Peter Anders: Una cosa es con guitarra y otra con cajón

Recién, después de varios días de violentas protestas de los transportistas de carga pesada a nivel nacional, que incluyen el bloqueo de carreteras, el ataque a vehículos y el implícito secuestro de miles de pasajeros, muchos de ellos bebés, niños, ancianos, enfermos y trabajadores que no pueden llegar a sus destinos, el gobierno ha anunciado la formación de una “comisión de diálogo”, con lo cual confirma su “estrategia” de no hacer nada, de creer que los problemas se resolverán solos si se deja pasar el tiempo y esperar que los conflictos escalen a tal punto  que se vuelvan inmanejables.

Lo hemos vivido en los últimos ocho meses de la actual gestión, en que las autoridades y especialmente esa tan pomposamente denominada Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, brillara por su ausencia mientras debido a protestas de toda índole, el país literalmente se incendiaba en medio del caos, la anarquía, el pillaje y el desgobierno.

El presidente Castillo ha asegurado que se pondrá “orden en las próximas horas”, como si los alimentos, medicinas, carga en general y principalmente los pasajeros varados sin agua, comida ni atención médica, pudieran seguir esperando que él y sus ministros recuerden que, si están en los cargos que ocupan, es para gobernar y garantizar el orden, seguridad y bienestar de la población.

Pero resulta además una cruel ironía del destino que el presidente manifieste –cuatro días después de iniciada la huelga de transportistas debido al alza del precio de los combustibles-, que “se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados por algunos dirigentes y cabecillas”.

Lo dice quien, siendo dirigente sindical, encabezó una huelga magisterial de casi tres meses –desde el 15 de junio al 2 de setiembre del 2017- en contra de que se evalúe la competencia profesional de los docentes. Durante todo ese lapso, en medio de su soberbia e intransigencia, se hostigó a los maestros que querían seguir enseñando, se apedreó locales públicos y colegios, se atacó a la policía, se insultó a los entonces ministros y autoridades y perjudicó a un millón y medio de alumnos que no pudieron estudiar.

¿Qué sentirá hoy estar al otro lado de la mesa?

Nadie niega el derecho que todos tenemos de protestar, pero debemos hacerlo dentro de la ley, respetando el bien común y sin perjudicar a los demás. Si eso no ocurre, para eso está el gobierno, para recuperar el orden bajo el amparo de la ley.

Pero, ante todo, su deber es estar atento para evitar que estos problemas ocurran, para lo cual necesita de funcionarios capaces de prever situaciones potencialmente peligrosas para adelantarse y tomar acción.

¿Acaso el alza internacional del precio de los combustibles debido a la guerra entre Rusia y Ucrania ha ocurrido de un día a otro? ¿Necesitaba algún funcionario del gobierno tener dotes de adivinador para saber que era obvio que aumentaría el costo de la gasolina, el diésel y el gas en el Perú? ¿El paro de los transportistas no se había anunciado desde hace varias semanas atrás?

Es esta falta de previsión y capacidad la que hace que hoy en día millones de familias sufran por el desabastecimiento de alimentos en los mercados, con el consiguiente encarecimiento de los mismos; así como que miles de agricultores que no pueden vender sus productos, tengan que resignarse a ver como se descomponen en medio de las carreteras bloqueadas.

Pero como hemos dicho, no es nueva esta actitud de dejar pasar, de dejar de hacer, de esperar que todo llegue a tal punto para recién reaccionar, tarde y mal, asumiendo compromisos que en la práctica solo significan patear el problema para más adelante, sin aplicar soluciones integrales y definitivas.

La Defensoría del Pueblo registra hasta febrero de este año, la existencia de 203 conflictos sociales en el país, de los cuales 157 están activos y 46 latentes.

¿Qué está haciendo el gobierno con esta información que además da cuenta detallada que las razones de los mismos van desde temas socio ambientales, laborales, demanda de inversión en infraestructura y protestas contra gobiernos regionales o locales?

Por lo que estamos viendo, no hace nada…salvo atacar la función que cumple la Defensoría del Pueblo, así como a otros organismos constitucionales autónomos.

Demandamos al gobierno enfrentar los problemas sin más dilación ni negligencia.

Pero, sobre todo, exigimos actuar antes que los problemas ocurran, antes que las bombas estallen en sus manos, porque no podemos seguir en medio de esta indefensión debido a su inacción, dejadez e impericia.