• Rosa Bueno: Los ministros que no necesitamos

    7 de Mayo del 2022
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    En ejercicio de su facultad constitucional, el Congreso de la República interpelará en los próximos días 11 y 12 de mayo a cuatro ministros: Alfonso Chivarra (Interior), Carlos Palacios (Energía y Minas), Betssy Chávez (Trabajo) y Aníbal Torres (presidente del Consejo de Ministros), a fin de que respondan sobre los cuestionamientos y dudas generadas en el cumplimiento de sus funciones.

     

    Esta decisión ha provocado las respuestas ya conocidas por parte del gobierno del presidente Pedro Castillo: “no me dejan trabajar”, se trata de “maniobras obstruccionistas”.

     

    En el caso de la ministra de Trabajo, por ejemplo, las razones de su interpelación serían su incapacidad de articular una política de recuperación de los puestos de trabajo perdidos, de ayudar a la creación de nuevos empleos y la reducción de la informalidad laboral.

     

    Para lograr estos objetivos se requiere de mayor inversión. Para alentar la inversión se requieren reglas laborales claras que no establezcan cargas adicionales a quienes generan trabajo. Cualquier cambio de reglas debe ser concordado con los actores sociales. Medidas como la modificación de las condiciones de tercerización laboral y el nuevo Código del Trabajo deberían ser necesariamente consensuadas en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo.

     

    Es sobre lo señalado y otros cuestionamientos, por los que deberá responder la ministra ante el Congreso, dado que la interpelación es un mecanismo democrático que permite a los congresistas ejercer su labor de fiscalización de los actos del Poder Ejecutivo.

     

    Por lo tanto, esta interpelación, así como las otras acordadas por el Congreso no puede ser calificada como una actitud obstruccionista. Ahora bien, el Congreso tiene la obligación de censurar a los ministros que no logren explicar de manera técnica y transparente sus acciones.

     

    De otro modo, serán cómplices de banalizar esta importante herramienta que permite el balance de poderes en nuestro país.

     

    Es cierto que el número de veces en que los ministros son llamados a responder ante el pleno de la representación nacional o ante alguna de sus comisiones ordinarias o investigadoras parece excesivo y lo sería si tuviéramos gabinetes idóneos, lo que lamentablemente no ocurre.

     

    Desde la Cámara de Comercio de Lima hemos cuestionado reiteradamente los nombramientos de ministros hechos por el presidente Pedro Castillo. En efecto, en los sucesivos y débiles gabinetes designados en los pocos meses de la presidencia del profesor Castillo, ha sido reiterado el nombramiento de ministros sin la formación idónea para el cargo, faltos de experiencia y, en muchos casos, con antecedentes penales, judiciales o administrativos e incluso con denuncias por agresión familiar.

     

    Si bien el sentido común e integridad así lo aconsejan, el Congreso de la República ha tenido que aprobar por insistencia la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, estableciendo una serie de condiciones para asumir los cargos de ministros y viceministros de Estado, así como las atribuciones del Consejo de Ministros y las funciones de su titular.

     

    Entre ellas figuran que no se debe tener sentencia condenatoria en primera instancia, ni estar inhabilitado para ejercer cargo público. Tampoco pueden ser ministros quienes se encuentren con investigación fiscal preparatoria o estén siendo procesados por delitos de terrorismo, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios o violencia familiar.

     

    Esperamos que estos requisitos sean respetados por el presidente al elegir ministros de Estado, dado que el no haberlo hecho ha originado la falta de rumbo del gobierno, el clima de incertidumbre e inestabilidad política.

     

    La interpelación de cuatro de sus ministros, en apenas 48 horas, debe ser una llamada de atención para que el presidente Castillo no persista en la equivocación de nombrar los ministros que no necesitamos para recobrar la estabilidad, empezar a trabajar y así retomar la senda de crecimiento que necesitan los 33 millones de peruanos. De persistir en este error, es tarea del Congreso enmendarlo, pues para ello fueron elegidos.

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