La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, instó a los jóvenes universitarios del país a hacer “política ciudadana” y de esta manera contribuir con el desarrollo del Perú.

“No necesariamente a todos nos interesa hacer una vida política, pero los invito a hacer política ciudadana. Y esa es la política que está haciendo la CCL, porque los empresarios somos ciudadanos. Y creo que este sistema de mantener cuerdas separadas entre la política y la economía no ha sido beneficioso para el país”, destacó al abrir el conversatorio, promovido por la entidad gremial, sobre «Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993”, desarrollado en la Universidad del Pacífico (UP).

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En el conversatorio, en el que la CCL busca generar espacios de diálogo con los jóvenes del país sobre el Capítulo Económico de la Constitución de 1993 y difundir las propuestas de políticas públicas de la entidad gremial, Rosa Bueno de Lercari indicó que “en el país se viene dando una degradación del quehacer político inversamente proporcional al crecimiento económico y, por ello, el reto de la Cámara es formar líderes empresariales que se comprometan con su país y no solo con sus negocios”.

En esa línea, invitó a los jóvenes universitarios a formar parte de los programas que viene desarrollando la entidad gremial y que buscan formar funcionarios y líderes más idóneos para el país, como es el caso del programa “Semillero para futuros servidores públicos”, dirigido a estudiantes de los dos últimos años de las universidades del Perú.

Asimismo, adelantó que la CCL viene trabajando en un programa de líderes juveniles, donde se busca invitar a los jóvenes a involucrarse en la política.

Todas estas acciones, refirió, se dan como parte de la agenda de desarrollo para el país de la entidad gremial que busca que el Perú sea más justo y equitativo. La referida agenda, detalló, está basada en cuatro pilares fundamentales que son: fortalecimiento de la democracia, libre mercado con inclusión, seguridad ciudadana y aumento de la formalidad.

“Nuestra idea no es que la Cámara de Comercio sea la que lleva la verdad, sino que se convierta en una plataforma de discusión y de creación de mejores ciudadanos.  El eje transversal de nuestra agenda de desarrollo es la integridad. Sin duda, un país que no logra mejorar sus estándares de integridad, no solamente a nivel de los gobernantes y de los funcionarios, sino también de los empresarios no saldrá adelante”, indicó.

Agenda de desarrollo para el país

Bueno de Lercari, informó que, desde que tomó la presidencia de la CCL, en abril del 2022, presentó una agenda de desarrollo para el país, teniendo en cuenta que la entidad gremial reúne a más de 10 mil asociados de diferentes tamaños y sectores de la economía.

“Pensamos que esta disparidad de intereses de nuestros asociados nos daba la legitimidad de plantear temas distintos, más allá de la agenda gremial que se utilizaba y que se seguía en estos años. Por ello decidimos que nosotros teníamos que aportar al desarrollo del país y buscar cambios”, dijo.

Detalló que el primer pilar que viene trabajando la CCL dentro de la referida agenda es el del fortalecimiento de la democracia y, en esa línea, la entidad gremial ha presentado 15 propuestas de reformas políticas para restablecer la confianza ciudadana en la política y contribuir a la eliminación de la corrupción. Y dentro de estas propuestas, hay 5 priorizadas que requieren de un debate inmediato y que buscan dotar de idoneidad a las autoridades.

“Cuando me preguntan, ¿cómo haría usted para reactivar la economía? Yo les digo, tenemos que dar un paso atrás, porque el problema de la reactivación de la economía es que se encuentra muchísimas trabas en la ejecución presupuestaria. ¿Y por qué no se puede ejecutar? No porque no haya dinero, sino porque no hay capacidades. Entonces se tiene un gobernador regional que no es precisamente una persona íntegra, se rodea de gente de la misma calaña y no puede avanzar. ¿Y esto por qué? Porque lo permite nuestra Constitución. Así que tenemos que volver al principio y hemos propuesto una modificación del capítulo político de la Constitución”, señaló.

En esa línea, anunció que en noviembre, en la Feria del Libro, Ricardo Palma, se va a lanzar el segundo libro promovido por la CCL, el cual es una investigación dirigida por la abogada y politóloga Milagros Campos, cuyos resultados fueron dados a conocer en diferentes mesas de trabajo en la Cámara, y que pretende elevar el debate del tema del fortalecimiento de la democracia.

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En cuanto al segundo pilar promovido por la CCL, que es el fortalecimiento del libre mercado, refirió que la entidad gremial ha presentado el libro “Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993”, fruto de la investigación dirigida por Andrés Calderón y también trabajado por la Comisión de Competencia de la Cámara de Comercio de Lima, cuyos resultados se dieron a conocer en mesas de discusión.

En ese sentido, indicó que se llegó a la conclusión de que faltaba dar a conocer y comunicar a los ciudadanos el Capítulo Económico de la Constitución y, por ende, los beneficios del libre mercado, teniendo en cuenta que, finalmente, ellos son quienes van a decidir el futuro del país al emitir sus votos.

“Entendimos que no vamos a ir a presentar y hablar de los beneficios de libre mercado con los políticos de derecha, porque ellos están convencidos de eso y tampoco con los de izquierda porque no los vamos a convencer, así que vamos a perder el tiempo. Entonces lo que decidimos es girar el eje de nuestra comunicación a los ciudadanos. Queremos aportar y dar una mirada distinta y conversar, sobre todo con ustedes, los estudiantes”, agregó.

Con respecto al tercer pilar, el de seguridad ciudadana, adelantó que próximamente se va a presentar un libro con los aportes de la CCL sobre este tema.

Y en cuanto al cuarto pilar, que es el acceso a la formalidad, la entidad gremial viene haciendo un estudio a cargo del politólogo y sociólogo Carlos Meléndez, con el cual se busca ampliar la mirada sobre esta problemática y tener en cuenta que la informalidad no solo responde a rigideces legales y tributarias sino que tiene que ver más con la propia idiosincrasia de los peruanos.

 

¿Privatización o estatización de empresas?

Como parte del conversatorio organizado por la CCL sobre «Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993”, se debatió con los   panelistas invitados sobre los alcances del artículo 60 de la Constitución Política del Perú, y en ese sentido se les consultó si las empresas deberían privatizarse o estatizarse.

Para la exministra de Economía, Mercedes Aráoz, si bien no todas las empresas deben ser necesariamente privatizadas, sí debe de haber un buen manejo de las públicas. Es decir, que estas últimas pueden ser evaluadas por la Bolsa de Valores, y, en esa línea, tener una mejor gobernanza y una mejor calidad de directores.

“Hoy en día, no todas tienen esa gobernanza y esto hace que sean bastante ineficientes y tomen decisiones no pensadas adecuadamente. Creo que ahí hay un tema para trabajar”, indicó.

Al tiempo de agregar que “en los 90 se tuvo un proceso privatizador muy interesante, ya que había empresas públicas de todo tipo. Más de 228 empresas estaban siendo evaluadas. Pero creo que el éxito, no fue solamente por los recursos que se captaron por la venta de esas empresas, sino por lo que pasó con la eficiencia a partir de estos procesos de privatización en los sectores consumo, telefonía, electricidad, entre otros”.

Para el economista Santiago Dávila, un punto   que podría mejorarse es lograr que el tratamiento a las empresas estatales en el país debe ser igual que el de las privadas. “Es que no porque es una empresa estatal, debe tener un costo de financiamiento bajo cuando las empresas privadas no lo hacen así. Y si el Estado va a garantizar a estas empresas (estatales), entonces debe tener una justificación”, dijo.

Refirió que, si bien la Constitución hace referencia a la creación de nuevas empresas estatales, también se debe tener en cuenta a las que ya han sido creadas en sectores como electricidad, hidrocarburos, entre otras, cuyo funcionamiento están “costando bastante dinero público”.

Para el abogado y periodista Andrés Calderón, autor del libro “Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993”, en una economía social de mercado se debe dejar interactuar a los actores cuyas decisiones económicas son las que finalmente definen qué productos se producen, se ofrecen, en qué cantidad, calidad, precio, pero habilitando al Estado para que pueda intervenir de manera tal que corrija las fallas que impiden la eficiencia que se debería producir cada vez que hay una interacción libre entre ofertantes y demandantes.

Por su parte, el abogado Alejandro Falla consideró que los recursos públicos deben ser bien utilizados y no malgastados en empresas públicas que no funcionan.

“Si nos preguntan si queremos que nuestros impuestos se gasten de esa manera, la respuesta va a ser no. No quiero que se gasten de esa manera, quiero que se la den a los profesores, a la policía, a los médicos, a las enfermeras”, agregó.

Pero, además, hay detrás un tema de competencia, ya que una empresa que participa de los mercados en los que hay compañías públicas, por legítimo reclamo dirán “como se puede competir con alguien que utiliza mis tributos para competir conmigo”.

 

 

 

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Cada cierto tiempo en el Perú se discute la posibilidad de tener una nueva Constitución. Sobre todo, en épocas políticamente convulsas. Por ello, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) decidió encargar al abogado y periodista Andrés Calderón la elaboración de un libro que analice y describa de manera detallada los aportes y aciertos del Capítulo Económico de nuestra Carta Magna. Es así como sale a la luz «Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993». Conversamos al respecto con el autor del libro.

 

¿En qué contexto nace la idea de realizar el libro?
Nace como iniciativa de la CCL cuando me convocan para hacer un estudio sobre la Constitución Económica, con el propósito de analizar qué reformas podían darse a este capítulo, de manera tal que fuera más comprensible para el público. Al mismo tiempo, se buscó dar a conocer su rol más inclusivo, que permite la mejora de la situación de las personas.

 

¿Cuál fue la finalidad de dicho estudio sobre la Constitución?
Cuando hacemos el estudio y examinamos los proyectos de reforma de la Constitución que se habían presentado en los últimos 30 años, que son más de 200, llegamos a la conclusión de que, en realidad, más que cambios, la Carta Magna ya permitía varios mecanismos que justamente aseguraban el bienestar de los ciudadanos. Entonces, de la idea de hacer una reforma, más bien pasamos a un proyecto que involucraba hacer más entendible y conocer mejor la Constitución Económica.

 

¿Cuál es la trascendencia que va a tener este libro?
Lo que esperamos es que llegue a toda aquella persona que pueda sentir que hay algo por debatir en torno al Capítulo Económico de la Constitución. Entonces, tanto para quienes están conformes con esta sección de la Carta Magna, y que entienden, que la han estudiado, y que comprenden su contenido, pero también como para aquellos que están planteando, cada cierto tiempo, que se cambie ese capítulo.

¿Por qué la Constitución tiene sus detractores?
Hay mucha desinformación en torno al contenido de la Constitución, los beneficios que genera una economía descentralizada, y una economía en la que el protagonismo lo tienen los consumidores y los empresarios, versus lo que podría ocurrir en una economía centralizada, estatista, que quite esa autonomía a los protagonistas. Entonces, como creemos que existe esa desinformación, y como muchas veces se sataniza este Capítulo Económico de la Constitución, la expectativa es que cada vez que se quiere iniciar un debate sobre este tema, partamos sobre la evidencia y la realidad.

 

BENEFICIOS Y APORTES

¿Cuáles son los principales puntos a destacar del libro?
Creo que ayuda a entender los pilares de este modelo económico, y cuál es la razón que subyace a ellos. Porque existen reglas en la Constitución que establecen que se debe proteger la libre iniciativa privada, que no se debe discriminar entre empresarios, es decir, entre grandes y pequeños, entre inversión nacional o extranjera; y porque existen ciertas limitaciones razonables a lo que el Estado puede hacer. O sea, el Estado ciertamente puede intervenir en la economía, puede proveer varios servicios que a veces se especula que no puede hacerlo (por ejemplo, en salud y educación existe ese mandato para que el Estado intervenga), pero existen ciertos límites que son razonables y que no permiten generar un derroche de recursos.

¿Cuáles son las expectativas con su publicación?

Este es un libro que esperamos sea leído y difundido por profesores universitarios en sus escuelas, incluso profesores de secundaria en los colegios. Yo soy profesor universitario y escribí este libro pensando en mis alumnos y no solo en los abogados, sino en alumnos de Economía, de Comunicaciones, de Ciencias Políticas, que muchas veces discuten el Capítulo Económico, pero a veces no cuentan con las herramientas para conocerlo mejor en un lenguaje que resulte sencillo y amigable para ellos. Pero también para quienes no están en el ámbito educativo, sino simplemente en el ámbito de las actividades económicas, como empresarios de cualquier tamaño. La idea es que ellos mismos puedan ayudar a difundir el contenido, que es didáctico de la Constitución, entre sus funcionarios, entre sus trabajadores.

 

¿Cree que es trascendental que aparezcan publicaciones como esta en tiempos de crisis política y social?
Sí, sobre todo porque cuando hay alguna discusión pública, creo que lo que menos puede hacer quien siente que cuenta con la evidencia de su lado es rehuirle a la discusión. Entonces, yo realmente saludo la iniciativa de la CCL, porque muchas veces, cuando se discuten algunos temas económicos, se tiene el comprensible temor de no querer entrar en la discusión, porque un discurso populista podría terminar perjudicando algunas bases institucionales como la economía social de mercado, que en realidad han generado prosperidad para el país.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) con Penguin Random House, presentará el próximo 4 de agosto el libro “Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993”, que tiene como autor al abogado y periodista, Andrés Calderón.

 

El libro, que será presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima 2023, nace luego de una identificación de las fortalezas y debilidades de la Carta Magna, y de mesas de discusión con expertos, abogados y economistas, provenientes del mundo académico, empresarial y político y con el apoyo de las comisiones de la CCL, con los que se llegó a la conclusión de que el régimen económico de la Constitución peruana presenta muchos más aciertos que omisiones o imprecisiones.

 

“La Cámara de Comercio ha hecho una reflexión acerca del rol de los gremios en el país y hemos llegado a la conclusión que nosotros tenemos que aportar en una agenda de largo plazo con una visión sostenible. Estamos trabajando en cuatro pilares, uno de los más importantes es el fortalecimiento del libre mercado, por ello este libro busca desmitificar algunas falsedades que se dicen de la Constitución, buscando una comunicación más directa y amistosa, con un lenguaje entendido por todos los peruanos.  Creemos que antes de que se propongan cambios, es importante que primero se conozca la Constitución y después todos podemos sentarnos a discutir”, destacó la presidenta de la CCL, Rosa Bueno de Lercari.

 

En este libro, Andrés Calderón se refiere específicamente al Capítulo Económico. Lo analiza y lo describe de manera detallada. Además, responde a los mitos bastante extendidos sobre su contenido. “Su propósito no es convencer, sino poner paños fríos en un debate caliente que lo que requiere es claridad y lucidez” señaló el autor.

 

En la publicación se destaca que las reglas contempladas entre los artículos 58 y 89 de la Constitución resultan coherentes con la racionalidad económica y la dinámica de los mercados. Muchas de estas previsiones constitucionales están orientadas a resguardar las libertades y derechos de los ciudadanos para procurar su bienestar económico, y a establecer las fronteras que debe respetar el Estado. No obstante, lo anterior, el texto constitucional también incluye habilitaciones para la participación estatal en los mercados.