Rosa Bueno: “El Estado debe limitar a lo mínimo indispensable su rol empresarial”

¿Por qué es importante la conformación de la nueva Comisión de Competencia y Regulación de la CCL?

Los temas de competencia y regulación son transversales a todos los sectores de la economía: comercio, servicios, industrias, entre otros.

Considerando que las empresas asociadas a la Cámara de Comercio de Lima (CCL) pertenecen a dichos sectores, es fundamental para su desarrollo empresarial que se mantenga un adecuado marco regulatorio que garantice la libre y leal competencia, la eliminación de barreras burocráticas, así como una sana relación con los consumidores.

La formación de esta comisión denota el compromiso de la CCL para aportar en las políticas públicas y propuestas normativas relacionadas con el régimen económico de la Constitución. Para ello, ha convocado a reconocidos profesionales, tanto abogados como economistas, para integrar esta nueva comisión.

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¿Cuáles son los objetivos de la Comisión?

El principal objetivo es influir en los temas de competencia y regulación, proponiendo, como señalamos anteriormente, políticas públicas y normas que fortalezcan el sistema de mercado, y supervisar que los Órganos Regulatorios se fortalezcan y mantengan su nivel profesional y técnico.

Además de difundir los conceptos del libre mercado y los beneficios que este le ha traído no solo a las grandes empresas, sino a las medianas y pequeñas, a los emprendedores y a la población en general.

¿Cuál será la agenda para este año?

La Comisión se instaló en agosto de este año y la primera tarea que tienen sus integrantes es definir la agenda de trabajo priorizando los temas, dado que nuestro objetivo es sumamente ambicioso.

La idea es preparar documentos de posición sobre temas como el capítulo económico de la Constitución o el impacto regulatorio de las normas que proponga el nuevo Gobierno que utiliza un peligroso discurso anti mercado.

Esto nos obligará a estar atentos a temas de coyuntura y reaccionar rápidamente a las amenazas que pudieran presentarse. En resumen, nuestra agenda tendrá una mirada de largo y mediano plazo, pero también una de coyuntura.

¿Qué medidas anunciadas por el Gobierno atentan contra la libre y leal competencia?

Desde el Gobierno no tenemos un discurso claro y transparente. Han hablado de fortalecer la facultad empresarial del Estado, lo que va contra el principio de subsidariedad.

También se habla de un eventual control de precios para contrarrestar el alza de los productos de la canasta familiar, que vienen subiendo a causa del alza del dólar. Esta solución no es técnica y no será efectiva porque el dólar esta subiendo por la falta de claridad y transparencia de la política económica del Gobierno.

Todavía no hay proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo sobre temas de competencia y regulación. Habrá que esperar y ver si su solicitud de delegación de facultades al Congreso incluye estos temas, y estar atentos a la leyes que promulguen.

Sin embargo, los ataques no vienen solo del Ejecutivo. Recientemente el Congreso ha publicado el proyecto de ley 021-2021 -CR que, so pretexto de democratizar los organismos reguladores, pretende incluir en sus consejos directivos a dos representantes de las asociaciones de consumidores, que no deberán cumplir los requisitos profesionales que se le exige a los otros directores, dejando a la PCM – recordemos quién la representa hoy y la poca confianza que inspira a los mercados– que decida como se llevará a cabo la elección de estos nuevos representantes.

En fin, una de las funciones más importantes de la Comisión es estar atentos para que proyectos como el mencionado no sean aprobados.

Respecto al rol subsidiario del Estado, ¿este debe modificarse?

Definitivamente no. Si bien esta es una posición personal, podría afirmar que es compartida por los colegas de la Comisión. El Estado debe limitar a lo mínimo indispensable, de manera subsidiaria, su rol empresarial.

Asimismo, debe enfocarse en garantizar el marco adecuado para que los privados generen los recursos. Y debe ser más eficiente en la redistribución de dichos recursos, mejorando los servicios al ciudadano en materia de educación, salud, vivienda e infraestructura.

Desde el Indecopi se ha planteado la necesidad de reformar la institución, ¿qué debería incluir dicha reforma?

Lo primero que debe incluir una reforma del Indecopi es garantizar la independencia de sus funcionarios y, sobre todo, de la presidencia.

Coincido en que es una institución que tiene muchas e importantes funciones y, por ello, debe contar con un presupuesto adecuado que le permita tener especialistas necesarios para realizar dicha labor.

Considerando que Indecopi lleva más de 25 años de labores, me parece sano e importante hacer una evaluación de su desarrollo y reforzar o cambiar lo que sea necesario para que siga funcionando con eficiencia y profesionalismo. Sin duda, una reforma de Indecopi es un tema para la agenda de la Comisión.