Incertidumbre política y social, el mayor peligro para empresarios

Como cada año, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó la ‘Encuesta Anual de Ejecutivos 2023’ (EAE-2023), la cual busca recoger la percepción de los principales ejecutivos de Lima con respecto al desempeño del gobierno actual, el entorno económico y político, y los problemas que afectan el accionar empresarial.

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El estudio, encargado por la CCL a la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID), se aplicó a un total de 416 empresas asociadas a la CCL de los sectores de servicios (40 %), comercio (27 %), industria (19 %) y otros (14 %).

Del universo total, el 30 % son microempresas; 39 %, pequeñas; 16 %, medianas; y 15 %, grandes empresas.

Otro aspecto a destacar es que en la EAE-2023 se consideraron empresas con diversos años de existencia en el mercado. Así, de las 416 empresas encuestadas, el 11 % tiene menos de tres años en el mercado, 17 %, de tres a cinco años; 18 %, de seis a diez años; 26 %, de 11 a 20 años; y 29 %, más de 20 años. Además, el 41 % de las encuestadas exporta o importa.

Panorama empresarial

La EAE-2023 se desarrolló en un contexto de recesión económica, reducción de la inflación, alta inseguridad ciudadana e inestabilidad política. Hay que recordar el ambiente empresarial pesimista que data de abril de 2021, según la ‘Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas’ del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Al consultarse sobre la situación económica en comparación con el año anterior, el 31 % de los encuestados opina que un crecimiento económico del 1,4 % no tendrá impacto en los ingresos de las empresas, y un 46 % señaló que más bien estos se reducirían.

Por otro lado, un 27 % de las empresas manifiestan que su planilla se ha reducido con respecto al año anterior. Cabe destacar que dicho porcentaje ha disminuido en 15 puntos porcentuales respecto a la medición del año anterior.

Entre tanto, al evaluar la transición de las empresas hacia la normalidad, se destaca que un 22 % de las empresas tienen menos del 10 % de su personal trabajando total o parcialmente desde casa, mientras que un 16 % de las empresas tienen más del 60 % de su personal adoptando esta modalidad. Debe señalarse que esta tendencia es especialmente pronunciada en empresas con menos de tres años de antigüedad.

Respecto a los factores que ponen en riesgo los resultados favorables de sus negocios, el 89 % de los encuestados coincidió en identificar la incertidumbre política y los disturbios sociales como el mayor peligro para la buena salud de sus negocios, seguido de un 86 % que lo atribuye a las medidas populistas e inconsistentes del Congreso, y un 81 %, al costo generado por la inseguridad en los negocios.

Otro tema que también preocupa mucho a los ejecutivos peruanos es el fenómeno de El Niño anunciado para el verano de 2024. En ese sentido, a la pregunta de su efecto en relación con el fenómeno de El Niño Costero de 2017, el 47 % de la muestra cree que en esta ocasión tendrá un impacto mayor, mientras que el 42 % considera que el impacto será similar al ocurrido en 2017.

Acerca de las inversiones realizadas durante 2023, el 40 % de las empresas indicaron que estas fueron destinadas al mantenimiento y mejoras para garantizar el normal funcionamiento de la empresa. Entretanto, un 33 % indicó que fueron dirigidas al crecimiento del negocio.

En lo que respecta a los planes de inversión para 2024, el 70 % de las medianas y grandes empresas y el 72 % de las micro y pequeñas empresas (mypes) encuestadas señalaron que serán conservadoras.

En lo que se refiere a las perspectivas de crecimiento de su negocio en comparación con hace cuatro meses, solo el 22 % de la muestra consideró que son mayores, mientras que el 39 % las mantiene igual y el 38 % opinó que son menores.

Finalmente, consultado el empresariado si considera requerir un apoyo financiero para 2024, el 60 % de los encuestados anticipan que necesitarán algún programa de apoyo financiero del Estado.

Gobierno y entorno político

La incertidumbre política y las medidas populistas, junto con el aumento en el costo de la inseguridad en los negocios, han afectado la credibilidad de las instituciones públicas y acentuado la caída en la evaluación de su gestión. Así, de las 17 instituciones evaluadas a lo largo de los tres poderes del Estado, solo el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) obtuvo una calificación aprobatoria, con un 76 % de ejecutivos que consideraron su gestión como buena. Esto es atribuido a su trayectoria, autonomía y la calidad en su plana profesional para guiar la política monetaria del país.

Le siguen Indecopi, Sunarp y Sunat, con apenas el 28 %, 27 % y 23 %, respectivamente.

Instituciones peor calificadas

Dentro de las instituciones con peor calificación se encuentra el Congreso de la República, con 85 % de los encuestados considerando que cuenta con una deficiente gestión. Le siguen ministerios claves para el capital humano, como son Salud y Educación, que obtuvieron, respectivamente, 78 % y 77 % de calificación como deficiente.

De otro lado, el 67 % de la muestra desaprueba la gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por los casos de corrupción en dicha cartera.

Un hecho que resalta respecto a años anteriores es la caída en la calificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Y es que solo el 20 % de la muestra calificó su gestión como buena, en tanto para el 44 % fue regular y para el 35 % fue deficiente. Sin duda, el costo de la recesión e inflación afectó la imagen de dicho ministerio.

Las prioridades en agenda de gobierno

Con respecto a la consulta sobre qué debería priorizar el Gobierno en su agenda para 2024, el 29 % consideró que, en primer lugar, se deberían reformar los poderes del Estado. En tanto, el 17 % estima que debe darse preferencia a la lucha contra la corrupción, mientras que un 15 % opinó que se debería fortalecer la seguridad ciudadana.

Finalmente, para alentar al crecimiento económico y una mayor inversión privada, el 45 % de los encuestados mencionó garantizar la estabilidad política y económica; el 33 %, el mayor acceso a financiamiento; y el 25 %, una mayor seguridad.

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