Francisco Belaunde: “Lo sucedido en Chile enfriaría entusiasmos por un cambio de Constitución en Perú”

¿Cómo se está reconfigurando la geopolítica internacional en medio de guerras, inflación, crisis energética y pandemia?

Se está produciendo un retroceso en la globalización, en el sentido de que ahora muchos países buscaban producir en los lugares del mundo donde hubiera menores costos para toda la cadena de suministro. Se está buscando, en parte, dónde es más seguro invertir y no hay riesgo por algún tipo de conflicto que interrumpa las cadenas de suministro.

 

Con esa misma lógica, se pretende regionalizar estas cadenas y acercarlas a los mercados de destino. Eso no quiere decir que muchas empresas dejen de producir en China, pero algunas empresas están pasando parte de su producción a países vecinos, como África del Norte. Antes de ello, por la pandemia, se vio que la producción de mascarillas estaba casi concentrada en China y ahí hubo una toma de conciencia para acercarse a los países de destino.

 

El caso más emblemático ahora es el tema de los chips, semiconductores, básicos para la producción de autos, armas, artefactos electrónicos. Taiwán, por ejemplo, asegura el 78% de la fabricación de semiconductores. Si bien es aliado de los países occidentales está en riesgo de una posible invasión china y está buscando también atraer inversiones a través de leyes, incentivos y subsidios en Europa y Estados Unidos.

 

¿Qué tanto afectará a China este cierre tecnológico de Estados Unidos?

Hay una competencia entre ambos. Ahí hay varios temas, por ejemplo, hace poco Estados Unidos decidió prohibir la exportación a China de un tipo de semiconductor de última generación para inteligencia artificial. Lo que no se quiere es que China siga progresando sobre la base de tecnología occidental. Pero esto sí le está afectando a la empresa. Para ellos, China representa el 80% de sus ventas. Esas acciones si bien perjudican a China porque le niegan el acceso a tecnología de última generación, afecta a las empresas norteamericanas que son las que exportan. Entonces se les escapa un mercado importante.

 

¿Qué riesgos u oportunidades se ven para América Latina en esta crisis?

Las oportunidades son que empresas norteamericanas pueden estar interesadas en instalar fábricas en América Latina para acercarlas a sus mercados de destino. México sería el mayor beneficiado porque está en el norte, pero quién sabe, algunos países de América Central o América del Sur. podrían ser otras opciones.

 

Ahí el problema es que los países tienen que buscar atraer inversiones ofreciendo predictibilidad, seguridad jurídica y estabilidad política. Hay una oportunidad, pero hay que saber aprovecharla.

 

En algunos países de América Latina las condiciones no son las mejores. Uruguay está con mejor posición, Costa Rica y Brasil de igual manera. Pero no hay muchos países que no tienen las mejores condiciones políticas en estos momentos, de estabilidad, para este tipo de inversiones.

 

¿Ve riesgos a futuro para el comercio exterior peruano?

Aquí lo importante, para todos los países, no solo para Perú, es no tomar partido por ninguno de los países (Estados Unidos o China), pues ambos son socios muy importantes. Perú no puede prescindir del mercado chino y somos aliados de Estados Unidos. Tenemos que mantener las relaciones con ambos. Pero tampoco estamos en la mejor posición para atraer inversiones. La inversión privada está disminuyendo.

 

Por otro lado, lo que sí puede estar pasando es que por buscar dejar de producir todo en China aumenten los costos, porque la producción se trasladar a países con mayores costos. Eso podría generar un aumento y ya la inflación es alta por las guerras.

 

Tras los resultados en Chile, ¿cómo ve a la región?

Para los inversionistas lo que ha pasado en Chile es una buena noticia, no solo por la contundencia del resultado, sino porque ahora se va a buscar una salida más consensuada que deje de lado posiciones más extremistas.

 

Asimismo, se abre un periodo de incertidumbre en el sentido de que sí se tiene que hacer un cambio constitucional. Además, hay agitación. Yo creo que los inversionistas van a seguir viendo lo que pase con Chile. En un año, como menos, debe estar saliendo la nueva constitución, así que por ahora es un alivio, pero todavía existe la postura de esperar.

 

El tema de Chile, de alguna manera, enfría y es una mala noticia para quienes postulan una nueva Constitución. Finalmente, va a enfriar un poco los entusiasmos.

 

Lamentablemente, tenemos nuestros propios problemas, estamos en una crisis política que no se resuelve, no se va ni para atrás ni adelante sino hacia abajo y eso no favorece la inversión.

 

En el Estado muchas personas han sido removidas del cargo y han sido reemplazas por gente que no tiene la competencia debida. Eso tiene un efecto en la economía, en las personas, es muy grave.




CCL identifica 9 proyectos de ley que afectarían estabilidad y recuperación del país

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, a través de su Semáforo Legislativo, ha logrado identificar 9 proyectos de ley que afectarían la estabilidad y la recuperación del país.

 

Estos proyectos de ley forman parte de las 855 iniciativas presentadas al Congreso de la República en los últimos tres meses, donde dos están vinculados a infraestructura, tres al sistema financiero, dos a reforma constitucional, uno al mercado laboral y uno a la estabilidad macroeconómica.

 

En relación a infraestructura, el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez, sostuvo que existen dos proyectos de ley que inciden en los contratos de gobierno a gobierno (G2G) que a la fecha ya suman cinco.

 

Es el caso del proyecto de ley 346, el cual propone que los informes técnico-económicos demuestren las ventajas de utilizar esta modalidad, así como incluir en los contratos cláusulas anticorrupción y que toda la documentación del proceso de selección sea publicada en el portal de transparencia de la entidad contratante.

 

En paralelo, se propone que la Contraloría General de la República emita opinión previa de carácter vinculante y que este aplique control concurrente debiendo destinársele hasta el 2% del costo de la inversión.

 

“Si bien esta norma va en buena dirección, la aplicación del control concurrente podría ser innecesaria si se considera que una de las bondades de este tipo de contratos es la aplicación de buenas prácticas internacionales de contratación”, aseveró.

 

De igual manera, el proyecto de ley 392 pretende facultar a los gobiernos regionales y gobiernos locales a realizar este tipo de contrataciones G2G para la adquisición de bienes, servicios u obras no menores a 16.591 UIT (alrededor de S/ 70 millones).

 

No obstante, estos tendrían que considerar un presupuesto adicional de alrededor del 5% del costo del proyecto para el pago a la oficina de dirección de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) del país contratado.

 

Estabilidad macroeconómica

 

El Consejo Fiscal es una comisión autónoma que fortalece la transparencia e institucionalidad de las finanzas públicas a través del análisis y seguimiento de las políticas fiscales. No obstante, con el proyecto de ley 276 se plantea que el Consejo Fiscal sea dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), institución que se encargará de designar a sus tres miembros por un periodo de cinco años prorrogables por un periodo adicional.

 

En la actualidad, el Consejo Fiscal se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no se existe razón para los cambios propuestos, corriéndose el riesgo de debilitar a esta comisión.

 

Créditos del sistema financiero

 

Ante el incremento de los créditos directos a empresas y familias, así como el alza de la tasa de morosidad, se presentó al Congreso tres proyectos de ley que buscan la suspensión o reprogramación de deuda con el sistema financiero.

 

Es el caso del proyecto de ley 650 se plantea la suspensión por 24 meses del pago de deudas crediticias de consumo, personales, vehiculares, hipotecarias y créditos MYPES. Le sigue el proyecto de ley 457 que propone la compra y reprogramación de deuda de personas naturales y mypes por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

 

Por último, el proyecto de ley 674 plantea modificar los criterios que posibilitan la reprogramación de los créditos garantizados a través del programa Reactiva Perú.

 

“Si bien estos proyectos buscan ayudar a las familias y empresas que todavía no logran recuperarse financieramente, podrían también facilitar el acceso indiscriminado a dichas reprogramaciones, lo que puede deteriorar la estabilidad del sistema financiero”, sostuvo Chávez.

 

Reforma Constitucional

 

En tanto, los proyectos de ley 174 y 274 plantean convocar una Asamblea Constituyente para que se redacte una nueva Constitución, lo que sin duda afecta las expectativas empresariales. El IEDEP afirma que bajo la Constitución vigente se ha logrado un crecimiento económico sostenido y una importante reducción de la pobreza.

 

En ese sentido, señaló que es importante frenar la erosión de la confianza empresarial dada la importancia de la inversión privada en el crecimiento económico y en la creación de puestos de trabajo formales.

 

Remuneración Mínima Vital

 

El proyecto de ley 718 establece los criterios para la evaluación y reajuste de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y su periodicidad. Se precisa que esos criterios serán: la inflación, el costo de vida, las necesidades de los trabajadores, los niveles de productividad y las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM).

 

Sin embargo, consideró que hay aspectos técnicos que se deben tomar en cuenta para la determinación de la RMV, que no están siendo considerados en el proyecto de ley. “En todo caso debe ser la Comisión Técnica de Productividad y Salario Mínimo la que establezca el mecanismo de reajuste y su periodicidad”, anotó Chávez.