• Rosa Bueno: Respeto por la institucionalidad

    5 de Septiembre del 2022
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    La autonomía entre los poderes del Estado garantiza la salud democrática del país. Este principio se extiende a determinados organismos para garantizar que, sea cual sea el gobierno de turno, estos se mantengan técnicos e independientes, por las importantes tareas que desempeñan, tal es el caso de la Fiscalía de la Nación, del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (INDECOPI) y/o de los organismos reguladores.

     

    Mantener a estas instituciones a salvo de interferencias políticas es una tarea que nos corresponde a los gremios, a la sociedad civil y a los ciudadanos en general. Es nuestro deber respaldar a los funcionarios que integran estos organismos y denunciar cualquier intento del gobierno de amenazar su independencia, sea que lo haga de manera solapada o directamente.

     

    Estamos siendo testigos de un ataque “sutil” a la autonomía de la Fiscalía de la Nación mediante la estrategia de restringir su presupuesto. No es un secreto que la Fiscalía se ha vuelto incómoda para el poder Ejecutivo, especialmente para el presidente y su entorno más cercano.

     

    Recientemente la fiscal Patricia Benavides, solicitó al Gobierno que destine mayor presupuesto al Ministerio Público. Para sustentar su pedido, la fiscal señaló que en la creación de las unidades de flagrancia no se les asignó un presupuesto adicional, pese a que se ha dispuesto que tres fiscalías vean exclusivamente estos casos.

     

    Para cumplir con la tarea encomendada no tendrán otra alternativa que desvestir un santo para vestir a otro. Esto implica que en el afán de tutelar la seguridad ciudadana puedan descuidar su tarea de luchar contra la corrupción. Ambas tareas son de suma importancia y el Ejecutivo debe dotar a la Fiscalía de los recursos necesarios para realizarlas.

     

    Pero no es la primera vez que se traslucen estas intenciones por parte del gobierno. El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, apenas asumió la cartera de Economía y Finanzas afirmó que se necesitaba una mejor “coordinación” con el Banco Central de Reserva, con el fin de “armonizar” las políticas fiscal y monetaria. Solo pasaron unas horas para que JP Morgan exprese su preocupación por la posible interferencia a la autonomía del ente emisor. Felizmente esta “coordinación” a la fecha no ha sido más que eso, una coordinación. Estaremos atentos para que así se mantenga.

     

    Por su parte el inefable ministro Alejandro Salas amenazó a los funcionarios que pretendan inaplicar el Decreto Supremo que restringió la tercerización laboral, pese a que la Comisión de Barreras Burocráticas ha emitido sendas medidas cautelares para inaplicar dicho decreto por considerarlo ilegal. Pretende así desconocer la decisión del colegiado especializado.

     

    Es una falta de respeto, por decir lo menos, amenazar a los funcionarios de INDECOPI con acciones legales por hacer su trabajo. Si el ministro Salas considera que la razón le asiste, lo correcto es que presente sus descargos ante la sala correspondiente del Tribunal de INDECOPI y no que amenace a los funcionarios que sustentaron la ilegalidad de dicha norma. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene el deber de respetar la autonomía INDECOPI y claro está, respetar el dialogo tripartito al que se comprometió ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

     

    Lamentablemente también hay otras formas “sutiles” de intervenir organismos independientes. Una de ellas es no formalizar como corresponde el nombramiento de funcionarios estratégicos, tal como sucede con el presidente de OSITRAN. Este organismo está encargado de supervisar la inversión en infraestructura en transporte de uso público. Dicha institución registró en el primer semestre del 2022 compromisos por US$ 325.85 millones y supervisa los proyectos de infraestructura en puertos, aeropuertos y carreteras, necesarios para lograr reactivar la economía.

     

    El gobierno no puede seguir atentando contra la autonomía de estas instituciones públicas. Los temas de seguridad, anticorrupción, política monetaria y adecuado funcionamiento de los mercados dependen de ellas. ¡Respetemos la poca institucionalidad que queda en nuestro país!

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