• Rosa Bueno: Presupuesto público 2023

    19 de Septiembre del 2022
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    El presupuesto público enviado por el Ejecutivo al Legislativo es un instrumento que bien utilizado, permite disminuir brechas sociales y de infraestructura. Esta última tarea es primordial por su contribución a la productividad y competitividad del país, dado que impulsa el crecimiento económico.

     

    La inversión pública como parte importante del presupuesto es el mecanismo a través del cual se puede desarrollar nueva infraestructura en áreas como transporte, energía y saneamiento para beneficio de las regiones del país. Simultáneamente, es importante incluir dentro del presupuesto el gasto en mantenimiento de la infraestructura para evitar su deterioro y que mantenga su valor a lo largo del tiempo.

     

    En lo que va del presente año, el gasto en mantenimiento en carreteras, caminos y puentes no concesionados alcanza apenas el 33,3% del presupuesto asignado y en el caso de la infraestructura vial concesionada llega al 65,6%. Como es de esperar en los gobiernos sub nacionales existe un mayor riesgo en el deterioro de su infraestructura, pues la ejecución presupuestal en los gobiernos regionales es de apenas 11,1% y en el caso de los gobiernos locales de 27,3%.

     

    El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023 asciende a S/ 214.790 millones, lo que representa un incremento de 9% respecto al presupuesto 2022. La forma en la cual está estructurado da una alta participación, superior al 60%, al gasto corriente y un 10% al servicio de deuda, con lo cual queda menos del 30% para ser dirigido a inversión pública. Es por ello que en la inversión destinada a cerrar la brecha de infraestructura, los recursos son reducidos e insuficientes.

     

    Analizando al interior de dicha cifra, este año la novedad ha sido el mayor presupuesto de inversión pública destinado tanto al gobierno regional como al local; ambas cuentan con incrementos del 45% y 81%, respectivamente. Con ello, la inversión pública en manos de ambos niveles de gobierno asciende a S/ 26.580 millones.

     

    Aquí dos puntos para tomar en cuenta. El primero es que dicha cifra representa alrededor de S/ 77 millones diarios disponibles para hacer obras públicas y que pueden convertirse en fuente de corrupción. La Defensoría del Pueblo ha anunciado hace unos días que supervisará el nivel de cumplimiento de lucha contra la corrupción en los gobiernos regionales. Esto es importante para preservar los recursos de todos los peruanos.

     

    Lo segundo es el bajo nivel de ejecución presupuestal en los gobiernos sub nacionales que en promedio llega al 60%, siendo menor aún cuando hay cambio de autoridades. Es decir que los mayores recursos destinados para el 2023 corren el riesgo de no ejecutarse y, por tanto, no impulsen una reactivación en las regiones del país.

     

    Según la información del INEI, en lo que va del primer semestre del presente año hay cuatro regiones en donde su PBI creció menos del 2% y en otras seis incluso disminuyó. El caso más dramático es Apurímac, cuyo PBI se redujo en 18% debido fundamentalmente a la suspensión de actividades por casi dos meses de la minera Las Bambas.

     

    Como se entenderá, necesitamos mayor inversión pública destinada sobre todo a infraestructura para así incrementar la capacidad productiva de las regiones, generar empleo de calidad y paralelamente reducir la pobreza y las desigualdades sociales.

     

    El escenario internacional no se ve favorable para el país y las proyecciones de PBI 2023 preocupan. En sectores económicos como manufactura, construcción y comercio se ubican por debajo del 3%.

     

    ¿Cómo engancha el presupuesto con Impulso Perú, el plan de reactivación gubernamental del que hablamos en la columna pasada? Ambos están alineados, es decir, buscan los mismos objetivos, pero Impulso Perú supera las metas del presupuesto, dado que incluye medidas a favor del sector privado para recuperar el consumo y la inversión privada; por ello las propuestas presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) buscan recuperar la confianza, algo que no se consigue dando una ley.

     

    El sector privado puede contribuir con la recuperación; ya lo ha hecho en otras oportunidades, pero tal como indicamos se necesita confianza y esta depende de la credibilidad y la previsibilidad. Algo que debe buscar y alcanzar lo más rápido posible el gobierno, no solo desde el MEF sino desde cada una de las entidades que, con su toma de decisiones, afectan el desempeño económico del país.

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