La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales amenazas para los pequeños negocios en el Perú. Más de 535 000 bodegas enfrentan un aumento constante de sus costos operativos debido a la necesidad de invertir en medidas de protección para resguardar sus establecimientos y a sus trabajadores.
Representantes de los bodegueros y de las micro y pequeñas empresas advirtieron que la criminalidad está afectando seriamente la rentabilidad de sus negocios, en un contexto en el que muchos emprendedores aún buscan recuperarse de los efectos económicos de los últimos años.
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Extorsión obliga a invertir más en seguridad
Según la Asociación de Bodegueros del Perú, el 99 % de sus asociados ha sufrido algún episodio de extorsión en los últimos años. Esta situación ha obligado a miles de comerciantes a destinar recursos adicionales para instalar cámaras de vigilancia, reforzar puertas y ventanas con rejas e incluso afrontar pagos exigidos por organizaciones criminales.
Andrés Choy, presidente del gremio, señaló que muchos comerciantes viven con temor permanente y evitan denunciar públicamente por miedo a represalias o a que aumenten las exigencias de los extorsionadores.
Sobrecostos pueden superar los S/7000 mensuales
El impacto económico de la criminalidad también se refleja en los gastos de vigilancia privada. Julio Surco, presidente de la Asociación Pyme Perú, indicó que los costos vinculados a seguridad pueden alcanzar hasta S/7000 mensuales entre personal de vigilancia y equipos de protección.
A ello se suman los gastos de pequeños negocios que, aunque en menor escala, también deben invertir para protegerse. Un propietario de minimarket en Comas reveló que destina al menos S/ 500 mensuales a cámaras y otros sistemas de seguridad debido a las amenazas que recibe desde hace varios meses.
Gremios cuestionan resultados de las políticas de seguridad
Los dirigentes empresariales sostienen que la extorsión se ha convertido en una carga permanente para miles de emprendedores y aseguran que el problema se agravó después de la pandemia.
Asimismo, señalaron que las medidas implementadas por las autoridades no han logrado contener el avance de la criminalidad. Pese a las reuniones sostenidas con distintos sectores del Estado, afirman que los comerciantes continúan expuestos a amenazas y mayores gastos para mantener operativos sus negocios.
Mypes rechazan un eventual incremento del ISC
En paralelo, los gremios expresaron su rechazo a una posible alza futura del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartó recientemente un nuevo incremento.
Los representantes de las mypes consideran que cualquier aumento tributario terminaría impactando en las empresas formales y trasladándose a los consumidores a través de mayores precios.
Temen menor consumo y más informalidad
Los bodegueros advirtieron que un eventual incremento del ISC afectaría especialmente a productos de alta rotación, como bebidas y otros bienes de consumo masivo que representan una parte importante de sus ingresos.
Según explicaron, el aumento de precios podría reducir las ventas, afectar la facturación de los negocios formales y favorecer el crecimiento del contrabando y la informalidad, fenómenos que ya representan un desafío para el sector.
