Nos duele

La economía del Perú enfrenta un desafío considerable en los últimos años, especialmente en lo que concierne a la pobreza monetaria. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2023, aproximadamente el 29 % de los peruanos se vieron afectados por esta realidad, es decir, cerca de 9,8 millones de personas. Este dato es alarmante, ya que coloca al país en niveles similares a los de 2020, año inicial de la pandemia, cuando la tasa de pobreza alcanzó el 30,1 %. El incremento en las cifras de pobreza es innegable. Entre 2019 y 2023, 3,3 millones de peruanos se sumaron a esta situación de vulnerabilidad.

Particularmente preocupante es el aumento de la pobreza extrema. En 2022, el 5,7 % de la población peruana se encontraba en esta condición, evidenciando un incremento de 2,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior a la pandemia. En 2023, alrededor de 249 mil personas han llegado a la situación de pobreza extrema. Estas cifras nos duelen. Es imposible ser indiferentes.

¿Cómo combatir la pobreza? La inversión privada juega un papel crucial en la reactivación económica, la creación de empleos y, por lo tanto, en la lucha contra este mal. Sin embargo, se encuentra estancada por una serie de factores, entre los que se incluyen los vaivenes políticos y la mala gestión pública, lo que obstaculiza la mejora en los ingresos familiares. Tanto el Congreso como el Ejecutivo comparten responsabilidad en esta situación. Las constantes crisis políticas espantan la confianza empresarial, mientras que la inacción gubernamental para poner a marchar la inversión pública son factores determinantes en el estancamiento económico actual.

Según el Banco Central de Reserva del Perú, en 2023, la inversión bruta fija nacional disminuyó en un 5,6 %, siendo la inversión privada la principal afectada, registrando una caída del 7,2 %. Sin embargo, existen indicios de recuperación, especialmente en la confianza empresarial, lo que podría revertir esta tendencia si se da el contexto apropiado. Los escándalos políticos no ayudan a lograr este propósito.

La corrupción erosiona la confianza empresarial y desalienta la inversión de diversas maneras. Al generar un ambiente de negocios incierto y desfavorable, socava la estabilidad y previsibilidad que las empresas necesitan para operar y planificar a largo plazo. Además, los sobornos y extorsiones distorsionan la competencia al permitir que empresas menos eficientes obtengan ventajas injustas. La falta de integridad junto con la reputación negativa asociada a prácticas corruptas aleja tanto a inversionistas nacionales como extranjeros, limitando el potencial de crecimiento económico del país y perpetuando ciclos de pobreza. En suma, la corrupción actúa como un freno significativo para el desarrollo empresarial y económico.

Por ello es imperativo que se tomen medidas urgentes y coordinadas para enfrentar estos desafíos económicos. La recuperación económica y la reducción de la pobreza requieren un compromiso serio, tanto del sector público como del privado. Es hora de construir un futuro compartido, donde la prosperidad sea accesible para todos los peruanos.

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