabajan con nosotros, trabajan para buscar el desarrollo y bienestar de todos los peruanos y no por una causa política determinada ni en favor de un grupo de políticos con ideas ya superadas en la mayor parte del mundo.

 

El Gobierno del presidente Pedro Castillo y el gabinete, presidido por la señora Mirtha Vásquez, deben comprender la enorme responsabilidad que tienen de sacar al Perú de la grave situación en la que se encuentra y, en ese sentido, priorizar las acciones que van a impulsar, dentro de las cuales obviamente una Asamblea Constituyente no es necesaria.

 

Los cambios siempre son necesarios, pero refundar la República y arrasar con todo lo anterior, incluyendo lo bueno, no es sano ni mucho menos necesario.

 

 

El Gobierno no parece tener en su radar a la inversión privada y ha dado muestras de ello. ¿Qué le diría usted al presidente Pedro Castillo sobre este tema?

En una  de las reuniones que tuvimos los gremios empresariales con el presidente Castillo, se lo dije directamente: debe impulsar la inversión privada porque es la única que genera recursos al fisco y fomenta el empleo formal y permanente.

 

Lo seguiré diciendo, aunque suene cansino porque pareciera que muchos se olvidan que los avances, éxitos y el crecimiento económico de las tres últimas décadas, que se explican no solo por una estabilidad macroeconómica del país, un manejo responsable de las cuentas fiscales y una política monetaria estricta a cargo de un ente emisor autónomo, sino también por el compromiso y desempeño de la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

 

Somos muchos los empresarios y emprendedores comprometidos con el desarrollo, no solo de nuestras empresas o proyectos, sino con el Perú mismo y lo hicimos porque tuvimos un clima donde primó la predictibilidad, la estabilidad jurídica, el respeto a los contratos firmados.

 

Todo eso debe permanecer porque se ha demostrado que, sobre esta base, el Perú puede seguir creciendo para volver a ser “el milagro peruano” que permitió a millones de nuestros compatriotas superar la pobreza.

 

Los estragos de la inestabilidad política, la falta de rumbo, de liderazgo, la prepotencia, la carencia de cuadros profesionales preparados y hasta la terquedad respecto a un cambio de Constitución ya los tenemos aquí y en los primeros 70 días del Gobierno, con una devaluación constante de la moneda, un aumento de los precios en los alimentos y servicios básicos y una pérdida de empleos.

 

Mayor ejemplo de que esa no es la vía, no puede tener el señor Castillo.

 

 

Hay una visión muy estatista en el actual Gobierno y, en paralelo, un discurso anti empresa, aun cuando el presidente dice otra cosa en sus discursos. Frente a ello, se cuestiona al sector empresarial por no responder con mayor firmeza.

 

Nosotros respondemos, expresamos nuestra posición y en la Cámara de Comercio de Lima hemos sido muy críticos respecto a una serie de anuncios del Gobierno a designaciones cuestionables, y por supuesto que hemos enviado por los canales correspondientes y con total transparencia nuestras propuestas en relación a diversos temas en favor de los trabajadores, los empresarios y emprendedores.

 

Lo que no podemos hacer los gremios empresariales, y en general todos los peruanos, es no respetar la institucionalidad de nuestro país. Ya suficiente se perdió en los últimos años y creo que lo que hoy vivimos es resultado precisamente de no saber respetar nuestras instituciones.

 

La democracia que tanto decimos defender empieza por respetar a las autoridades elegidas, nos gusten o no, hayamos votado por ellas o no. ¿Qué esperan de nosotros? ¿Una invocación al caos, al desorden, a la vacancia? El empresario peruano está enfocado en trabajar, en producir y dar trabajo; en defender lo que ha conseguido hasta hoy en democracia y, que yo sepa, hoy seguimos en democracia.

 

Busquemos que las autoridades entiendan que mucho de lo conseguido en materia económica y para bienestar de los peruanos se hizo bajo un modelo económico.

 

¿Requiere cambios este modelo? Claro que sí, como todo en la vida. Podemos y debemos llegar a consensos para mantener lo bueno y cambiar lo que ha resultado o no ha permitido que más peruanos alcancen el bienestar que se merecen.

 

 

Si son posibles los cambios, ¿por qué no aceptar entonces un cambio de Constitución?

Porque no se trata de refundar un país, de ir redactando una Constitución cada vez que sube un gobierno.

 

Además, una facción del Gobierno cuestiona precisamente con una visión ideologizada la parte de la Carta Magna que define para el Perú un modelo económico de libre mercado.

 

Creo que en realidad se trata de eso: de eliminar totalmente este modelo para reemplazarlo por un sistema estatista, a pesar que está demostrado que el Estado es ineficiente, que registra elevados niveles de corrupción y que sirve de vehículo para pagar favores partidarios.

 

Un amplio sector del país no quiere esos cambios; lo que se quiere es un Estado que sea eficiente, que tenga capacidad de gasto de calidad y oportuno, que ofrezca servicios básicos a toda la población, que priorice la salud y la educación antes de inversiones públicas en obras que no benefician a todos o que solo sirven para generar consultorías inútiles.

 

Debemos hacer cambios, pero no tanto en las normas y leyes como sí en la manera de ejecutarlas; cambios en la administración pública para que, finalmente, se encuentre en manos de profesionales idóneos, y por supuesto, queremos cambios para que la corrupción sea erradicada.

 

Queremos cambios para que nuestros niños y jóvenes tengan un país más equitativo, que les permita acceder a la educación que por derecho merecen, un país que les brinde oportunidades.

 

¿Una nueva Constitución asegurará todo eso con el mismo Estado de siempre y, más aún, cuando ahora el sector público parece ser la mejor manera de pagar favores de campaña? Creo que no.

 

 

¿Cuál debe ser la agenda del Gobierno y del Congreso de aquí al próximo año?

Generar un clima de estabilidad política y jurídica para dinamizar la economía, generar empleo formal, atraer inversiones privadas, agilizar la inversión pública, garantizar que los peruanos cuenten efectivamente son servicios básicos y dar a la administración pública un manejo eficiente y transparente.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) consideró que la presentación por parte del partido de Gobierno, de un proyecto de ley que plantea reformar la Constitución Política vigente para poder convocar a una Asamblea Constituyente, si bien parte del supuesto correcto de que para llegar a ese punto es imprescindible que el Congreso haga una Reforma de la Constitución, abandonando así la ilegal tesis de usar un referéndum directo; no por eso tal iniciativa de ley es legítima.

 

“Esta iniciativa no augura nada bueno porque agudiza la incertidumbre y, por tanto, la inestabilidad política.  Acaba también con la predictibilidad que requiere la ciudadanía para gozar de sus derechos   y para hacer inversiones que generen empleo. La estabilidad jurídica que caracterizaba al Perú desde hace más de tres décadas, finalmente, se va diluyendo”, advirtió el presidente del gremio empresarial, Peter Anders.

 

Recordó que la rebaja de la calificación crediticia del Perú por parte de la agencia calificadora Moody´s, precisamente da cuenta de que su decisión obedece a la inestabilidad política y a la falta de claridad de las políticas públicas en nuestro país; de algún modo, la tesis “refundacional” de la República que blanden los autores del proyecto de ley añade justamente incertidumbre y dudas acerca del futuro de la Nación.

 

“La agencia fue muy específica en señalar que una Asamblea Constituyente es un riesgo capital si se concretara y su impacto sería muy severo sobre la economía, el marco institucional y el marco legal, generando mucha incertidumbre. Una nueva Constitución ni siquiera figura entre las prioridades de la población, pues, según las últimas encuestas, lo que más preocupa es la falta de empleo y la atención de la salud ante la pandemia de la COVID-19”, subrayó.

 

Anders manifestó que en este momento el país requiere de manera urgente de medidas que reactiven la economía y promuevan la inversión privada, y también la idoneidad y probidad a la hora de elegir a funcionaros que decidan políticas públicas.

 

El presidente de la CCL invocó al Gobierno a orientar sus esfuerzos a la reactivación económica y a promover la generación de puestos de trabajo, en un marco de respeto a los derechos de todos los ciudadanos y la promoción de valores democráticos para la igualdad de oportunidades.

 

En la presentación que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, hizo ante el Congreso de la República para exponer la política general del Gobierno, no mencionó una sola palabra sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente que se dedique a redactar una nueva Constitución, lo que de alguna manera generó cierta serenidad, pues se creyó que se había moderado el mensaje radical.

 

Este es un tema que, desde la campaña electoral y hasta el día de hoy, genera desconfianza, incertidumbre e inestabilidad en nuestro país, pero, sobre todo, impide la reactivación económica que tantas familias necesitan para superar la grave crisis agudizada por la pandemia del coronavirus.

 

Sin embargo, contradictoriamente y lejos de buscar el bienestar general, el Gobierno, a través de su bancada parlamentaria, ha presentado un proyecto de ley que busca todo lo contrario, es decir, echar por la borda la actual Constitución Política y convocar a una Asamblea Constituyente que elabore un nuevo texto ajustado a sus intereses políticos e ideológicos.

 

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Paralelamente, ha iniciado a nivel nacional, no se sabe financiada por quién, una millonaria campaña de radio y televisión a través de la cual busca deslegitimar –por medio de falacias– la validez de la actual Constitución.

 

De esta manera, el Gobierno profundiza aún más las penurias que sufren millones de peruanos que no consiguen trabajo o no logran reactivar sus pequeños, medianos o grandes negocios, pues nadie en su sano juicio invierte en un país que no ofrece las más mínimas garantías de estabilidad jurídica. Eso lo sabe cualquier estudiante de economía.

 

El respeto a la ley y la predictibilidad del marco jurídico, así como la estabilidad macroeconómica, son los que en los últimos 30 años (con errores y aciertos) permitieron atraer e impulsar la inversión privada nacional y extranjera al Perú, la que a su vez generó millones de empleos formales.

 

Es esta inversión la que además paga los impuestos que el Estado recauda para brindar servicios básicos a la población. Y es la que, según el Banco Central de Reserva (BCR), no crecerá el próximo año.

 

El Gobierno del presidente Pedro Castillo tiene todo el derecho de impulsar los cambios que crea convenientes, siempre y cuando beneficien al país, promuevan su desarrollo y el bienestar de todos los que vivimos aquí.

 

No se explica, por ello, su empecinamiento en cambiar un modelo político y económico que ha demostrado resultados positivos. No tiene derecho de arrasar con el esfuerzo de millones de peruanos por buscar su crecimiento económico y personal en base a normas estables y equitativas.

 

Es cierto que el modelo es perfectible, como lo son muchas cosas en la vida; pero antes de desperdiciar esfuerzos en propugnar proyectos que responden –ante todo– al interés de su partido y sus allegados, debería orientar sus esfuerzos en buscar los cambios reales que permitan al Estado estar presente en cada rincón del país, ofreciendo a sus ciudadanos educación, salud, seguridad, acceso a la justicia, agua, electricidad, internet, puentes y carreteras, entre otros servicios con los que hoy no cuentan.

 

Cambiar toda la Constitución supone también destinar millonarios recursos públicos que ahora son tan necesarios para afrontar una nueva ola de la pandemia mundial.

 

¿Es serio utilizar millones de soles en un proceso electoral, en lugar de usar ese dinero en la construcción de postas médicas, equipar hospitales, edificar nuevos colegios y reparar los que están derruidos?

 

¿No será que se trata de buscar la refundación del país según la visión de un grupo ideologizado que no entiende que nuestro país lo construyen a diario, con su esfuerzo, millones de trabajadores, emprendedores y empresarios que buscan lo mejor para sus familias?

 

Hay millones de peruanos que requieren ser incorporados a una economía formal, a un país con un Estado que realmente funcione y les garantice sus derechos básicos. Eso es lo que necesitamos.

 

No dejemos que nos engañen, que nos digan con ese prejuicioso complejo de Adán, que todo lo que se hizo antes estuvo mal y que ahora hay que comenzar todo de nuevo, en un “año cero”, a cargo de un grupo de “iluminados”.

 

El Perú no está para experimentos, menos para imponer visiones, planes y políticas que solo han llevado hambre y miseria allí donde se han aplicado.

 

Es hora de que los otros poderes del Estado, instituciones, trabajadores, empresarios y sociedad hagamos escuchar nuestra voz para que de una vez por todas se entienda que lo que el Perú necesita es recuperarse y retomar, con las correcciones que sean necesarias, el camino de crecimiento con inclusión para todos.