CCL plantea alianza pública – privada para acelerar compra y aplicación de vacunas
Sin participación del sector privado proceso de inmunización podría tomar más de dos años, señala el presidente del Gremio de Salud (Comsalud) de la CCL, Sandro Stapleton.
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Ante la necesidad urgente de contener el avance de la COVID-19, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) plantea establecer una alianza entre los sectores público y privado para concretar la compra de un mayor lote de vacunas contra la enfermedad e impulsar masivamente el proceso de inmunización en todo el país.
El presidente del Gremio de Salud (Comsalud) de la CCL, Sandro Stapleton, afirmó que el Gobierno no debe desaprovechar la amplia experiencia que tienen las empresas privadas del sector en el proceso de adquisición de insumos y medicamentos en el mercado internacional, así como en los procesos de importación, almacenamiento y distribución.
“Muchas personas mueren o caen enfermas diariamente. No podemos esperar más. Existen empresas experimentadas que pueden ayudar al Estado a agilizar el cierre de los contratos con los laboratorios que producen las vacunas. En paralelo, el Gobierno debería permitir e incentivar que las empresas privadas busquen más vacunas en el mundo a fin de satisfacer la demanda que existe en nuestro país”, manifestó Stapleton.
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El presidente de Comsalud lamentó que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, haya retrocedido en su posición inicial de permitir a las empresas privadas la importación de vacunas contra el coronavirus.
Advirtió que, con el actual ritmo de compra y distribución que se encuentra exclusivamente en manos del Estado, el proceso de inmunización nacional podría tomar más de dos años, dejando una trágica secuela de víctimas mortales.
“Sin los privados será muy difícil que el Gobierno cumpla la meta de vacunar entre 10 y 15 millones de peruanos hasta este 28 de julio, tal como se ha afirmado”, remarcó.
Hizo notar que el sector privado cuenta con el marco legal necesario para adquirir y comercializar las vacunas. Se trata del Decreto Supremo 002-2021 que reglamenta la Ley 31091-20, donde se establece los requisitos para el Registro Sanitario Condicional por un año para las vacunas en Fase III. Con ello, las droguerías podrían importar y vender vacunas a los privados para que ellos puedan ofrecerlas de manera gratuita a sus trabajadores.
Mayor celeridad
Demandó también mayor celeridad por parte de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) para la entrega de estos registros en un menor tiempo a lo establecido y así dinamizar la adquisición y distribución de las vacunas.
“Ningún fabricante o laboratorio venderá las dosis si no se presenta este requerimiento”, subrayó, pues estas autorizaciones son indispensables para iniciar las importaciones y evitar demoras en la entrega de vacunas.
“Está demostrado que el Gobierno no puede solo, pero el privado sin los permisos tampoco puede; entonces, es necesario que trabajen juntos para asegurar el regular abastecimiento de las vacunas en el futuro”, anotó Stapleton.
