El INEI informó que la pobreza en Perú aumentó de 25,9% a 27,5% de la población. ¿Cómo ve la situación del país a la luz de este resultado?

Primero, considero que estamos muy lejos de recuperar los niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia. Segundo, los altos precios de los alimentos han tenido un efecto muy grande porque tienen un alto peso en la canasta de consumo de los más pobres. Tercero, la economía peruana ha venido creciendo por debajo de su potencial. Y, por tanto, el principal determinante de la reducción de la pobreza no se está dando, que es, precisamente, el crecimiento económico a través de la inversión privada y generación de empleo.

Cuarto, el incremento más fuerte de la pobreza se ha dado en el ámbito urbano. La pobreza en el ámbito urbano ha crecido 10 puntos porcentuales entre el 2019 y 2022, lo que significa tres millones de pobres urbanos adicionales, muchos de los cuales son informales, trabajadores independientes y migrantes.

Para ellos no hay una respuesta de política pública específica a diferencia de los pobres rurales, que sí cuentan con programas sociales. Y ahí está el desafío, pero lo más importante es la urgencia de retomar las tasas de crecimiento económico que permitan crear empleo de calidad y eso debe ser el objetivo central de este gobierno y de los próximos.

¿Quiénes son los peruanos más golpeados?

Si vemos desde prepandemia, la pobreza se ha incrementado en 22 departamentos del Perú y donde más ha crecido es en el Callao y Lima Metropolitana por la cantidad de personas, ya que concentran un tercio de la población peruana.

Hay regiones donde la pobreza se ha duplicado en el último año como Madre de Dios, que ha aumentado más de 6 puntos porcentuales. Todas las regiones de la selva han visto incrementos muy fuertes en pobreza.

En contraste, Apurímac es la región que ha registrado la mayor reducción de pobreza, por debajo de niveles del 2019, pese a que ha sido la región más pobre. Sin embargo, gracias a la actividad minera ha podido reducir la pobreza, al igual que Cusco, donde hay importantes proyectos mineros.

Además tenemos a los vulnerables…

El INEI ha dado un concepto muy interesante que son los vulnerables, aquel segmento de la población que vive por encima de los umbrales de pobreza extrema, pero que si sufre la pérdida de sus ingresos ya sea porque perdió su trabajo o cayó víctima de una enfermedad grave, inmediatamente caerá por debajo de la línea de pobreza.

Dentro de los no pobres, hay personas que son vulnerables y no vulnerables. Los vulnerables son alrededor de la tercera parte de la población peruana, cerca de 33%.

Entonces, si sumamos los porcentajes de pobres 27,5%, y la población vulnerable, que es alrededor de 33%, tenemos que el 60% de la población peruana o es pobre o es vulnerable de caer en pobreza. Esto va más allá del tema de crecimiento económico.

¿Qué tan grave es la situación de los vulnerables?

En el Perú, por tener una base de informalidad tan grande, no hay seguro de desempleo ni formas de llegar al trabajador informal. Lo que se ha recuperado es el empleo precario y no el empleo formal que da acceso a servicios de salud y otras coberturas.

Si comparamos la situación de los peruanos en pobreza extrema con respecto a los no vulnerables tenemos que el nivel de hacinamiento en los pobres extremos es de 15% mientras que en los no vulnerables es prácticamente cero. Esto es clave a la hora de enfrentar situaciones de repunte de epidemias como el dengue donde el hacinamiento es una de las principales razones de contagio, lo que empeora si se suma el acceso a desagüe. El 80% de los no vulnerables tiene acceso a desagüe y esto cae a 30% en el caso de los pobres extremos.

¿Es posible reducir el nivel de pobreza? ¿Cuánto tiempo tomaría?

El crecimiento económico es absolutamente clave. Todos los estudios muestran que la reducción de la pobreza de 60% a 20% que Perú logró alcanzar antes de la pandemia, se explica en un 85% por el crecimiento económico y un 15% por políticas redistributivas, principalmente gasto público. Si no hay un crecimiento mayor, tomará mucho tiempo reducir la pobreza a niveles prepandemia.

Hay cálculos que muestran que, si Perú solo crece 2% en promedio anual, como está creciendo ahora, nos tomará 22 años volver a los niveles de pobreza que teníamos en el 2019.

Por lo tanto, es absolutamente fundamental crear las condiciones para que la economía crezca a tasas mayores con un impulso de la inversión y considero que esto es lo más urgente tomando en cuenta que la inversión privada representa el 90% de la inversión total y es la única forma sostenible de crear empleo de calidad.

Entonces, a corto plazo es necesario el crecimiento económico. Si se da un marco de sensatez, la actividad privada puede rebotar, así como rebotó después de la pandemia. Después del 13% de crecimiento que tuvimos en el 2021 la economía se fue apagando.

Hay que tomar en serio la reactivación porque no solo es un tema de recursos públicos; hay proyectos mineros que han avanzado muy lentamente por permisos engorrosos, y hay decisiones sectoriales que están postergadas. Pero si se da la sensatez y se combate el populismo del Congreso, la economía podría crecer al doble o 5%, pero si nos conformamos con un crecimiento mediocre de 2% la tarea se hace muy difícil.

Creo que si crecemos al doble o 5% probablemente en menos de cinco años llegaríamos al nivel de pobreza de 20% que tuvimos en prepandemia. Esta es la fuerza del crecimiento económico, que la clase política tiende a ningunear. Se dice alegremente queremos desarrollo, pero la única forma de tenerlo es mediante la creación de empleo y con presupuesto, que se financia con impuestos en una actividad económica creciente.

¿Y cuál es el rol del Estado?

Esto significa, primero, tener un Estado facilitador, que deje de asfixiar a las empresas formales, un Estado que no demonice la participación privada en los servicios básicos, hay mecanismos que se pueden usar.

En segundo lugar, considerando la falta de acceso a los servicios básicos, es necesario generar un Estado que funcione, donde los diferentes niveles de Gobierno asuman sus responsabilidades y un aumento del presupuesto. En los últimos 20 años el presupuesto se ha multiplicado 5 veces, sin embargo, tenemos niveles de precariedad en el Estado.

Todo esto va de la mano con una visión más amplia de seguridad ciudadana y una respuesta a la población migrante del país, que, en Lima ya representa el 10% de la población. Todo ha sido reactivo no se ha hecho nada para sentar las bases para facilitar una convivencia más armónica de la población y aumentar las oportunidades de inserción de estos migrantes.

Entonces, el crecimiento es clave, pero se necesita mucho más…

El crecimiento económico es absolutamente necesario, pero también se requiere estabilidad política y en las reglas de juego, reducción de la incertidumbre, regulación más sensata, participación público – privada sin demonizar al privado.

Por otro lado, necesitamos un Estado que funcione, ir más allá de la ejecución del presupuesto, ver temas como la poca permanencia de autoridades en cargos públicos, corrupción, repensar cómo reducir los bolsones de informalidad y pobreza urbana, reformas como previsional, laboral y otras difíciles de avanzar si no hay consensos políticos mínimos.

El gobierno tiene una tarea muy difícil porque todo es más complejo y se hace más urgente encarar la agenda de formalidad, tener una capa de cobertura social y apostar por la generación de riqueza.

Tras tres años de iniciada la pandemia, el sector de la salud pública mantiene un sistema complejo y fragmentado, el mismo que presenta problemas relacionados con el financiamiento, déficit de infraestructura y equipamiento, la falta de personal médico, entre otros. No obstante, la crisis sanitaria también ha dejado importantes lecciones en temas de gestión, coordinación y toma de decisiones a partir de un trabajo articulado que amerita seguir realizándose.

Para el presidente del Gremio de Salud (Comsalud) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Sandro Stapleton, existen una serie de pendientes que deben ser atendidos en el corto y mediano plazo. Precisamente, un punto clave para alcanzar un sistema de salud eficiente es repotenciar el primer nivel de atención con mayor equipamiento e inversiones, ya que “incide sobre la capacidad resolutiva de los servicios de salud como prevención, rehabilitación, detección temprana de enfermedades, entre otros”.

“El Gobierno tiene los recursos para fortalecer el primer nivel de atención, el mismo que gasta millones de soles en consultorías sobre el tema, pero, a la fecha, no se ha hecho nada para visibilizarlas”, manifiesta Stapleton.

El economista en Salud y docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Alberto Barrenechea, coincide con Sandro Stapleton en la necesidad de reinvertir en la renovación y construcción de estos centros con estándares del primer mundo.

“Seguimos siendo un país con un bajo gasto per cápita en salud en la región. Se debe entender que destinar mayores presupuestos es ‘invertir’ mas no ‘gastar’ en salud de la población, pues es alta la contribución a la economía del país”, destaca.

Cabe mencionar que el primer nivel de atención comprende puestos y postas de salud, centros de salud, centros médicos, centros médicos especializados y policlínicos, que durante la pandemia colapsaron al igual que los centros hospitalarios.

Infraestructura

Según el Ministerio de Salud (Minsa), en su documento Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector Salud, Perú cuenta con más de 8.000 establecimientos de salud de primer nivel de atención, incluyendo a EsSalud y sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. No obstante, el 97% presenta capacidad instalada inadecuada, que se expresa en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente; situación que llega a todas las regiones del país.

Por ese motivo, el exministro de Salud, Fernando Carbone, considera pertinente otorgar mayores recursos para el primer nivel de atención ya que resuelven el 87,8% de los padecimientos de salud, mientras que los centros hospitalarios solo el 12,2%.

Frente a ello, considera sustancial destinar no menos del 34% de los recursos que fueron asignados al Minsa antes de la pandemia (S/ 45.000 millones), montos entregados para el cierre de brechas de infraestructura, equipamiento y personal en el sector salud, y que es adicional al presupuesto anual.

Respecto a la situación de los hospitales, el presidente de Comsalud, Sandro Stapleton, afirma que la capacidad instalada inadecuada alcanza al 95,5%, es decir, son establecimientos que no han tenido ninguna intervención integral con infraestructura y equipamiento en los últimos cinco años, a pesar de la pandemia.

Gasto adecuado de recursos

El mejorar el sistema de salud también implica un mayor control del gasto y ejecución del presupuesto que, para este año y –según el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para 2023– contempla S/ 24.769 millones para el sector.

Sandro Stapleton considera que dicho monto es insuficiente ya que no está al nivel que demanda el sector (6% del PBI nacional). “Debido a esos (insuficientes) montos, la calidad de atención sigue deficiente. Además, el dinero asignado no se gasta de manera adecuada o no se ejecuta al 100%, tanto a nivel de gobierno nacional, gobierno regional o local”, sostuvo.

De igual manera, el presidente el presidente de Comsalud de la CCL, menciona que se deben mejorar los procesos de compras de medicamentos y dispositivos médicos para beneficiar a los asegurados y no asegurados. “Hoy en día, aproximadamente el 36% de la población se ve obligada a comprar medicamentos y dispositivos con dinero de su bolsillo porque los hospitales no se los entregan”, refiere.

Asimismo, hay necesidad de resolver el déficit de profesionales de la salud (180.000), ya sea con plazas o con tecnología, considerando que actualmente existen en el sector salud unos 500.000 trabajadores.

Al respecto, el docente de la Universidad del Pacifico, Alberto Barrenechea, afirma que el Perú es uno de los países de la región con el más alto déficit o brecha negativa de personal médico especialista, lo que eleva el nivel de la lista de espera en los diversos servicios altamente especializados (ambulatorio, hospitalario o quirúrgico).

Continuar políticas públicas

Así también, para lograr mayores avances en nuestro sistema de salud, el exministro del sector, Fernando Carbone, considera sustancial retomar el manejo de políticas públicas, así como procesos relacionados con el modelo de cuidado, organización de redes integradas de salud, y fortalecimiento en el primer nivel de atención.

Precisamente uno de esos puntos, tenía en cuenta la unificación del sistema de salud, que implica la integración del Sistema Integral de Salud (SIS) del Minsa, el Seguro Social en Salud (EsSalud), las direcciones regionales de salud, así como hospitales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

“Desde finales del 2018 hasta enero del 2022, se venían realizando una serie de procesos hacia la transformación del sector salud. No obstante, todo lo avanzado se ha paralizado ya hace más de un año tras el ingreso de dos ministros (Hernán Condori y Jorge López), los que dejaron de lado todos estos procesos”, refiere.

En ese sentido, Carbone insta a la actual ministra de Salud a retomar tales procesos con equipos técnicos a fin de lograr un sistema de salud eficiente y eficaz.

Aseguramiento universal

En relación con el aseguramiento universal, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, refiere que es un sistema débil y que no resuelve los problemas de salud de la mayoría de peruanos. A esto se suma un cambio en el perfil epidemiológico, donde las enfermedades no transmisibles (enfermedades crónicas) representan el 68% de la carga de enfermedad, siendo las más reconocidas las cardiovasculares, los cánceres, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.

Ello, advierte Castilla, ha generado un embalse de citas y demoras en la atención en el sector público de salud, el cual asegura al 91% de la población peruana y agrupa al 84% de las camas hospitalarias del país. Es decir, actualmente, a un asegurado le puede tomar varios meses acceder a una cita médica, cualquiera sea la especialidad o la gravedad de su salud.

En ese sentido, el extitular de Economía considera que el sector privado podría ayudar en ciertos ámbitos, especialmente en el primer nivel. Alberto Barrenechea y Sandro Stapleton coinciden con ello, ya que consideran que los privados son los que traen los avances tecnológicos al país y ofrecen recomendaciones sobre mejoras a nivel de direcciones regionales de salud y en el ámbito del Minsa.

“Hoy existen diversos avances en tecnología que podrían permitir atenciones a distancia en lugares remotos. Por ejemplo, desde un grupo de consultorios privados se podría cubrir las atenciones de primer nivel. Allí estamos hablando de mejorar las redes tecnológicas, los dispositivos de telemedicina, el abastecimiento de medicamentos y dispositivos, mejorar sistemas de citas médicas, interconexión de historias clínicas, entre otros”, destaca Sandro Stapleton, de Comsalud.

Gestión en línea

En tanto, el extitular de Economía, Luis Miguel Castilla, refiere que los privados también pueden apoyar en la implementación de la historia clínica electrónica y la gestión de recursos en línea. De igual manera, señala que pueden otorgar asistencia técnica para implementar rutas de referencia y contra referencia mediante donaciones orientadas a la mejora del desempeño, asociaciones público-privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI).

Una muestra de ello es que hoy en el Perú existen solo cuatro APP en el sector salud, todas en Lima Metropolitana. Es el caso de los hospitales Barton (Callao) y Kaelin (Villa María del Triunfo), los que –según Luis Miguel Castilla– han reducido considerablemente los tiempos de espera y muestran indicadores de satisfacción entre los usuarios superiores al 80%.

“Muchas de estas experiencias se pueden repetir en el Ministerio de Salud y en regiones. Son formas de involucrar al sector privado para mayor eficiencia en el logro de las metas. Pero, ello pasa por disminuir la alta rotación en los cargos gerenciales del Estado, combatir la corrupción en el sector y reforzar la voluntad política”, subraya.

Finalmente, el docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Alberto Barrenechea, indica que el sector privado podría ampliar el primer nivel de atención con nueva oferta de salud, dado el alto déficit existente en la actualidad y, por otro lado, formula que las aseguradoras privadas deberían financiar las atenciones de prevención, promocionales o de recuperación en fases iniciales de enfermedad de la población.

En medio de la complicada coyuntura que vive el país y un escenario internacional poco favorable, diversas entidades han proyectado que el crecimiento de la economía peruana este año sería solo de entre 2% a 3%; en este contexto, es prioritario empezar con la reactivación, y ello implica entre otros temas, que se acelere la realización de los grandes megaproyectos pendientes que contribuirían a impulsar el crecimiento del PBI.

Para el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, los megaproyectos que “por su dimensión”, pueden impulsar más el crecimiento de la economía del país, son los de infraestructura, como es el caso de la Línea 2 del Metro de Lima, el proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y la nueva Carretera Central; así como los proyectos de irrigación como Chavimochic III (La Libertad), y Majes-Siguas II (Arequipa).

“Cada uno de estos proyectos tiene una complejidad muy particular que viene demorando su ejecución. La solución requiere de una gestión muy detallada y de un acompañamiento fuerte del Estado. Y esto último es difícil, teniendo en cuenta los continuos cambios de titulares de ministerios que se han venido dando”, indica.

Sin embargo, Castilla refiere que el “perfil técnico” del nuevo gobierno puede ayudar a mejorar las contingencias judiciales complejas que se vienen dando en el caso de estos megaproyectos, entre otras problemáticas; y, de esta manera, podrían lograr reactivarlos o acelerar su ejecución.

Impacto económico

¿Cómo impactaría en la economía del país el hecho de que se empiecen a reactivar o acelerar los cinco megaproyectos referidos? Luis Miguel Castilla, resalta que en los próximos dos a tres años, sumarían dos puntos adicionales al crecimiento de la economía.

“El impacto económico (del inicio de estos megaproyectos) no se vería en el corto plazo, sino en los siguientes años. Lo que sí (de manera inmediata) ayudaría a mejorar y generar expectativas (en el país), que hoy son negativas. Esto haría que aumente la decisión del gasto en general y contribuiría a que empiece a moverse de nuevo el aparato público”, señala.

Para Castilla, el anuncio del destrabe de estos proyectos y de que comenzarían a construirse o acelerarse, generarían el “quiebre de la ola pesimista que hay en el país”, y por ende impactaría en la economía y en el consumo.

“Pero, además, hay un efecto multiplicador por la construcción de estos megaproyectos mientras esto dure; y de ahí también se empezarían a materializar beneficios como mejor accesibilidad, productividad, reducción de costos logísticos y de ineficiencias por falta de infraestructura. Se generarían así efectos de largo plazo que harían que la economía (del país) crezca de manera sostenida a una tasa mayor”, indica.

Para el director ejecutivo de Infraestructura de EY, Camilo Carrillo, la falta de decisión de las entidades del Estado de reactivar o licitar los grandes megaproyectos que requiere el país generan “enormes pérdidas”. En ese sentido, advierte que solo en el caso de Chavimochic III y Majes-Siguas II, se pierden al año US$1.000 millones en exportaciones por cada uno.

Por su parte, el director del Área económica del PAD – Escuela de Dirección de la UDEP, Juan José Marthans, considera que el país ganaría mayor liderazgo en las agroexportaciones de llevarse a cabo estos grandes proyectos de irrigación, considerando los miles de hectáreas que se sumarían.

“Actualmente, si consideramos nuestros primeros diez productos de agroexportación, en cada uno de ello el Perú se encuentra entre los primeros cinco exportadores a nivel mundial. Por ello, de concretarse estos proyectos, el crecimiento y el posicionamiento en agroexportaciones sería muy grande”, resalta.

Para Camilo Carrillo, además de Chavimochic III, y Majes-Siguas II, también sería necesario que las autoridades prioricen el desarrollo del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, así como el Anillo Vial Periférico (Lima). “Entre estos cuatro proyectos se tiene una inversión de alrededor de US$ 3.500 millones y el impacto económico que generarían al país en los próximos cinco años sería del doble o el triple de este monto”, destaca.

En cuanto al empleo que generaría la realización de los diferentes megaproyectos del país, Carrillo, de EY, señala que, por cada US$1.000 millones de inversión en infraestructura, se generarían alrededor de 35.000 empleos directos, por tanto “el impacto en este ámbito sería grande”. “Y a esto hay que sumarle los empleos indirectos”, añade.

Otros proyectos

También contribuirían a dinamizar la economía del país los proyectos mineros que se han venido postergando y cuya ejecución se aceleraría si las autoridades manejasen mejor los conflictos sociales, y de mejorarse el marco de los permisos que requieren, resalta el ex titular del MEF, Luis Miguel Castilla.

Así, destaca que hay 10 proyectos que suman más de US$ 10.000 millones, entre los que figuran la ampliación de Toromocho y Sulfuros Yanacocha, entre otros.

“Hay más de 40 proyectos mineros por más de US$ 51 millones que están en distinta fase desde prefactibilidad hasta en construcción”, menciona Castilla, quien resalta que, en total, según la Contraloría General de la República, en el país hay 2.500 proyectos de obras públicas paralizados, por un valor de alrededor de S/30.000 millones.

Por su parte, Camilo Carrillo, refiere que se espera que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) pueda adjudicar este año, el desarrollo de hospitales en el norte del país por un monto de inversión de alrededor de US$ 300 millones, así como diversos proyectos educativos en Lima por casi US$ 400 millones. “De realizarse, estos proyectos impactarían también notablemente en la economía del país”, refiere.

Acciones a realizar

¿Qué deben hacer las autoridades para destrabar o acelerar la ejecución de los megaproyectos que requiere el país?, El director ejecutivo de Infraestructura de EY, refiere que debe darse a ProInversión estabilidad y fortaleza, así como brindarle mayores competencias. Esto, teniendo en cuenta que esta entidad no puede aprobar procesos y debe pedir permisos a los ministerios y a la Contraloría General de la República.

“Eso debe cambiar, ya que, al ser un organismo especializado, debe tener competencia de decisión, sino no tiene sentido”, asevera.

Asimismo, Castillo señala que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe asumir su liderazgo haciendo el seguimiento de los proyectos con las diferentes carteras ministeriales; entre otras acciones. “Es prioritario que haya estabilidad en el país y decisión para acelerar los proyectos”, acota.

Finalmente, para Juan José Marthans, de la UDEP, la solución para la reactivación de los megaproyectos en el país, “es compleja e implica varios temas” como es el caso de la recomposición del frente político con el fin de garantizar que su accionar sea “absolutamente transparente”, lo cual implicaría el cambio de la estructura misma de constitución de los partidos políticos, así como el esquema de participación en los procesos electorales. Asimismo, Marthans, sugiere que se debe trabajar en un plan estratégico del país, con una visión a largo plazo, entre otras acciones.

El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, afirmó que un Estado que no llega a la ciudadanía, sobre todo, a las poblaciones vulnerables, genera un alto riesgo social, lo cual tiene implicancias sociales y económicas muy serias.

“La primera está referida a la paradoja que concibe un Estado que no ha cumplido con su función básica y que insiste en más Estado. En segundo lugar, el exceso de informalidad y el avance de las actividades ilícitas es el resultado de un Estado que no funciona y no brinda servicios de calidad. Y tercero, se están desaprovechando oportunidades que se evidencian en la paralización de proyectos”, recalcó durante la tercera jornada de CADE Ejecutivos 2022, que se realiza en Paracas (Ica).

¿Qué consecuencias trae un Estado que no enfoca sus acciones en el bienestar de la población y antepone intereses políticos a los intereses de los ciudadanos? fue el tema que se discutió ampliamente en la sesión “¿Cómo evitar el desmantelamiento del Estado?”, en el marco de #CADEejecutivos – 60 Ediciones, evento organizado por IPAE Acción Empresarial.

Además de Luis Miguel Castilla, director Ejecutivo de Videnza Instituto, el panel contó con la participación de Janeyri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil –SERVIR, quien abordó la problemática de tener a personas no idóneas detrás de las instituciones públicas y cómo esto resulta en la mala calidad de servicios públicos.

SERVIR

Por ello, Boyer resaltó la importancia de SERVIR como una institución autónoma, técnica e independiente enfocada en la promoción y defensa de la idoneidad en el Estado. “A SERVIR lo que nos toca es hacer que el Estado cuente con las personas idóneas para prestar los servicios que todos esperamos”, enfatizó.

Los panelistas recalcaron que quedan retos por delante, siendo uno de ellos impulsar una gestión pública que realmente esté al servicio de los ciudadanos. En esa línea, Luis Miguel Castilla señaló que es necesario tomar conciencia de la importancia del capital humano en el Estado, de tener buenas contrapartes públicas al trabajar con mecanismos como Obras por impuestos, y de reformar los incentivos de meritocracia y control interno.

Janeyri Boyer subrayó lo urgente de redefinir la reforma del servicio civil de manera obligatoria, masiva, sostenible y responsable fiscalmente. Profundizó en que, desde SERVIR, queda el reto de continuar con acciones como la inducción y capacitación en distintas regiones a las nuevas autoridades municipales y gobiernos regionales para ayudarles a comprender lo que se espera de ellos en los primeros meses de gobierno, proyectar una ejecución responsable de presupuestos y elegir a sus equipos de trabajo.

Acciones urgentes

Enseguida, los expositores dieron paso a enumerar acciones urgentes que se podrían impulsar desde la ciudadanía y el empresariado. Por su lado, Luis Miguel Castilla resaltó que es fundamental tener a la mejor gente sirviendo al país, por tanto, no se puede caer en la estigmatización de la función pública. En segundo lugar, ampliar la colaboración empresarial especialmente en regiones y trabajando para mejorar las capacidades de quienes trabajan en el Estado. Y, en tercer lugar, recuperar la confianza para el impulso económico.

A su vez, Boyer coincidió en la importancia del fortalecimiento de capacidades para que los gerentes públicos sean mejores funcionarios. En segundo lugar, formar mejores profesionales con responsabilidad y sentido ético. Y, en tercer lugar, resaltó la importancia de desarrollar una sensibilidad para conectar las necesidades territoriales con el desarrollo y la mejora del servicio público.

IPAE Acción Empresarial coincidió con lo propuesto en esta sesión ya que va en línea con uno de los principios que promueve activamente desde su posición. Este es el de Administración pública eficaz y transparente, el cual busca impulsar un Estado con un servicio civil funcional que anteponga la ciudadanía a los intereses partidarios y de funcionarios públicos, así como sea capaz de proveer servicios de calidad en todo el territorio.

¿Cuánto estima que crecerá la economía peruana este año y qué factores influirán?

El crecimiento de la economía peruana estará entre 2,5% y 2,8% este año lo que dependerá de dos factores: el desempeño de la inversión en el último trayecto del año y el plano externo.

La inversión ha tenido un desempeño desfavorable en el 2022 y en la segunda mitad del año se prevé un resultado negativo. Los proyectos mineros se contraerán con la finalización de la construcción de Quellaveco y el deficiente manejo de los conflictos sociales.

La inversión privada no minera se ha ido postergando ante la incertidumbre y problemas de gestión pública. Los costos se han encarecido afectando la inversión privada. Asimismo, se avizora un menor impulso de la inversión pública. Usualmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa la inversión, pero este año ha tenido serios problemas de ejecución por corrupción y rotación de autoridades. Probablemente, el cierre de gestión de los gobiernos regionales y locales impulsará la inversión. Sin embargo, la inversión en general no va a contribuir al crecimiento, sino más bien será un lastre y no va a empujar al resto de la economía.

El segundo factor es que la economía mundial se está deteriorando a un ritmo mayor al anticipado y existe un creciente riesgo de mayor desaceleración. Algunos especulan que podríamos entrar a una recesión ante el incremento de la inflación a nivel internacional que ha presionado al aumento de tasas de interés, la disminución del precio del cobre, la apreciación del dólar y la salida de capitales. Es probable que haya un menor crecimiento de la demanda externa, restándole ímpetu al sector externo que ha sostenido el crecimiento este año.

Por ambos factores, un menor aporte de la inversión y un menor ímpetu del comercio exterior, estimo que vamos a crecer menos de lo esperado en el 2022, siendo el consumo lo que estaría soportando el avance.

¿Este aumento del consumo es sostenible? ¿Cuál es su proyección de crecimiento el 2023?

Pese a la erosión de la capacidad adquisitiva por el aumento de la inflación, el consumo ha crecido porque hemos tenido un impulso que ha sido el aumento de la liquidez por la mayor disponibilidad de recursos del ahorro privado con la liberación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y del ahorro previsional (AFP); y por las transferencias del gobierno, que inyectó recursos de manera indiscriminada. Pero esto es finito y no va a perdurar.

Además, el crecimiento del crédito se va a ralentizar ante el aumento de las tasas de interés y la morosidad. Ambos factores harán que el consumo tenga un menor ritmo de expansión, a lo que se suma que los ingresos laborales tampoco han crecido de manera significativa. Entonces, para el 2023 se prevé un menor aporte del consumo, no hay un motor aparente de crecimiento y habrá un estancamiento aún mayor.

En el mejor de los casos y si no hay una crisis externa mayor, con un escenario de desaceleración y no recesión a nivel mundial, el crecimiento de la economía peruana será a lo mucho de 2%.

Pero si la situación externa se agudiza puede ser menor al 2%, que es un crecimiento, en términos per cápita, nulo o negativo e insuficiente para absorber la mano de obra que entrará al mercado. Así, la pobreza, en lugar de reducirse, aumentará y se seguirá precarizando el mercado laboral.

¿Cuánto están afectando al empleo las recientes regulaciones laborales?

Tras la pandemia, tenemos un mercado laboral mucho más precario. El subempleo y el empleo inadecuado se han incrementado y el gobierno, en lugar de crear condiciones para fomentar el trabajo formal, ha construido su caballito de batalla con regulaciones laborales dirigidas a segmentos muy pequeños de la población, privilegiando a sindicatos y alentando normas nocivas para la economía y la creación de empleo formal; que van desde el aumento del salario mínimo hasta restricciones a la tercerización, y el derecho a sindicalización y huelga. Tal como se plantean, se antepone el derecho a la sindicalización y a la huelga por encima del derecho al trabajo.

El Perú tiene la regulación laboral más rígida de la región y le añaden estos elementos que no se condicen con lo que ocurre en el mundo, donde se adopta una regulación más flexible, que respete los derechos de los trabajadores pero que fomente el empleo para todos y no solo para un segmento muy reducido.

¿Cuánto cerrará la inflación este año y cuánto ha afectado la capacidad de compra de los peruanos?

La fuente de la inflación ha sido externa, principalmente, y ha afectado los bolsillos de los segmentos más pobres, ya que muchos bienes de la canasta básica son importados (alimentos y combustibles). La ayuda del gobierno ha llegado tardíamente y los alivios tributarios han sido inefectivos, lo cual ha afectado de manera desproporcionada a estos segmentos.

Felizmente, parece que esto está llegando a su punto de inflexión, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Lo cierto es que la inflación, hoy en día, está tres veces por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR). Probablemente, volvamos al rango meta a fines del 2023 o inicios del 2024.

Pero más allá del impacto en el mercado de materias primas, se ha interrumpido de manera muy severa el suministro de las cadenas globales de producción y esto por la afectación de centros comerciales internacionales como China, que han tenido retrasos de 18 a 24 meses en el suministro de partes y en la cadena logística, provocando retrasos a nivel global y el incremento significativo de fletes y costos logísticos.

Este proceso comenzó cuando se reanudó la actividad económica tras la pandemia, se agravó con el alza de los combustibles por el conflicto de Ucrania y se exacerbó con los confinamientos en China. Ha sido como la tormenta perfecta y tomará tiempo resolverse. Estados Unidos, para luchar contra su inflación, tiene que ocasionar una recesión severa, no una desaceleración, lo cual es complicado teniendo próximas sus elecciones de mitad de periodo.

No será fácil salir de este proceso inflacionario de manera rápida. Probablemente, recién salgamos de este proceso en los próximos 18 meses. Para fines del 2022 estaremos en una inflación cercana al 6% o 7% y el próximo año estaremos acercándonos al rango meta del BCR, y convergiendo al 3% a inicios del 2024.

Ante esta difícil situación, ¿qué deberían hacer el Ejecutivo y el Congreso?

Las autoridades deben desprenderse de sus propios intereses y anteponer el bienestar del país, dejar que la Fiscalía actúe y ser más consecuentes. El Perú no puede seguir viviendo con este nivel de zozobra e inestabilidad porque ya está pasando una factura muy alta a la imagen del país y a la economía. Necesitamos liderazgos, tanto a nivel político como privado, y más sentido de urgencia para acelerar los cambios que requiere el país.

Hace unas semanas, la agencia calificadora Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) redujo la calificación de riesgo soberano del Perú quedando a dos pasos de perder su grado de inversión. No obstante, desde aquella vez han sucedido una serie de hechos por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo que han creado inestabilidad política y económica. En ese andar, ¿qué tan cerca está nuestro país de perder este grado de inversión?

Para el exministro de Economía, David Tuesta, si bien es difícil tener certezas de momentos y tiempos, es claro que, si la situación de inestabilidad política y económica continúa, en cualquier momento esto sucederá fundamentalmente porque se están deteriorando gran parte de los fundamentos de la economía de mercado y la sostenibilidad fiscal.

“Si bien en el corto plazo tenemos recursos para financiarlo gracias a los ingresos que tenemos por la minería, estas ganancias son temporales y en algún momento se van a reducir y, seguramente, en los próximos años nos vamos a quedar con un forado que se va tener que cerrar”, explica.

Tuesta señala que otro factor de carácter más privado por el cual podría se podría rebajar la calificación tiene que ver con el retiro de los fondos de las AFP, que constituye el ahorro a largo plazo por excelencia y del cual el año pasado se retiró un tercio del monto total.

“Recordemos que S&P ha señalado que la última rebaja de calificación ha respondido de alguna manera al retiro del 2020 -2021 (de los fondos privados de pensiones). Por tanto, si se aprueba un nuevo retiro podría significar una aceleración en menos de un año de la pérdida del grado de inversión”, subraya.

Medidas populistas

En esa misma línea, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, asegura que medidas populistas como las aprobadas por la Comisión de Economía del Congreso de efectuar nuevos retiros de los fondos privados de pensiones, podrían acelerar una reducción en la calificación crediticia del Perú.

“El dictamen que el Congreso pretende plantea el retiro de 4 UIT para todos los afiliados sin limitación alguna. Se deja así abierto el camino para que, por ejemplo, quien tenga un trabajo estable, pueda acogerse. Esto haría que S/ 20.500 millones salgan del sistema. Con esto serían S/ 86.423 millones, equivalente al 10% del PBI, que saldrían en un lapso de dos años”, puntualiza.

Castilla advierte que, si bien en un corto plazo no hay peligro de perder el grado de inversión por los fundamentos fiscales que se tienen, otro factor de riesgo muy grande es que el gobierno “patee el tablero” y, por ejemplo, le dé el control del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al partido político. “Eso sería un riesgo muy elevado y probablemente sume algo adicional para bajar la calificación crediticia”, puntualiza.

Aclara que este eventual retiro del grado de inversión no sería porque se hayan debilitado los fundamentos fiscales, sino porque se anticiparía un manejo irresponsable y populista de parte del gobierno.

“Digamos que, si el gobierno se pone más populista y, de alguna manera, presiona al ministro de Economía para no respetar la estabilidad fiscal, podría ser otro factor que acelere una reducción en el grado de inversión”, apunta.

Mayores inversiones piratas

Para el economista Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, una posible rebaja del grado de inversión del Perú representaría para la economía un daño enorme, porque no solo encarecería el financiamiento, sino que también alejaría las inversiones del país, trayendo inversiones más parecidas a las piratas.

Explica que se denominan “inversiones piratas” cuando un país no tiene grado de inversión y no capta inversiones de primera línea a precios competitivos, sino que atrae triangulaciones, por ejemplo, cubanas, argentinas o coreanas que no tienen mayor prestigio ni reputación y, normalmente, tienen costos de créditos enormes.

En ese contexto, asegura que al gobierno de Pedro Castillo no le importaría perder el grado de inversión. “Es una decisión política llegar a esta situación. A mí me queda claro que a la gente de Pedro Castillo no le importaría nada (perder el grado de inversión) e incluso tendría cierta empatía romper con el sistema financiero internacional, porque en ese ambiente se hacen mejores negocios turbios”, subraya.

Impacto en el mercado de capitales

De otro lado, el economista Felipe Morris afirma que esta eventual pérdida del grado de inversión denotaría que el país es más riesgoso y, por lo tanto, el financiamiento del gobierno será más alto y esa tasa es como un piso para la economía del país. “Es el piso para las tasas activas y el financiamiento de los bancos y, por lo tanto, también subiría el financiamiento para las empresas y personas”, precisa.

Morris explica que, en este momento, el país recibe inversionistas interinstitucionales del exterior que solo invierten en instrumentos de países con grado de inversión. Sin embargo, aclara, cada vez se recibe menos este tipo de inversiones porque ven cada vez más debilitada la situación política del Perú.

“El día que perdamos ese grado de inversión va tener un impacto en nuestro mercado de capitales porque esos inversionistas se verían obligados a vender todos los instrumentos que tienen en el Perú porque no estarían de acuerdo con sus políticas”, aclara.

El economista agrega que esta situación tendría también un impacto en el precio de nuestros bonos, acciones y fondos y, por lo tanto, en el costo del financiamiento e incluso el acceso al financiamiento de nuestras empresas.

“Si pierdes el grado de inversión menos recursos ingresarán al país y los que ingresen serán con tasas más altas; el gobierno va tener menos dinero para financiar y le saldrá más caro pagar su déficit fiscal, sus programas de inversión, sociales y de infraestructura”, puntualiza.

Políticas adecuadas

¿Cómo recuperar el grado de inversión si se perdiera? Para el exministro de Economía, David Tuesta, si bien es difícil saberlo, va a depender fundamentalmente de que este gobierno y los próximos apliquen políticas económicas adecuadas. “Perder la confianza es fácil, retomarla es difícil”, subraya.

“No es fácil, a nosotros nos tomó años obtener este grado de inversión. Sería una lástima perderlo, porque cuando lo pierdes generas una desconfianza, entonces te exigen más para volvértelo a dar”, remarca, por su parte, Felipe Morris.

A su vez, Carlos Adrianzén afirma que normalmente a los países que entran en declive, como lo está haciendo el Perú, les toma décadas recuperar una situación parecida a la previa.

En los últimos veinte años, salvo en el 2020 por la crisis generada por la pandemia, la economía peruana ha tenido un desempeño notable a nivel mundial.

¿Cuáles fueron los pilares y motores que permitieron el crecimiento económico de nuestro país? ¿Y, cuales son las tareas pendientes para que dicho crecimiento económico sea sostenido y mayor? Conversamos al respecto con los ex ministros de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla y Carlos Oliva; y los destacados economistas Sylvia Santisteban y Jorge Guillén.

¿Qué se hizo de bueno?

Para Luis Miguel Castilla hay tres cosas que se hicieron “bastante bien” en los últimos 20 años. La primera, mantener los fundamentos macroeconómicos “muy estables”, además de tener un Banco Central de Reserva (BCR) autónomo y un manejo responsable de finanzas públicas que ha hecho que Perú tenga una bajísima tasa de inflación.

“El segundo aspecto tiene que ver con las políticas de apertura comercial que han permitido tener hoy en día un nivel arancelario por debajo del 2% en promedio y acuerdos comerciales bilaterales con la mayor parte de nuestros socios comerciales en el mundo”, destaca Castilla.

Agrega que la tercera es tener, en general, un marco constitucional y normativo promotor de la inversión privada en el país, que ha hecho que esta sea el motor de crecimiento y que la inversión extranjera directa (IED) se haya multiplicado por diez durante este periodo.

En la misma línea, la docente de Centrum PUCP, Sylvia Santisteban, sostiene que hay varios aspectos positivos que se hicieron durante los últimos 20 años en cuanto a la economía.

El primero de ellos, afirma, es que se ha continuado en la senda de mejora en cuanto a los Tratados de Libre Comercio (TLC), que suman 14 en total.

“Las condiciones macroecnómicas se han mantenido independientemente a los gobiernos y eso nos llevó hasta los tiempos prepandemia (2019) a reducir sustancialmente los niveles de pobreza en nuestro país, que bajó de 56% a 21%”, destaca.

Además, menciona que, todo ello ha motivado la posibilidad de ingresar a la OCDE, lo cual ha sido una aspiración a nivel país desde hace 10 años por lo menos.

Por su parte, Carlos Oliva, sostiene que mantener los pilares de estabilidad macroeconómica y dar algunos impulsos o avances para mejorar la competitividad del país son algunos elementos que se hicieron bien durante estos últimos 20 años.

“Hay cosas que se han trabajado muy bien, que es toda la parte macro y, de alguna manera, con políticas de competitividad”, precisa.

A su turno, el economista y profesor de ESAN, Jorge Guillén, explica que desde la época del gobierno de Alejando Toledo (2001) se ha tenido el boom de los metales permitiendo un crecimiento “inercial” con un buen viento.

“Durante el 2008 y 2009 vivimos un crecimiento en piloto automático, sin sentar las bases de reformas estructurales”, subraya. Además de mantener una buena estabilidad macroeconómica, agrega.

¿Cuáles son las tareas pendientes?

“Lo negativo es que no se ha encarado de manera apropiada el desafío de la descentralización que se implementó hace casi 20 años sin tener la capacidad instalada, delegándole una serie de responsabilidades y funciones a gobiernos regionales y locales que no se han traducido en servicios de calidad para los ciudadanos. Hemos tenido un proceso de descentralización fallido”, advierte Luis Miguel Castilla.

El ex ministro de Economía también refiere que no se ha logrado tener una economía mucho más formal, tanto a nivel empresarial como laboral.

“Dos temas han incidido en esta situación: el tener un marco regulatorio que ha impedido que las empresas crezcan y puedan asumir el costo de la formalización; y no hemos tenido un capital humano que haya permitido que el trabajador sea igual de productivo que en otros países”, agrega.

Un tercer aspecto, según Castilla, ha sido la débil institucionalidad en el país que por momentos fue tomada por prácticas corruptas y con altísima rotación de funcionarios, volviendo ineficiente la gestión pública.

Mientras que Sylvia Santisteban dice que ha quedado un trabajo pendiente en cuanto a la lucha contra la corrupción que no solamente está al más alto nivel, sino en la sociedad entera, como “si se hubiera pasado por un proceso de contagio”.

“Nuestro problema principal no es la ausencia de recursos. Es, por un lado, la inmensa corrupción con la que hay que lidiar en todos los sectores; y la ausencia de competencias para el mundo actual, especialmente en el sector público”, argumenta.

Asimismo, advierte que la traba que se le planteó al Perú como economía para ingresar a la OCDE ha sido el pobre trabajo en cuanto a institucionalidad.

Para Carlos Oliva, lo que no se ha avanzado han sido los temas de política laboral y de gestión pública, es decir, la prestación de servicios como educación salud y seguridad ciudadana.

“Hay algunas políticas que se han visto afectadas por los cambios de gobierno, de enfoque y por la rotación de personal de los ministerios y, sobre todo, no ha habido políticas microeconómicas y de competitividad”, detalla. Reitera que la gran ausente ha sido una política laboral.

Jorge Guillén afirma que durante estos años no se han sentado las bases de reformas estructurales de salud y educación y que, si bien los niveles de pobreza se han reducido, todavía hay cierto descontento en regiones como Arequipa, Cusco y Cajamarca que son las zonas de mayor explotación de recursos naturales.

Además, menciona que el boom de los commodities fue entre el 2007 hasta el 2014, cerrándose este súper ciclo de los metales sin lograr implementar las reformas estructurales adecuadas para seguir creciendo.

¿Qué se debe mejorar en el país?

Castilla afirma que lo primero que se debe hacer es un buen diagnóstico de por qué estamos como estamos. Lo segundo, dice, es tratar de obviar esa tendencia de hacer un borrón y cuenta nueva con los logros del pasado y más bien construir sobre lo positivo.

“Y ponerse quizás metas que obliguen al actual Gobierno a llevar adelante cierto tipo de reformas. Hace poco se ratificó la voluntad de adhesión a la OCDE, pero esto puede caer en saco roto si no hay un liderazgo”, subraya.

Para Santisteban urge propiciar una real digitalización en todos los sectores de la economía para aprovechar las capacidades y, de esa manera, mejorar sustancialmente la productividad del país. Indica que por la pandemia el tema digital se ha acelerado y el cambio que se esperaba se produjera entre cinco a 10 años se ha dado en menos de un año.

En ese sentido, advierte que es urgente un despliegue de comunicaciones a nivel de tecnología 5G que permita el acceso remoto a sitios donde no existe internet. En términos de tributación, Santisteban, resalta que es importante transformar el actual sistema porque no responde a las necesidades actuales.

De otro lado, Oliva señala que hay que mejorar básicamente en dos temas. “En la parte política debemos procurar tener gobernantes con una visión de Estado y de mediano y largo plazo, con políticas económicas que sean constantes.

Incluso, es importante mejorar la gestión pública que ha fracasado en los últimos años, además de liderar reformas en salud, educación y seguridad.

Finalmente, Guillén precisa que es fundamental nombrar a personal idóneo en el sector público, lo que, según afirma, no ocurre desde el Gobierno de Ollanta Humala. “Es importante que se tenga una conversación con la academia y los expertos y hacer un planeamiento a largo plazo. Ceplan no está haciendo absolutamente nada”, puntualiza.

¿Qué tan viables ve las propuestas de los candidatos presidenciales a estas alturas de la contienda?

En realidad los lineamientos no especifican cómo pretenden implementar las medidas que han dispuesto. Son dos programas muy opuestos. En el caso de Fuerza Popular, de alguna forma hace una defensa del modelo económico actual con algunos ajustes, quizá para mejorar la efectividad del Estado, pero manteniendo su rol subsidiario.

En el caso del nuevo plan de gobierno de Perú Libre, si bien hay menos “ideología” del ideario de Vladimir Cerrón, mantiene las bases del lineamiento en cinco aspectos: insiste en un plan estatista de nacionalizar las empresas en sectores estratégicos, como el gas natural, donde predispone un rol empresarial público; e insiste en cerrar las importaciones que considere desleales para la producción nacional.

Además, plantea una mayor carga tributaria en particular al sector minero; insiste en regular los monopolios que existen en el país cuando lo que se debe regular es el otro lado” abuso de la posición de dominio; y quiza lo más precupante sea el planteamiento de una Asamblea Constituyente, un cambio que no va a ayudar a restaurar la confianza ni a reactivar la economía.

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¿Qué ajustes al modelo se necesitarían ante esta realidad?

Hay un contexto de mucho desencanto de la población producto de la pandemia: las condiciones de vida, la pérdida de empleo y la pobreza que se ha incrementado en 10 pp, pero esto no se resuelve cambiando el capítulo económico de la Constitución. No se resuelve con mayor Estado.

La economía social de mercado le otorga roles al Estado de proveer servicios públicos básicos de educación, salud y seguridad y eso no lo ha podido hacer de manera eficiente. Recargar al Estado con más responsabilidades en vista de la ineficiencia que ha mostrado en los últimos años no tiene sentido.

Cabría repensar los capítulos referidos a la descentralización del país, porque ahí se le otorgan competencias y autonomías a los gobiernos regionales y locales. Ciertamente hay un descontento por la falta de Estado en áreas críticas, pero no se resuelve con un estatismo a ultranza sin medir las consecuencias.

Se habla de nacionalizar y no estatizar…

En la práctica es lo mismo. Si nos ponemos puristas, estatizar es que las empresas públicas tomen el control de la explotación de un sector determinado. Pero nacionalizar, según (Perú Libre) ha explicado, tiene que ver con lograr que la explotación de un sector sea para la mejora del país. En una economía moderna esto se logra a través de las regulaciones y el pago de impuestos.

Si es que uno incrementa la carga impositiva, como pretenden a niveles confiscatorios, viene a ser lo mismo. Uno está estatizando a través de la carga tributaria que puede ser confiscatoria como se ha planteado para el sector minero.

En Chile está ocurriendo una práctica confiscatoria de elevar la carga tributaria a un 75%, según el precio del cobre; a lo mejor se capte una renta a corto plazo, pero provocará que la inversión se vaya a otro lado. Eso puede ocurrir en nuestro país. Considero que los cambios propuestos no atiende al clamor que es que tener mayores oportunidades y servicios.

¿Keiko Fujimori termina por responder a ese clamor?

Lo que ella plantea, en gran medida, es continuar con el modelo con algunos ajustes. Es de corte populista, y tampoco atiende las problemáticas del país.

Hay reformas que no se han implementado o se hicieron a medias. La descentralización es una ellas, pero también la falta de profesionalización del servicio público. La candidata plantea que la regulación sea efectiva para que haya mayor competencia en el mercado. Creo que va en la dirección. Sin embargo, no detalla cómo lo hará.

Se habla de facilitarle la vida a la mypes para que no paguen impuestos por dos años o que realicen trámites que no cuesten inicialmente. Eso es positivo, pero no se están planteando medidas específicas para lograr que crezcan y se formalicen. El programa de Fujimori resulta ser más razonable frente al radicalismo del otro lado, pero hay vacíos que se requieren completar.

La inversión privada desde la primera vuelta parece detenida. ¿Qué se podría esperar de este proceso electoral?

Estamos ante una situación binaria. Como se ha acercado la brecha entre ambos candidatos, se han originado las presiones cambiarias, pero esto va a continuar. La prima de riesgos va a seguir muy alta ante la incertidumbre. Muchos empresarios han  decidido poner en stand by sus nuevos emprendimientos. Hay una fuga de capitales que se agudizaría en torno a las nuevas informaciones que las encuestas revelen.

Al margen de esto, ninguno de los dos candidatos va a tener asegurada la gobernabilidad y  problamente haya problemas de conflictividad social de distinta índole, sea quien fuera presidente.

Si saliera Keiko Fujimori habría tranquilidad en los mercados, pero el centro y sur del país probablemente esté disconforme con este resultado; y, por el otro lado, si sale Pedro Castillo, no le será fácil manejar el Congreso, porque mayoritariamente no tiene alianzas. Entonces, la inversión se va a parar, habrá salida de capitales y ojalá que no una corrida financiera de no zanjarse las fuentes de incertidumbre.

Este año está jugado por la recuperación estadística y por los buenos precios de las materias primas. Si uno quita ese efecto, para que haya inversión y reactivación, tiene que haber estabilidad, y si no hay estabilidad va a ser muy difícil que haya nuevas inversiones que apuesten al Perú en el largo plazo.

¿Es posible cambiar el modelo? ¿Qué consecuencias habría?

No es trivial el cambio del modelo, especialmente por los candados constitucionales. Mucho de lo que plantea Pedro Castillo tendría que pasar por leyes en el Congreso. Una Asamblea Constituyente implica una reforma constitucional y para eso se requieren votos en el Parlamento. Cualquier medida que trate de baipasearlos sería un quiebre institucional muy grave para el país.

Las propuestas de nacionalización y tributos también pasan por el Congreso, pero el Ejecutivo tiene cierta discrecionalidad, es decir, puede –si quiere– subir aranceles y cerrar la economía. También puede denunciar tratados comerciales y esto puede ser muy peligroso porque no solamente cierra mercados, sino le quita el marco legal para dirimir controversias entre inversionista y Estado.

Esto espantaría más la inversión. Probablemente acabaremos en un escenario parecido al que tuvimos en el primer gobierno de Alan García. La medicina puede ser más costosa que la enfermedad, en este caso.

Con miras a las elecciones generales 2021, un grupo de expertos elaboró sus Propuestas del Bicentenario con el desarrollo de 9 ejes temáticos donde se plantean medidas concretas para el bienestar de los peruanos y enfrentar los principales desafíos del desarrollo económico, social y ambiental del país.

“La pandemia de la COVID-19 ha causado que alrededor de 3 millones de peruanos caigan en situación de pobreza, lo que implica un retroceso de 10 años en la lucha contra este mal, y esto nos alarma muy fuertemente”, señaló la directora ejecutiva de Videnza Consultores, Janice Seinfeld.

Indicó que antes de la pandemia, Perú ya tenía 867 obras paralizadas por un valor de S/ 16.870 millones. “En infraestructura el Perú carece de un sistema eficiente que permita usar de manera oportuna el presupuesto asignado para construir obras que den mejor calidad de vida, generen empleo productivo y aumenten la competitividad del país”, recalcó.

Por su parte, el director de Videnza Consultores y ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, anotó que la reactivación económica es fundamental para impulsar la cobertura de protección social, y generar los recursos necesarios para que sea sostenible en el tiempo y brindar servicios de calidad.

“La desconfianza de los ciudadanos en los gobiernos se corrige mejorando la eficiencia en la prestación de servicios públicos, por eso tener servicios de calidad es una propuesta clave en los próximos cinco años”, remarcó.

▶ Economía peruana crecería 5,1% en promedio entre 2021 y 2026

▶ CCL: Economía peruana crecería 9,5% en el 2021

Propuestas

Las Propuestas del Bicentenario desarrolladas por el equipo de la consultora se basan en 9 ejes temáticos: reactivación económica, empleo y formalización, salud para prevención y cuidados médicos cercanos, educación para la empleabilidad, gestión sostenible de recursos naturales, recursos hídricos, agua y saneamiento de calidad, gestión pública, y reforma tributaria.

Reactivación económica: Se busca viabilizar inversiones que generen empleo productivo y bienestar en los ciudadanos. Lograr un crecimiento económico de 5% a 6% anual, un aumento de la inversión de 7% a 8% por año hasta alcanzar el 25% del PBI en el 2016. Además, lograr que 3 millones de peruanos salgan de la pobreza con la creación de 2 millones de puestos de trabajo.

Empleo, formalización y protección social: Lograr que todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades, protección social y empleo formal. Por ello, se plantea recuperar los empleos perdidos en el 2020 y reducir la tasa de desempleo de 14% a debajo del 10%.

Salud desde la prevención y los cuidados médicos cercanos: Cambiar el enfoque de la política de salud hacia la prevención y el cuidado médico temprano, con acceso oportuno y de calidad desde el primer nivel de atención ambulatoria. Ello implica contar con médicos capacitados, acceso a los medicamentos recetados, información completa, en línea y segura, y la garantía de un financiamiento adecuado y eficiente.

Educación para la empleabilidad: El objetivo es igualar oportunidades para todos los peruanos a través de la educación. Es decir que, sin excepción de ningún tipo, todos puedan acceder a educación de calidad y a las oportunidades laborales que se generan.

Gestión sostenible de recursos naturales: Tiene como fin equilibrar los derechos que tienen todos los peruanos de acceder a un ambiente digno y a una gestión sostenible para poner en valor nuestros recursos naturales. Convertir al Perú en un ejemplo mundial de gestión sostenible y eficiente de esas riquezas para generar beneficios para todos los peruanos.

Recursos hídricos y su eficiente aprovechamiento: La propuesta busca administrar sostenible y eficientemente la oferta de recursos hídricos del país bajo un enfoque de cuenca y de multisectorialidad. Se propone fortalecer a la Autoridad Nacional del Agua, ampliar la infraestructura de almacenamiento, regulación y distribución, y formalizar las licencias de uso en el sector.

Agua y saneamiento de calidad: Se busca mejorar la calidad del agua que reciben los ciudadanos y que se disponga de ella de manera continua. Para ello, se propone la transformación del modelo de gestión del agua y saneamiento en el país.

Gestión pública eficiente para mejores servicios: La finalidad es aumentar la legitimidad del Estado al mejorar la cobertura y la calidad de los servicios que ofrece al ciudadano. Para ello serán piezas importantes la transformación del servicio civil, la mejora de la gestión de las finanzas públicas y la modernización de los procesos administrativos.

Reforma tributaria: El fin es recuperar la salud fiscal para contar con ingresos permanentes y sostenidos, así como hacer más eficiente el gasto público para cerrar brechas. Los objetivos son incrementar los ingresos fiscales permanentes mediante una reforma tributaria sin desincentivar la inversión privada o la formalización de la economía, y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas preservando la calificación crediticia del país.

¿Qué significa el cambio de perspectiva de “estable” a “negativo” para Perú anunciado por Fitch Ratings?

Esto significa que Perú se junta al resto de países de la región que han visto reducir su perspectiva, incluso disminuir su calificación crediticia. En nuestro caso, según Fitch, ellos no advierten necesariamente un deterioro de la capacidad de pago y la solvencia del país, dado a que el Perú cuenta con uno de los ratios de deuda-producto más bajos para la calificación crediticia que es BBB.

Lo que más bien apunta a esta decisión es el hecho de que el populismo y la poca contención en la capacidad de gasto, llevadas adelante por el Congreso, y sin la capacidad de que el Ejecutivo las controle, van a hacer muy difícil que se implementen reformas que aumenten el crecimiento potencial del país.

La consecuencia de esto, eventualmente de darse una reducción de la calificación crediticia, tendría como resultado que se encarezca el fondeo del Gobierno cuando emita bonos soberanos y esto, a su vez, impactaría al sector privado porque el sector público es una referencia para ellos.

¿Afecta al desarrollo de inversiones esta calificación?

En principio no debería afectarla porque estrictamente hablando solo perjudica el costo del financiamiento del Estado y de hecho probablemente esta percepción de riesgo ya estaba interiorizada por el mercado.

Es más, hace un par de semanas el Gobierno pudo hacer una emisión soberana muy exitosa en el mercado internacional y esos problemas políticos ya se conocían y no se tendría por qué afectar la entrada de más inversión.

Lo que si daña es la incertidumbre electoral y el hecho de tener mucha polarización y fragmentación política, porque eso impide que se tomen ciertas medidas o se ponga en riesgo algunos temas como el capítulo económico de la Constitución y otros que creo que pesan más en la percepción de riesgo, que necesariamente el cambio en la calificación crediticia.

Si se llegara a perder el grado de inversión, ahí sí estaríamos hablando de otro tema absolutamente distinto y muy peligroso. Pero, eso no está en este momento en una previsión razonable.

Rol de los gremios es clave para la reactivación económica

Presidente Sagasti invoca a empresarios a apoyar reactivación económica

En ese sentido, ¿cómo toma las medidas anunciadas por el Gobierno para la reactivación económica?

Creo que la reactivación se está dando básicamente porque se permitió la reanudación de las actividades económicas y lo otro es el hecho de que los precios de los commodities como el cobre, oro y zinc estén altos, eso ayuda al sector minero que jala al resto de la economía.

Lo que sí está tratando de hacer el Gobierno es apuntar por la inversión pública, que tiene un potencial importante. Hay un Plan Nacional de Infraestructura que fue aprobado y hay proyectos que se supone debían ser destrabados, como la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez y la Línea 2 del Metro de Lima.

Además, hay facilidades dentro de Arranca Perú que mejoran los programas de subsidio de MiVivienda y Techo Propio. Eso podría movilizar el sector de la construcción y por el efecto que este tiene en la economía, ayudaría a la generación de empleo y mejoraría las condiciones de ingresos de la población.

El ministro de economía, Waldo Mendoza, ha dicho que la economía se está recuperando más rápido de lo esperado. ¿Está de acuerdo con ello?

Hay un efecto rebote. Por ello probablemente tengamos una de las recuperaciones más altas porque hemos tenido una de las caídas más pronunciadas en la región. Todos los estimados muestran un crecimiento alto el año entrante, pero reitero que el crecimiento de nuestro país en gran medida depende del gasto de los agentes privados, del consumo y de cómo vaya evolucionando el empleo.

Si bien nos vamos a recuperar, esto no significa que entremos a una fase de crecimiento sostenido. Se tendría que ver si en los siguientes dos o tres años volvemos al crecimiento que teníamos antes de la pandemia. En este momento no se ven fuentes de crecimiento que sean nuevas. Hay proyectos, pero muchos de ellos enfrentan una serie de trabas y este ambiente crispado impide la toma de decisiones.

¿Qué opina del anuncio del Gobierno sobre las fiestas de fin de año?

Estas restricciones probablemente no tengan mayor incidencia en lo económico yo creo que lo más complicado sería que venga una segunda ola y se vuelva a rebasar la capacidad de los hospitales públicos y de EsSalud.

El temor está más allá de la Fase 4 y es importante obtener una vacuna que mitigue ese riesgo que es la principal fuente de incertidumbre para la reactivación económica. Una vez que esto se logre despejar probablemente eso va reactivar más allá de temas puntuales a los que nos hemos referido.

¿Cómo evalúa el anuncio del reinicio de actividades planteado por el Gobierno?

Es importante lograr una convivencia entre la emergencia sanitaria y la normalización de la actividad productiva. Llevamos casi dos meses de un confinamiento que ha tenido un costo para la economía cercano a los US$ 20.000 millones de pérdidas en producción, que equivalen al 6,8% del PBI. Cada día de cuarentena genera costos no solo en la producción, sino también en el empleo que se puede perder.

El plan de cuatro fases que el Gobierno está implementando trata de equilibrar dos conceptos: lograr una reactivación lo más rápida posible, empezando por sectores con mayor impacto económico; y, a la par, que se cumplan protocolos de bioseguridad que son fundamentales para contener un potencial rebrote de este COVID-19.

Se van a tener que ir ajustándose los parámetros conforme se vaya aprendiendo. No hay antecedentes de este tipo de normalización de la actividad. Tiene que primar el sentido de proporcionalidad por parte del Gobierno y no dar exigencias que sean desproporcionadas. Por otro lado, es importante que la fiscalización que se haga sea apropiada y que sea una sola y no una que involucre a una multiplicidad de entidades públicas con objetivos distintos. Por ejemplo, por un lado, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y, por el otro lado, las autoridades de salud.

Por el lado privado, es importante que no se tome esto como un sobrecosto laboral, sino como nuevas exigencias de salud ocupacional que van a mantenerse en el tiempo y que son importantes de cumplir porque lo peor que podría pasar es que se tenga que volver a establecer medidas de confinamiento. La economía no aguantaría eso y el impacto social sería enorme. Entonces, es momento de tener mucha flexibilidad y no olvidarnos que la economía peruana no está conformada solo por empresas formales. Hay empresas informales para las cuales no hay protocolos. No hay que perder de vista ese gran segmento de empresas que producen el 20% el PBI y emplean al 70% de la Población Económicamente Activa.

¿Las empresas formales pueden soportar una crisis de esta naturaleza o podrían morir más empresas de las que se estiman?

Es importante entender cuánta apertura haya para ajustar algunos de los instrumentos que el Gobierno ha lanzado. Por ejemplo, uno de los instrumentos más importantes para evitar la ruptura de la cadena de pagos y para dar liquidez a las empresas que más problemas tienen por esta imposibilidad de producir es el programa Reactiva Perú, que es exitoso en términos de lograr subastar los S/ 30.000 millones inicialmente autorizados. Ya el Banco Central de Reserva (BCR) ha logrado subastar cerca del 80% a tasas bastante bajas; pero hay que pensar cuál es el universo de empresas que se van a beneficiar de esta modalidad.

El Gobierno inicialmente planteó un universo de ‪350.000‬ empresas y hasta la fecha dista de cumplirse esa meta porque, según la información que se tiene, se estaría llegando a un 40% y las que quedan afuera son las más pequeñas y microempresas que son el mayor número de empresas en el país. Entonces el desafío es ajustar Reactiva Perú tanto en los parámetros de garantía, probablemente en los montos a ser cubiertos y quizá en una nueva fase de Reactiva Perú que aprende de las limitaciones del primer programa.

La respuesta ha sido potenciar el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE). Es un tema de magnitudes porque se ha ido hacia un programa de S/ 800 millones que toma atributos de Reactiva Perú, pero que el monto será insuficiente porque estamos en una economía cuyo PBI es de unos US\ ‪250.000‬ millones. Y con esto se llega a solo una porción de los formales y deja a los informales fuera. Mucha de la informalidad está asociada a las microempresas, (por lo tanto) esos S/ 800 millones serán insuficientes.Entonces, creo que el Gobierno está mostrando flexibilidad; lo necesario es que imprima un sentido de urgencia y que sea más oportuno en hacer los cambios y los ajustes que son necesarios.

¿Cuánto tiempo le tomará al Perú recuperarse? Se dice que es la crisis más fuerte en los últimos 100 años.

Estoy de acuerdo con esa frase. La cuestión es que hay factores que están fuera de nuestro control, que son muy importantes y están vinculados al ritmo de recuperación de la economía global. Para este año se prevé una contracción del 3%. Para el 2021 se supone que habría una recuperación, pero todo está condicionado a que se encuentre una vacuna para esta pandemia, lo cual no pasaría en los próximos 12 a 18 meses. Entonces, la economía tendrá que convivir con esta incertidumbre.

Dicho eso, en términos de lograr volver al mes de diciembre de 2019, por ejemplo en términos de actividad productiva, va a tomar tiempo porque en esa época la inversión privada ya venía ralentizada y se había dirigido a aquellos sectores que tenían menor interacción con el Estado; es decir, interactuar con el Estado se había convertido en algo muy costoso para muchas empresas en términos de licencias y permisos, y en términos de falta de decisión. Esto, sumado a la baja ejecución de la inversión pública, hacía que antes de la pandemia haya un gran problema para acelerar la inversión.

Esto involucra un cambio en cómo se relaciona la empresa con el Estado y esta inacción también tiene sus explicaciones. Muchas decisiones tomadas en el pasado estaban siendo cuestionadas y revertidas, y esto abonada a la falta de seguridad jurídica y claridad en las reglas de juego. Estábamos en ese ambiente antes de la pandemia. Entonces, tenemos que, incluso, ir un paso más y revertir la situación previa para poder reactivar la economía de manera sana.

Eso en términos macro. En términos micro, lo fundamental son dos cosas. La primera, que el sistema financiero no se vea afectado, porque si se ve afectado de manera importante –que no es el caso hasta el momento– no va a poder dar créditos a las empresas para que puedan crecer y eso pasó en el año 1998, cuando hubo una crisis mucho más acotada que la actual y una crisis bancaria y la recuperación tomó cuatro años.

Entonces, creo que la salud del sistema financiero es importante para que cumpla su rol de financiamiento para la actividad productiva. Por el otro lado, es importante saber cómo quedan los balances de las empresas porque quizá muchas no sobrevivan y van a tener que reconstruir sus activos, sus modelos de negocios y eso tomará tiempo.

En términos de las quiebras, por ejemplo, el sistema concursal que maneja Indecopi es un esquema que requiere ser reformulado porque tiende a favorecer la liquidación de empresas, en lugar de recuperarlas, pues recuperar una empresa es difícil pues involucra atraer capital nuevo y fresco. Para que entre capital fresco se tiene que ver cuáles son los pasivos que tienen las empresas en problemas y, si son complejos de manejar, es difícil que entre capital fresco, y un pasivo importante es el pasivo laboral.

Entonces creo que el ritmo de recuperación va a ser determinado por cómo acaben los balances de las empresas, cómo se maneje el tema concursal y por cómo la banca tendrá recursos.

¿Desde el punto de vista de los recursos del Estado, hay aún más capacidad o ya estamos entrando en un terreno más peligroso de las finanzas públicas?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR) han lanzado un agresivo plan de 12 puntos del PBI, que tiene el tamaño suficiente y relevante. No todo es déficit fiscal. Probablemente la mitad o poco menos de la mitad sean medidas que tienen un impacto en el fisco, en las finanzas públicas. El resto son recursos de liquidez del BCR u otro tipo de medidas como las contribuciones a las AFP o CTS que no tienen un costo fiscal. Si al estimulo fiscal se le suma la caída de la recaudación estimo que tendremos déficits fiscales este y el año entrante bastante importantes. Diría déficits fiscales de dos dígitos.

¿Tenemos la capacidad de financiar eso? Sí, porque hoy somos el país más solvente de América Latina y hay un espacio importante para el endeudamiento. Calculo que ahora estamos en 27% o 28% del PBI de la deuda-producto. Los países que tienen calificación crediticia similar a la nuestra en promedio tienen esos niveles en un 40%; entonces habría un espacio de más de 10 puntos para implementar el endeudamiento este año y el siguiente. A eso se le suma el ahorro público que tiene el Tesoro y que es de S/ ‪110.000‬ millones y un componente es el Fondo de Estabilización Fiscal

¿Ese Fondo aún no se ha tocado?

No se ha tocado, pero creo que hay planes para tocarlo y justamente ha sido diseñado para estos momentos. En la actualidad, el saldo del Fondo de Estabilización Fiscal es de un poco menos de S/ 20.000 millones. Estos recursos están depositados en el BCR y su finalidad exacta justamente es para lograr estimular la economía en momentos en crisis como la que vivimos.

Creo que por dos años estaremos bien, pero todo tiene su límite. A partir del año entrante, es probable que se comience a proyectar una gradual consolidación fiscal porque no solo es un tema de cómo nos perciben, sino el apetito de riesgo que tienen los que compran nuestros bonos.

Hubo una emisión exitosa, una sobredemanda de ocho veces la oferta; y se anuncia una segunda emisión de bonos internacionales por US$ 4.000 millones y probablemente sea muy exitosa a tasas bajas, pero lo que estamos viendo es que va a ver una mayor aversión al riesgo en los flujos financieros y en los mercados de capitales. No veo un rebote inmediato, creo que la cautela va a permanecer por un tiempo prolongado y esto va a dificultar de una forma el acceso que tiene el Perú a los mercados. Tiene acceso, pero cada vez será a mayores tasas porque esto también refleja las fortalezas de nuestros fundamentos. Hoy son fuertes, pero estamos usando nuestro seguro y una vez que el seguro se utilice hay que reconstruirlo y eso toma tiempo.

Tenemos espaldas para dos años y más allá de eso no podemos seguir en este ritmo porque no sería sostenible ni prudente.

¿Qué es lo que debemos hacer a partir de ahora y cuáles fueron los errores que no deberíamos repetir en la fase que comienza?

Es clave que todas las políticas que se implementen sean en base a información real. Un segundo tema tiene que ver con las formas de comunicar del Gobierno. El tercero es flexibilidad, porque si el Gobierno adopta una medida y no funciona, tiene que ajustarla y listo; y el sector privado también tendrá que ajustarse y reconvertir sus modelos de negocios. Las ganancias y eficiencias que estamos viendo en muchas empresas que trae la economía digital van a quedarse y probablemente muchas empresas están viendo que deben reconvertir sus modelos hacia usos más virtuales y eso puede redituar en mejoras más adelante.

Se ha hecho lo correcto. Estamos en un territorio sin precedentes, entonces se puede errar y, al errar, lo más conveniente es corregir de inmediato.

Algunos calculan que en esta crisis se han perdido 3,5 millones de empleos en el Perú por la crisis ¿Cuánto llevará recuperarlos?

Es una pregunta relevante porque estamos en un año preelectoral y ello usualmente genera incertidumbre. Imagínese estando con esta crisis y con ciertas acciones que puedan ser cuestionables por parte del Congreso. Lo esencial es recuperar la capacidad de inversión en el país. Si no invertimos y no hay demanda por mano de obra va a ser muy difícil que salgamos de esta situación.

Ahora, esta crisis presenta una gran oportunidad, porque el Perú estaba en un nivel de estancamiento, en un nivel de polarización donde no se movía nada. Entonces, creo que el sentido de urgencia de esta crisis tendría que obligar a cambios más drásticos, pero esto va a significar que tanto la clase política como la sociedad se pongan de acuerdo en cuáles son esos cambios. Estamos en un punto de inflexión muy importante en nuestra historia, Hay millones de personas que van a entrar al desempleo o al sector informal; y es importante pensar en ellos y replantear la forma de cómo nos entendemos y tomar decisiones duras. En el pasado, el Perú ya salió de crisis similares y creo que la resiliencia está puesta a prueba. Tenemos que hacer lo mismo en esta oportunidad y confiar en nuestras autoridades; y el sector público, privado y la sociedad civil tenemos que aportar para salir de esta situación.

Lo que me temo es que en dos años se borre todo el progreso social que hemos logrado luego de más de 20 años de estabilidad y continuidad en las reglas de juego.