• Ricardo Alcázar: Por un nuevo sistema universal de pensiones

    El sentido común indica que toda sociedad que ahorra e invierte, tiene asegurado su desarrollo económico en el largo plazo. Por lo tanto, los ciudadanos de un país, tenemos que ahorrar e invertir para ese desarrollo futuro, dejando el cortoplacismo, de manera que la vejez sea lo más digna posible con una pensión decente.

    30 de Junio del 2022
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    Por: Ricardo Alcázar Viacava

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    La Constitución Política del Perú en sus artículos 10, 11 y 12 reconoce el derecho ciudadano a la seguridad social y a la libre elección de dónde poner sus fondos pensionarios en entidades estatales, privada o mixtas, lo cual hace posible y obliga constitucionalmente a formular un sistema de pensiones intangible que comprenda a todos los ciudadanos del Perú. Hoy existen dos sistemas de pensiones, uno público (ONP) que está totalmente desfinanciado y resulta un fracaso; y otro privado (AFP) que ha funcionado bien en parte; sin embargo, tiene muchas deficiencias y por lo tanto es necesario reformar o refundar.

     

    Para ello es necesario un gran debate nacional participativo en busca de un nuevo sistema universal de pensiones, que asegure el futuro de las pensiones de todos los peruanos. Hay varios estudios y puntos de vista al respecto para países latinoamericanos, a partir de estudios del Banco Mundial en los primeros años de este siglo XXI, que hablan de un sistema multipilar como sigue:

     

    Un primer pilar, es el fondo llamado “no contributivo” financiado (por reparto entre todos los ciudadanos del país) y administrado por el Estado, que produciría lo que le llaman “beneficio definido” lo cual aseguraría una pensión mínima al momento de la jubilación.

     

    Un segundo pilar, es el fondo llamado “contributivo” que aporta cada uno de los ciudadanos durante todos sus años de trabajo en planilla, el mismo que es administrado por una entidad privada especializada en fondos de pensiones tipo AFP.

     

    Un tercer pilar, es un fondo voluntario, el mismo que cada ciudadano puede aportar y ahorrar con el afán de conseguir la mayor pensión posible al jubilarse, el mismo que también es administrado por una entidad privada tipo AFP, tal como sucede hoy mismo en el Perú.

     

    La suma de estos tres pilares daría la oportunidad de asegurar una pensión decente para todos los ciudadanos, al cumplir la edad de jubilación que hoy es de 65 años, tanto para mujeres como para varones.

     

    Ahora bien, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Es indudable que se requiere de un gran debate nacional para lograr un consenso adecuado, por lo que aquí esbozamos algunas ideas creativas relacionadas principalmente al financiamiento y administración de los fondos, y en especial de los fondos del primer pilar.

     

    El primer pilar “no contributivo” lo proporciona el Estado a través de un “reparto igual” para todos los ciudadanos, lo cual puede ponerse en práctica desde que nacen y cuyo DNI amarillo debe constituir el número de su “Cuenta de Ahorros Pensionaria Individual Intangible”, con ahorros desde los cero años hasta que cumpla la edad de jubilación.

     

    Teniendo en cuenta ello, será necesario financiarlo a partir de una alícuota individual igual para todos, que debiera provenir de un impuesto que es pagado por todos los ciudadanos que consumimos todos los días, como es el Impuesto General a las Ventas (IGV).

     

    Según la Nota Semanal 04-2022 del BCR, el Impuesto a las operaciones gravadas total (18%) conocido generalmente como IGV, que está compuesto por el IGV propiamente dicho de 16% más el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) de 2%, corresponde una recaudación anual en el 2021 de 78 mil 99 millones de Soles corrientes.

     

    A modo de ejercicio teórico, para la comprobación de la viabilidad de esta idea, digamos que asignamos para el “reparto igual” en la Cuenta de Ahorros Pensionaria Individual Intangible de todos los ciudadanos un equivalente al 2%, el mismo que se cobra por el IPM, recibiendo un nuevo nombre que puede ser “Impuesto para el ahorro ciudadano pensionario”, teniendo en cuenta que el Tesoro vería la forma de no desfinanciar a las Municipalidades, usando otros fondos a partir de ahorros que pueden generarse a partir de la recaudación general de impuestos, ya que todos hemos visto que ¡sí se puede!, si no se habría hecho, por ejemplo, el despilfarro del dinero público en los últimos 30 años.

     

    En caso se demuestre que no se puede disponer del IPM, entonces habría que subir el IGV a 20%, lo cual puede ser justificado por el ahorro a largo plazo, ya que todo ahorro es un sacrificio que tiene un costo de oportunidad que se ve en el largo plazo, el mismo que debe ser incorporado a nuestra cultura nacional, hoy desafortunadamente cortoplacista.

     

    Siguiendo este ejercicio ilustrativo general con datos del Banco Central de Reserva (BCR), el 2% del IPM en el 2021 equivale aproximadamente a 8 mil 678 millones de Soles, un año bajo en recaudación, por la recuperación lenta después de la caída económica ocasionada por la pandemia. Si esta cifra conservadora la dividimos entre 30 millones de ciudadanos peruanos (que viven en Perú y pagan el IGV como consumidores) bajo el concepto de “reparto igual”, corresponderían S/ 289 a cada uno en todo el año 2021.

     

    Solo por cuestiones ilustrativas de esta idea, en el supuesto negado que la recaudación y la población se mantengan por los 65 años, considerando un marco de macroeconomía estable, y teniendo en cuenta una rentabilidad nominal conservadora de 5% anual (la Asociación de AFPs informa un promedio de 11,2% anual en El Comercio del 22.05.2022), los S/ 289 anuales que el Estado depositaría a cada ciudadano durante 65 años, podrían significar cuando llegue a esa edad y se jubile, contar con un fondo de más de S/ 138.000 y por lo tanto, tendría una pensión de jubilación por 30 años hasta los 95 años de vida, equivalente a unos S/ 400 mensuales, que en términos constantes podría significar un mínimo ahorrado individualmente para vivir decentemente solo con el primer pilar.

     

    Estas son solo aproximaciones para demostrar en líneas generales que la idea tiene una gran probabilidad de funcionar, por lo que ahora toca hacer los cálculos econométricos complejos multivariables al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las instituciones privadas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país, quienes son plenamente conscientes que hay que asegurar las pensiones del futuro.

     

    En cuanto a la administración del primer pilar, el Banco Mundial sugiere que sea el Estado quien administre este primer pilar a través de la Cuenta de Ahorros Pensionaria Individual. Sin embargo, es bueno pensar, ¿cómo el Estado ha administrado la Oficina Nacional de Pensiones (ONP) hasta la fecha? ¿Cómo el Estado ha administrado el Sistema Nacional de Pensiones Público hasta antes de las AFP?. Sencillamente muy mal, recordando que hace algunos años atrás, los jubilados se encadenaban para solicitar aumento de pensiones.

     

    Siendo el Estado comprobadamente un mal administrador de pensiones, esta cuenta individual intangible del primer pilar, debe ser administrada por una institución especializada privada que puede ser generada sobre la base de las AFPs reformadas (evitando la concentración de grupos económicos, por ejemplo) en unas nuevas Administradoras Nacionales de Pensiones (ANPs) donde participen como accionistas el sector privado, los afiliados y posiblemente el Estado en forma minoritaria, ya que la principal misión del Estado es regular a través de una potente Superintendencia de ANPs especializada y muy profesional como otros órganos reguladores que funcionan en nuestra economía social de mercado.

     

    Segundo y Tercer Pilar

    Sumados al primer pilar esbozado líneas arriba, el segundo pilar, tal como lo recomienda el Banco Mundial, sería una cuenta personal contributiva donde se depositan los descuentos obligatorios de planilla que realizan las empresas a cada uno de los ciudadanos con empleo decente, tal como se hace ahora; y el tercer pilar sería el aporte voluntario individual de los ciudadanos, que debe ser atraído por la alta rentabilidad y la confiabilidad del Nuevo Sistema Universal de Pensiones del Perú administrado por las ANPs y supervisado profesionalmente por el Estado, siendo conscientes que junto a los otros dos pilares, se pueda asegurar una buena pensión de jubilación que redundará en lograr una vida decente en los cuarteles de invierno de nuestra vejez.

     

    Y por último, al pagar el IGV veremos el retorno en nuestra “Cuenta de Ahorros Pensionaria Individual Intangible” hasta la jubilación, lo cual redundará favorablemente en la lucha contra la informalidad… Continuará…Se abre el debate…

     

     

     

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