• Proyecto de ley que plantea supervisión de Contraloría a empresas eliminaría la competencia privada en obras públicas

    Gremios empresariales y expertos advierten sobre las posibles consecuencias negativas de una propuesta legislativa que busca supervisar y sancionar a las empresas privadas que contratan con el Estado, señalando que esto podría desalentar la participación del sector privado en la ejecución de obras públicas y dificultar el cierre de brechas en infraestructura.

    13 de Mayo del 2024
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    Por Igor Ybáñez Gamboa

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    En marzo del presente año, la Contraloría General de la República presentó ante el Poder Legislativo, el proyecto de ley N.° 7316/2023-CG, cuyo propósito es que la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control supervise y sancione a las empresas privadas que contratan con el Estado.

    Según expertos consultados por “La Cámara”, esta iniciativa legislativa, denominada “Ley que fortalece el control gubernamental sobre los contratistas, subcontratistas, proyectistas y supervisores en la ejecución de obras públicas”, busca equiparar las actividades de contratistas y profesionales privados al desempeño de una función pública, con lo cual podría afectar la libertad de trabajo, empresa, así como desalentar la participación privada en obras de infraestructura pública.

    Al respecto, el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), exhortó al Congreso de la República a rechazar este proyecto de ley propuesto por el contralor general Nelson Shack, a través de un pronunciamiento.

    Sin perjuicio a las acciones de lucha contra la corrupción y búsqueda de la integridad en el país, el referido gremio empresarial considera que dicha iniciativa, al incluir a las entidades privadas que trabajan con el Estado dentro del ámbito de supervisión de la Contraloría, podría interpretarse como un intento de eliminar la competencia privada y reemplazar a la autoridad del Poder Judicial.

    “Este proyecto legislativo permite a la Contraloría actuar como juez y parte en situaciones como prestaciones adicionales o ampliaciones de plazo en contratos estatales, imponiendo sanciones severas de manera unilateral”, indica el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Raúl Barrios Fernández-Concha.

    Desaliento a la inversión privada

    Asimismo, Barrios Fernández-Concha sostiene que esta propuesta es un exceso, ya que plantea que cualquier participación en contrataciones estatales podría llevar a que personas y empresas sean tratadas como funcionarios públicos.

    “Ni la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ni la legislación peruana sugieren que contratistas privados sean considerados como funcionarios públicos ni que estén sujetos a la supervisión de la Contraloría”, añade el representante del gremio empresarial.

    En caso de que este proyecto de ley se apruebe, se señala que podría desalentar la participación de contratistas serios y honestos, tanto locales como internacionales, en la ejecución de obras públicas. Además, se refiere que podría exacerbar la paralización de obras estatales debido al temor de persecución que ya afecta a funcionarios comprometidos con el desarrollo nacional.

    Paralización de obras públicas

    En tanto, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata, indica que este proyecto de ley implica un atentado contra la libertad contractual al pretender desnaturalizar los contratos derivados de los procesos de selección efectuados para la ejecución de obras públicas. También, precisa que es absurdo que la Contraloría someta a supervisión a las empresas privadas, ya que podrían sancionarlas e inhabilitarlas arbitrariamente.

    “Esta iniciativa legislativa no tiene ningún sentido y lo que causaría es la paralización de obras públicas, ya que ese temor que tiene el funcionario público hoy en día para firmar o agilizar un proyecto de infraestructura, se le trasladaría al empleado privado; es decir, a los ingenieros, los residentes, los técnicos, los administradores que llevan adelante estos proyectos de construcción”, refiere el representante de Capeco.

    Además, Zapata argumenta que en la actualidad en todo el país hay S/ 27 000 millones en obras públicas paralizadas, lo cual podría incrementarse si las entidades privadas son incluidas en la supervisión de la Contraloría cuando contratan con el Estado.

    “Los empresarios tienen claro que el máximo órgano de control es una traba para el desarrollo de la obra pública. Ahora, tratar al trabajador privado como un funcionario público sería nefasto y desastroso para el país”, añade.

    Impacto a la actividad económica

    En cuanto a la actividad económica, el presidente de Capeco comenta que si se aplica esta iniciativa legislativa podría afectar de forma dramática a la actividad productiva del país, y en particular, al sector Construcción que hoy se encuentra en proceso de recuperación, debido a la fuerte caída de 8,7 % que registró el año pasado.

    “Esperamos que este proyecto de ley sea archivado, ya que muchas empresas, al ver esta situación, se van a inhibir de participar en la ejecución de obras públicas. Y, si las empresas privadas se someten a la jurisdicción de la Contraloría, tampoco se llegaría a cerrar las brechas en infraestructura. En ese sentido, este órgano de control debería modernizarse y proponer medidas de supervisión más efectivas para perseguir la corrupción”, comenta Zapata.

    En la misma línea, la presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), Leonie Roca, refiere que de prosperar esta ley generará sobrecostos sobre todo porque el riesgo de actuaciones inadecuadas de control gubernamental será muy alto, lo que podría reducir número de postores para la ejecución de obras públicas.

    Proyecto de ley aleja al empresariado del cierre de brechas

    Por su parte, Karla Gaviño, catedrática de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), sostiene que esta propuesta de ley tendría un resultado pernicioso, debido a que habría menos postores privados que participen en los procesos de selección para la ejecución de obras públicas, ya que el Sistema Nacional de Control le empezaría aplicar normas que tendrían un efecto fuertemente disuasivo.

    “Si yo soy un empresario privado y tengo la opción de proveerle bienes o servicios a una entidad pública; y de pronto veo que me van a aplicar una regulación que de alguna manera podría generar demoras o dificultades con el propio Estado, pues podría optar por no participar de dicho proceso. Entonces, nos vamos a quedar sin competencia privada o se va a reducir el número de postores interesados en la ejecución de una obra estatal”, explica la especialista en gestión pública.

    La experta considera, además, que la Contraloría no tendría la capacidad de funcionarios para empezar a hacer acciones de control a las empresas privadas, tal como se pretendería en el marco del proyecto de ley.

    “Entiendo la finalidad y la preocupación que motiva a la Contraloría a presentar este proyecto de ley, pues lo que busca es sancionar a los postores que incumplen contratos o que presentan documentación inexacta o falsa, pero esa preocupación tiene que abordarse desde el ángulo de las normas que corresponden y no deben ser confusas”, agrega.

    Gaviño advierte que las consecuencias de prosperar esta ley serían mayores sobrecostos, demoras y paralizaciones en la ejecución de obras estatales.

    “Esto sería casi inmanejable, y se sumaría al alto grado de politización y alto nivel de corrupción que hay en el Estado. Creo que de repente no se ha medido este impacto en el proyecto de ley”, acota.

    En cuanto al cierre de brechas en infraestructura, la docente de la Universidad del Pacífico manifiesta que será más complicado, y los ciudadanos tendrán más ausencia de en materia de prestación de servicios de calidad y de infraestructura.

    “Este tipo de iniciativas terminan dificultando a que el sector privado participe y ayude en ese cierre de brechas para lograr una mejor calidad de vida”, puntualiza.

    En resumen, el proyecto de ley planteado por la Contraloría genera preocupación debido a su posible impacto negativo en la participación del sector privado en la ejecución de obras públicas y el cierre de brechas en infraestructura. Los gremios empresariales y especialistas instan al Congreso a rechazar esta iniciativa.

     

     

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