Crimen organizado provoca cierre de negocios, atestigua el 32% de peruanos
El 32% de peruanos afirma que en los últimos 12 meses han visto como bodegas, peluquerías o restaurantes han cerrado o limitado sus actividades por causa del crimen organizado.
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El crimen organizado es un hecho palpable para cada vez más peruanos, teniendo a la extorsión como uno de los actos de violencia más comunes, según el Tercer Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia que elabora el Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A.
Según este documento, el 32% de peruanos afirma que en los últimos 12 meses, negocios que ellos o alguien de su barrio solían frecuentar –como bodegas, peluquerías o restaurantes– han cerrado o limitado sus actividades por causa del crimen organizado.
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En Lima, la capital del Perú, la situación es peor, pues esta cifra asciende al 50%, muy por encima del promedio nacional.
PROBLEMA SOCIAL
“El cierre de negocios de barrio es una señal concreta de cómo la inseguridad golpea la vida cotidiana”, señaló Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe.
“Esto no es solo un problema policial, sino un fenómeno que deteriora el entorno económico, social y emocional de millones de personas”.
El impacto emocional también es profundo: el 75% de los peruanos reporta haber sufrido ansiedad o estrés como consecuencia directa de la inseguridad. Esta cifra sube al 89% en Lima, pero el problema es nacional y afecta tanto a zonas urbanas como rurales.
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EXTORSIÓN
El informe también alerta sobre el crecimiento sostenido de la extorsión, un delito cuyas denuncias se han triplicado desde el 2018. Sin embargo, el número de personas encarceladas por esta modalidad de crimen organizado no ha crecido en la misma proporción.
“No estamos logrando avances reales en la lucha contra la extorsión, y las cifras de detenidos lo evidencian. Así, es imposible revertir una tendencia tan extendida”, advirtió Carlos Basombrío, exministro del Interior y autor del reporte.
MEDIDAS SIN IMPACTO
El estudio también muestra que el 36% de los peruanos asegura vivir en zonas que han sido declaradas en emergencia por inseguridad. Nuevamente, Lima concentra la mayor proporción (60%), mientras que en el interior del país la cifra es del 24%.
Sin embargo, la evaluación ciudadana sobre estas medidas contra el crimen organizado es mayoritariamente crítica: solo el 9% considera que han sido efectivas, y más de la mitad las califica como malas o muy malas.
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