• Mario Pasco: “Derogación de ley que restringe tercerización laboral es razonable”

    El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, señala que la norma presentada por el Gobierno, sin consultar a empleadores y trabajadores, afecta el desarrollo del empleo y la competitividad de las empresas.

    6 de junio del 2022
    Mario Pasco Lizárraga, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL. (Foto: CCL)
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    Raquel Tineo Ramos

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    La Comisión de Economía del Congreso aprobó un proyecto de ley que deja sin efecto la eliminación de la tercerización. ¿Qué opina la CCL al respecto?

    La tercerización es un tema que está en plena discusión. Lamentablemente, el Gobierno había tomado una actitud y posición de cambiar la norma vigente de manera inconsulta, sin haberlo discutido con los trabajadores y empleadores. Además, muchos calificamos este cambio como contrario a la ley, porque se realizó una modificación de la ley pero cambiando solo el reglamento y eso generó una serie de discusiones legales.

     

    Por ello, la derogación de los cambios propuestos por el MTPE, que restringen la tercerización, deja un escenario de mayor certidumbre con miras a una discusión de posibles ajustes o mejoras a la legislación que existía antes, y parece razonable dado que hay una serie de reclamos y pedidos de los trabajadores.

     

    Lo complejo es que la norma propuesta por el MTPE genera riesgos,  porque hay un plazo que está corriendo y muchas empresas han visto amenazadas su existencia. Eso dificulta cualquier contratación.

     

    En agosto vence el plazo de adecuación. ¿Es suficiente para las empresas?

    El tiempo no es suficiente para el país, porque, como señalaba, hay serios cuestionamientos de fondo en cuanto a su legalidad. Ingresar a un cambio tan radical de sistema y a una mecánica de sustitución de la forma en que se trabaja, con base en una norma que no da certidumbre sino todo lo contrario, no es lo más conveniente.

     

    Este plazo queda muy corto. Pero, si la norma es revertida, deja de tener relevancia y se puede pasar a una revisión de la normativa para llegar a una salida balanceada.

     

    Si no fuera derogada la norma actual, como mínimo debería haber una ampliación muy sustancial del plazo para que haya una discusión a fondo e incluso una verificación de la legalidad de la medida.

     

    Pero cualquiera que sea la fórmula, la idea es que esto sea discutido por las partes y lo natural es que la situación regrese a como había estado hasta este año o, cuando menos, con un plazo holgado para examinar a fondo el asunto, porque sabemos lo importante que es para las empresas y también que es un punto especialmente sensible para los representantes de los trabajadores y para los trabajadores mismos.

     

    Entonces, es trabajoso llegar a acuerdos y equilibrios, y, para eso, lo ideal es que las partes puedan conversar y discutir con tranquilidad de manera que vayan formando confianza mutua en que la finalidad de cada uno es la misma. Todos estamos de acuerdo en que queremos que se creen más puestos de trabajo con estándares decentes en empresas sostenibles.

     

    ¿Existe un plan de contingencia si no se deroga?

    Hay muchas empresas que han iniciado acciones judiciales para defenderse por un ataque a la legalidad. Fuera de eso, algunas  están viendo cómo cambiar sus sistemas de contratación o modificarlos, pero eso depende de cada realidad.

     

    ¿Qué ocasionaría a largo plazo este tipo de reglamentación?

    Lo que más ha preocupado es la destrucción de empresas. Hoy hay muchas empresas que se dedican a prestar servicios a través de otras empresas, y esas ya no tendrían posibilidad de existir. Esta es una situación muy negativa, tratándose, además, de micro, pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas, y son en las que existe una línea más tenue entre empresarios y trabajadores, pues son empresarios y a su vez trabajadores.

     

    La norma señala que la empresa tendría que asumir a los trabajadores de la empresa tercerizadora…

    Lo que se verían obligadas a hacer esas empresas es tercerizar en locales distintos porque eso no está prohibido ni afectado por la norma, o asumir directamente la actividad de la operación.

     

    El problema es que muchas de estas actividades u operaciones son muy especializadas. Las empresas han estado encargando a terceros porque tienen que hacerlo. A nadie le gusta pagar más para contratar a un tercero en lugar de hacerlo uno mismo, gastando menos probablemente.

     

    Pero la necesidad está ahí por un tema de especialidad. Una empresa no puede estar dedicada a hacer todo. Yo puedo tener vocación de tener un hotel, pero no necesariamente la capacidad de gestionar una operación, la lavandería, el restaurante, el bar, etc. El dueño del hotel no sabe hacerlo y no tiene interés de hacerlo. Él ha estado cómodo hasta el momento contratando a una empresa para que gestione y maneje los restaurantes. Eso es muy frecuente y no tiene nada de malo.

     

    Eso estaría siendo prohibido y llevaría, naturalmente, a que las cosas funcionen peor de lo que deberían y eso no le conviene absolutamente a nadie. Ni a la prestadora del servicio ni a los trabajadores, porque terminan en una gestión no adecuada, y ciertamente tampoco le conviene a los consumidores.

     

    El nuevo ministro de Trabajo ha dicho que continuará con la cuestionada Agenda 19, ¿en qué se debería enfocar este ministerio?

    La prioridad es la venimos pidiendo desde hace unos años: evitar que desaparezcan más puestos de trabajo y lograr que se creen más. Esa creación de puestos de trabajo solamente se puede alcanzar si a los inversores o potenciales inversionistas les dan reglas claras y sistemas laborales predecibles y equilibrados.

     

    La tendencia en los últimos años no ha ido en ese sentido, sino en lo opuesto, y tememos que eso esté causando un deterioro, junto a otras cosas, de las expectativas y posibilidades de inversión.

     

    Quisiéramos que el nuevo ministro tome parte de esa óptica por lo menos para que trate de centrar la actuación del MTPE. Queremos que el Ministerio permita y fomente más puestos de trabajo, pero la única forma es haciendo atractiva la inversión y hacer empresa en el Perú. Con el tipo de iniciativas que hemos visto en los últimos años no necesariamente es así.

     

    Y, en segundo lugar, que tome el tema de la concertación social y del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) de manera decidida y le dé el espacio que tiene que tener. Quienes hacen las relaciones laborales son los trabajadores y los empresarios y, por lo tanto, tiene que haber palabra e intercambio de ellas en las normas más importantes.

     

    En las últimas semanas se dio una rectificación saludable de la ex ministra Betssy Chávez en el proyecto del Código del Trabajo, que ofreció que pasaría al CNTPE como siempre ha sido y esperamos que eso respete el nuevo ministro.

     

    ¿Cuál debe ser la agenda en el ámbito laboral según la CCL?

    Primero, mejorar la creación de puestos de trabajo; y, segundo, una preocupación que siempre ha tenido la CCL es una mejora de la calidad de los puestos de trabajo en materia de formalidad. Debemos apartarnos de la informalidad que es masivamente mayoritaria en el país, lo que causa mucho daño al Estado, empresas y trabajadores.

     

    Nosotros hemos tenido propuestas muy claras en ese aspecto, hemos presentado trabajos, informes e iniciativas a los sucesivos gobiernos y vamos a seguir planteándolas al nuevo ministro.

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