Economía

Transportistas anuncian paro este jueves 5 de marzo

ATSUPER informó que la protesta se debe a que aún no se implementa la Ley n.° 32490, que establece medidas de prevención y compensaciones económicas para los familiares de conductores asesinados.

Gremios del sector transporte anunciaron una nueva jornada de protesta para este jueves 5, en demanda de mayores acciones del Congreso y del Gobierno ante la ola de inseguridad que afecta a conductores y empresas del rubro.

Según informaron sus voceros, la movilización busca exigir la implementación de medidas de protección que —aseguran— fueron prometidas y aún no se cumplen.

Más de 100 empresas acatarán paralización

De acuerdo con la información difundida por los gremios, más de 100 empresas formales de transporte público suspenderán sus operaciones como señal de protesta.

La movilización fue confirmada por la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), cuyo vocero señaló que los choferes continúan siendo víctimas de extorsión y ataques por parte de organizaciones criminales.

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Exigen implementación de medidas de seguridad

Los dirigentes reclaman la puesta en marcha de acciones concretas contra la extorsión y el sicariato, entre ellas grupos especializados y mayor articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Advierten que la falta de resultados efectivos ha generado que los transportistas sigan expuestos a amenazas y atentados.

Marcha hacia el Centro de Lima

La protesta tendría como punto de concentración plazas del Centro de Lima, desde donde los manifestantes marcharían hacia las inmediaciones del Congreso de la República y el Palacio de Gobierno.

Los organizadores indicaron que la movilización será pacífica y busca visibilizar la situación crítica que atraviesa el sector.

Víctimas de la violencia

Según datos citados por los gremios, en lo que va del año varios transportistas han sido asesinados en hechos vinculados a extorsión y sicariato en distintos distritos de Lima.

La problemática, sostienen, requiere una respuesta urgente del Estado para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros.

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