El camino del gobierno peruano hacia la digitalización

La provisión de servicios gubernamentales a la ciudadanía es bastante amplia. Va desde un simple trámite administrativo hasta la educación pública y, para ello, existe una interacción entre las entidades gubernamentales y los usuarios, que tradicionalmente ha sido presencial.

Sin embargo, con la irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), desde inicios del siglo XXI, se ha experimentado a nivel mundial una transición hacia la provisión de servicios digitales, haciéndose más evidente en la actual coyuntura de crisis.

A pesar de la COVID-19 y de las restricciones de movilización, la economía sigue operando. En ese sentido, el gobierno electrónico sirve para una mayor transparencia y rendición de cuentas, así como para gestionar trámites en línea de una manera eficiente, facilitar la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas y para aportar en la capacitación y educación del capital humano del gobierno y de la ciudadanía en general.

En ese marco, con el objetivo de conocer la digitalización del gobierno peruano, el IEDEP rescata los resultados de la Encuesta de Gobierno Electrónico 2020 elaborada por las Naciones Unidas, además de identificar los cambios legales en tan importante temática.

Perú respecto al mundo

Naciones Unidas monitorea el progreso del gobierno digital en 193 países a partir del Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI, por sus siglas en inglés) que es construido ponderando equitativamente tres componentes: (i) Índice de Servicios en Línea, que mide el uso de las TIC por parte de los gobiernos para la prestación de servicios públicos a nivel nacional, en base a respuestas de un cuestionario de 148 preguntas; (ii) Índice de Capital Humano, que comprende cuatro indicadores sobre alfabetización de adultos, matriculación en la educación básica regular, años de escolaridad esperados y años promedio de escolaridad; e (iii) Índice de Infraestructura de Telecomunicaciones, que incluye cuatro indicadores sobre usuarios de internet, suscripciones de telefonía móvil y suscripciones de banda ancha fija y móvil. Los valores del EGDI y sus componentes oscilan entre 0 (pésimo desempeño) y 1 (buen desempeño).

En dicho estudio, el Perú ocupa el puesto 71°, mejorando seis posiciones con respecto a 2018. Nuestro país destaca en el Índice de Servicios en Línea (0,75), donde supera ampliamente el promedio mundial (0,56), regional (0,58) y subregional (0,68); así como en el Índice de Capital Humano (0,79), donde supera de forma más acotada los tres promedios (0,69, 0,75 y 0,78, respectivamente).

No obstante, la debilidad del Perú radica en el Índice de Infraestructura de Telecomunicaciones (0,58), donde apenas supera la media mundial (0,55), y equipara al promedio regional (0,58), encontrándose incluso por debajo de la subregional (0,60).

Con estos resultados, el Perú es catalogado como un país de “elevado EGDI”, al igual que México (61°), Colombia (67°), Ecuador (74°), Paraguay (93°), Bolivia (97°) y Venezuela (118°); mientras Uruguay (26°), Argentina (32°), Chile (34°) y Brasil (54°) llevan la delantera y son considerados “de muy elevado EGDI”, al igual que los países que lideran el listado como Dinamarca, Corea del Sur, Estonia y Finlandia.

Crisis de la COVID-19

Durante la pandemia se ha identificado que muchas entidades públicas de los tres niveles de gobierno, pertenecientes a distintos sectores, han aprobado normas legales que promueven la digitalización, haciéndose más expeditivas. En materia tributaria, Sunat aprobó el procedimiento virtual para que personas naturales puedan inscribirse en el RUC y obtener clave SOL.

En el ámbito de comercio exterior, se actualizó el Plan de Gobierno Digital del Mincetur 2020-2021. En relación a registros públicos se aprobó la expedición del Certificado de Búsqueda Catastral con firma electrónica, además de autorizar pagos de derechos registrales con billetera electrónica.

En tanto, la Municipalidad de Lima implementó su Plataforma de Operaciones Virtuales, incluyendo el módulo de mesa de partes y casilla electrónica. En materia judicial se creó el Registro de Casillas Electrónicas Institucionales para Emplazamientos Judiciales o Citación de la Demanda.

Agenda pública

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Secretaría de Gobierno Digital son los órganos responsables de los procesos de innovación tecnológica y de transformación digital del Estado.

En septiembre de 2018 se publicó la Ley de Gobierno Digital que tiene por objetivo establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la prestación de servicios digitales por parte de las entidades públicas.

Para este análisis, se han escogido siete de los principales programas presupuestales de infraestructura pública en TIC contemplados en el Presupuesto 2020. El primero es Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e Información asociados, con una ejecución,  al 7 de setiembre, de 8,7%, pese a mantener el mayor presupuesto con  S/ 891 millones.

Un segundo  programa es Celeridad en los procesos judiciales de familia, con un avance de 66,8% de los S/ 98 millones asignados. Le siguen Celeridad de los procesos judiciales laborales, con un avance de 73,4%; Servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura universal, con 39,6%; Celeridad en los procesos de justicia civil-comercial, con una ejecución de 84,8%; Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones, con 49,9%; y   Celeridad, predictibilidad y acceso de los procesos judiciales tributarios, aduaneros y de temas de mercado”, con el 84,1% de su presupuesto ejecutado. Todos estos programas contemplan un presupuesto de S/ 1.939 millones, con cuatro de ellos alcanzando una ejecución superior al 60%.

Ejecución de proyectos TIC

En aras de mejorar en la infraestructura de telecomunicaciones, es necesario implementar los 17 megaproyectos públicos asociados a las TIC que fueron identificados en la edición 2020 de la Cartera de Proyectos de Inversión, elaborada por el IEDEP, y cuyo costo total asciende a US$ 1.243 millones, habiéndose ejecutado solo el 25%.

Cada uno de estos proyectos pertenecen a regiones distintas y, en su gran mayoría,, son de instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social en las regiones a cargo del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones.

Además, se recomienda no prolongar la concesión del proyecto Banda Espectro Radioeléctrico (US$ 291 millones), prevista para el primer semestre 2021, por parte de ProInversión y que mejorará la provisión de servicios móviles soportados con tecnología 4G.

Como puede verse, si bien el Perú ha avanzando en el proceso de la digitalización de sus procesos, aún hay mucho camino por recorrer para estar al nivel de países vecinos como Chile y Uruguay. En ese sentido, es prioritario que el Gobierno avance en las metas trazadas e impulse el desarrollo de los megaproyectos públicos asociados a las TIC.