Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el periodo julio 2022 – junio 2023, en el país hay 17 millones 278 mil 700 personas con empleo. De ese total, el 72,7 % tiene un puesto de trabajo informal, es decir, está al margen del cumplimiento de la regulación laboral, teniendo como consecuencia la desprotección social de los trabajadores.

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La informalidad en la economía conlleva una reducción en la recaudación tributaria, lo que restringe la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales. Este fenómeno se traduce en una desigualdad fiscal, dado que se origina un aumento de la carga fiscal sobre las empresas y trabajadores formales, quienes asumen la totalidad de la responsabilidad tributaria para compensar la ausencia de contribuciones fiscales por parte de los agentes informales.

Asimismo, la informalidad da lugar a una competencia desleal, en la medida en que las empresas informales evaden costos y regulaciones laborales y fiscales, impactando adversamente a las empresas formales y actuando como un desincentivo a la inversión en el ámbito formal.

En este contexto, en el año 2019, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) encargó a la consultora Macroconsult la elaboración de un estudio de la situación, que derive en propuestas de reformas en los ámbitos laboral y tributario, que establezcan un escenario para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad en el país.

A continuación, detallamos las principales propuestas, resultado de este análisis:

Propuestas para una reforma laboral

Entre las razones que explican la alta informalidad existente en el mercado laboral, se encuentran los altos costos de contratación de personal, incluyendo aquellos denominados “costos no salariales”, que comprenden aquellos conceptos que el empleador debe pagar sobre el salario del trabajador, como CTS, vacaciones, seguro de salud y participación en las utilidades; sumados a otros como indemnizaciones por daños sin necesidad de culpa del empleador, concesión de licencias remuneradas, obligaciones en materia de seguridad y salud que no tienen en cuenta el tamaño del empleador, entre otros. De otro lado, los trabajadores asumen tasas de aportes obligatorios para fines previsionales elevadas, en especial aquellos que perciben la remuneración mínima. Todo ello, finalmente, castiga el crecimiento de las empresas y, por ende, la contratación de mayor mano de obra.

Estos aspectos, como resulta evidente, afectan únicamente al sector formal, empujando a muchas unidades económicas al campo de la informalidad y dejando a los trabajadores sin protección alguna: ni de sus derechos constitucionales, ni de su salud o cualquier otra protección social.

Actualmente, los principales costos no salariales generan costos a la contratación de mano de obra formal en función del tamaño de la empresa, de manera independiente de la productividad de los trabajadores. Este es un esquema que resulta imperfecto pues, si bien tiene elementos de progresividad, se basa en una variable de dimensión de empresa (micro, pequeña o mediana empresa) que es indiferente a la productividad del trabajador, lo cual no genera incentivos a la contratación de mano de obra de baja productividad, que es la que caracteriza al mundo informal.

 

 

La propuesta apunta a migrar hacia un esquema general, con elementos de progresividad basados en la productividad de los trabajadores, de manera que el costo de la formalidad aumenta a medida que se incrementan los salarios, los que, finalmente, son el reflejo de la productividad del trabajador.

En el caso de las empresas, esto implica que asuman el pago de tasas progresivas de aporte a ESSALUD, Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) y gratificaciones; mientras que, en el caso del trabajador, ello significa que asuman el pago de tasas progresivas de aporte obligatorio al sistema previsional, proporcionándoles mayor liquidez.

A la vez, necesariamente se deberá acompañar este esquema con la integración del sistema de salud (ESSALUD – SIS) y un diseño solidario para el financiamiento previsional que el Estado aportaría y que iría decreciendo conforme aumente el nivel de ahorro previsional de los trabajadores. 

Para el caso de reparto de utilidades

Adicionalmente, esta reforma laboral debe contemplar un ajuste en el tratamiento del reparto de utilidades a los trabajadores. Como se sabe, actualmente se pagan utilidades a los trabajadores a partir de que la empresa contrata al trabajador número 21, con tasas diferenciadas según sectores (pesca: 10 %, telecomunicaciones: 10 %, industria: 10 %, minería: 8 %, comercio y restaurantes: 8 %, otros: 5 %). Esta regla ha ocasionado que algunas empresas no quieran pasar del trabajador número 20; y, si requieren más trabajadores, recurren, lamentablemente, en muchos casos, a contratarlos de manera informal.

Por ello, se propone empezar la distribución de utilidades desde el trabajador número 15 con porcentajes menores de reparto de utilidades y progresivamente llegar a la aplicación de los porcentajes actuales a partir del trabajador número 25.  De esta manera, para las empresas se inicia de manera menos impactante, representando un costo mucho menor, que va incrementándose de manera progresiva en función a cómo va fortaleciéndose la empresa, sin desmotivar la contratación de personal. A la vez, ello significará que una mayor cantidad de trabajadores empezará a recibir estas utilidades.

Propuestas de reforma tributaria

La reforma laboral debe ser acompañada de una reforma tributaria, que haga atractiva la contratación de trabajadores. La actual complejidad de los regímenes tributarios exige a los agentes económicos afrontar importantes costos de cumplimiento, que se tornan más altos mientras más pequeños son los negocios.

En nuestro país, la legislación contempla la existencia de cuatro regímenes tributarios, en función del tamaño de las empresas. Se trata del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen Mype Tributario (RMT) y el Régimen General (RG). Los tres primeros se concibieron para facilitar la formalización y cumplimiento tributario de las pequeñas empresas; sin embargo, no han tenido los resultados esperados.

El NRUS y el RER establecen umbrales de acceso que generan incentivos en los agentes a mantenerse en escalas pequeñas para aprovechar las tasas impositivas reducidas y permanecer en el régimen. Un efecto del NRUS es que algunos empleadores cumplen con el monotributo exigido, pero a la vez contratan trabajadores de manera informal o bajo otras figuras que ocultan relaciones de subordinación laboral, pues no tienen ningún incentivo para formalizarlos. De igual manera en el RER, al ser un régimen basado únicamente en ventas que no permite deducir gastos, tampoco existe incentivo alguno para formalizar a los trabajadores, debido a que los contribuyentes no tienen ningún beneficio por acreditar los gastos de personal. Por esta razón, estos regímenes especiales se han expandido de modo importante en la última década, en virtud de que son indudablemente menos costosos que el régimen general, pero, a la vez, incentivan la informalidad laboral y generan incluso menor recaudación de impuesto a la renta.

Los regímenes tributarios diferenciados son terreno fértil para el “enanismo fiscal”, promoviendo que las empresas se mantengan pequeñas o incluso reduzcan su tamaño artificialmente, para adecuarse a los requerimientos y exigencias normativas y calzar en algún régimen ajustado a su conveniencia. Como consecuencia adicional, desalienta la contratación de mano de obra formal.

Por lo señalado se propone eliminar estos regímenes y transitar hacia un régimen general único y progresivo del Impuesto a la Renta que tenga elementos de progresividad, similar al actual régimen para personas naturales. Los cambios propuestos son:

– El RUS se restringiría únicamente a pequeños negocios como bodegas y unidades económicas de centros de abastos y puestos de mercado. Las personas naturales que actualmente utilizan RUS deben migrar hacia IR de personas naturales, de acuerdo con su real naturaleza.

– Todas las personas con negocios deben registrarse como persona jurídica y migrar al nuevo régimen progresivo propuesto.

– El RER y Régimen Mype Tributario deben eliminarse y sus contribuyentes migrar hacia el nuevo régimen propuesto.

Nueva base imponible para empresas con ventas hasta S/ 500 000: resultado de flujo de caja, que considera las ventas netas menos los gastos en planilla y los gastos en activos, con un límite al monto deducible por activos, que no puede exceder el 75 % de las ventas. Esta fórmula simplificaría la gestión de impuestos de las pequeñas empresas, facilitando su cumplimiento tributario, pero creando el incentivo para la contratación de trabajadores formales.

Adicionalmente:

– Establecer requisitos de contabilidad progresiva con ayuda de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), gracias a la universalización de la factura electrónica.

– Declaración jurada simplificada obligatoria de todos los individuos de 18 a 65 años. Esto brindaría información al Estado para triangular reportes de Sunat y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para una fiscalización más efectiva. La declaración jurada obligatoria puede condicionarse al uso de algunos servicios públicos para maximizar su cumplimiento efectivo.

 

 

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Urge una reforma tributaria en el Perú

 

La pandemia de la COVID-19 ha revelado muchas carencias que nuestro país debe corregir y, a punto de iniciarse el proceso electoral que nos llevará a elegir al próximo presidente de la República, cabe preguntarse cuál es la agenda pendiente que se tiene, no solo para resolver la emergencia sanitaria que vivimos, sino también para revertir la crisis económica que ha generado desempleo y el incremento de la pobreza.

 

En ese sentido, desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentamos los principales temas que debería abordar la agenda de nuestras próximas autoridades en materia laboral, tributaria, educativa y de salud, a fin de mejorar la situación del país y de los peruanos.

 

 

Según el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, una de las principales dificultades que debe enfrentar el nuevo gobierno es la creación de puestos de trabajo y para conseguir dicho objetivo el elemento central a lograr es la inversión.

 

“Sin emprendedores y empresarios que apliquen capital a un proyecto no habrá empresa o desarrollo de estas, y, por lo tanto, no se tendrá empleo ni crecimiento”, subraya.

 

Recuerda que, lamentablemente, en las últimas décadas se ha creado un entorno que no favorece al contrato de trabajo formal, sino que lo llena de inconvenientes y riesgos. 

 

“Casi todos los cambios, en lo que va del milenio, han puesto mayores costos sobre el contrato formal y han generado pérdida de manejo de la empresa para el empleador”, detalla.

 

Los riesgos se multiplican

Asimismo, Pasco refiere que el instrumento más inmediato y simple para agilizar las trabas –aunque de modo transitorio– es la facilitación de la contratación a plazo fijo durante la época de reactivación.

 

“De ese modo, durante un horizonte limitado de algunos años, el inversor podrá tener la tranquilidad de que el compromiso laboral que asume al crear el puesto de trabajo no es perenne, y que puede ser retraído en caso las circunstancias económicas o del mercado lo exijan”, detalla.

 

Sostiene que, en una emergencia como la actual, las oportunidades crecen, pero los riesgos se multiplican exponencialmente. “Si el Gobierno tiene la intención de coadyuvar a la reactivación –y estamos seguros de que la tiene– debe utilizar los mecanismos a su alcance para limitar esos riesgos y potenciar las oportunidades.

 

Un mecanismo transitorio de contratación a plazo fijo con requisitos reducidos de modo sustancial sería un buen paso en esa línea”, enfatiza.

 

Reforma tributaria integral

Para el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, toda crisis es siempre una oportunidad para mejorar y hay espacio para hacer una reforma tributaria integral, es decir, en todo el sistema tributario.

 

Explica que la política tributaria deber ser promotora del crecimiento y del desarrollo, donde se privilegie eficiencia, equidad y predictibilidad, que en suma, otorgue seguridad jurídica a los actores generadores de riqueza (empresarios y trabajadores), a través de normas claras, sencillas y una justicia tributaria imparcial, simétrica y sobre todo célere. 

 

“No es posible que a la fecha existan controversias tributarias con más de 10 o 15 años sin resolverse. Este último tema debería abordarse de inmediato, mediante mecanismos que ofrezcan a los contribuyentes reducir la deuda tributaria contingente a cambio de que desistan de seguir peleando. Todos ganan. El Estado recauda importes que a lo mejor nunca podría recaudar, el contribuyente elimina una contingencia que puede durar años y se reduce la litigiosidad y, por tanto, el costo de administrar justicia”, detalla.

 

Asevera que un tema que debería evaluarse es la reducción de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV), pues se trata de un impuesto que afecta a los que más necesitan; refiere que ello debería ir aparejado con mecanismos para ampliar la base tributaria y una tributación sobre el capital que pueda ser proporcional a la tributación sobre las rentas del trabajo.

 

López afirma que el país tiene regímenes especiales como el Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo Rus) o el Régimen Especial del Impuesto a la Renta que son destinados a las micro y pequeñas empresas, los cuales, lejos de haber contribuido a eliminar la informalidad, la han incrementado, básicamente porque son regímenes que fomentan el enanismo empresarial, pues se privilegia la tributación sobre ingresos y no sobre utilidades (resultados). 

 

“Deberíamos pensar en cómo hacer para que las micro y pequeñas empresas se unan y sean más grandes para producir mayor valor y no solo subsistir”, subraya.

 

Asimismo, afirma que se tiene una serie de impuestos que afectan innecesariamente la liquidez de las empresas, como es el caso del Impuesto Temporal a los Activos Netos o el mismo Impuesto a las Transacciones Financieras, que si bien sirven para obtener información de las operaciones bancarias, López indica que al menos debiera ser un crédito tributario.

 

También menciona que hay instrumentos de recaudación que obligan a las empresas a tener que destinar recursos para cumplir con las obligaciones que suponen tales mecanismos, como es el caso de los regímenes de detracción, de percepción y de retenciones, sin que ello suponga ningún retorno hacia los contribuyentes.

 

“Me refiero a que, por ejemplo, los contribuyentes podrían tener algún tipo de crédito tributario por haber coadyuvado a la Administración en su fin recaudador”, puntualiza.

 

Reforzamiento de la educación

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación de la CCL, Ramiro Salas Bravo, afirma que luego de esta crisis sanitaria, el Gobierno debe implementar en forma muy rápida el reforzamiento de la educación básica, tomando como punto de partida la educación preescolar.

 

Señala que la pandemia ha traído como consecuencia el adelanto masivo de la educación virtual algo que “que llegó para quedarse” pese a que –según Salas– se vuelva a las aulas, en la medida que este retorno a la nueva normalidad siempre tendrá un componente semipresencial, especialmente para los niveles avanzados de la educación, pues la virtualidad significa ahorro de tiempo, energía, además de otras ventajas.

 

En ese sentido, indica que el Gobierno debe reformular los conceptos de la educación primaria, preparando a los escolares desde muy temprana edad con la participación de los mejores maestros, los cuales deben ser altamente calificados y especialistas en la enseñanza de los primeros años, de tal modo que los adolescentes lleguen al nivel secundaria mucho mejor preparados.

 

También refiere que es importante incrementar de forma sustancial los recursos financieros para solventar la impostergable necesidad de este cambio en el sector, ya que actualmente el Perú es el país en América Latina con el menor porcentaje del PBI destinado a la educación.

 

“Perú, con sus 32 millones de habitantes, tiene un escaso 3,8% de su presupuesto nacional para educación, frente a todos los demás países, como, por ejemplo, Chile que, siendo un país con menos habitantes que nosotros, tiene un mayor presupuesto para invertir en este sector”, puntualiza.

 

Salas concluye que con un mejor presupuesto se podrá brindar una mejor estructura del sistema educativo e infraestructura, una que esté acorde al desarrollo formativo que los peruanos deben tener.

 

Cambiar el modelo de atención en salud

La salud es un tema pendiente y urgente de resolver y eso es lo que se ha evidenciado con la crisis sanitaria. En esa línea, el presidente del Gremio Salud de la CCL, Sandro Stapleton, asegura que el siguiente Gobierno tiene que resolver la creciente demanda de este sector, pues el actual, a través de una norma, incrementó de un día para otro la cantidad de personas que tendrían atención sanitaria, incluyendo a casi 22 millones de peruanos, pero sin mejorar el presupuesto del sector para atenderlos.

 

“Esta situación complica a las personas en pobreza y pobreza extrema que eran los usuarios de este sistema y llegaban a alrededor de 6 millones antes de la pandemia. Esto genera un problema porque se termina teniendo un sistema que no les puede dar una atención de calidad”, refiere. 

 

Precisa que también se tendrán que resolver las carencias que se han evidenciado con la crisis, no solo en enfermedades infecciosas, sino de dolencias crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión y obesidad.

 

“Se va a tener que trabajar mucho en los problemas de salud mental que venimos arrastrando y se han incrementado con esta cuarentena, sin duda, es una gran preocupación”, subraya Stapleton. De igual forma, apunta que es necesario cambiar el modelo de atención poniendo en el centro al paciente, reforzar la prevención y no ser reactivo cuando ya es más costoso brindar una solución.

 

“Los acuerdos de prestaciones recíprocas tienen que tener contratos claros y funcionar para que todos los ciudadanos se puedan atender en todos los hospitales y luego las instituciones puedan cobrar lo que les corresponde sin problemas”, agrega.

 

Por último, Stapleton menciona que hay dos objetivos que están relacionados directamente con la salud y que tienen que ser prioridad en los próximos cinco años: primero, asegurar el acceso a saneamiento básico al 100% de los peruanos y, segundo, la reducción del hacinamiento para evitar los contagios de cualquier otra enfermedad que se pueda presentar.