Rosa Bueno: Dialoguemos como corresponde

Desde que asumió la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, el ministro Alejandro Salas viene emplazando a los empresarios para retomar el “diálogo social” que, según él, ha sido roto por ellos. Nada más alejado de la realidad.

El Perú es miembro de la OIT desde su fundación en 1919. Esta es una institución tripartita de las Naciones Unidas que reúne a trabajadores, empleadores y gobiernos, reconociéndoles a todos el derecho a voto para adoptar acuerdos en materia laboral en sus países. Esta importante institución reconoce que la única manera de lograr paz social en las relaciones laborales es respetando los derechos de los trabajadores, promoviendo el empleo decente y a la vez asegurar que la empresa, como fuente de creación del trabajo, se mantenga en condiciones de seguir siéndolo.

En tal sentido, el Perú ratificó el Convenio 144 de la OIT, sobre consulta tripartita, el que establece que los miembros de la OIT se comprometen a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas entre los representantes del gobierno, empleadores y trabajadores. Por ello, tanto el Acuerdo Nacional como la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo reconocen y regulan el Consejo Nacional del Trabajo – CNT. Entre las funciones del CNT está concertar políticas en materia de trabajo y promoción del empleo y emitir opinión sobre los proyectos de normas legales que en estos temas emita el Poder Ejecutivo.

Por ello, las modificaciones a la tercerización laboral y a las normas sindicales y de negociación colectiva tenían que discutirse en el CNT. De hecho, estos importantes temas laborales estaban incluidos en el Código de Trabajo que venía analizándose en el CNT, a cuyas reuniones asistíamos todas las partes interesadas, incluyendo por supuesto a los empleadores a través de los gremios que lo representan, entre ellos, la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Sin embargo, los ministros Betssy Chávez y Juan Lira, en los temas de tercerización y de negociaciones colectivas, respectivamente, emitieron sendos decretos supremos, a espaldas del CNT. Para ello, retiraron inconsultamente estos temas del Código de Trabajo y obviaron el debate técnico y la opinión de los empleadores. La OIT llamó la atención a la ministra Chávez por no respetar el “diálogo social”. Pese a ello, cuando el ministro Lira asumió el cargo nos volvimos a sentar en la mesa del CNT y nuevamente a nuestras espaldas emitieron el cuestionado decreto de negociaciones colectivas. Es ahí donde el estado quiebra el “diálogo social” en materia laboral.

El actual ministro de Trabajo no puede soslayar los hechos señalados. Sus antecesores han deteriorado la confianza del sector empresarial y sus declaraciones no ayudan a restablecerla. En efecto, el ministro viene señalando en diversos medios que las “reivindicaciones laborales” no tienen retroceso (de que hablaríamos entonces). Los decretos cuestionados emitidos unilateralmente por el gobierno, de espaldas al CNT, no pueden considerarse “reivindicaciones laborales” son simplemente normas inconstitucionales e ilegales, que vulneran nuestros compromisos internacionales. Mientras no haya un reconocimiento de estas violaciones y un propósito de enmienda del gobierno difícilmente podrá lograrse un “diálogo social” que restablezca la paz laboral como establece la OIT.

La falta de transparencia continúa. El titular de la cartera de Trabajo, se victimiza y acusa al sector privado de levantarse de la mesa y perjudicar el diálogo. Sin embargo, su actuación lo delata. Por un lado, convoca a los representantes de los empleadores y, por otro, publica la modificación del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo para incluir como infracciones graves el incumplimiento a las normas de tercerización laboral, sin haber pre-publicado los protocolos de inspección en materia de tercerización que utilizará SUNAFIL.

Contra viento y marea hoy 22 de agosto, entra en vigencia la norma que prohíbe la tercerización laboral, la cual empujará a cientos de trabajadores al desempleo o la precarización de sus puestos de trabajo, mientras medianas y pequeñas empresas engrosarán las altas cifras de informalidad existentes. La ciudadanía es consciente que el Gobierno no tiene propuestas para crear empleo. El populismo y la ausencia de visión técnica son evidentes.

Como señalamos anteriormente, para dialogar adecuadamente se requiere un clima de confianza. El ministro Salas deberá reconstruir esa confianza; para ello, no basta citar a los empresarios sin una agenda clara, ni propuestas de solución, ni de cómo retomar el “diálogo social” ante los reiterados incumplimientos del gobierno. No es posible hacer borrón y cuenta nueva. Dialoguemos sí, pero como corresponde, con transparencia y restableciendo las condiciones de respeto a las instancias legales reconocidas en la OIT.