Peter Anders: Sin tiempo para más errores
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Derogar la Ley de Promoción Agraria sin antes haber debatido y aprobado las modificatorias a la misma o la nueva ley que la reemplace, revela la manera improvisada, pusilánime y populista con que desde el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República se han enfrentado las protestas, actos de violencia y vandalismo con que un grupo de trabajadores del campo reclamaban mejores condiciones laborales.
Así, no solo se ha provocado un vacío legal que ha dejado en la incertidumbre a dichos trabajadores y a las propias empresas agroexportadoras, sino que se ha generado un grave daño a un sector que en los últimos años impulsó el empleo formal y se convirtió en el segundo mayor captador de divisas para nuestro país.
Resulta imposible calcular hoy el inmenso perjuicio que esta actitud de nuestros gobernantes le ha hecho al Perú, echando por tierra los esfuerzos que desde hace décadas hacemos todos por garantizar un clima de estabilidad jurídica y predictibilidad, imprescindibles para atraer la inversión privada que es la que crea puestos de trabajo reales (no por favor político para los amigos), impulsa los ingresos y estimula la demanda, generando riqueza y bienestar para todos.
Propuestas de la CCL para la transición
La bala de oro y la bala de plata
En las últimas horas, en medio de bloqueos de carreteras, ataques a la propiedad pública y privada, vandalismo, saqueos y –lo cual es más grave- absoluta falta de respeto, agresiones y humillación a nuestra Policía Nacional, los peruanos somos testigos de cómo desde el gobierno y el Parlamento unos y otros eluden su responsabilidad, culpándose de la situación que ellos mismos generaron.
En vísperas del 2021, el año de la “celebración” del Bicentenario de la Independencia del Perú, nos encontramos con un país carente de autoridad y liderazgo, sin rumbo ni metas claras, desintegrado y fraccionado por quienes, en lugar de buscar la unidad nacional, se empeñaron en impulsar campañas de odio para descalificar al otro y enfrentar a los peruanos; todo en medio de una grave crisis sanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus, que ha costado la vida y la salud a millones de nuestros compatriotas.
Desde la perspectiva económica, la necesidad de tener un país estable política y jurídicamente debería ser un objetivo primordial para los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Si hay algo que requiere nuestra maltrecha economía es recuperarse cuanto antes, porque los millones de peruanos que han perdido su trabajo y los empresarios grandes, medianos y pequeños que han visto quebrar sus negocios, no pueden seguir esperando.
Urge corregir los gruesos errores que se ha cometido en materia de gobernabilidad, recuperando por ejemplo la institucionalidad en entidades claves como la Policía Nacional, y recuperar el principio de autoridad; una autoridad que la dan la Constitución y las leyes de la República, no las algaradas callejeras, las bombas molotov, ni las piedras.
