La Cámara de Comercio de Lima considera indispensable que el país mantenga una posición firme y responsable frente a la crisis financiera de Petroperú y rechaza cualquier intento orientado a detener su proceso de reestructuración o revertir las medidas destinadas a recuperar el orden económico de la empresa estatal.
LEA TAMBIÉN: En defensa del derecho al voto, la voluntad del electorado y la integridad del proceso electoral
El Perú no puede seguir destinando recursos públicos para sostener una empresa que, entre 2022 y 2024, recibió más de S/17 000 millones en rescates financieros, garantías y apoyo estatal. En ese periodo, Petroperú llegó a registrar pérdidas superiores a US$ 800 millones en un solo año, acumulando además una deuda que hoy supera en más de diez veces la que mantenía hace una década. Al cierre de 2025, su caja se redujo a apenas S/66 millones.
Estos recursos pertenecen a todos los peruanos y pudieron destinarse a hospitales, colegios, seguridad, infraestructura y programas sociales. Continuar trasladando el costo de esta crisis a los ciudadanos debilita las finanzas públicas, afecta la credibilidad fiscal del país y genera una señal negativa para la inversión privada y los mercados internacionales.
Asimismo, corresponde recordar que en una economía social de mercado existen mecanismos legales y concursales previstos precisamente para afrontar situaciones de insolvencia empresarial. Cualquier empresa privada en el Perú estaría obligada a acogerse a procedimientos de reestructuración o insolvencia ante Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), permitiendo proteger los derechos de los acreedores, preservar el orden financiero y salvaguardar adecuadamente los intereses de los trabajadores dentro de un marco legal transparente y técnico. No resulta razonable que una empresa estatal permanezca indefinidamente al margen de mecanismos que sí son exigidos al sector privado.
La Cámara de Comercio de Lima hace un llamado al Congreso de la República y a las autoridades competentes a actuar con responsabilidad y visión de país. El Perú necesita proteger sus recursos públicos y priorizar inversiones que generen desarrollo y bienestar para los ciudadanos, en lugar de seguir profundizando una carga financiera insostenible para la nación.
LEA MÁS:
CCL rechaza declaraciones de la CONFIEP
“Vamos a ser un actor activo en todos los espacios en los que se debatan temas que afecten al quehacer empresarial”
