Exceso de informalidad es el resultado de un Estado que no funciona
El ex ministro de Economía Luis Miguel Castilla afirmó en CADE Ejecutivos 2022 que con un Estado que no funciona el Perú está desaprovechando oportunidades que se evidencian en la paralización de proyectos.
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El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, afirmó que un Estado que no llega a la ciudadanía, sobre todo, a las poblaciones vulnerables, genera un alto riesgo social, lo cual tiene implicancias sociales y económicas muy serias.
“La primera está referida a la paradoja que concibe un Estado que no ha cumplido con su función básica y que insiste en más Estado. En segundo lugar, el exceso de informalidad y el avance de las actividades ilícitas es el resultado de un Estado que no funciona y no brinda servicios de calidad. Y tercero, se están desaprovechando oportunidades que se evidencian en la paralización de proyectos”, recalcó durante la tercera jornada de CADE Ejecutivos 2022, que se realiza en Paracas (Ica).
¿Qué consecuencias trae un Estado que no enfoca sus acciones en el bienestar de la población y antepone intereses políticos a los intereses de los ciudadanos? fue el tema que se discutió ampliamente en la sesión “¿Cómo evitar el desmantelamiento del Estado?”, en el marco de #CADEejecutivos – 60 Ediciones, evento organizado por IPAE Acción Empresarial.
Además de Luis Miguel Castilla, director Ejecutivo de Videnza Instituto, el panel contó con la participación de Janeyri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil –SERVIR, quien abordó la problemática de tener a personas no idóneas detrás de las instituciones públicas y cómo esto resulta en la mala calidad de servicios públicos.
SERVIR
Por ello, Boyer resaltó la importancia de SERVIR como una institución autónoma, técnica e independiente enfocada en la promoción y defensa de la idoneidad en el Estado. “A SERVIR lo que nos toca es hacer que el Estado cuente con las personas idóneas para prestar los servicios que todos esperamos”, enfatizó.
Los panelistas recalcaron que quedan retos por delante, siendo uno de ellos impulsar una gestión pública que realmente esté al servicio de los ciudadanos. En esa línea, Luis Miguel Castilla señaló que es necesario tomar conciencia de la importancia del capital humano en el Estado, de tener buenas contrapartes públicas al trabajar con mecanismos como Obras por impuestos, y de reformar los incentivos de meritocracia y control interno.
Janeyri Boyer subrayó lo urgente de redefinir la reforma del servicio civil de manera obligatoria, masiva, sostenible y responsable fiscalmente. Profundizó en que, desde SERVIR, queda el reto de continuar con acciones como la inducción y capacitación en distintas regiones a las nuevas autoridades municipales y gobiernos regionales para ayudarles a comprender lo que se espera de ellos en los primeros meses de gobierno, proyectar una ejecución responsable de presupuestos y elegir a sus equipos de trabajo.
Acciones urgentes
Enseguida, los expositores dieron paso a enumerar acciones urgentes que se podrían impulsar desde la ciudadanía y el empresariado. Por su lado, Luis Miguel Castilla resaltó que es fundamental tener a la mejor gente sirviendo al país, por tanto, no se puede caer en la estigmatización de la función pública. En segundo lugar, ampliar la colaboración empresarial especialmente en regiones y trabajando para mejorar las capacidades de quienes trabajan en el Estado. Y, en tercer lugar, recuperar la confianza para el impulso económico.
A su vez, Boyer coincidió en la importancia del fortalecimiento de capacidades para que los gerentes públicos sean mejores funcionarios. En segundo lugar, formar mejores profesionales con responsabilidad y sentido ético. Y, en tercer lugar, resaltó la importancia de desarrollar una sensibilidad para conectar las necesidades territoriales con el desarrollo y la mejora del servicio público.
IPAE Acción Empresarial coincidió con lo propuesto en esta sesión ya que va en línea con uno de los principios que promueve activamente desde su posición. Este es el de Administración pública eficaz y transparente, el cual busca impulsar un Estado con un servicio civil funcional que anteponga la ciudadanía a los intereses partidarios y de funcionarios públicos, así como sea capaz de proveer servicios de calidad en todo el territorio.