Peter Anders: La Selección
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Cuando se inicia un gobierno es lógico que haya cambios en la administración pública, pues las nuevas autoridades buscan trabajar con funcionarios de su confianza que comulguen con sus propuestas. Ello no implica que el Estado se convierta en un botín para los partidarios ni mucho menos que sea utilizado para pagar favores de campaña electoral.
Se trata de comenzar a trabajar –se supone– con cuadros afines a sus ideas, pero sobre todo preparados y capaces, con solvencia moral y profesional. De alguna manera no del todo perfecta, este es un principio que se ha seguido en los últimos 30 años, donde una autoridad o funcionario del régimen saliente era reemplazado por otro de similares características, nombrado por el nuevo gobierno.
Muchos recordamos que, hasta fines de los años 80 del siglo pasado, el principal requisito para acceder a un puesto en el Estado era contar con un “compadre”, un “padrino”, un “tío” o una “tía” que “tarjetazo” de por medio, diese la recomendación respectiva.
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Esto provocó una carga burocrática ineficiente, compuesta en su mayoría por empleados desmotivados, interesados más en atornillarse en el cargo y llegar a la quincena para recibir un sueldo, y no en alcanzar metas ni mucho menos comportarse como se debe exigir a un servidor público.
En los años 90 hubo un cambio a través del cual se buscó atraer a otro tipo de profesionales. Así, llegaron a la administración pública economistas, abogados, administradores, contadores, arquitectos, ingenieros, médicos, entre otros, provenientes del sector privado y de universidades, donde siendo estudiantes ocuparon los primeros lugares.
Claro que hubo limitaciones propias de un proceso lento de transformación y de resistencia al cambio, pero sin duda se dio otro cariz a algunas de las principales entidades públicas de nuestro país.
En el nuevo siglo se buscó consolidar este cambio a través de la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), con el objetivo de modernizar la función pública mediante la implementación de la Reforma del Servicio Civil, “cuyos principios buscan que las personas ingresen al Estado por mérito propio, mediante procesos transparentes, que sean evaluadas por el logro de objetivos concretos y que reciban incentivos en base a su rendimiento”, según indica el portal de la entidad.
Sin embargo, muchos intereses se oponen a una verdadera profesionalización del sector público peruano, uno de ellos es el de las denominadas “consultorías”, a las que se destina millonarios recursos para hacer lo que se supone deberían estar capacitados a hacer los funcionarios del Estado.
Para colmo, la mayor parte de las veces el resultado de esas “consultorías” termina archivado en el rincón de algún ministerio, cubierto por el polvo y la indiferencia. Toda esta introducción viene a raíz de lo que ocurre desde que el profesor Pedro Castillo asumió el Gobierno el pasado 28 de julio.
Si bien, como se ha dicho, no ha sido del todo perfecta, la profesionalización del sector público corre hoy en día un grave riesgo, pues como se ha evidenciado, no se tiene la más mínima rigurosidad al momento de elegir a quienes ocuparán una responsabilidad.
Ya no solo hablamos de funcionarios de segundo o tercer nivel, sino hasta de los más altos cargos, comenzando por los propios ministros, muchos de los cuales tienen serios cuestionamientos y dudas sobre su capacidad e idoneidad.
Son esos ministros encabezados por el señor Guido Bellido, quienes esta semana solicitarán al Congreso de la República el voto de confianza a su labor.
Lo más peligroso de estas malas decisiones al momento de elegir al equipo de gobierno, en medio de una crisis tan profunda como la provocada por la pandemia del coronavirus, es el alto costo que tiene en la vida, la salud, la economía, la educación y –en general– el bienestar de la población, así como en el futuro y estabilidad del país.
El presidente Castillo debe tener en cuenta, al momento de elegir a cada nuevo funcionario que, de acuerdo al artículo 44° de la Constitución, los deberes primordiales del Estado son la defensa de la soberanía nacional, la garantía de la plena vigencia de los derechos humanos, la protección de la población de las amenazas contra su seguridad y la promoción del bienestar general.
Allí no dice que el Estado está al servicio del partido que ganó las elecciones, ni de los amigos o allegados del secretario general, o de los recomendados o familiares de quienes ostentan el poder.
La Contraloría General de la República ha recordado que la designación en cargos de confianza a personas que no reúnen el perfil requerido, genera riesgos en el correcto accionar de la administración pública y no garantiza el cumplimiento de funciones. Incluso, ha señalado que son factibles de control político por parte del Congreso.
Por ello, nuestro llamado es a corregir la manera en que el nuevo Gobierno está eligiendo y designando a sus funcionarios. Si hacemos un símil con la selección peruana de fútbol, es deber del técnico elegir a los mejores jugadores, a los más preparados para cada puesto, sin importar si pertenece a tal o cual equipo.
Es inimaginable que convoque al que hizo barra, al más entusiasta del estadio o al hincha que pide autógrafos. Siempre se debe buscar a los mejores si se quiere alcanzar una meta.
Presidente Castillo: convoque a los mejores, no admita designar a alguien por presiones, para pagar favores políticos o cumplir con cuotas para los eventuales aliados.
Necesitamos en el Estado a un equipo que tenga muy clara la meta, que no es otra que servir a los ciudadanos con eficiencia, transparencia y vocación.
