Rosa Bueno: Sueldo mínimo, el debate es vital
Reproducir:
El 1 de mayo del presente año empezó a regir la nueva Remuneración Mínima Vital (RMV), que fue elevada en diez por ciento, hasta alcanzar los 1025 soles. La publicación de la norma que aprobó tal incremento hizo evidente el modo en que el actual Gobierno legisla sin respetar el diálogo social laboral. La medida no fue debatida ni consensuada en el Consejo Nacional del Trabajo, y ocurrió lo mismo con las normas que vendrían después. Tal es el caso de las normas que modificaron el Reglamento de la Ley de Tercerización Laboral y el de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
De esta manera el Ministerio de Trabajo (MINTRA) demostró el escaso valor que tiene para la actual gestión el diálogo tripartito. Bajo la excusa de que debe velar por los intereses de los trabajadores, el MINTRA desconoce que sin condiciones claras ni predictividad es imposible que las empresas sigan apostando por crecer y generar empleo.
Como hemos señalado en esta columna, esta crisis en el sector laboral no acaba. En días recientes, el ministro Alejandro Salas, sigue a politizando el debate sobre el mecanismo de fijación de la remuneración mínima, lo que genera sobre expectativas en los trabajadores y distrae la atención de los principales problemas de ese sector, como son la informalidad, que priva a millones de trabajadores del goce de beneficios sociales, y la baja productividad del empleo, que frena el desarrollo.
La remuneración mínima debe ser materia de un debate técnico, que se base en ciencia y evidencia, lejos de ser utilizada como instrumento populista. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima estima que si la remuneración mínima se incrementa en 92 soles (que ha sido el promedio de los tres últimos aumentos), las empresas deberán asumir un costo adicional de al menos 1.060 millones de soles para mantener en la formalidad a alrededor de setecientos mil trabajadores que perciben ese salario.
Frente a esto, el ministro Salas ha acusado al sector empresarial de negarse a participar en el debate del sueldo mínimo en el Consejo Nacional del Trabajo. Pero eso no se ajusta a la verdad; toca recordarle que los empresarios no hemos renunciado al CNT, sino que hemos suspendido nuestra participación en defensa y protección de la verdadera naturaleza de ese organismo: ser un espacio de diálogo en busca de disminuir la informalidad e incrementar el trabajo de calidad.
En ese sentido, si el sector empresarial se sentase en estos momentos en el CNT, estaría siendo partícipe de los planes populistas del Gobierno para el sueldo mínimo. No permitiremos que nuestra presencia en el Consejo Nacional de Trabajo se convierta en una simulación de consenso, cuando en realidad las medidas se aprueban de manera arbitraria y prescindiendo de un diálogo verdadero.
Pero la crisis laboral no es generada solo por el Ejecutivo: también la Comisión de Trabajo del Congreso de la República aborda el tema con criterios políticos antes que técnicos. Recientemente se debatió un predictamen que propone una ley para regular la aplicación de la periodicidad, los criterios y procedimientos con que se determina la RMV, norma que lejos de establecer una metodología precisa, generaría mayor incertidumbre. No obstante, en este caso –tratando de ver el vaso medio lleno y no medio vacío– se puede identificar como aspecto positivo que tal norma considere un rol activo para el CNT en la definición de la remuneración mínima.
La CCL se ha manifestado siempre a favor de institucionalizar el reajuste de las remuneraciones mínimas, tal como dispone el artículo 24 de nuestra Constitución Política, con el fin de generar predictibilidad y reducir la incertidumbre de los agentes económicos, en especial de los millones de micro y pequeñas empresas, que deben enfrentar el aumento de los costos laborales sin que exista un correlato en la productividad.
Sin embargo, es imprescindible que los criterios para su aprobación reflejen de manera precisa y objetiva los indicadores económicos, las reales posibilidades y la sostenibilidad de las empresas para mantener su sostenibilidad y evidencien estas condiciones recién, podríamos hablar del inicio de un debate que se produciría con cada variación. La decisión debe contar con el pronunciamiento técnico del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía y Finanzas. El debate lejos de lo que asegura el ministro Salas recién empieza.
