A punto de celebrar 200 años de la declaración de nuestra independencia, el concepto de libertad se encuentra muy presente en nuestras vidas, sobre todo en vísperas de un proceso electoral en el que decidiremos quién gobernará el Perú en los próximos cinco años.
La libertad es un concepto muy amplio, pero a la vez restrictivo, pues no todos podemos ejercerla de manera equitativa.
Si bien existen, entre otras, la libertad de estudiar, de trabajar, de acceder a la salud o a la justicia, no todos tenemos las mismas posibilidades de elegir dónde y bajo qué condiciones hacerlo, pues subsisten profundos abismos de desigualdad que no han podido ser superados en este bicentenario, en la medida que no hemos sido capaces de construir un Estado eficiente que trabaje para cimentar una sociedad con igualdad de oportunidades para todos.
No obstante, dentro de la poca o mucha con la que contemos, los peruanos hemos ido consolidando con mucho esfuerzo importantes espacios de libertad.
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Enfocándonos en materia económica, en los últimos 30 años el Perú ha aplicado un modelo donde prima la libertad, la cual ha permitido no solo un crecimiento importante de la inversión privada nacional y extranjera –al punto que hoy representa más del 80% de la inversión total del país-, sino sobre todo el surgimiento de millones de emprendimientos -grandes, medianos o pequeños-, de millones de peruanos que decidieron jugársela en su país.
De esta manera se mejoró la calidad de vida de nuestras familias y, a la vez, se generó importantes fuentes de trabajo directo e indirecto para nuestros compatriotas.
Esta libertad económica conlleva derechos de propiedad, libre comercio, libertad monetaria y un Estado de Derecho garantizado por la Constitución.
Así, tenemos la libertad para invertir, para decidir dónde colocar el capital que tenemos, dónde comenzar nuestro propio negocio y hasta dónde y cuándo comprar acciones de bolsa o cómo ahorrar para nuestra jubilación.
Es obvio que esta libertad debe ir de la mano con un Estado que la promueva, que fiscalice que en nombre de ella no se comentan excesos ni abusos, que genere un clima de convivencia donde primen la libre competencia y el bien común. Un Estado que sea capaz de administrar de forma eficiente los recursos generados precisamente por un modelo económico donde la inversión privada paga impuestos, que luego deben servir para financiar servicios básicos de calidad para quien los necesite.
No se puede dejar de mencionar que, gracias a este esfuerzo, tenemos también la libertad de suplir lo que no nos da este Estado ineficiente y muchas veces indolente, en materia de calidad educativa, salubridad, vivienda, infraestructura o telecomunicaciones.
Dramáticamente, la pandemia del coronavirus nos ha hecho perder mucho a todos: un familiar cercano, un ser querido, amigos, compañeros, vecinos o colegas. También hemos perdido puestos de trabajo y los sueños que pusimos en empresas hoy quebradas, así como el bienestar propio y familiar.
Como si fuera poco, esta enfermedad también ha revelado actitudes ruines y canallas de quienes no dudaron en aprovecharse de un cargo público, una situación de privilegio o posición de dominio para beneficiarse y enriquecerse a costa del dolor ajeno.
Sin embargo, esto no debe llevarnos de ninguna manera a culpar al sistema o al modelo para pretender implantar un Estado controlista, absoluto, que se sienta capaz de decidir en cada espacio de nuestras vidas.
“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, dice un viejo refrán que hemos escuchado desde niños.
Tal vez, por lo cotidiana, no seamos plenamente conscientes de la libertad de la que hoy en día gozamos. Por eso debemos analizar muy bien a quiénes confiaremos nuestro futuro este domingo 11 de abril.
No vayamos a perder, también, nuestra libertad.