Empleo en el Perú: formalidad e informalidad en cifras

Al cierre del tercer trimestre de 2023, la población económicamente activa (PEA) en el Perú ascendió a 18 137 700 personas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De dicha cifra, el 81,5 % se encuentra en zonas urbanas y el 18,5 % en las rurales. La mayoría, un 47,9 %, se concentra entre los 25 y 44 años, le siguen la población mayor de 45 años (36,8 %) y los jóvenes entre 14 y 24 años (15,3 %).

El nivel de educación influye en las oportunidades laborales: el 19,4 % de la PEA tiene educación primaria, el 41,9 %, secundaria; el 17,6 %, superior no universitaria; y el 21 %, universitaria.

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Empleo formal privado

El trabajador formal es aquel que cuenta con derechos sociales como seguro social, vacaciones o aportes a su fondo de pensiones. De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el empleo formal privado alcanzó en el último mes de noviembre los 4 226 229 trabajadores, siendo el sexto mes consecutivo del 2023 donde la tasa de crecimiento de este tipo de empleo disminuyó (en junio se registró 4.8 % y en noviembre, 0.5 % con respecto a los mismos meses del 2022).

Según la información disponible, entre agosto y noviembre pasado, el empleo formal privado cayó sostenidamente en el sector Agropecuario, superando incluso los 100 000 puestos de trabajo en los meses de octubre y noviembre. En el sector Construcción ocurrió algo similar, pues se registró caída del empleo formal desde junio de 2023 aunque en menor magnitud, no superando los 6 000 puestos de trabajo en los dos últimos meses.

Cabe señalar que, a noviembre de 2023, no se registraron nuevos puestos de trabajo en Pesca, Manufactura y Electricidad. En lo que se refiere a los sectores más dinámicos en generación de empleo, estos fueron Comercio (+22 000) y Servicios (+90 000).

Con respecto al ingreso promedio del trabajador, este se ubicó en S/ 2 700 y S/ 2 742 en los meses de octubre y noviembre pasado, lo que significó un incremento de 5,2 % y 6 % por encima de los niveles registrados en similares periodos del año 2022, respectivamente. Es importante destacar que dichos porcentajes superaron la inflación anualizada, con lo cual se logró mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. En este punto, cabe indicar que, desde abril de 2022, no se lograban incrementos en los ingresos reales debido sobre todo a la elevada inflación que afectó a la economía y al mercado laboral durante 2021 y 2022.

Empleo formal público

El empleo formal público en noviembre llegó a contar con 1 660 600 trabajadores. Entre enero y julio de 2023, los puestos de trabajo en este sector disminuyeron respecto al mismo periodo del 2022 y recién a partir de agosto del año pasado se incrementaron, así en noviembre crecieron en un 0,9 % en noviembre.

Si bien el número de trabajadores casi no ha variado durante el 2023, se estima una mejora en el ingreso promedio por empleado. En los meses de octubre y noviembre de 2023, los incrementos salariales fueron de 8,7 % y 12,6 %, respectivamente, frente a similares meses de 2022, y estas mejoras se observaron a lo largo de todo el año pasado.

Empleo informal

El trabajador informal es aquel que no cuenta con derechos sociales. Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) realizada por el INEI, la tasa de empleo informal fue de 71,9 %, lo que equivale a 12 483 566 trabajadores para el año móvil octubre 2022 – setiembre 2023.  Se observa un descenso en comparación con los periodos abril 2022 – marzo 2023 (73,5 %) y julio 2022 – junio 2023 (72,7%). Si se considerara solo el área urbana, la tasa de informalidad laboral es de 66,3 %, mientras que en el área rural es casi total con 94,6 %.

Cabe señalar que la informalidad es más pronunciada en mujeres (74,2 %) que en hombres (70 %) y en jóvenes de 14 a 24 años (85,4 %) con educación primaria (93,9 %) o secundaria (82,2 %).

Asimismo, se observa una mayor informalidad laboral en empresas de menor tamaño. Por ejemplo, el 88,8 % de la población ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores son informales. Dicho indicador baja a 50,3 % cuando nos referimos a empresas de entre 11 a 50 trabajadores y a 16,8 % en aquellas de más de 51 trabajadores.

Según la actividad económica, en los sectores primarios es donde se encuentra un mayor empleo informal, llegando al 91,5 % para las actividades de Agricultura, Pesca y Minería. Otros sectores con alta informalidad son la Construcción (80,6 %) y el Comercio (72,9 %).

Inseguridad ciudadana

El significativo número de trabajadores informales no solo genera tensiones sociales entre distintos grupos, sino que también contribuye al aumento de la inseguridad ciudadana. Aunque no se busca establecer una conexión directa entre informalidad laboral y delincuencia, es innegable que en los sectores donde predomina la informalidad, los índices de criminalidad suelen ser más elevados.

Entre los delitos que pueden proliferar en este contexto se incluyen el robo, la extorsión y la violencia, ya que las actividades no reguladas ni supervisadas proporcionan un terreno propicio para la práctica de ocupaciones ilícitas.

En el Perú y otros países de la región, se ha observado que la alta prevalencia de la informalidad crea un entorno favorable para el tráfico ilegal de mercancías y personas, provocando así graves consecuencias en la seguridad ciudadana. La falta de regulación y control en el ámbito informal facilita la operación de redes criminales, afectando negativamente la integridad y la tranquilidad de la sociedad.

Asimismo, en economías con alta informalidad, la corrupción tiende a proliferar como alternativa para evadir regulaciones y obtener beneficios indebidos. La escasa oferta de oportunidades dentro del lado formal de la economía, junto con la presencia masiva de trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad económica, puede ser explotada por parte de las organizaciones criminales. En última instancia, la seguridad ciudadana se ve amenazada por actividades informales vinculadas a la criminalidad. Por ende, abordar las causas subyacentes de la informalidad es esencial para garantizar la seguridad ciudadana y fomentar un entorno laboral equitativo y regulado.

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