Peter Anders: Institucionalidad
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Consolidar y garantizar la institucionalidad de nuestro país es una tarea urgente, aunque a veces no se tenga plena conciencia de su importancia.
Su ausencia y debilidad han quedado en evidencia en el último quinquenio, en el que registramos una sucesión de presidentes y gabinetes ministeriales producto de censuras, renuncias y vacancias, además de una cuestionable disolución del Congreso de la República, la prórroga forzada de la gestión de funcionarios y autoridades con el mandato vencido, y la destitución o designación de jueces y fiscales.
Esta situación ha convertido a nuestra democracia en un sistema débil, sin bases sólidas que le permitan defenderse ante cualquier aventura autoritaria o golpista, además de generar un clima de inestabilidad, inseguridad e incertidumbre.
Peter Anders: Los peruanos queremos propuestas serias
En ese sentido, preocupa que durante la presente campaña electoral en la que se definirá quién gobernará el Perú durante los próximos cinco años, lejos de plantearse el fortalecimiento de instituciones claves como el Banco Central de Reserva (BCR), el Tribunal Constitucional (TC) o la Defensoría del Pueblo (DP), se ofrezca disolverlas, atentar contra su autonomía o intervenirlas si no responden a “los intereses del pueblo”.
Pero no solo es contra ellas que se ha puesto la puntería, sino también contra la Autoridad de Transporte Urbano, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Superintendencia Nacional de Educación, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el Programa Nacional de Inversiones en Salud y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, entre otras.
En estos casos, resulta descabellado pretender prescindir de organismos cuyo principal objetivo es -precisamente- orientar los esfuerzos del Estado para ofrecer bienestar a la población, mediante la construcción de infraestructura educativa y de salud, optimizar la educación superior, desarrollar la conectividad del transporte y las comunicaciones, y la fiscalización laboral en un país donde el 75% de trabajadores son informales.
En resumen, se busca demoler todo lo que durante 30 años hemos construido –con aciertos y errores- para darle a nuestro país los fundamentos macroeconómicos y la paz social que nos convirtieron en lo que se denominó “el milagro peruano”.
Nadie duda que toda obra es perfectible y que las deficiencias, errores y excesos se deben corregir a todo nivel porque no hay “vacas sagradas”; pero muy diferente es decir todo está mal y comenzamos desde cero.
Enfocándonos en el TC, la DP y el BCR, llama la atención y debe provocar alarma que sean precisamente estas instituciones en las que no debería existir interferencia alguna del poder político, contra las que se haya dirigido el grueso de la artillería.
Sin embargo, se debe reconocer que, lamentablemente, una de ellas, que debería ser modelo estricto de cumplimiento de la ley y respeto del Estado de Derecho, se haya convertido en un botín que unos y otros se disputan para colocar o mantener allí como magistrados a quienes representan sus intereses personales o políticos.
Es el caso del TC, donde a pesar de que la mayoría de sus integrantes ha culminado en exceso el período para el que fueron elegidos, por arte de birlibirloque se mantienen en sus cargos.
Hemos visto que es tanto el interés por mantener el control sobre este organismo que el proceso constitucional para elegir a sus reemplazantes fue boicoteado mediante una rebuscada interpretación de denegación “fáctica” de confianza, que desencadenó en la disolución del Parlamento Nacional.
Similar situación ocurre en el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, con la designación o destitución de jueces y fiscales, donde la mano del poder político ha sido más que evidente en los últimos años.
También en el Jurado Nacional de Elecciones, en el que mediante diferentes maniobras se ha impedido completar a sus miembros titulares, designando recién en los últimos días, en pleno proceso electoral, a un accesitario.
Es urgente enmendar esta situación, para que nuestras instituciones sean fieles defensoras de la ley, la Constitución y la democracia, para que nadie dude de sus resoluciones o sentencias.
Esto obliga a que la elección de sus integrantes sea por méritos propios, a fin de que quienes ocupen estos cargos no se sientan obligados a defender intereses ocultos o pagar favores en “gratitud” por su designación.
Este debe ser un compromiso que debemos exigir a nuestras actuales salientes autoridades, pero -sobre todo- a las que están por venir.
