El Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en su último Reporte de Inflación, revisó a la baja su previsión de crecimiento económico del Perú para este año, pasando de 2,6% en la revisión de marzo, a 2,2% en la proyección presentada este viernes.

 

Ante este sesgo a la baja de la economía, Julio Velarde, presidente de la autoridad monetaria, en conferencia de prensa, explicó que se debe por la afectación de sectores como la pesca y el agropecuario por el impacto del fenómeno de El Niño.

 

«Este ajuste se ha dado en gran medida por lo ya ocurrido en el primer trimestre. El golpe de las protestas y los problemas climáticos de marzo ha hecho que esté siendo afectado tanto el PBI primario como el PBI no primario», señaló el funcionario.

 

En ese sentido, el BCR estima que el sector pesca se contraiga en un 15% este 2023, mientras que el sector agropecuario tendría un minúsculo crecimiento de 0,4%. Sin embargo, el ente monetario espera que el sector minería metálica crezca más de lo esperado, en un 8,3%.

 

Asimismo, para el 2024, el ente emisor mantuvo su estimación de crecimiento en 3%, cifra que también se había previsto en su Reporte de Inflación de marzo. Cabe precisar que el BCR realizará una nueva actualización de sus proyecciones económicas en septiembre.

 

Inversión privada

En cuanto a la inversión privada, la autoridad monetaria también lo revisó a la baja, estimando que esta será 2,5% este año debido a la presencia de pocos proyectos mineros. No obstante, para el segundo semestre se espera una moderada recuperación, en un escenario de recuperación gradual de la confianza empresarial.

 

“Estamos bajando el estimado del año de la inversión privada debido a que la inversión minera va a caer 18,9% y la no minera se contraerá en un 0,5% a 2,5% crecimiento negativo. Sin embargo, esperamos un crecimiento de la inversión privado de 1,8% el próximo año”, proyectó el presidente del BCR.

Lee también: BCR: Empleo formal creció 2,4% en abril

 

También, el ente monetario indicó que el menor gasto privado en el 2023 se refleja principalmente en la ejecución del primer trimestre, sobre todo de la inversión. Se espera que continúe la recuperación de la confianza empresarial en el horizonte de proyección.

 

“En el caso de la inversión minera hemos visto este año que se han retrasado algunos proyectos, pero se espera que salga adelante el proyecto Zafranal y otros proyectos más pequeños. En tanto, la construcción ha estado resentida, pero esperamos que se recupere pronto. También, las expectativas están mejorando lentamente”, remarcó Velarde.

 

Inflación

Respecto a la inflación, el BCR espera que ya no baje a nivel meta este año, ya que se prevé que este indicador de precios se ubique en un 3,3%, a pesar que la entidad proyectaba que este 2023 regresaría al rango objetivo de entre el 1% y 3%.

Lee también: BCR: Inflación de junio tendrá la menor tasa del año

 

“Estamos esperando ahora cerrar el año en 3.3% y llegar a la meta entre los primeros meses del próximo año, por debajo de 3% y en el 2024 tener una inflación de 2.4%”, subrayó Velarde.

 

En cuanto al precio de los alimentos, Velarde dijo que se espera una corrección a la baja del precio del pollo y los huevos, así como granos y aceite de soya a nivel internacional. “Se espera que siga descendiendo la inflación subyacente del país que es una de las más bajas de Latinoamérica”, puntualizó.

La economía peruana culmina el 2022 con una desaceleración significativa de los sectores vinculados a la demanda interna, señaló Diego Maceda, gerente general del Instituto Peruano de Economía – IPE.

 

 “En un clima de negocios cada vez más incierto, como consecuencia de la inestabilidad política y social, tanto en el ámbito local como externo, esperamos que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se desacelere de 2,9% a 2,1% entre el 2022 y 2023”, indicó durante la jornada académica del Encuentro Automotor organizado por los 96° años de vida institucional de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

 

En esa misma línea, Maceda resaltó que la contribución de las actividades no primarias al crecimiento del PBI en el tercer trimestre del 2022, se ha reducido casi a la mitad de lo alcanzado en la primera mitad del año.

 

“El clima de persistente incertidumbre (política y social) viene afectando a los sectores vinculados a la inversión, mientras que los rubros vinculados al consumo reflejan los efectos de la mayor inflación sobre los hogares”.

 

Inversión privada

 

Durante la jornada académica, el gerente general del IPE sostuvo que el cierre del 2022 está caracterizado por el menor dinamismo de la inversión privada, que registró su primera caída del año en el tercer trimestre del 2022. Este resultado, añadió, se refleja principalmente por la finalización de las operaciones de Quellaveco.

 

“Ello viene siendo parcialmente contrarrestado por el aporte de la inversión no minera; además, la inversión privada como porcentaje del PBI muestra un estancamiento alrededor del 20,7%, muy por debajo de lo alcanzado en otros episodios de altos precios de minerales”, agregó.

 

Para el economista, el avance del gasto privado en el país -en los próximos meses- será moderado debido a la baja confianza empresarial, presiones inflacionarias todavía elevadas y un crecimiento más lento del empleo formal como resultado del menor dinamismo en la ejecución de proyectos de inversión.

 

Empleo y salarios

 

Por otro lado, el especialista del IPE afirmó que la recuperación de las condiciones laborales se ha estancado para la gran mayoría de trabajadores en los últimos 12 meses; una conclusión a la que arribó al analizar cifras dadas a conocer hasta septiembre pasado. Esta situación ha llevado a que la tasa de subempleo nacional en el área urbana se ubique en 6,4 puntos porcentuales por debajo del nivel del 2019.

 

Además, Maceda remarcó que la lenta recuperación de los salarios nominales se ha agravado con los altos niveles de inflación, significando una pérdida de poder adquisitivo de S/ 220 al mes – en términos reales- respecto a la pandemia.

 

Finalmente, refirió que a pesar de que la inflación anual en Lima Metropolitana se incrementó ligeramente, de 8,28% a 8,45% en noviembre último, las expectativas de inflación muestran primeros indicios de estabilización, conforme se desacelera el incremento de precios.

La desaceleración de la economía peruana para 2023, con un crecimiento proyectado de apenas 2,4% fuerza al Gobierno a realizar una mayor inversión pública que contribuya a dinamizar la inversión privada y el PBI.

 

Esto debe significar en que, tanto el gobierno nacional como subnacional, sean más eficaces al momento de ejecutar los recursos públicos sobre todo los destinados a inversión.

 

El análisis a continuación compara en cuánto ascendió el gasto público entre enero y julio de 2022, con respecto a similar periodo de 2021, así como el nivel de ejecución respecto al presupuesto anual.

 

Gasto público 2021 vs 2022

El presupuesto público se estructura en gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda. Entre enero y julio de 2022, el gasto público total ascendió a S/ 109.353 millones, cifra 5,2% menor a la registrada en similar periodo de 2021. Lo más lamentable, es que el gasto de capital (inversión pública) en los primeros siete meses de 2022 fue 28,4% menor a lo ejecutado en 2021.

 

Esto significa que, la inversión pública, importante motor de la economía, brindó un menor aporte al crecimiento económico. En ese sentido, en este aspecto es necesario el compromiso del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, para acelerar la inversión pública y así dinamizar la inversión privada y el PBI.

 

La proporción entre gasto corriente respecto a gasto de capital es también algo que debe ser corregido. Entre enero y julio pasado, el gasto en personal y obligaciones sociales supera a la inversión pública, llegando a una tasa de 3,2 veces en el caso de gobiernos regionales y de 2 veces para el gobierno nacional.

 

Gasto en bienes y servicios

Se ha asignado un presupuesto de alrededor de S/ 51.589 millones para el gasto en bienes y servicios, de los cuales, al mes de julio, ya se utilizó el 50%. Las distintas partidas que la conforman, al ser parte del gasto corriente, tienen altas tasas de ejecución pues son gastos que no se pueden postergar como es el pago de remuneraciones y pensiones.

 

Sin embargo, dentro del gasto de bienes y servicios, se tiene el rubro de servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones –entiéndase como mantenimiento de infraestructura–, el cual, con un presupuesto anual de S/ 5.502 millones, tiene el menor nivel de ejecución (37,7%).

 

Específicamente, la ejecución en mantenimiento de carreteras, caminos y puentes no concesionados fue del 28,7%; en mantenimiento de carreteras y puentes concesionados (45,2%); y en edificaciones, oficinas y estructuras (34,9%).

 

Es importante advertir que, si no se realiza el mantenimiento de la infraestructura, se acelera su desgaste y los recursos para su recuperación serán aún mayores. Este tipo de gasto, además, tiene un impacto importante en empleo y es un gasto muy eficiente dentro de la estructura del gasto corriente.

 

Programas Sociales

Juntos, Pensión 65 y Qali Warma son los tres programas sociales más importantes de lucha contra la pobreza en el Perú, con presupuestos de S/ 960 millones, S/ 938 millones y S/ 1.939 millones, respectivamente, para 2022. Esto significó incrementos, respecto a 2021, de 2,6%, en caso de Juntos; 5,6% en Pensión 65; y de 9% en Qali Warma. Entre enero y julio del presente año se observó una ejecución conjunta del 50,5% del presupuesto.

 

Gastos de capital

La ejecución del gasto de capital o inversión pública, sobre todo aquella dirigida a infraestructura física o social, es un mecanismo importante para lograr un mayor PBI y la reducción de la pobreza debido a las posibilidades de generación de empleo e ingresos para las familias.

 

El presupuesto de inversión pública figura dentro de la categoría Adquisición de activos no financieros, que alcanza la suma de S/ 64.122 millones. En esta categoría sobresalen los S/ 44.798 millones asignados a la partida “Construcción de edificios y estructuras”, dentro de la cual la subpartida “Otras estructuras” dispone de S/ 31.732 millones que son destinados a la creación y ampliación de la infraestructura física del país.

 

El gasto del presupuesto de “Otras estructuras” se ha incrementado en 1,8% respecto al periodo enero-julio de 2021 por la mayor ejecución realizada por la gestión regional y municipal del periodo 2019-2022. Los Gobiernos Locales, que representan el 56% de la subpartida, incrementaron el gasto en 5%, principalmente en infraestructura vial (3,9%), aunque se redujo en agua y saneamiento (-19,9%).

 

Por su parte, el Gobierno Nacional, que representa el 25% de la subpartida, redujo el gasto en 23,7%, principalmente en infraestructura vial (-8,3%), infraestructura agrícola (-97,5%) así como en agua y saneamiento (-19,0%), lo cual llama la atención, sobre todo considerando que el discurso del Gobierno apunta hacia mejorar la competitividad del sector agrícola.

 

A su vez, los Gobiernos Regionales, que concentran el 19% de la subpartida, aumentaron su gasto en 37,5%, principalmente el destinado a infraestructura vial (30,1%) e infraestructura agrícola (79,6%).

 

 

Brecha de infraestructura

Por otro lado, ante la amplia brecha de infraestructura del país, se requiere del ingreso de nuevos proyectos de inversión que permitan ir cerrándola gradualmente. De acuerdo con el sistema Invierte.pe, antes de ejecutar un proyecto, se requiere formularlo, evaluarlo y elaborar un expediente técnico que permita garantizar su impacto en la sociedad.

 

El gasto destinado a ese fin se incrementó en 21% en comparación al periodo enero-julio de 2021, principalmente debido al mayor desembolso en la elaboración de expedientes técnicos (40,6%) en contraste con la elaboración de estudios de preinversión (-12,1%). Los Gobiernos Locales fueron los únicos que incrementaron los gastos interanuales en ambos conceptos a diferencia del Gobierno Nacional que solo aumentó el gasto en expedientes técnicos y de los Gobiernos Regionales que redujeron en ambos.

 

Finalmente, las seis regiones más pobres del país, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Loreto, Pasco y Puno siguen mostrando una baja ejecución de sus diez proyectos de inversión pública con mayor presupuesto, es decir, aquellos que tienen un elevado impacto en el empleo y la actividad económica de la región.

 

Como ejemplo, el Gobierno Regional de Cajamarca solo ha utilizado el 17,5% del presupuesto en estas diez obras. En el caso del Gobierno Regional de Huancavelica, la ejecución es del 26,5% y; en Pasco, de 29,5%.

 

En promedio, estos seis gobiernos regionales de las zonas más pobres del país han ejecutado solo el 26,2% de su presupuesto en los primeros siete meses del año. Algo mejor, pero no así ideal, es el resultado de parte del gobierno nacional en las regiones más pobres del país, con una ejecución del 40,9%.

El panorama internacional de incremento de precios de alimentos, desaceleración continua de nuestros principales socios comerciales­ –tanto Estados Unidos como China–, y la elevada inflación que se registra mes a mes obligan a la autoridad monetaria a incrementar su tasa de referencia, encareciendo de esta manera el costo del crédito paulatinamente.

 

En estas circunstancias, se hace necesario que los recursos fiscales sean correctamente direccionados, priorizando la infraestructura para la reactivación económica y la educación y salud, para recuperar el capital humano tan afectado durante la crisis sanitaria.

 

Calidad del gasto afecta el capital humano

La falta de estándares en la oferta de servicios públicos, como en educación y salud, es una de las causas del descontento social y de los crecientes conflictos activos y latentes en el Perú. En ese contexto, las iniciativas legislativas dirigidas a facilitar la inversión pública en todas las actividades económicas con un Estado que oriente la actividad productiva son, para el IEDEP, irracionales.

 

Ello debido a que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para invertir. Hay que recordar que, por cada sol que invierte el sector público, el privado invierte S/ 4,5. Y, con los recursos con los que el Estado dispone no alcanza para ofrecer ni salud ni educación de calidad, sobre todo en las áreas rurales del país. Cabe señalar, por otro lado, que el tamaño del Estado lo obliga a priorizar el gasto corriente en desmedro del gasto de capital.

 

Así las cosas, la ejecución presupuestal del 2021 cerró con un gasto total de S/ 198.509 millones, con una participación de salud y educación del 17% y 14%, respectivamente, un equivalente a S/ 60.328 millones para atender los gastos del capital humano. No obstante, una de las razones por la que persiste la crisis de la enseñanza y la salud es la baja calidad en el destino de dichos recursos.

 

Una manera de apreciar esta problemática es analizando el gasto corriente del gasto de capital, destacándose la adquisición de activos no financieros, lo que es inversión pública propiamente dicha.

 

Al considerar solo el gasto de capital en educación y salud durante el 2021, se observa que la participación presupuestal se reduce drásticamente de un 31% a un 5% (3% en el caso de educación y 2% en salud). Es decir, S/ 9.312 millones se destinaron para crear activos duraderos a favor del capital humano, recursos insuficientes para cerrar la brecha social.

 

Menor gasto de capital en educación y salud

 

Entre enero y abril del 2022, el gasto en inversiones para adquisición, mejora y reparación de los bienes de capital en educación se contrajo en S/ 58,8 millones respecto a similar periodo del 2021. Esto es algo que no se entiende tomando en cuenta la reanudación de las clases escolares y la necesidad de garantizar las mejores condiciones en las instituciones educativas.

 

En tanto, la pérdida de inversión fue mayor en el sector salud. Comparado con similar periodo del año anterior, la reducción fue de S/ 260,2 millones para adquirir nuevos activos en salud e ir cerrando brechas, sobre todo en zonas rurales del país.

 

Es importante señalar que los contratos G2G ejecutados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) en materia de salud y educación amortiguó la caída del gasto en capital.

 

En otras palabras, la situación pudo ser peor si no se hubieran ejecutado los avances del presupuesto que, al mes de abril, se ubicaron en torno al 49% para ambos sectores.  Con ello, el gasto en educación ejecutado por ARCC sumó S/ 376 millones en el desarrollo de los 74 proyectos de infraestructura y de S/ 373 millones en los 18 proyectos de reconstrucción de centros de salud y mejoramiento de servicios de salud.

 

Nuevos riesgos

Los anuncios del Ejecutivo por retomar el tema de la Asamblea Constituyente pueden afectar el interés privado por invertir en infraestructura y mobiliario educativo. Entre ellos, la adjudicación de cinco proyectos en manos de Proinversión, cuatro de ellos para colegios en riesgo en Lima Metropolitana por un valor de US$ 547 millones y un proyecto COAR Centro por US$ 58 millones.

 

Por su parte, el buen funcionamiento y promoción de proyectos G2G se pueden ver afectados si el Gobierno no esclarece las reglas del juego en materia institucional para su promoción.

 

En este contexto es importante advertir que los proyectos de educación suscritos bajo la modalidad G2G han acumulado una ejecución superior a los S/ 900 millones desde mediados del 2020, fecha en que se suscribió el contrato con el Gobierno británico. Sin nuevos anuncios de proyectos es de esperar que el flujo del gasto en capital empiece a descender a mediados del 2023.

 

Es importante que el gasto en educación sea una prioridad en los próximos años y dichos esfuerzos se pueden canalizar en parte a través del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).

 

En ese sentido, el IEDEP considera importante que el Proyecto Especial Escuelas Bicentenario sea incluido en la próxima actualización del PNIC.

 

Cabe recordar, que dicho proyecto, a través de un contrato Estado-Estado, está recibiendo la asistencia técnica del Gobierno Británico para los procesos de procura de 75 escuelas por valor de S/ 2.803 millones distribuidas en Lima (61), Puno (6), Junín (3), Ucayali (1), Lambayeque (1), La Libertad (1), Cusco (1) y Cajamarca (1).