Raúl Barrios Fernández-Concha
Una vez más, nuestras autoridades han preferido jugar a la ruleta rusa climática. Han preferido apostar porque el clima será benigno o no será tan malo con nosotros y nos han dejado expuestos ante el próximo Fenómeno del Niño Costero. La advertencia es clara y dura: el Gobierno saliente nos deja con S/11 621 millones en obras de prevención sin ejecutar.
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Resulta inaceptable y ofensivo para la ciudadanía que, a casi una década del catastrófico Niño Costero de 2017, el Estado siga respondiendo a la emergencia con la misma improvisación y desidia de siempre.
Como ya hemos dicha desde la Cámara de Comercio de Lima, la cartera administrada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) expone una parálisis indignante: de 61 proyectos clave, el avance promedio apenas raspa el 51 %. Peor aún, 44 proyectos sufren restricciones presupuestales y seis están completamente suspendidos.
Las cifras de proyectos específicos rozan la negligencia criminal. El plan de protección contra inundaciones en Lima tiene un vergonzoso 3.7 % de avance; el drenaje pluvial de Chiclayo apenas llega al 9.2 %; y las obras en el río La Leche en Lambayeque están suspendidas con un paupérrimo 9.9 % de ejecución. ¿Cómo se pretende proteger a la población si la infraestructura crítica está abandonada?
Esta inacción no solo amenaza vidas, sino que representa un sabotaje directo a la economía nacional. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya encendió las alarmas: un evento climático severo restará hasta 0.7 puntos porcentuales al crecimiento económico del país en 2026, golpeando al comercio, la agricultura, la pesca y la construcción.
Para colmo de males, si las lluvias llegan antes de que estas obras concluyan, las millonarias inversiones ya realizadas se destruirán o se perderán por completo, tirando al desagüe el esfuerzo financiero de todos los peruanos.
El nuevo Gobierno, que asumirá funciones este 28 de julio, recibirá una auténtica bomba de tiempo climática y presupuestal. No habrá margen para la curva de aprendizaje ni espacio para las excusas burocráticas. La prevención de desastres debe convertirse en la máxima prioridad nacional desde el primer día de gestión.
El Ejecutivo entrante tiene la obligación de destrabar de inmediato los S/11 621 millones pendientes y aplicar mecanismos extraordinarios de ejecución urgente. La prevención no es lujo sino la diferencia entre el desarrollo y los poblados inundados, los cultivos perdidos y las carreteras destruidas.
El nuevo Gobierno debe demostrar que el dolor de los peruanos finalmente importa y que se hará hasta lo imposible por evitarlo.
