¿Por qué se incrementó tanto la informalidad laboral en el Perú? ¿Es posible reducirla?

Existen varias razones que explican la informalidad. En el campo laboral podríamos mencionar hasta tres. La primera es la falta de proclividad de las empresas. Si el sueldo mínimo es S/ 1.000, un puesto de trabajo con beneficios cuesta S/ 15.000 al año. Entonces, para que un empresario pueda crear empleo, ese puesto de trabajo tiene que rendir ese monto solo para pagar el sueldo sin tomar en cuenta otros costos como impuestos. Sin embargo, hay muchas actividades donde ese puesto de trabajo no genera los S/ 15.000.

En el otro extremo, está la codicia de algunos malos empresarios que sí tienen para pagar planilla, pero que, sin embargo, prefieren mantener a sus trabajadores fuera de la misma, sin beneficios, sin seguro social y sin pagar impuestos.

Y tercero, está el desconocimiento o la excesiva complejidad de la formalidad. Hay empresas que quieren hacer bien las cosas, pero encuentran una serie de requisitos no solo municipales y regulatorios sino laborales. Es inmensa la cantidad de documentos que debe tener un empresario, incluso pequeño, solo para cumplir formas legales. Hay una serie de obligaciones que se han ido agregando en el tiempo.

En la Cámara de Comercio de Lima (CCL) permanentemente planteamos iniciativas para tratar de mejorar esta situación. Hace tres o cuatro años preparamos un documento con el fin de buscar soluciones para que no sea tan difícil ser formal y para que las consecuencias de la formalidad sean menos negativas evitando quitar derechos y beneficios. Ese es un trabajo permanente.

¿La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) contribuye a reducir la informalidad laboral? ¿Qué reformas deberían darse para mejorar las condiciones laborales?

Considero, primero, que la Sunafil tiene un rol importante en reducir el incumplimiento de las normas laborales. Segundo, creo que su tarea principal debería ser identificar dónde se encuentran los que más la necesitan, es decir, a los trabajadores que no tienen beneficios, que están fuera de la planilla, que no tienen seguro social ni protección frente al despido. Tercero, levantar los trámites y cargas excesivas para las empresas que están empezando.

Se necesita una fuerte fiscalización para los empresarios que no cumplen con las normas laborales y un entorno adecuado para la creación y crecimiento de los negocios que permita elevar la productividad de los puestos de trabajo y de las empresas en el país. La única forma de lograr mejores condiciones laborales para los trabajadores y mayor cobertura de sus necesidades es tener más empresas y más negocios formales donde ellos puedan obtener mejores salarios, por acción del mercado, y a las cuales se pueda fiscalizar.

¿Cuánto ha avanzado el debate de tercerización? ¿Hubo diálogo social?

Estamos abiertamente en contra de la norma que se dio el año pasado sobre tercerización laboral, tanto por la forma como por el fondo. Esta norma plantea un Estado que interviene en cómo deben organizarse las empresas, diciéndole al empresario que si quiere abrir una compañía especializada en mayólicas no puede hacerlo porque se debe dedicar a hacer el edificio completo.

La actividad económica se desarrolla mejor si se organiza en función de las necesidades de empresarios y trabajadores. Que el Estado presuma que la tercerización es una afectación y prohíba esta modalidad cuando se trata de servicios nucleares de las compañías es ilegal e inconstitucional porque afecta la creación de empresas, que es lo que más se necesita.

En cuanto a la forma, sin duda, esta norma y la que dio el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sobre relaciones colectivas destruyeron el lento pero existente avance que existía en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTE) para llegar a un sistema laboral que podría estar recogido en una Ley General del Trabajo. Ahí es cuando el Estado rompe el precario equilibrio para que exista un diálogo.

Sin embargo, esperamos tener un diálogo de partes y llegar a una norma que, si se logra, sería mucho más eficaz que lo que tenemos ahora porque tendría legitimidad social. Necesitamos un sistema que sea aceptado por todos. En décadas anteriores hubo avances importantes porque los representantes de empresas y trabajadores consensuaron casi el 87% de una ley general del trabajo, faltaba lo más difícil, pero era una fracción. Soy optimista de que se puede lograr. Todos queremos lo mismo, solo estamos trabajando con camisetas distintas.

¿La tercerización genera más empleo?

Cuantas más empresas y más negocios existan, cuanto más empleo y más población se incorpore al mercado laboral será más beneficioso para el país. La tercerización es una realidad, el enfoque restrictivo de la norma es equivocado porque al pretender evitar abusos laborales lo que hace es cerrarla, encuadrarla y eso no es bueno para la economía.

La actividad económica debe crecer y diseñarse sola. Quienes la hacen, son los que la generan, trabajadores y empresarios, no la ley. El enfoque para evitar los excesos debe ser otro, tiene que ser el de fiscalización, que no se afecten los derechos, pero no el de podar o recortar la actividad económica.

¿La migración venezolana está afectando el mercado laboral?

Mi opinión es que los venezolanos son refugiados. Están huyendo de una dictadura que ha llevado a la ruina económica a su país y por eso han venido al Perú en busca de oportunidades.

La migración en el mundo busca los países que abren oportunidades. Si han venido aquí es porque han visto la posibilidad de desarrollar una vida decente y productiva. La mayoría quiere trabajar y prosperar, hay una riqueza inmensa de personas que, en su mayoría, son jóvenes. Lo que debemos hacer es convertirnos en un país de oportunidades, en un país de empresas, facilitar los negocios y nuevas modalidades. Eso no será resultado de una ley, sino de quienes hacen los negocios, es decir, los empresarios y los trabajadores.

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL), representada por su Comisión de Asuntos Laborales, participó en la Segunda Mesa de Trabajo “Regulación de los servicios de tercerización”, organizada por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, liderada por su presidente, Rosangella Barbarán.

A dicha cita asistieron representantes de los gremios empresariales y dirigentes sindicales del país, quienes dieron a conocer su posición respecto al Decreto Supremo 001-2022-TR, que restringe la tercerización laboral, publicado por el Poder Ejecutivo este año y que entró en vigencia desde el 24 de agosto.

Pedido de la CCL

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, quien asistió a la Mesa de Trabajo como vocero de la Cámara, reiteró el pedido del gremio al Congreso: “que tome cartas en el asunto y deje sin efecto la restricción a la tercerización laboral que impuso el DS 001-2022 TR, y que se deje el escenario a como estaba antes de que se publicara ese decreto para que pueda discutirse de manera amplia en los foros sociales (Consejo Nacional de Trabajo)”.

Asimismo, indicó que el DS está descaminado y no tendrá efecto sobre las afectaciones que sufren muchos trabajadores por la vulneración de sus derechos sociales, debido a que este problema lo genera principalmente la informalidad laboral y el incumplimiento de las normas por parte de algunas empresas; por el contrario, agregó, dicho DS empeorará la posibilidad de que se creen más empleos formales.

“No es cierto que este decreto termine con los problemas de informalidad, de falta de sindicalización o de afectación a dirigentes sindicales porque esos malos usos ya están prohibidos (por la ley). La actividad debe existir, pero regulada. Sabiendo todo eso, las normas sobre tercerización pueden ser mejoradas con mayores controles, para evitar que haya abusos y simulaciones, pero eso no significa prohibir la figura”, explicó Pasco.

Intervención del Estado

En esa misma línea, señaló que el DS es ilegal e inconstitucional, puesto que la distinción alrededor de la actividad principal (nuclear) no existe en la ley y nunca ha estado. Por tanto, la intervención del Estado para impedir que los empresarios peruanos puedan acceder al negocio es ilegítima.

“El DS señala que no se puede tercerizar el núcleo (del negocio), aunque se trate de una empresa de verdad, que tiene recursos propios, trabajadores, que tiene un valor agregado. El Estado está interviniendo en la forma como se organiza la producción de las empresas grandes y pequeñas. El DS es dañino, pues las grandes empresas no serán las afectadas, sino las pequeñas, tercerizadoras, que dan los servicios”, subrayó.

Finalmente, remarcó que la intervención del Estado y el Poder Ejecutivo debe ir encaminada a que se creen empresas, no a prohibirlas y que se debe buscar que se generen puesto de trabajo.

Participantes

Cabe resaltar que entre los participantes de la Mesa de Trabajo del Congreso estuvo el director de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Siguas.

Además, como representantes de los trabajadores asistieron el secretario general de la Confederación General del Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López; el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Benigno Chirinos; el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Julio Bazán; y la secretaria general de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), Paola Aliaga.

En tanto, como representantes del sector empresarial, también participaron el vicepresidente de la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal del Perú (AETT), Alonso Villacorta; el presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), Favio León; el gerente general de la Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú (Acomipe), Carlos Bernal; y la presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú (Pyme Perú), Ana María Choquehuanca.

El pasado 26 de julio, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), junto con otros ocho gremios empresariales, decidieron suspender su participación en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). A través de un comunicado enviado al exministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Ramón Lira, aseguraron que la única vía para retomar el diálogo social es la derogación de los Decretos Supremos 001-2022-TR y 014-2022-TR, referidos a la restricción de la tercerización laboral y la modificación del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, respectivamente.

Si bien dicha comunicación pasó desapercibida tras el discurso presidencial de Fiestas Patrias, el cual incluyó solo un par de párrafos a los temas laborales sin hacer mención a las normas anteriormente señaladas; el Ministerio de Trabajo publicó la semana pasada una nota de prensa invocando al sector empresarial a retomar el diálogo en el CNTPE.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, señala que los más afectados con estas medidas son los trabajadores y empresarios del Perú, pues el gobierno y el MTPE están afectando el tripartismo con normas que no han sido conversadas, yendo contra la legalidad y, “al mismo tiempo, haciéndole un daño muy grande al sistema de relaciones laborales, que debería buscar tener reglas permanentes, estables, duraderas en el tiempo y aceptadas socialmente”.

Medidas laborales cuestionadas

¿Cuáles son las medidas implementadas en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo que atentarían contra la democracia, el Estado de derecho, la inversión privada y la libertad empresarial?

Uno de los cuestionamientos al reglamento publicado por el Ejecutivo es que, ahora, si el MTPE no responde a la solicitud de huelga en tres días, esta quedaría aprobada automáticamente. Incluso, las huelgas no necesitarán de una negociación colectiva para proceder.

Con ello, Mario Pasco indica que no se sabe con certeza qué pueda pasar más adelante, pero sí se conocen las consecuencias de huelgas mal reguladas, como lo ocurrido hace unos meses, con la huelga efectuada por los controladores aéreos, en plena Semana Santa de alta demanda turística, y que afectó el derecho constitucional al tránsito de ciudadanos. ¿Cuánto costó? Más de 8.000 pasajeros varados.

De acuerdo con el integrante de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL y representante del gremio ante el CNTPE, Carlos Guillermo Morales, hay una serie de normas que se han dictado para facilitar la constitución de sindicatos, lo cual no es malo, pero amplía esa facultad para los trabajadores no dependientes, los locatarios de servicios, que no están suscritos a una relación laboral y, por tanto, no pueden ser titulares de ningún derecho laboral, ni individual ni colectivo, afectando el sindicalismo.

Otro tema es el arbitraje potestativo, pues ahora solo lo puede solicitar la parte sindical y no la empleadora, además de la extensión de los beneficios de los convenios colectivos, que antes era una potestad y decisión del empleador.

Morales agrega que pueden afiliarse a los sindicatos los trabajadores que forman parte de las cadenas productivas, que ni siquiera están reguladas. “Hay una serie de prácticas y potestades que anteriormente tenía el empleador y ahora se ha buscado un desbalance de las relaciones colectivas al conceder facultades que exceden al ámbito laboral”, subraya.

Mario Pasco destaca que lo que más bien debe hacer el Estado, respecto de la libertad sindical, es garantizarla, como dice la Constitución, es decir, cuidar que la sindicalización y no sindicalización sea libre, para que los trabajadores que se sindicalicen no sufran repercusiones negativas por hacerlo y los que no quieran sindicalizarse tampoco sean afectados.

En tanto, Carlos Guillermo Morales afirma que claramente dicha norma es antiempresarial y anti-inversión privada, que busca lograr un monopolio sindical no saludable para el país, que limita el poder del empleador frente a una huelga o arbitraje.

“Hay un principio fundamental que nadie ha mencionado, el Art. 28 de la Constitución, que señala que el Estado reconoce el derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y el derecho a huelga, pero cautela su ejercicio democrático. Entonces, estas modificaciones atentarían contra las normas y principios de un Estado de derecho”, explica.

Mayor informalidad aumenta la brecha

Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), al 2016 la tasa de sindicalización en el sector público era de 16% y, de acuerdo con un reciente reporte del MTPE, la tasa de sindicalización fue de 5,2% en el sector formal privado el año pasado. Por ello, asumen que se debe promover aún más este tipo de institución.

Sin embargo, para el integrante de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Jaime Cuzquén, el problema no es cuántos trabajadores están sindicalizados, sino cuántos trabajadores están formalizados.

“Si no podemos promover mayor formalidad no habrá sindicalización y esa es la parte de la ecuación que los sindicatos no entienden. Creo que la mejor manera de fomentar la sindicalización es promoviendo primero el empleo formal”, asegura y exhorta que se necesita reducir el nivel de informalidad.

Cuzquén agrega que lo que se está haciendo con esta norma es empujar a que los que ya tienen trabajo formal se sindicalicen, pero generando una brecha mayor, porque habrá pocos trabajadores formales sindicalizados y, de alguna manera, privilegiados, es decir, habrá una mayor cantidad de trabajadores relegados a la informalidad.

“La sindicalización, desafortunadamente, como cualquier institución en el Perú, no genera confianza en la mayoría de los trabajadores. Estos no confían en los sindicatos porque son instituciones que no generan representatividad. Además, hay un interés económico de por medio, como el pago de cuotas sindicales”, advierte.

Norma política y cero técnicos

El presidente de Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, sostiene que la serie de normas emitidas por el Ejecutivo son absolutamente políticas, como la restricción de la tercerización y las negociaciones colectivas. “No es una norma técnica. Si lo fuera, tendría que haber sido sometida a un cruce de opiniones con las partes interesadas y eso no ha ocurrido, sino todo lo contrario”, añade.

Una de las razones que daba el MTPE para justificar la dación de las medidas mencionadas, es que tienen la facultad de reglamentar leyes y aprobar las disposiciones normativas y que era necesario hacerlo pues dichas leyes se dieron en un periodo dictatorial.

Al respecto, Pasco asevera que no es un argumento válido y que, si bien los gobiernos tienen la facultad de dar normas reglamentarias, la gran pregunta es ¿para qué sirve el Consejo Nacional de Trabajo, si al final lo que importa es lo que el Ejecutivo diga? “Hay una contradicción absoluta en lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo, cuando, por un lado, solicita que los empleadores regresen al CNTPE, pero a la vez afirma que su actuación es correcta, solo por el hecho de que puede emitir normas”, precisa.

Carlos Guillermo Morales, de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, también indica que, en un marco de crisis económica, de recesión y de inflación, introducir estas modificaciones reglamentarias va a desincentivar la inversión privada y la generación de, sobre todo, empleo formal, dado que la sindicalización y la negociación colectiva se centralizan en las medianas y grandes empresas, en tanto, los trabajadores de las pequeñas y microempresas carecen no solo del acceso a la sindicalización y negociación colectiva, sino, lo que es más grave aún, a las más elementales normas de protección social.

“Estas disposiciones buscan lograr una percepción favorable por parte de los gremios sindicales, con el objeto de que apoyen políticamente al gobierno, al obviar la parte empresarial y caer en un monismo sindical. Con todo lo que está haciendo el gobierno ya no tiene necesidad de una Asamblea Constituyente, ya está demoliendo todo el sistema de relaciones laborales”, afirma Morales.

A su vez, Jaime Cuzquén asegura que hay mucho interés ideológico de por medio más que una defensa técnica de derechos, lo cual definitivamente juega en contra de los propios trabajadores.

Acciones judiciales en marcha

Carlos Guillermo Morales sostiene que la decisión de los gremios, de suspender su participación en el CNTPE, ha sido la correcta hasta esperar que se den las condiciones adecuadas para el diálogo social, aunque duda que exista un escenario para ello, tal como lo establece la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), que viene siguiendo de cerca la dación de este tipo de normas en el país y ha llamado la atención al Ejecutivo por su proceder.

Finalmente, Mario Pasco sugiere que para que puedan derogarse los dos últimos decretos que publicó el gobierno, de tercerización y negociaciones colectivas, tendría que haber un cambio de dirección en el Ministerio de Trabajo.

No obstante, mientras tanto, apunta Pasco, debido a que el reglamento está plagado de irregularidades e inconstitucionalidades, hay muchas instituciones y empresas que van a actuar por las vías legales para dejar sin efecto la ley, tal como ha sucedido con la norma que restringe la tercerización laboral.

La Comisión de Economía del Congreso aprobó un proyecto de ley que deja sin efecto la eliminación de la tercerización. ¿Qué opina la CCL al respecto?

La tercerización es un tema que está en plena discusión. Lamentablemente, el Gobierno había tomado una actitud y posición de cambiar la norma vigente de manera inconsulta, sin haberlo discutido con los trabajadores y empleadores. Además, muchos calificamos este cambio como contrario a la ley, porque se realizó una modificación de la ley pero cambiando solo el reglamento y eso generó una serie de discusiones legales.

Por ello, la derogación de los cambios propuestos por el MTPE, que restringen la tercerización, deja un escenario de mayor certidumbre con miras a una discusión de posibles ajustes o mejoras a la legislación que existía antes, y parece razonable dado que hay una serie de reclamos y pedidos de los trabajadores.

Lo complejo es que la norma propuesta por el MTPE genera riesgos,  porque hay un plazo que está corriendo y muchas empresas han visto amenazadas su existencia. Eso dificulta cualquier contratación.

En agosto vence el plazo de adecuación. ¿Es suficiente para las empresas?

El tiempo no es suficiente para el país, porque, como señalaba, hay serios cuestionamientos de fondo en cuanto a su legalidad. Ingresar a un cambio tan radical de sistema y a una mecánica de sustitución de la forma en que se trabaja, con base en una norma que no da certidumbre sino todo lo contrario, no es lo más conveniente.

Este plazo queda muy corto. Pero, si la norma es revertida, deja de tener relevancia y se puede pasar a una revisión de la normativa para llegar a una salida balanceada.

Si no fuera derogada la norma actual, como mínimo debería haber una ampliación muy sustancial del plazo para que haya una discusión a fondo e incluso una verificación de la legalidad de la medida.

Pero cualquiera que sea la fórmula, la idea es que esto sea discutido por las partes y lo natural es que la situación regrese a como había estado hasta este año o, cuando menos, con un plazo holgado para examinar a fondo el asunto, porque sabemos lo importante que es para las empresas y también que es un punto especialmente sensible para los representantes de los trabajadores y para los trabajadores mismos.

Entonces, es trabajoso llegar a acuerdos y equilibrios, y, para eso, lo ideal es que las partes puedan conversar y discutir con tranquilidad de manera que vayan formando confianza mutua en que la finalidad de cada uno es la misma. Todos estamos de acuerdo en que queremos que se creen más puestos de trabajo con estándares decentes en empresas sostenibles.

¿Existe un plan de contingencia si no se deroga?

Hay muchas empresas que han iniciado acciones judiciales para defenderse por un ataque a la legalidad. Fuera de eso, algunas  están viendo cómo cambiar sus sistemas de contratación o modificarlos, pero eso depende de cada realidad.

¿Qué ocasionaría a largo plazo este tipo de reglamentación?

Lo que más ha preocupado es la destrucción de empresas. Hoy hay muchas empresas que se dedican a prestar servicios a través de otras empresas, y esas ya no tendrían posibilidad de existir. Esta es una situación muy negativa, tratándose, además, de micro, pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas, y son en las que existe una línea más tenue entre empresarios y trabajadores, pues son empresarios y a su vez trabajadores.

La norma señala que la empresa tendría que asumir a los trabajadores de la empresa tercerizadora…

Lo que se verían obligadas a hacer esas empresas es tercerizar en locales distintos porque eso no está prohibido ni afectado por la norma, o asumir directamente la actividad de la operación.

El problema es que muchas de estas actividades u operaciones son muy especializadas. Las empresas han estado encargando a terceros porque tienen que hacerlo. A nadie le gusta pagar más para contratar a un tercero en lugar de hacerlo uno mismo, gastando menos probablemente.

Pero la necesidad está ahí por un tema de especialidad. Una empresa no puede estar dedicada a hacer todo. Yo puedo tener vocación de tener un hotel, pero no necesariamente la capacidad de gestionar una operación, la lavandería, el restaurante, el bar, etc. El dueño del hotel no sabe hacerlo y no tiene interés de hacerlo. Él ha estado cómodo hasta el momento contratando a una empresa para que gestione y maneje los restaurantes. Eso es muy frecuente y no tiene nada de malo.

Eso estaría siendo prohibido y llevaría, naturalmente, a que las cosas funcionen peor de lo que deberían y eso no le conviene absolutamente a nadie. Ni a la prestadora del servicio ni a los trabajadores, porque terminan en una gestión no adecuada, y ciertamente tampoco le conviene a los consumidores.

El nuevo ministro de Trabajo ha dicho que continuará con la cuestionada Agenda 19, ¿en qué se debería enfocar este ministerio?

La prioridad es la venimos pidiendo desde hace unos años: evitar que desaparezcan más puestos de trabajo y lograr que se creen más. Esa creación de puestos de trabajo solamente se puede alcanzar si a los inversores o potenciales inversionistas les dan reglas claras y sistemas laborales predecibles y equilibrados.

La tendencia en los últimos años no ha ido en ese sentido, sino en lo opuesto, y tememos que eso esté causando un deterioro, junto a otras cosas, de las expectativas y posibilidades de inversión.

Quisiéramos que el nuevo ministro tome parte de esa óptica por lo menos para que trate de centrar la actuación del MTPE. Queremos que el Ministerio permita y fomente más puestos de trabajo, pero la única forma es haciendo atractiva la inversión y hacer empresa en el Perú. Con el tipo de iniciativas que hemos visto en los últimos años no necesariamente es así.

Y, en segundo lugar, que tome el tema de la concertación social y del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) de manera decidida y le dé el espacio que tiene que tener. Quienes hacen las relaciones laborales son los trabajadores y los empresarios y, por lo tanto, tiene que haber palabra e intercambio de ellas en las normas más importantes.

En las últimas semanas se dio una rectificación saludable de la ex ministra Betssy Chávez en el proyecto del Código del Trabajo, que ofreció que pasaría al CNTPE como siempre ha sido y esperamos que eso respete el nuevo ministro.

¿Cuál debe ser la agenda en el ámbito laboral según la CCL?

Primero, mejorar la creación de puestos de trabajo; y, segundo, una preocupación que siempre ha tenido la CCL es una mejora de la calidad de los puestos de trabajo en materia de formalidad. Debemos apartarnos de la informalidad que es masivamente mayoritaria en el país, lo que causa mucho daño al Estado, empresas y trabajadores.

Nosotros hemos tenido propuestas muy claras en ese aspecto, hemos presentado trabajos, informes e iniciativas a los sucesivos gobiernos y vamos a seguir planteándolas al nuevo ministro.

El MTPE afirmó que tomará la batuta en el aumento del sueldo mínimo y la tercerización laboral. Su propuesta es convocar al CNTPE para que se reactive la Comisión que compete a la tercerización. ¿Cuál es la situación actual?

Me parece que este es un tema muy importante y trascendente tanto para trabajadores como empleadores. La tercerización tiene que ser tratada a través del diálogo y la concertación y para eso existen el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) y los foros donde se puede intercambiar ideas y compatibilizar correctamente las necesidades de cada actor.

Las iniciativas del Gobierno – del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) específicamente – para que este tema sea tratado por el CNTPE son positivas, pero lo que no debería prosperar son iniciativas que intenten  eliminar e incluso prohibir la tercerización, o modificarla sin un diálogo, sin una interacción y solo por la decisión del Gobierno. Si el Gobierno está pensando llevar esto a una conversación de partes, está bien; pero si el Gobierno está pensando romper el sistema establecido sin ese diálogo, no es correcto.

¿Quiénes deben participar en este debate?

Los tres sectores comprometidos, trabajadores, empleadores y el Estado. En este caso hay una especial necesidad de que participen representantes de las empresas pequeñas, porque la mayoría de las compañías de tercerización y gran parte de los problemas que ocurren tienen que ver con empresas pequeñas o microempresas. Por lo tanto, su participación es fundamental.

¿En qué aspectos debería centrarse la discusión de la tercerización laboral?

Debería ser una discusión para perfeccionar el sistema y no para eliminarlo. Hay varias iniciativas para prohibir, eliminar y reducir a un mínimo la tercerización laboral, lo cual sería muy pernicioso para todos. La tercerización es una necesidad en los sistemas empresariales y de producción modernos. Hoy en día, todo el aparato económico de producción está fundado en la interacción y la colaboración entre empresas, de manera tal que se logre la especialización y por tanto mayor productividad en todas las etapas de la cadena.

El principal motivo de la existencia de la tercerización no es, como han dicho algunos, vulnerar los derechos de los trabajadores o afectar a los trabajadores, sino hacer que una actividad específica sea desarrollada por el que mejor sabe hacerlo. Por ejemplo, si hay una fábrica de ropa y hay una empresa que se dedica exclusivamente a colocar botones y cierres o manufacturar y colocar botones y cierres sería bueno la primera contrate a la segunda para que haga estas actividades de la mejor manera. Esto puede ocurrir en diversas actividades. La temática y casuística son infinitas. Entonces, la interrelación entre empresas nunca puede ser mala sino buena.

La prohibición de esta interrelación significaría que todas las empresas que actualmente se dedican a prestar servicios a otras tuvieran que desaparecer, y eso significaría, a su vez, que parte importante de la actividad económica que hoy se desarrolla a través de esas empresas peruanas y pequeñas terminara desarrollándose en grandes corporaciones, porque las compañías tendrían que crecer e inflarse pues tendrían que hacer todo lo relacionado con su negocio o peor aún se llegaría a la micro especialización pero informal, que ya es un problema actualmente.

Entonces, más que limitar las iniciativas y la interacción entre los actores económicos, lo que debe hacer el Estado es fomentar e impulsar toda la actividad productiva y cuidar que las modalidades en las que se usa esta figura sean las correctas sin excesos, abusos, o incumplimientos.

El hecho de que existan empresas informales no debe ser un motivo para eliminar o prohibir las empresas de tercerización. El hecho de que existan empresas de tercerización informales o relaciones de tercerización informales no debe llevar a eliminar o cerrar esta modalidad, sino a que se investigue y sancione a esas empresas informales o que entran en ilegalidad.

Analistas señalan también que la tercerización ayuda a elevar la productividad y el empleo…

Esto es una constatación real, no es una fantasía. Es lo que vemos. Si se produce la figura es porque lleva a mayores resultados. Los empresarios toman sus decisiones de manera racional. Si contratan a una empresa de tercerización es porque permitirá un mejor resultado.

Las decisiones empresariales son presentadas como mal intencionadas y en oposición a los derechos, cuando no es así. La mayoría de las decisiones son de aplicación racional de los recursos ante una determinada situación; lo mismo ocurre con la tercerización.

No debe haber abusos, totalmente de acuerdo, y todos debemos hacer un esfuerzo para evitarlos.  Pero debemos tener muchísimo cuidado y rechazar posiciones extremas que plantean que no se deben tercerizar actividades principales, como medio para eliminar o prohibir esta figura.

Otro tema en debate es el incremento del sueldo mínimo, ¿qué consideraciones debe tomarse en cuenta?

Está muy claro que hay un mandato constitucional en la línea de que el sueldo mínimo se debe fijar con participación de empresarios y trabajadores. Sin embargo, hace poco se aprobó un proyecto de ley muy preocupante y pernicioso por el cual se establecerían automatismos y los reajustes se dejarían a una decisión más unilateral o discrecional del Estado y se reduciría la participación de los actores sociales.

Nos parece que esto va en la dirección opuesta de la que debe tomar este tema. Es un proyecto que tiene visos claros de inconstitucionalidad y, por tanto, no estamos de acuerdo. Debería primar el camino del diálogo y no al contrario de limitarlo o mediatizarlo.

¿Cuáles deben ser las prioridades en materia laboral ahora que la ministra de Trabajo fue ratificada en el cargo?

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y todos los gremios tenemos muy claras las prioridades y son la reactivación y la generación de empleo, es decir, crear las condiciones para recuperar los puestos de trabajo que se perdieron en los últimos años, lo cual debe hacerse de manera más acelerada.

Los ajustes reivindicativos siempre van a poder llevarse a cabo, pero el enfoque debería ser muy distinto y debería estar en la creación de empleo y no en el reacomodo de la normativa vigente.

El MTPE anunció que este mes se discutirá el incremento de la remuneración mínima vital (RMV). ¿Qué opina al respecto?

Es un trance normal el pedido de revisar la RMV. Lo que corresponde, como también lo anunció el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), es que se haga con intervención de los actores sociales, en cumplimiento del artículo 24 de la Constitución, que determina que el Estado regula la remuneración mínima con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Eso significa conversar y discutir el asunto o los criterios para un eventual ajuste en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), que tiene instancias y comisiones especializadas en esta materia.

¿Es prudente subir el sueldo mínimo en medio aún de la pandemia?

Hay muchas empresas a las que les será difícil y muy complicado mejorar la remuneración, y son las que probablemente tengan los costos o márgenes de ganancia más ceñidos, y que más problemas pueden haber tenido durante los últimos dos años. Ese es un punto que necesariamente se va tener que discutir en el CNT.

En medio de una crisis de desempleo, subempleo y mucha informalidad, elevar la remuneración mínima, va a favorecer a un grupo específico de trabajadores, pero no va a ayudar a que estos espacios (empleo, desempleo e informalidad), que son los que más se han visto impactados por la crisis sanitaria, mejoren.

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Hay analistas que afirman que hay espacio para subir el sueldo mínimo y que, además, es necesario porque el costo de vida se ha incrementado.

Habría que ver quién tiene ese margen y quién no. Hay empresas que claramente no lo tienen. Probablemente hay muchas que sí, pero las que pagan remuneraciones por encima del sueldo mínimo tienen sus mecanismos de ajuste ya marcados, por negociación individual, colectiva u otros mecanismos.

El sueldo mínimo es para los trabajadores formales en jornada completa que ganan menos y, usualmente, ellos trabajan en empresas que tienen una productividad muy cercana a ese valor. El riesgo es que se mueva o se suba la RMV por encima de la productividad que pueda tener una empresa. Eso hará imposible sostener el puesto.

Esta posibilidad de incrementar el sueldo mínimo no parece estar acorde con las necesidades de la época, donde lo que se necesita es tratar de tener la mayor cantidad de gente trabajando en puestos formales.

Hay empresas a las que, por su magnitud, zonas de operación y por su realidad económica, se les hace más difícil enfrentar este incremento. Es donde los márgenes son menores y precisamente donde hay más informalidad. Entonces allí la elevación (incremento de sueldo mínimo) termina no siendo real, porque la mayoría de los trabajadores están en la informalidad.

Yo prefiero que el MTPE se enfoque más que en elevar la remuneración mínima, en tratar de tener a muchos más trabajadores con seguridad social y con los beneficios de la formalidad. Y eso es lo que nosotros siempre tratamos de impulsar, que el Ministerio de Trabajo adopte la decisión firme de elevar las tasas de formalidad.

¿El alza del sueldo mínimo debería ser diferenciado, tal vez por sectores?

Sí, sin la menor duda ello debería ocurrir en algún momento, por sectores o geográficamente. Pero claro, para eso se necesita también un esfuerzo técnico muy grande para que efectivamente las distinciones objetivas, serias y analizadas de modo bien intencionado lo hagan posible.

Se tiene que examinar bien esta posibilidad, que, puede tener un efecto positivo, pero también puede llevar a desviaciones, simulaciones, a traslados artificiales de empresas sobre trabajadores y eso tampoco ayuda. Me parece que sí sería positivo, pero con muchísimo cuidado.

¿Qué es lo más urgente que debería tratar el Gobierno en materia laboral?

Desde la CCL siempre hemos planteado que la manera más eficaz de mejorar la situación de los trabajadores en su conjunto es reduciendo la informalidad, es decir, hacer que crezca en empleo formal, que haya más trabajo y que estos tengan registro de planilla y el otorgamiento de los derechos legales y que los puestos de trabajo que están fuera de la legalidad pasen a la formalidad.

Para eso existen hasta tres mecanismos que se pueden seguir. En primer lugar, que haya una normativa más simple en cuanto a su cumplimiento. En segundo lugar, una supervisión seria que vaya a buscar la informalidad donde esté.

Y, en tercer lugar, hay ajustes específicos en las normas que también pueden ayudar. La CCL hace ya un par de años ha generado un estudio junto con Macroconsult para intentar, sin reducir beneficios reales para los trabajadores formales, que la formalidad sea más atractiva para los empresarios.

Perú se encuentra entre los países con la legislación laboral más rígida y costosa de la región.

Somos uno de los países con normas más exigentes y de avanzada, pero también con el mayor grado de incumplimiento. Nuestras normas tienen una realidad y nuestras personas lamentablemente tienen otra.

¿Qué bases tiene que tener la reforma laboral para que funcione?

Tendría que haber tres puntos importantes para una reforma. En primer lugar, hacer un intento por simplificar el sistema de régimen. Hay muchas reglas excesivamente complicadas, sobre cuyo significado ni siquiera los abogados nos podemos poner de acuerdo, y es claramente es una carga muy alta para todo el sistema.

En segundo lugar, que la reforma necesariamente tendría que salir de un consenso; debe tener intervención de los trabajadores y empresarios. No debería ser impulsada únicamente por el Gobierno, porque ya hemos visto que cuando esto sucede no es un sistema que sea percibido como legítimo por una de las partes y eso lleva a que el cumplimiento no sea pleno.

Y, en tercer lugar, es lo que ya decíamos, que sea una normativa que pueda ser cumplida en un marco de estabilidad para todos y que todos sepan que lo que dice la norma es lo que se va a tener hacia adelante.

El MTPE impulsará cambios a Ley de Modalidades Formativas Laborales. ¿Qué le parece?

Hay una ley que funciona relativamente bien, la Comisión Laboral de la CCL ha hecho algunos comentarios del proyecto que está en la línea con lo que estamos conversando.

Pensamos que lo importante es la simplificación de la ley, para que funcione mejor. No estamos en un país donde todas las empresas y todos los jóvenes puedan estar investigando y pasando horas de horas cumpliendo requisitos formales o tratando de hacer las cosas con una normativa compleja y difícil.

Esta norma debería tener menos modalidades, que sean más amplias y simples, de manera tal que el sistema funcione como un peldaño de ingreso para los jóvenes. Repito, ha estado funcionando relativamente bien, pero siempre se puede mejorar y tengo la sensación de que esta mejora no viene por el lado que plantea el proyecto, sino por el lado de simplificar y “quitarle carga” a estas modalidades para que sean más utilizadas.

El MEF anunció la semana pasada que se podría incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV) para el próximo año. ¿Es factible? ¿Cuál es la postura de la CCL?

La postura de la CCL siempre ha sido que cualquier revisión de las remuneraciones mínimas se tiene que dar con cumplimiento de la Constitución. Esto es, con intervención de las partes interesadas que son los gremios de trabajadores y de empresarios y, específicamente, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), que tiene toda una organización dedicada a ver estos asuntos y en el cual hace muchos años las partes han ido poniéndose de acuerdo en los factores que se deben tomar en cuenta para la revisión de las remuneraciones mínimas, como son la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, pero también factores de productividad que aún no están del todo definidos, pero resultan de pertinencia innegable.

No pareciera que los indicadores de productividad del país, comparados no con el bajón que hemos tenido por la pandemia y después con la coyuntura política, sino con los niveles previos a todo eso, denoten aún un crecimiento o progreso real de la economía del país. No resulta claro que en estos momentos dichos indicadores den valores positivos, que son los que querríamos todos, para permitir una elevación inmediata de las remuneraciones mínimas.

Entonces, ¿no sería factible dada la coyuntura?

Precisamente eso es lo que tienen que discutir las partes en el CNTPE, bajo criterios técnicos, y en función a los factores señalados anteriormente y mediante datos ciertos.

De darse un aumento de RMV, ¿qué efectos tendría sobre los empleadores y trabajadores?

Hay múltiples empresas que no tienen los rendimientos en productividad suficientes para mejorar esas remuneraciones. En otras palabras, empresas que no generan dinero suficiente para pagar sus costos, ese sueldo mínimo y, además, generar una ganancia que haga sostenible ese emprendimiento económico.

Entonces, cuando las RMV se elevan por encima de ese umbral que tienen las empresas, que son muchas, se pone a estas en la perspectiva de perder dinero progresivamente y eventualmente quebrar, es decir, salir de la actividad económica, o incumplir la ley y pasar a la informalidad.

Ese es el temor y de ahí la necesidad de que esto sea visto de manera técnica y escuchado por todos, tomando en cuenta las realidades de las empresas pequeñas frente a las grandes, como también las realidades de algunas regiones frente a otras.

Los niveles de las remuneraciones que tenemos reflejan que no somos un país que genere la suficiente productividad para tener remuneraciones mucho mejores, las que todo el mundo querría.

Lo que tenemos que buscar todos es que haya un ambiente económico estable por el cual la actividad de la economía lleve para arriba el rendimiento de la productividad de las empresas, lo que, a su vez, genere más puestos de trabajo, competencia entre empresas por los trabajadores, y eso, eventualmente, eleve las remuneraciones, no solo las mínimas, que siempre van a tener que existir porque hay mandato de la Constitución.

Pero lo ideal es que no solo la RMV, sino todas, suban y eso solo lo puede lograr la economía real y no simplemente el deseo o decisión del Estado.

¿Cuál es la propuesta de la CCL para promover mayores puestos de trabajo?

La CCL siempre ha planteado que es necesaria una política económica que cree un entorno favorable a los negocios y, específicamente en el tema laboral, que impulse la creación de puestos de trabajo formales.

Pero con medidas que pueden ser bien intencionadas y sonar muy bien, como la elevación de las exigencias a los empleadores, la restricción de los empleadores en los contratos de trabajo, la elevación de las remuneraciones, sea por vía de la RMV o mediante intervenciones estatales sobre la negociación colectiva, etc., no se logra eso.

Por el contrario, se termina dificultando que los empresarios arriesguen capital y creen nuevos puestos de trabajo formales, y más bien se decanten por no invertir y llevarse su capital a otros países, o por hacer negocios, pero de forma informal. Ninguna de las dos es buena para el país.

Lo que siempre hemos planteado es que la ley debe ponerse en una línea adecuada, sin permitir situaciones de vulnerabilidad o de afectación a los trabajadores, pero cautelando que la actividad económica y la celebración de contratos de trabajo se lleven a cabo de manera fácil y predecible. Eso no ha ocurrido en los últimos años y menos ahora, pero siempre va a ser oportuno que haya una rectificación y redireccionamiento de estos esfuerzos.

¿Cómo combatir concretamente la informalidad laboral?

Hace pocos años, la CCL desarrolló a través de Macroconsult un estudio de las causas y situación de la informalidad en ese momento, con propuestas muy concretas sobre como empezar a hacer que el sistema legal no castigue la formalidad y premie la informalidad, sino que, más bien, impulse la creación de empleo formal.

La idea no es quitar beneficios o derechos, sino más bien ajustar mecanismos para que sea mejor contratar formalmente que hacerlo en la informalidad. Propuestas concretas tenemos, las hemos presentado a los gobiernos en repetidas oportunidades y las seguiremos planteando.

Desde el Ejecutivo y Congreso se han ido promoviendo en los últimos años diversas iniciativas en materia laboral, ¿cuáles son las más preocupantes?

En efecto hay iniciativas abiertamente peligrosas, como, por ejemplo, las propuestas en materia de tercerización que buscan terminar con la figura, prohibirla o reducirla a un mínimo, cuando la tercerización es un elemento importantísimo, insustituible de toda la organización comercial y productiva en la mayor parte de las economías modernas.

Es simplemente la libertad que debe tener todo empresario para decidir qué hace directamente él y qué compra o encarga a otras empresas o terceros. Uno no puede ser especialista en todo.

Está bien que el Estado cuide que la existencia de esas figuras no afecte derechos mínimos o indisponibles, pero debe permitirlas e incluso facilitarlas para que haya más actividad económica, que es lo único que va a crear puestos de trabajo.

Nosotros estamos convencidos de que puede significar un riesgo importante si fueran adelante esas iniciativas, pero esperamos que no sea así.

La pandemia de la COVID-19 ha revelado muchas carencias que nuestro país debe corregir y, a punto de iniciarse el proceso electoral que nos llevará a elegir al próximo presidente de la República, cabe preguntarse cuál es la agenda pendiente que se tiene, no solo para resolver la emergencia sanitaria que vivimos, sino también para revertir la crisis económica que ha generado desempleo y el incremento de la pobreza.

En ese sentido, desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentamos los principales temas que debería abordar la agenda de nuestras próximas autoridades en materia laboral, tributaria, educativa y de salud, a fin de mejorar la situación del país y de los peruanos.

Según el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, una de las principales dificultades que debe enfrentar el nuevo gobierno es la creación de puestos de trabajo y para conseguir dicho objetivo el elemento central a lograr es la inversión.

“Sin emprendedores y empresarios que apliquen capital a un proyecto no habrá empresa o desarrollo de estas, y, por lo tanto, no se tendrá empleo ni crecimiento”, subraya.

Recuerda que, lamentablemente, en las últimas décadas se ha creado un entorno que no favorece al contrato de trabajo formal, sino que lo llena de inconvenientes y riesgos. 

“Casi todos los cambios, en lo que va del milenio, han puesto mayores costos sobre el contrato formal y han generado pérdida de manejo de la empresa para el empleador”, detalla.

Los riesgos se multiplican

Asimismo, Pasco refiere que el instrumento más inmediato y simple para agilizar las trabas –aunque de modo transitorio– es la facilitación de la contratación a plazo fijo durante la época de reactivación.

“De ese modo, durante un horizonte limitado de algunos años, el inversor podrá tener la tranquilidad de que el compromiso laboral que asume al crear el puesto de trabajo no es perenne, y que puede ser retraído en caso las circunstancias económicas o del mercado lo exijan”, detalla.

Sostiene que, en una emergencia como la actual, las oportunidades crecen, pero los riesgos se multiplican exponencialmente. “Si el Gobierno tiene la intención de coadyuvar a la reactivación –y estamos seguros de que la tiene– debe utilizar los mecanismos a su alcance para limitar esos riesgos y potenciar las oportunidades.

Un mecanismo transitorio de contratación a plazo fijo con requisitos reducidos de modo sustancial sería un buen paso en esa línea”, enfatiza.

Reforma tributaria integral

Para el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, toda crisis es siempre una oportunidad para mejorar y hay espacio para hacer una reforma tributaria integral, es decir, en todo el sistema tributario.

Explica que la política tributaria deber ser promotora del crecimiento y del desarrollo, donde se privilegie eficiencia, equidad y predictibilidad, que en suma, otorgue seguridad jurídica a los actores generadores de riqueza (empresarios y trabajadores), a través de normas claras, sencillas y una justicia tributaria imparcial, simétrica y sobre todo célere. 

“No es posible que a la fecha existan controversias tributarias con más de 10 o 15 años sin resolverse. Este último tema debería abordarse de inmediato, mediante mecanismos que ofrezcan a los contribuyentes reducir la deuda tributaria contingente a cambio de que desistan de seguir peleando. Todos ganan. El Estado recauda importes que a lo mejor nunca podría recaudar, el contribuyente elimina una contingencia que puede durar años y se reduce la litigiosidad y, por tanto, el costo de administrar justicia”, detalla.

Asevera que un tema que debería evaluarse es la reducción de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV), pues se trata de un impuesto que afecta a los que más necesitan; refiere que ello debería ir aparejado con mecanismos para ampliar la base tributaria y una tributación sobre el capital que pueda ser proporcional a la tributación sobre las rentas del trabajo.

López afirma que el país tiene regímenes especiales como el Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo Rus) o el Régimen Especial del Impuesto a la Renta que son destinados a las micro y pequeñas empresas, los cuales, lejos de haber contribuido a eliminar la informalidad, la han incrementado, básicamente porque son regímenes que fomentan el enanismo empresarial, pues se privilegia la tributación sobre ingresos y no sobre utilidades (resultados). 

“Deberíamos pensar en cómo hacer para que las micro y pequeñas empresas se unan y sean más grandes para producir mayor valor y no solo subsistir”, subraya.

Asimismo, afirma que se tiene una serie de impuestos que afectan innecesariamente la liquidez de las empresas, como es el caso del Impuesto Temporal a los Activos Netos o el mismo Impuesto a las Transacciones Financieras, que si bien sirven para obtener información de las operaciones bancarias, López indica que al menos debiera ser un crédito tributario.

También menciona que hay instrumentos de recaudación que obligan a las empresas a tener que destinar recursos para cumplir con las obligaciones que suponen tales mecanismos, como es el caso de los regímenes de detracción, de percepción y de retenciones, sin que ello suponga ningún retorno hacia los contribuyentes.

“Me refiero a que, por ejemplo, los contribuyentes podrían tener algún tipo de crédito tributario por haber coadyuvado a la Administración en su fin recaudador”, puntualiza.

Reforzamiento de la educación

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación de la CCL, Ramiro Salas Bravo, afirma que luego de esta crisis sanitaria, el Gobierno debe implementar en forma muy rápida el reforzamiento de la educación básica, tomando como punto de partida la educación preescolar.

Señala que la pandemia ha traído como consecuencia el adelanto masivo de la educación virtual algo que “que llegó para quedarse” pese a que –según Salas– se vuelva a las aulas, en la medida que este retorno a la nueva normalidad siempre tendrá un componente semipresencial, especialmente para los niveles avanzados de la educación, pues la virtualidad significa ahorro de tiempo, energía, además de otras ventajas.

En ese sentido, indica que el Gobierno debe reformular los conceptos de la educación primaria, preparando a los escolares desde muy temprana edad con la participación de los mejores maestros, los cuales deben ser altamente calificados y especialistas en la enseñanza de los primeros años, de tal modo que los adolescentes lleguen al nivel secundaria mucho mejor preparados.

También refiere que es importante incrementar de forma sustancial los recursos financieros para solventar la impostergable necesidad de este cambio en el sector, ya que actualmente el Perú es el país en América Latina con el menor porcentaje del PBI destinado a la educación.

“Perú, con sus 32 millones de habitantes, tiene un escaso 3,8% de su presupuesto nacional para educación, frente a todos los demás países, como, por ejemplo, Chile que, siendo un país con menos habitantes que nosotros, tiene un mayor presupuesto para invertir en este sector”, puntualiza.

Salas concluye que con un mejor presupuesto se podrá brindar una mejor estructura del sistema educativo e infraestructura, una que esté acorde al desarrollo formativo que los peruanos deben tener.

Cambiar el modelo de atención en salud

La salud es un tema pendiente y urgente de resolver y eso es lo que se ha evidenciado con la crisis sanitaria. En esa línea, el presidente del Gremio Salud de la CCL, Sandro Stapleton, asegura que el siguiente Gobierno tiene que resolver la creciente demanda de este sector, pues el actual, a través de una norma, incrementó de un día para otro la cantidad de personas que tendrían atención sanitaria, incluyendo a casi 22 millones de peruanos, pero sin mejorar el presupuesto del sector para atenderlos.

“Esta situación complica a las personas en pobreza y pobreza extrema que eran los usuarios de este sistema y llegaban a alrededor de 6 millones antes de la pandemia. Esto genera un problema porque se termina teniendo un sistema que no les puede dar una atención de calidad”, refiere. 

Precisa que también se tendrán que resolver las carencias que se han evidenciado con la crisis, no solo en enfermedades infecciosas, sino de dolencias crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión y obesidad.

“Se va a tener que trabajar mucho en los problemas de salud mental que venimos arrastrando y se han incrementado con esta cuarentena, sin duda, es una gran preocupación”, subraya Stapleton. De igual forma, apunta que es necesario cambiar el modelo de atención poniendo en el centro al paciente, reforzar la prevención y no ser reactivo cuando ya es más costoso brindar una solución.

“Los acuerdos de prestaciones recíprocas tienen que tener contratos claros y funcionar para que todos los ciudadanos se puedan atender en todos los hospitales y luego las instituciones puedan cobrar lo que les corresponde sin problemas”, agrega.

Por último, Stapleton menciona que hay dos objetivos que están relacionados directamente con la salud y que tienen que ser prioridad en los próximos cinco años: primero, asegurar el acceso a saneamiento básico al 100% de los peruanos y, segundo, la reducción del hacinamiento para evitar los contagios de cualquier otra enfermedad que se pueda presentar.