Doce proyectos del Congreso afectan el desarrollo del país

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) elabora el “Semáforo de la Competitividad” como un instrumento para evaluar los proyectos de ley que se presentan en el Congreso de la República (CR). Para este fin se sigue la metodología empleada por el Foro Económico Mundial en la construcción de su Índice de Competitividad Global (GCI, por sus siglas en inglés), en el cual, a través de 12 pilares, 31 sub- pilares y 105 indicadores, realiza un seguimiento y evalúa anualmente la competitividad de los países. Con respecto a dicho índice el Perú se ubicó en la posición 65° entre 141 países en el GCI 2019.

El objetivo del Semáforo de la Competitividad es evaluar e identificar aquellas iniciativas legislativas que impactarían positiva o negativamente en algunos de los indicadores del GCI y por tanto en la competitividad, productividad y el potencial de crecimiento del país en el largo plazo.

Es claro que la producción legislativa del presente CR queda marcada por tres hechos: la crisis sanitaria-económica, el corto periodo de duración de este congreso (de marzo de 2020 a julio de 2021) y la proximidad de las elecciones presidenciales y congresales. Por estas razones los proyectos de ley presentados se han concentrado en temas coyunturales como suspensión del pago de deudas, tarifas públicas, alquileres, control de precios de medicamentos y protección del empleo; o también en iniciativas atractivas para los votantes, como la reducción de edad de jubilación o de la jornada laboral, sin tener en cuenta los impactos que podrían ocasionar en la economía de ser aprobados.

En ese sentido, el Semáforo de la Competitividad de la CCL analizó los 1.045 proyectos de ley presentados por los congresistas entre el 16 de marzo y el 31 de julio del presente año.

Proyectos que afecta a la competitividad

Del universo de proyectos revisado se han identificado 12 proyectos que afectan la competitividad y han sido calificados con color rojo.

Un total de siete proyectos de ley afectan el pilar Institucionalidad. En la actualidad, dicho pilar constituye una de nuestras principales desventajas competitivas, ubicándonos en el puesto 94° entre 141 países en el GCI2019. Dos de estos proyectos, PL N° 5162 y N° 5393, afectan el entorno político estable para hacer negocios, debido a que plantean, en un caso, el retorno a la Constitución de 1979; y, en el otro, la convocatoria a una asamblea constituyente.

Para el Foro Económico Mundial, un país mejora su competitividad si el Estado garantiza un entorno político estable para hacer negocios. En el GCI 2019, el Perú se ubicó en el puesto 78° en el rubro entorno político estable, el cual empeoraría con las propuestas legislativas mencionadas.

Otros cuatro proyectos de ley, PL N° 5440, N° 5497, N° 5504, N° 5584 y N° 5709 buscan modificar artículos en la Constitución invalidando el marco legal en la solución de disputas para las empresas. Además, se plantea prohibir la existencia de monopolios y oligopolios, cuando ya se señala en la Constitución vigente que se combate toda práctica que limite la competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.

Estabilidad económica

Otros cinco proyectos afectan la Estabilidad macroeconómica. El PL N° 5088, que reduce la edad de jubilación a los 60 años y a 55 años para hombres y mujeres respectivamente, tanto para los sistemas privado y público de pensiones, significa en el segundo caso un tremendo esfuerzo fiscal para financiar el pago de pensiones. De concretarse se generaría un déficit fiscal el cual ya se ha incrementado por la crisis actual y obligaría al gobierno a un mayor endeudamiento, afectando la estabilidad macroeconómica y la competitividad.

Por otro lado, el PL N° 5598 plantea que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) regule el crédito del sistema financiero y las tasas de interés bancarias. Esta práctica, aplicada en los años ochenta en varios países de la región, fue motivo de una profunda reforma financiera que contribuyó a lograr una mayor eficiencia en la asignación del crédito y en recuperar la estabilidad macroeconómica.

Por otra parte, el PL N° 5603 propone volver a un régimen donde el Estado es el ente planificador de la economía y elabora los planes de desarrollo económico, volviendo a modelos económicos de los años ochenta que tanto costaron revertir por sus consecuencias en la economía peruana.

Asimismo, los PL N° 5766 y N° 5847 buscan facilitar la actividad empresarial del Estado comprometiendo así los recursos fiscales, el equilibrio presupuestal y el nivel de endeudamiento. Cabe señalar que hasta el 2019, el Perú se ubicó en el pilar de Estabilidad macroeconómica en el puesto 1°, conjuntamente con otras 33 economías. Definitivamente, dicha ubicación no será la misma si se concreta algún proyecto de los mencionados.

Finalmente, se ha identificado un proyecto a favor de la competitividad. El PL N° 05546 propone algo fundamental en el Congreso de la República y es incorporar en su estructura orgánica una Oficina de Estudios Económicos. Dicho Proyecto de Ley propone que, ante la falta de análisis de la mayoría de proyectos de ley, no se puede debatir ningún proyecto que no tenga dictamen, ni ningún dictamen que no tenga informe de análisis de costo-beneficio.

Un dato mencionado, en dicha iniciativa legislativa, indica que de los 1.200 proyectos de ley sobre desarrollo económico y social (elegidos aleatoriamente entre agosto de 2016 y diciembre de 2018) se encontró que el 96% carecía de un estándar mínimo de análisis costo-beneficio.

De aprobarse, esta medida disminuiría el riesgo de encontrar propuestas que solo tengan un análisis parcializado de los problemas del país y que no pongan en riesgo la institucionalidad y la estabilidad macroeconómica del país.