Obras por Impuestos han disminuido a pesar de sus beneficios

En tiempos de crisis se necesita un manejo eficiente de los escasos recursos públicos. En esa dirección, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) crea sinergias entre los gobiernos subnacionales y las universidades públicas con las empresas privadas para la construcción de distintos tipos de obras públicas como centros educativos y de salud, hospitales, carreteras, caminos vecinales, obras de agua y saneamiento entre otras, generando empleo y beneficiando a las ciudades.

Este mecanismo, a diferencia de una obra pública tradicional, busca reducir los plazos de ejecución y garantizar la calidad de la infraestructura y servicios públicos construidos bajo la responsabilidad del sector privado, señala el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

OxI, un éxito regional

Este esquema de fomento a la inversión creado hace trece años en el Perú a través de la Ley N ° 29230 y replicado en algunos países de la región, ha acumulado a enero del presente año una inversión total de S/ 5.434 millones con la participación de 118 empresas y se logró beneficiar a 16 millones de personas con las obras.

El sector minería a través de 27 empresas tiene la mayor participación en OxI con el 44,2% de la inversión total, seguido de Servicios financieros (19 empresas) con una participación del 28,4% y Telecomunicaciones (4 empresas) con 10,3%.

▶Cuatro regiones en Perú recuperan el nivel de empleo prepandemia

▶El comportamiento de los activos de refugio durante la pandemia

En lo que respecta al área de influencia cinco regiones sobresalen al concentrar el 57% del monto total invertido, Áncash (S/ 921 millones), Arequipa (S/ 710 millones), Piura (S/ 651 millones), Cusco (S/ 430 millones) e Ica (S/ 374 millones). Además, entre el 2018 y 2020 se han logrado incorporar por primera vez a Tumbes, Apurímac y San Martín.

Desde su creación, el mecanismo de OxI, se ha ido modificando, tanto la ley como el reglamento, para promover un mayor uso, simplificación de procesos, facilitar la iniciativa privada para la propuesta de proyectos, lo que ocasionó que se amplíe su uso.

Por ejemplo, a fines del 2014 se autorizó este mecanismo en el campo de la salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad. En todos estos años los sectores receptores de las OxI más importantes son transporte (32%), educación (27%), saneamiento (14%) y salud (10%).

Impacto de la pandemia

Sin embargo, la difícil situación derivada de la crisis sanitaria redujo entre el 2019 y 2020 el número de empresas participantes de 18 a 13 y las inversiones de S/ 569 millones a S/ 242,7 millones. Durante el 2020, los 23 proyectos ejecutados mediante OxI se concentraron en dos sectores, siete en educación y seis en transporte con inversiones de S/ 83,2 millones cada uno.

Luego, cinco proyectos en mejoramiento de riego, dos en seguridad y uno en pesca, saneamiento y salud. En total se estima en 355.820 la población beneficiada, señala el IEDEP.

Freno a la inversión

Después de un auge explosivo en el bienio 2016-2017, se observó un fuerte retroceso en el 2018 de 46,2% en las OxI y una ligera recuperación en 2019 (7,6%). Dicha evolución refleja un agotamiento en este mecanismo de promoción de la inversión que se percibe desde el año 2018 y que no se puede explicar por la crisis sanitaria.

Hay que recordar que un atractivo de las OxI es que este tipo de obras no afecta los presupuestos de los gobiernos regionales, locales y universidades públicas porque pagan el financiamiento de la obra sin intereses a cuenta de sus recursos futuros de canon, sobrecanon y regalías hasta diez años después de culminada la obra.

En el caso de las universidades públicas, en el 2013 fueron incorporadas al mecanismo de OxI aquellas que reciban recursos por la explotación de los recursos naturales de la zona. Sin embargo, su participación ha sido mínima, apenas tres de Arequipa, Huancavelica e Ica y recién desde el año 2018. Esto podría reflejar poca capacidad para identificar necesidades de inversión que sin duda son muchas o un desconocimiento de la ley.

Para las empresas, las OxI son un mecanismo que fomenta la responsabilidad social corporativa mejorando su reputación, a la vez que adelantan el pago de Impuesto a la Renta al ejecutar la inversión.

Una vez culminada la obra y obteniendo la conformidad de la entidad supervisora y del gobierno subnacional o universidad según corresponda, la empresa recibirá un certificado por parte del Gobierno nacional (CIPGN), regional o local (CIPRL), con el cual se reconoce el monto invertido por la empresa que aplica al Impuesto a la Renta del año siguiente.

Sin embargo, a pesar de que están fijados los plazos que involucran todo el proceso, por ejemplo, no se cumple con la entrega de los certificados correspondientes, principal incentivo de las empresas para participar en las OxI. Se suman las dificultades en la firma de los convenios con los Gobiernos regionales y locales que, por su complejidad, implican costo y tiempo adicionales para las empresas.

Asimismo, existe un desconocimiento de los gobiernos subnacionales sobre todo en el cambio de autoridades, lo que termina produciendo trabas burocráticas. Es importante reconocer que la baja capacitación de los funcionarios públicos y el poco conocimiento del mecanismo de OxI dificultan la identificación de proyectos prioritarios para la localidad y por tanto el apoyo para su rápida ejecución.

Cartera de proyectos 2021

Existen cuatro regiones que en los trece años no han acumulado inversiones por más de S/ 50 millones y dos que no han recibido nada, Madre de Dios y Amazonas. Finalmente, la cartera de proyectos OxI 2021 asciende a S/ 4.483 millones con un total de 370 proyectos.

De acuerdo con Proinversión, el 31% se destina a educación, 21% al sector agropecuario, 20% a saneamiento, 5% a transporte entre los sectores con más importancia.

Existen más de 15.000 empresas, entre grandes y medianas, que podrían participar en OxI, pero, sin duda, se necesitan superar esas trabas y demoras en las fases de priorización y ejecución de obras, así como una mayor capacitación de los gobiernos subnacionales para así impulsar y mantener de forma sostenida este mecanismo importante de inversión y generación de empleo.