El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó ante el Congreso un proyecto de ley enfocado en suspender la inscripción de organizaciones políticas ante las graves denuncias de afiliaciones indebidas y posibles fábricas de firmas.

En un comunicado difundido a través de su cuenta en X, el JNE destacó que esta propuesta legislativa busca fortalecer la fiscalización de las organizaciones políticas registradas. Además, contempla medidas como la suspensión de los procedimientos de inscripción cuando se detecten irregularidades.

Según lo informado, la propuesta plantea modificar los artículos 8, 11-A y 18-B de la Ley de Organizaciones Políticas. Estas modificaciones se refieren al funcionamiento de los Comités Partidarios (artículo 8), la suspensión de la inscripción de organizaciones políticas (artículo 11-A) y la regulación de la afiliación indebida (artículo 18-B).

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En este contexto, la iniciativa legislativa propone añadir el artículo 11-B a la Ley de Organizaciones Políticas, estableciendo la suspensión del procedimiento de inscripción de estas agrupaciones en casos donde se detecten registros inválidos que provengan de caligrafías idénticas.

Además, el proyecto contempla incorporar el artículo 395, relacionado con la responsabilidad penal, en la Ley de Organizaciones Políticas.

JNE

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Este artículo aborda los delitos descritos en los artículos 427 y 428 del Código Penal, aplicando sanciones cuando hayan sido cometidos en nombre de la organización y en su beneficio, ya sea directo o indirecto, por parte de su personero legal, fundadores o miembros del máximo órgano ejecutivo.

La propuesta legislativa plantea que la ley sea aplicada de forma inmediata, de manera excepcional y por única vez, a las organizaciones políticas que mantengan inscripción vigente hasta la fecha límite de convocatoria para las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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Indicó que, una vez conocidos los informes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sobre las irregularidades en las firmas, el procurador del JNE formalizó las denuncias respectivas ante el titular de la acción penal, tanto en los casos correspondientes a su gestión como en aquellos que se encontraban pendientes desde el 2023.

“Así que (el Ministerio Público) tendría que formalizar la denuncia, en principio, por falsedad genérica y por los delitos vinculados, contra los que resulten responsables”, señaló Burneo.

Sanción económica

Sobre otras medidas a adoptar contra los partidos políticos que incurrieron en estos actos, precisó que han realizado la comunicación respectiva a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, a fin de que inicien un procedimiento sancionador por falta muy grave.

El presidente del JNE indicó que, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, incurren en falta muy grave aquellos que utilizan indebidamente a través de medios fraudulentos, desleales o ilícitos, los datos de las personas, en este caso la firma.

“Entonces esto tiene una sanción muy importante. Puede sancionarse a aquellos que han incurrido en esta infracción entre 50 hasta 100 UIT. Es decir, puede llegar hasta medio millón (de soles) o un poco más la sanción pecuniaria respecto de este tipo de infracción”, explicó.

Proyecto de ley

Roberto Burneo también comentó que existe un proyecto de ley pendiente de segunda votación en el pleno del Congreso, iniciativa de Reniec, el cual busca fortalecer el marco normativo de esta institución para verificar la autenticidad de las firmas a través de mecanismos tecnológicos.

El titular del JNE resaltó que con ello se busca reducir “casi a cero” la posibilidad de falsificación de firmas o de la suplantación de la identidad de la persona, ya que permitirá el uso de mecanismos como el ID digital o la huella digital en línea.

“Siempre hay riesgos, pero esta herramienta los va a reducir significativamente, con lo cual las organizaciones políticas que quieran recabar la firma de las personas van a tener que hacerlo a través de estos medios digitales. Eso va a fortalecer todo el sistema electoral y evitar la situación que estamos ahorita viendo”, señaló.

Burneo informó que ya han cursado un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, a efectos de que se agende y priorice esta propuesta legislativa y pueda ser aprobada con prontitud.

Si al revisar tus datos te das cuenta que apareces como afiliado a un partido político sin haberlo autorizado, no te preocupes: sí puedes salir de esa lista. El especialista en temas electorales, José Naupari, explicó que debes seguir un procedimiento ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para anular tu afiliación.

El primer paso es solicitar una copia de la ficha de afiliación presuntamente firmada. Este trámite lo puedes hacer de forma presencial o virtual ante el JNE.

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Pasos para anular tu afiliación no consentida

Para revertir esta situación, debes iniciar un procedimiento llamado desafiliación por afiliación indebida. Estos son los pasos:

1. Escribe un documento dirigido a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE.
2. Adjunta una declaración jurada donde afirmes que no diste tu consentimiento para dicha afiliación.
3. Presenta el comprobante de pago de S/ 46.20, que puedes abonar en el Banco de la Nación o a través de págalo.pe.

Toda esta documentación debe entregarse en la Oficina de Servicios al Ciudadano del JNE o en alguna de sus sedes regionales. Una vez presentada la solicitud, el partido político será notificado y tendrá 3 días hábiles para responder.

¿Cómo saber si estás afiliado a un partido político?

Puedes consultar si estás afiliado a alguna organización política de manera muy sencilla:

1. Ingresa a la plataforma Consulta de afiliación al ROP.
2. Coloca tu número de DNI.
3. Escribe el código de verificación y haz clic en Consultar.

Si estás afiliado, el sistema mostrará el partido, la fecha de inscripción y tu historial. Si no lo estás, te aparecerá un mensaje indicando que no hay registros de afiliación.

Recuerda que nadie puede afiliarte a un partido político sin tu permiso. Si descubres que lo hicieron sin tu autorización, actúa de inmediato. Es tu derecho decidir si quieres o no formar parte de una organización política.

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El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el cronograma electoral con miras al proceso de elecciones generales del 2026.

Como se recuerda, el pasado 25 de marzo, la jefa de Estado, Dina Boluarte, anunció la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026, en las que los peruanos elegirán al próximo presidente de la República, así como a los diputados y senadores del futuro Congreso bicameral y a los representantes del Parlamento Andino.

“El 12 de abril del 2026 los peruanos tendremos una cita con la historia y elegiremos a las nuevas autoridades en unas elecciones democráticas, limpias, transparentes y ordenadas. Ese es el compromiso que asumimos como peruanos, el de asegurar una jornada electoral con todas las garantías que la democracia y nuestro país se merecen”, manifestó Boluarte a través de un Mensaje a la Nación.

Cronograma para las elecciones presidenciales 2026 según el JNE

12 de abril de 2025 

Será la fecha límite para que los partidos políticos logren su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) de la institución, a fin de poder participar en estos comicios.

2 de agosto de 2025

Es el plazo límite para solicitar la conformación de alianzas.

1 de setiembre de 2025

Es el plazo máximo para que estas logren su inscripción.

14 de octubre de 2025

Cierre del padrón electoral, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

30 de noviembre de 2025

Fecha para las elecciones primarias y elección de delegados de las organizaciones políticas.

7 de diciembre de 2025

Es la elección de candidaturas por delegados.

23 de diciembre de 2025

Fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Este día también cierra el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, de acuerdo a lo que dispone el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas.

13 de marzo de 2026

Plazo máximo para resolver apelaciones sobre exclusión y tachas de candidatos.

14 de marzo de 2026

Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

12 de abril y 7 de junio de 2026

Las elecciones generales se realizarán el 12 de abril de 2026 y una posible segunda vuelta para la elección presidencial el 7 de junio de ese mismo año.

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El Jurado Nacional de Elecciones anunció una convocatoria de trabajo para febrero 2025 en regiones como Lima, Junín, Pasco y Huancavelica. Estos empleos están dirigidos principalmente a universitarios titulados de las carreras de Ciencias militares, Ciencias policiales y Derecho. Te damos a conocer a continuación más detalles al respecto.

Convocatoria de trabajo JNE: ¿Cuáles son los puestos en febrero 2025?

En total son cuatro vacantes disponibles, tres de las cuales son para los jefes de oficinas y la otra para ejecutivo de seguridad integral. Revisa en qué consiste:

Ejecutivo/a en Seguridad Integral

• Vacantes: 1
• Tipo de contrato: CAS
• Sueldo: S/11.500
• Requisitos: Título profesional universitario en Ciencias Policiales y/o Ciencias militares. Colegiatura y habilitación profesional vigente.

Jefe/a de la Oficina Desconcentrada en Huancavelica

• Vacantes:1
• Tipo de contrato: CAS
• Sueldo: S/5.500
• Requisitos: Título profesional en Derecho, Colegiatura y habilitación profesional.

Jefe/a de la Oficina Desconcentrada en Cerro de Pasco

• Vacantes: 1
• Tipo de contrato: CAS
• Sueldo: S/5.500
• Requisitos: Título profesional en Derecho, Colegiatura y habilitación profesional vigente.

Jefe de la Oficina Desconcentrada en Junín

• Vacantes: 1
• Tipo de contrato: CAS
• Sueldo: S/5.500
• Requisitos: Título profesional en Derecho, Colegiatura y habilitación profesional vigente.

¿Hasta cuándo estará vigente la convocatoria de trabajo del JNE?

Las convocatorias del JNE están abiertas hasta el 17 de febrero. Puedes registrar tu CV a través de la página oficial y seleccionar en “CAS”.

¿De cuánto es el sueldo que ofrece el JNE?

El sueldo que ofrece el JNE varían desde los S/5.500 hasta los S/11.500.

¿Qué es el JNE?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el organismo constitucional autónomo en Perú encargado de garantizar la legalidad y transparencia de los procesos electorales, referéndums y otros mecanismos de participación ciudadana. Forma parte del Sistema Electoral Peruano, junto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

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El Ejecutivo propuso hoy que un integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sea elegido por los miembros de los colegios de abogados de todo el país, y no solo por el Colegio de Abogados de Lima, como está establecido actualmente en el inciso 3 del artículo 179 de la Constitución Política.

“Esta propuesta de modificación no contraviene ningún derecho o principio establecido en la Constitución; antes bien, propicia la consecución de un mayor grado de optimización del principio democrático en la conformación de dicho jurado y lo dota de mayor legitimidad, en el marco del Estado, unitario, pero también descentralizado”, explicó el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

Fortalecimiento de la Procuraduría General

Así, durante su presentación ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, Bellido también indicó que se potenciará la Contraloría General de la República, la Fiscalía de la Nación y todo el sistema judicial anticorrupción, a través de la implementación de la Procuraduría General del Estado como ente rector del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.

A este sistema estarán adscritas el total de procuradurías públicas a nivel nacional y en todos los niveles de gobierno, y se dará mediante la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos, el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022, los 10 manuales de procedimientos y el cuadro de puestos de la entidad.

Asimismo, a través de la reformulación del Reglamento de Organización y Funciones y del Cuadro para Asignación del Personal (CAP).

Nuestro país cumple dos semanas sumido en la incertidumbre, en una grave inestabilidad política y económica y un profundo temor por las amenazas violentistas de quienes pretenden imponer al resto su ideología de odio, divisionismo y destrucción.

Son 15 días a lo largo de los cuales seguimos esperando del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una actuación transparente y el cumplimiento estricto de su misión de garantizar el respeto de la voluntad ciudadana, de forma eficiente y moderna, para determinar quien gobernará nuestro país durante los próximos cinco años.

Esto exige, por parte del máximo organismo electoral, ir al fondo del asunto que es definir si la elección del pasado 6 de junio se desarrolló con total limpieza, sin ninguna duda de legalidad, sin trampas, sin mesas de sufragio capturadas por simpatizantes de uno de los candidatos, sin suplantación de electores, sin firmas falsas, sin manipulación de actas o con muertos –milagrosamente resucitados– aptos para votar.

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Si nos encontramos en esta situación es porque desde mucho antes de la realización del proceso en sí, incluso desde la primera vuelta, cayeron serias dudas sobre la idoneidad y la imparcialidad de algunos magistrados, jefes, funcionarios y trabajadores de los organismos electorales. Bastaba algo tan simple como observar sus redes sociales para darse cuenta que tenían una posición definida.

Faltó, sin duda, de parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y de las otras organizaciones políticas, una actitud más proactiva y fiscalizadora para –en principio– exigir que se cumpla el artículo 179 de la Constitución Política, que claramente establece que “la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros” y no cuatro, como actualmente sucede, debido a la serie de maniobras cometidas para impedir que el Colegio de Abogados de Lima nombre a su representante.

Pero aquí estamos ahora, en estas cuestionables condiciones, esperando que los resultados del proceso electoral sean inobjetables, que respondan a la real voluntad de los electores y le confieran al próximo gobernante la legitimidad que se requiere, en un momento en que el Perú sigue enfrentando las dramáticas secuelas del pésimo manejo sanitario y económico de la pandemia del coronavirus.

No se trata de defender a una de las candidaturas en pugna, se trata de defender normas básicas de una convivencia civilizada y la estabilidad que tanto nos costó construir a todos en los últimos 30 años.

Defender y recuperar la fortaleza de nuestro sistema democrático implica recuperar la confianza en nuestras instituciones y no permitir, nunca más, que sean copadas por militantes y simpatizantes de determinada corriente política para convertirlas en herramienta de sus intereses.

Demandemos pacíficamente, pero con firmeza, que se respete la voluntad que cada uno de nosotros expresó en su voto, que los encargados de velar por ello cumplan fielmente la tarea que se les ha encomendado y que, si se determina que deliberadamente se intentó aprovechar las vulnerabilidades de nuestra democracia para hacer trampa, se castigue con todo el peso de la ley a los responsables.

La Cámara de Comercio de Lima exhorta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a cumplir rigurosamente su misión de garantizar, de manera transparente, el respeto de la voluntad ciudadana y fortalecer la institucionalidad democrática, durante el proceso de resolución de las observaciones, impugnaciones y nulidades de las actas donde se ha detectado graves irregularidades y claras maniobras para entorpecer y manipular la votación durante el proceso electoral de segunda vuelta presidencial.

En estas horas de incertidumbre que se ciernen sobre el país, debido a la manera en que se han desarrollado las elecciones, los miembros del JNE deben actuar estrictamente en defensa de la voluntad de cada ciudadano expresada en su voto, razón por la cual no debe quedar ningún resquicio de duda en torno a su labor.

El Presidente de la CCL, Peter Anders, manifestó que «las últimas marchas y contramarchas del JNE, en el sentido de ampliar primero el plazo para recibir impugnaciones y observaciones para horas más tarde retroceder, solo generan más incertidumbre y podrían generar dudas adicionales al proceso electoral”.

Subrayó que el JNE tiene en sus manos la enorme responsabilidad de proclamar a quien gobernará nuestro país en los próximos cinco años, por lo que los electores debemos tener certeza que nuestro voto será respetado escrupulosamente y, por lo tanto, los órganos electorales deberán tomar sus decisiones ofreciendo todas las garantías de imparcialidad, respetando la real voluntad de los electores y evitando objeciones administrativas que podrían alterar la real voluntad popular.

Anders resaltó que nada puede estar por encima de la solemnidad que representa el voto de cada ciudadano, y ese debería ser el principio rector que tomen en cuenta cada uno de los miembros del JNE, en línea a los axiomas y principios rectores de dicho órgano constitucional.

Finalmente, el presidente de la CCL señaló también que, si bien los seguidores de cada candidato tienen todo el derecho de exigir que su voluntad sea respetada, deben mantener la calma, esperar los resultados oficiales y no participar en actos de violencia o agresión.

La incertidumbre que reina en torno al resultado de la segunda vuelta electoral y las sombras que oscurecen la organización y realización de todo el proceso, no son casuales. Desde hace meses se advertía una serie de errores, deficiencias, negligencias y maquinaciones que hoy nos pasan la factura.

En principio, que haya estado a cargo de un Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incompleto, integrado por solo cuatro miembros y no por cinco como corresponde.

Esta situación hace que actualmente, ante cualquier decisión que adopte el máximo organismo electoral, en caso de ocurrir un empate, su presidente tiene un voto dirimente, es decir, vota por dos.

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La razón es que, empleando una serie de argucias legales, se anularon dos veces las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima, impidiendo así que su representante integre el JNE.

Como sabemos, el JNE debe estar formado por cinco miembros: uno elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (quien lo preside); uno por la Junta de Fiscales Supremos; uno por el Colegio de Abogados de Lima; uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas.

Otros hechos anómalos fueron la declaratoria de improcedentes o el inicio de procesos sancionadores a determinadas candidaturas por razones hartamente discutibles, como, por ejemplo, no haber declarado la propiedad de un viejo automóvil fuera de circulación o haber ofrecido donar su sueldo —en caso de ganar— a organizaciones caritativas.

Sumemos, además, que en el padrón electoral figuraron personas muertas o hasta menores de edad hábiles para votar e incluso elegidos para ser miembros de mesa. La excusa de que el padrón se cerró un año antes de los comicios se cae cuando se comprueban casos de fallecidos hace más de 15 o 20 años.

Para colmo de males, el proceso de identificación de los electores en la mesa de votación se ha realizado como en el siglo pasado, “al ojo”, dando pie a que se produzcan suplantaciones o hasta dobles o triples votaciones, más aún ahora en que, debido a la pandemia, los votantes acudieron utilizando mascarillas y protectores faciales.

No se ha hecho el mínimo esfuerzo por utilizar las herramientas que hoy en día ofrece la tecnología, como, por ejemplo, los lectores de huellas digitales, como los que se encuentran en cualquier banco o caja municipal de todo el país.

Lo que mal comienza mal acaba, dice un conocido refrán, y es así que con estos antecedentes, el país mira perplejo como es imposible –al momento de escribir estas líneas— saber con certeza cuál es el resultado de la elección presidencial, ante la serie de claros indicios de que los votos de millones de peruanos no necesariamente parecen haberse respetado.

Es en estas circunstancias que ahora corresponde al JNE decidir sobre la serie de impugnaciones, revisiones y nulidades de las actas donde se han detectado graves irregularidades y claras maniobras para entorpecer y manipular los votos.

Por ello, nos corresponde a todos como ciudadanos estar vigilantes, para que el JNE asuma esta delicada tarea con estricto cumplimiento de la ley, yendo al fondo del asunto, sin pretender convalidar ilegalidades apelando a formalismos subsanables como la falta del pago de tasas, entre otros.

Debemos hacer entender al JNE que cada voto cuenta y que es un derecho de todos los peruanos defender nuestra decisión. El JNE y sus autoridades están allí para garantizar nuestro derecho a elecciones limpias, no para ceder a presiones o intereses políticos, ideológicos o de otra índole.

Debemos también cuidar que la revisión de actas se realice sin ningún tipo de interferencias ni llamadas de nadie.

Los peruanos somos ciudadanos con deberes y derechos que cautelar. Podemos y debemos tener diferencias en cuanto a la forma cómo desarrollar nuestro país, pero esas diferencias no se resuelven imponiendo regímenes totalitarios ni mucho menos con auto designados refundadores de la República.

Se resuelven dialogando, buscando consensos, teniendo como objetivo común el bienestar de todos, no solo el de un sector o de un grupo, por decisión de quienes se creen estar por encima de los demás, pero, sobre todo, respetando la ley.

El bienestar que millones de peruanos hemos logrado en los últimos 30 años con esfuerzo y sacrificio, no debe ser considerado un privilegio, sino fruto de nuestro trabajo. Eso es lo que debemos defender

Como mujer empresaria, considero que la participación femenina en el espacio público, en general, y en los procesos electorales, en específico, es de suma importancia para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en nuestro país. En consecuencia, en la medida en que esta participación se promueve y ejercita, nos ilustra la magnitud de oportunidades que como sociedad le otorgamos a una colectividad que históricamente ha luchado por ser escuchada en los procesos de formulación de políticas públicas.

En ese sentido, para nosotros en la Cámara de Comercio de Lima es crucial analizar las elecciones congresales 2020 para entender cuánto hemos avanzado como país en darle mayor preponderancia a las mujeres en el desarrollo nacional.

A fines de agosto del año pasado se aprobó la Ley 30996 que modifica la Ley Orgánica de Elecciones en cuanto a la paridad de hombres y mujeres, incrementando el umbral de 30% a 40% por lista de candidatos, además de introducir la alternancia en las nóminas. Sin embargo, dadas las elecciones congresales 2020, el JNE decidió que la cuota se mantendría en 30%, postergándose la aplicación de las modificaciones para las elecciones generales 2021. Tácitamente esta situación se tradujo en un llamado a las organizaciones políticas a “autorregularse” y buscar voluntariamente una mayor representación de las mujeres en las listas de candidatos.

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Sin embargo, el panorama general aún nos muestra avances muy limitados. Por ejemplo, de las 22 organizaciones políticas que han presentado listas de candidatos, únicamente dos tienen paridad, Alianza Para el Progreso y el Partido Popular Cristiano (PPC), pero el único partido que además ha cumplido con la alternancia es el PPC. Asimismo, el número de listas encabezadas por mujeres ha retrocedido de 22% en 2011 a 14% para los próximos comicios de este mes. Además, el número de mujeres que participan en condición de candidatas respecto al total de candidatos, ha aumentado modestamente de 39% en 2011 a 40% en estas elecciones.

Finalmente, es importante acotar que la participación de mujeres candidatas es mayor entre los jóvenes, disminuyendo respecto a las generaciones mayores. Lo que salta a la vista del panorama descrito es que la participación política de las mujeres se encuentra aún en condiciones de desigualdad.

Esto es preocupante en un país como el nuestro, pues con ello se dejan de lado las necesidades de este grupo al momento de formular políticas públicas que regulen, entre otras cosas, el desarrollo empresarial de las mujeres en diferentes rubros económicos y cuestiona seriamente su capacidad de liderazgo. En la misma línea, consideremos que el análisis político debe ser complementado por el social para ver el horizonte en el que aparecen instituciones públicas, organizaciones civiles, empresas y gremios que contribuyen directa e indirectamente a fortalecer o debilitar el rol de liderazgo de las mujeres en nuestra sociedad.

En ese sentido, el compromiso de la Cámara de Comercio de Lima está en sintonía, precisamente, con la promoción y fortalecimiento de la participación de la mujer en el sector empresarial.

*Artículo publicado en el diario El Comercio el 3 de enero de 2020.