Crecimiento y prosperidad

En marzo de este año, el Banco Mundial presentó el informe Perú: aprovechando las oportunidades para el crecimiento y la prosperidad*, el cual contiene un pormenorizado análisis de la situación de nuestro país durante las últimas décadas y formula una serie de propuestas –interesantes y realistas–, para que, como dice su título, el desarrollo y bienestar sean una posibilidad tangible para todos los peruanos.

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Se trata de un documento cuya lectura debería ser obligatoria para nuestros gobernantes, congresistas y funcionarios, así como para las autoridades regionales y municipales.

Menciona, por ejemplo, que luego de reformas clave para promover la transparencia y la rendición de cuentas del marco macrofiscal en la década de 1990, entre 2002 y 2013 el país creció 6,1 %, casi el doble del promedio regional, aprovechando un extenso periodo de estabilidad macroeconómica y política en la década de 2000.

El Banco Mundial destaca que, durante este periodo (2002-2013), la productividad creció un 2,1 % anual, mientras que el empleo informal disminuyó más de 10 puntos porcentuales. El país duplicó sus reservas internacionales y tuvo una tasa de inflación de casi la mitad del promedio regional, la deuda pública se redujo más de 50 % y la pobreza disminuyó alrededor del 60 %.

Sin embargo, advierte que los avances se han estancado durante la última década y que, desde 2014, el 90 % del crecimiento del Perú proviene exclusivamente del consumo. En consecuencia, advierte que la tasa de pobreza no ha mejorado desde 2014 y los avances en el mercado laboral han sido limitados.

¿Qué ha pasado para que lleguemos a esta situación? No hay duda de que gran parte de este escenario obedece a la inestabilidad institucional que sufre el Perú, que ha tenido seis presidentes en los últimos años (con los consiguientes cambios de ministros y funcionarios), el enfrentamiento entre poderes del Estado, la conflictividad social, el crecimiento de las economías ilegales, el incremento de casos de corrupción, la creciente inseguridad ciudadana, y la utilización de la justicia como instrumento de persecución y venganza política.

Esto ha llevado a desatender sectores esenciales como la salud, la educación y la alimentación, ante la imposibilidad de implementar políticas públicas de largo plazo para estos sectores, a lo que se suma la baja recaudación fiscal.

En un panorama así, es muy difícil garantizar la predictibilidad y estabilidad jurídica que necesitan las empresas y los inversionistas, nacionales y extranjeros, para considerar al Perú un destino atractivo, lo que dificulta la generación de empleo formal y la apertura de nuevos mercados.

Para que la inversión fluya se necesitan reglas claras y permanentes y un Estado que no sea un obstáculo, sino un facilitador.

Pero mientas existan inseguridad, inestabilidad política, barreras burocráticas, carencia de capital humano, déficit de infraestructura y economías ilegales que se apoderan cada día de mayores extensiones de territorio, será muy complicado para el Perú recuperar la ruta del desarrollo.

Según el Banco Mundial, la inestabilidad institucional ha debilitado aún más la capacidad del Estado para ejecutar reformas y prestar servicios de calidad, y que “la rotación sin precedentes de servidores públicos de alto perfil ha alterado el funcionamiento esencial del Estado”.

No obstante –agrega–, el Perú sigue teniendo un enorme potencial, pues la condición de país de ingreso alto está al alcance, pero se necesitarán reformas audaces para acelerar el crecimiento.

“En las condiciones actuales, [el Perú] tardaría 64 años en alcanzar la categoría de ingreso alto; sin embargo, con reformas claves, podría lograrlo para 2045, es decir, tres veces más rápido”, sostiene el organismo internacional, al subrayar que se necesitan reformas estructurales que impulsen la productividad y un Estado más eficiente, además de contar con mejores instituciones y mayores servicios públicos.

Puntualiza que “ha llegado la hora de poner en marcha una nueva generación de medidas audaces para permitir el crecimiento de las empresas altamente productivas”.

¿Podemos pedirle al actual Gobierno y al Parlamento, que están de salida, que emprendan estas reformas? No, pero por lo menos podemos exigirles que sienten las bases, comenzando por garantizar la disciplina fiscal, y que se abstengan de gobernar y legislar con intereses populistas y electorales.

Pero la gran responsabilidad recae en nosotros, los ciudadanos, que dentro de un año elegiremos a nuestras nuevas autoridades. Está en nuestras manos corregir el rumbo. Si nuestros políticos no pueden o no quieren hacerlo, hagámoslo nosotros.

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