Los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, en lo que a política energética se refiere, se asemejan en que en ambos son escasos, ambiguos, escuetos, imprecisos y denotan muy poco entendimiento de la problemática del subsector de hidrocarburos y electricidad, que les permita exponer “cómo” y “cuando” se ejecutarán dichas propuestas en sectores de alta inversión.

 

En ninguna de ellos hay un verdadero plan energético, aunque debe reconocerse que las escasas propuestas de ambos candidatos son claramente diferenciadas en lo que a promoción de la inversión se refiere.

 

La propuesta de Fuerza Popular se encuentra alineada al modelo económico actual y se mantiene dentro de los pilares de la política energética que se vienen ejecutando desde el 2014.

 

De manera concreta, Fuerza Popular propone el cambio progresivo de la matriz energética hacia fuentes de energía renovable y cerrar la brecha de acceso a la infraestructura eléctrica mediante la priorización y fomento de la inversión público-privada en el desarrollo de centrales de energía renovable, así como la apertura hacia la electromovilidad.

 

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Por su parte, Perú Libre propone la nacionalización de los recursos naturales y la estatización de la industria eléctrica e hidrocarburos, mediante la revisión de todos los contratos de concesión otorgados, y aquellos resultantes de los procesos de privatización, el impulso de la masificación del gas natural y el relanzamiento del gaseoducto del sur, así como la reducción de las tarifas eléctricas.

 

Escasez de propuestas

 

La escasez de propuestas y el desconocimiento del funcionamiento del sector energético resalta a la vista en ambos casos. La propuesta de Fuerza Popular no menciona en absoluto a la industria de los hidrocarburos, pese al importante potencial de reservas de gas y petróleo con las que cuenta el país y los serios problemas que aquejan actualmente a la industria de hidrocarburos.

 

En tanto que Perú Libre desconoce los acuerdos internacionales en los que el Perú se ha comprometido para reducir sus emisiones de carbono a raíz de la concientización del calentamiento global, siendo la penetración de las energías renovables, el cambio progresivo de la matriz energética, la electromovilidad y el hidrógeno verde pilares fundamentales para alcanzar dicho objetivo.

 

Transición energética

 

En ambos casos, ninguna de las propuestas explica cómo vamos a encarar la transición energética en la que ya estamos inmersos, considerando los recursos naturales con los que cuenta nuestro país.

 

La transición energética hace que ambos subsectores, tanto electricidad e hidrocarburos, se complementen y convivan hoy en día, por tanto, exigen, de cualquier partido que resulte elegido el 06 de junio, que sean considerados de manera integral en un plan energético estructurado de horizontes de corto, mediano y largo plazo.

 

Además, ambos candidatos y sus equipos técnicos deben conocer que somos un país con un gran potencial hidrocarburífero y utilizamos y seguiremos utilizando aún combustibles fósiles para la producción de bienes y servicios necesarios para nuestra vida diaria; que tenemos una matriz hidro – térmica y que el gas natural sostiene la ecuación en la producción y despacho de energía.

 

También, que contamos con una importante infraestructura de energías convencionales operando; que las centrales RER no convencionales son variables e intermitentes y necesitamos de la energía convencional para suplir esa falta de confiabilidad; y que debemos repensar el relanzamiento del gasoducto al sur respecto de la instalación de fuentes de energía en el sur más eficientes, entre otros aspectos que caracterizan nuestra estructura energética nacional.

 

Este conocimiento es fundamental e imprescindible para estructurar un plan energético, que fije, sobre la base de nuestros recursos naturales, metas y prioridades.

 

Liberalización del mercado

 

Asimismo, es importante no perder de vista que hace 25 años se dio la liberalización del mercado eléctrico peruano, proceso que estuvo caracterizado por la privatización de las empresas públicas, la desintegración de las actividades sujetas al monopolio estatal, el fomento de la competencia a nivel de generación y la determinación de precios competitivos, lo cuales hasta ese entonces se sujetaban a la injerencia política y eran subsidiados por el Estado.

 

La liberalización permitió incrementar la inversión y con ello el índice de electrificación, el margen de reserva de la generación y la calidad del servicio público. Hoy en día, es el mercado quien fija el costo real de la energía que pagamos todos los usuarios.

 

Todo ello no hubiera sido posible sin un adecuado régimen de garantías que dio la seguridad jurídica necesaria para promover la inversión privada en las diversas actividades que integran el sector.

 

Con ello no queremos señalar que la actividad empresarial del Estado sea intrínsicamente mala, aunque el pasado no nos permita afirmar ello.

 

En cualquier escenario, se debe primar la transparencia y efectividad de la política pública, sea ésta directamente ejecutada por el Estado o por el sector privado, garantizando el acceso a la energía de manera confiable, segura y a un precio justo.

 

Estamos frente a industrias de altos niveles de capital, por lo que una actividad económica manejada por el Estado, legalmente habilitado para ello, debe reconocer que es inviable pretender tener acceso y un servicio de calidad si es que no hay inversión (ya sea pública o privada) y tarifas que reflejen el costo real del servicio.

 

Medio ambiente

 

Finalmente, los planes de gobierno y los debates de ambos candidatos denotan la poca empatía que tienen ambas propuestas respecto de políticas de desarrollo sostenible y medio ambiente.

 

Actualmente, los gobiernos han tomado consciencia del impacto que genera la industria energética en el medio ambiente y como es que el avance tecnológico en dicha industria está permitiendo a su vez la implementación de políticas de desarrollo sostenible en otras actividades económicas, como el transporte y la minería, lo que les lleva a reducir sus emisiones de GEI y contribuir con detener el cambio climático.

 

A manera de ejemplo, los certificados de carbono incentivan la ejecución de proyectos de inversión, los cuales, además de contribuir con la conservación del medio ambiente, permiten a las empresas obtener beneficios económicos adicionales.

 

Como señalé al inicio, ambas propuestas son escuetas y ambiguas, aunque claramente diferenciadas. Cualquier propuesta que resulte ganadora, generará un periodo de incertidumbre que retrasará indefectiblemente la ejecución de proyectos, situación que se revertirá hasta que se tenga visibilidad y certeza respecto a las reformas -tributarias y ambientales- que el nuevo gobierno nos traerá, así como el respeto a las garantías de inversión que este manifieste.

 

Solo esperamos que lo poco avanzado en materia energética no retroceda. Corresponde al nuevo gobierno plantear y ejecutar políticas que garanticen que sus habitantes, y las generaciones futuras, puedan tener acceso en todo el territorio peruano a una energía sostenible con el medio ambiente, bajo una adecuada prestación del servicio y a un precio justo.

Los presidentes de las principales Cámaras de Comercio Regionales exhortan a los candidatos presidenciales a respetar la estabilidad jurídica y a plantear reformas integrales en salud y educación, entre otros temas.

 

A pocas semanas de que un nuevo presidente de la República asuma el mando del Perú para el siguiente quinquenio, es importante analizar las propuestas de los candidatos en torno al tema de la descentralización.

 

En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), Carlos Durand, afirma que la descentralización en uno de los temas clave en estas elecciones, por las brechas que ha visibilizado la pandemia y la consecuente crisis económica.

 

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“Es importante señalar que las mejoras y cambios no ocurren de un día para otro, es un proceso político y técnico que requiere de muchos años, donde se debe equilibrar y articular el poder estatal en todos los gobiernos: local, regional y nacional. Se necesita del esfuerzo de cada uno de ellos para lograr un desarrollo integral del país”, explica.

 

En cuanto a los planes de gobierno, anota que es “muy preocupante” la propuesta de Perú Libre que plantea convertir al país en un gobierno federado. Durand advierte que ello no es viable por las asimetrías que existen entre las actuales regiones y no contribuiría a la reactivación de la economía en el mediano plazo ni a generar competitividad.

 

“En esta coyuntura es inviable pretender convertir a los gobiernos regionales en estados federados independientes y así transformar a nuestro país en una república federal. “Hoy necesitamos que los candidatos tengan un enfoque sectorial y de ahí partan para resolver los problemas estructurales que limitan la competitividad de cada región”, subraya.

 

Asimismo, hace un llamado a que Perú Libre deje de lado este planteamiento. Por otra parte, pide a Fuerza Popular profundizar más en sus propuestas de fortalecer las Agencias Regionales de Desarrollo.

 

Carlos Durand asegura que es importante que ambos postulantes al sillón presidencial presenten propuestas programáticas que no destruyan lo avanzado, sino que, en base a la experiencia y respeto a la institucionalidad, planteen mecanismos y planes serios para llevar adelante una verdadera descentralización, que no solo se enfoque en lo económico, sino también en el desarrollo y bienestar de toda la población.

 

“Necesitamos que los candidatos centren su trabajo en un programa de gobierno consensuado que tenga medidas específicas para enfrentar la pandemia, acelerar la tan ansiada vacunación, mejorar la calidad de la salud y educación pública, reactivar la economía, recuperar los miles de empleos perdidos y cerrar las brechas de desigualdad aún existentes en el país”, detalla.

Reforma integral de salud y educación

 

Respecto a la salud y educación, Carlos Durand sostiene que lo primero que se debe hacer es una reforma integral de estos sectores para llevarlos a un nuevo modelo moderno, de calidad y, sobre todo, con una prospectiva, que contemple la identidad regional y una visión país.

 

“Desde esa perspectiva, recién podemos ejecutar una descentralización que lleve bienestar a la población, y no simplemente descentralizar un sistema de salud y educación precario, obsoleto e ineficaz, pues, de ese modo, solo estaríamos descentralizando mayores inequidades a las regiones, donde está pandemia ha demostrado que existen las mayores necesidades y brechas”, recalca.

 

Para ello, señala que lo primero es mejorar de raíz el sistema de salud y educación pública. Una vez que esto se haya reformado integralmente se podrá hablar de una descentralización más inclusiva, con mayor cobertura, calidad en los servicios y con tecnología, priorizando aquellos lugares donde existen brechas tanto en la salud como en la educación.

 

De otro lado, el presidente de Perucámaras afirma que el punto de partida de una verdadera reforma del Estado es fomentar y fortalecer la institucionalidad, en todos sus niveles de gobierno. “No creo que exista una reforma del Estado que vaya a funcionar si esta no se apalanca en el pilar de la institucionalidad”, refiere.

 

A partir de ahí, dice que se tiene que hacer un cambio que tenga como prioridad la simplificación administrativa, acercar al ciudadano al Estado y que la persona sea el centro de atención.

 

Mirada de Cámaras de Comercio Regionales

 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac, Edward Palacios, señala que le preocupa que, en el plan de gobierno de Perú Libre, que figura en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), plantee una estatización o nacionalización de todos los yacimientos mineros donde interviene el sector privado, pues el Estado no es un gran emprendedor que tenga antecedentes positivos en el país.

 

“Nos preocupa mucho, macroeconómicamente, la mirada externa del país respecto a la propuesta de Pedro Castillo, porque se estaría perdiendo la estabilidad jurídica que hemos estado viviendo estos últimos años. Las propuestas de Perú Libre son muy socialistas, no sostienen un libre mercado en el que una empresa privada pueda invertir. Hay que recordar que el mayor porcentaje de la PEA nacional depende del sector privado y no del Estado”, precisa.

 

De otro lado, Palacios, explica que es positiva la propuesta de Fuerza Popular de destinar el 40% del canon minero directamente a la población. Indica, además, que en este momento se requieren políticas claras en el tema de salud y en la reactivación económica. “Es importante que los candidatos expliquen cómo se logrará reactivar la economía, necesitamos propuestas técnicas y no demagógicas”, subraya.

 

Mayor ventaja comparativa

 

Para el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco Región, Roberto Refulio, la propuesta del equipo técnico de Fuerza Popular, respecto a la reactivación económica, tiene una mayor ventaja comparativa respecto a la de Perú Libre, pues tiene mayor cohesión y sustento.

 

“Durante el debate técnico la sustentación del equipo de Castillo fue improvisada porque se dedicaron a hacer un recordaris de una gestión fujimorista de hace 30 años, situación que no es a la que aspiramos como gremio”, sostiene.

 

Afirma que la descentralización en el país no se ha dado de forma homogénea, ya que se ha desarrollado más la costa norte y sur del país, logrando ingresar a la competitividad. Así, refiere que la macro región centrooriente ha quedado olvidada.

 

A su turno, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, Lorena Sandoval, manifiesta que se si bien se ha avanzado algo en la descentralización, se necesitan ajustes, pero definitivamente que no se retroceda. “Lamentablemente en el tema de descentralización no se encuentran propuestas concretas ni en Fuerza Popular, ni en el mapa de los 100 días de Perú Libre”, detalla.

 

Sin embargo, menciona que la propuesta de Fuerza Popular de repartir el 40% del canon minero es una buena medida, ya que en los últimos 10 años el presupuesto del canon no ha llegado a beneficiar directamente a la población.

 

“Es un planteamiento que no solo va beneficiar directamente al poblador, sino que ayudará a la reactivación económica. Las mujeres del campo y de la sierra somos totalmente emprendedoras, sabemos gastar e invertir hasta lo último en beneficio de nuestra familia”, anota.

 

Respecto al manejo de la salud y la pandemia, Sandoval afirma que ambos partidos han analizado la importancia de la vacunación y de hacer cercos con las pruebas moleculares . “Ahora lo que necesitamos es que nos digan –de una manera más aterrizada– cómo lo van a implementar y el presupuesto que van a manejar”, precisa.

 

Asimismo, revela que uno de los recientes asesores incorporados al equipo de Fuerza Popular ha propuesto la implementación de casas refugio en la cercanía de los grandes hospitales en Lima.

Viabilidad de las propuestas

Para el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche, si bien en los últimos 20 años su región ha experimentado un crecimiento económico, este ha sido desigual y desacelerado. A ello se suma que aún persistan importantes brechas sociales y de infraestructura, cuya solución amerita analizar las propuestas de los candidatos presidenciales.

 

Bereche afirma que el plan de gobierno de Perú Libre plantea la creación de estados federados, lo que implica, que los gobiernos regionales gocen de autonomía e independencia absoluta para la elaboración de sus propias normas jurídicas, tributarias, económicas, administrativas y políticas, entre otras.

 

No obstante, considera que ello no es viable, pues se trata de una propuesta que, además de tardar muchos años en ponerse en práctica, solo sería posible si se cambia nuestro modelo constitucional de Estado, lo que significa un cambio de todo el sistema.

 

Respecto a Fuerza Popular, que plantea evaluar el proceso de descentralización, con el fin de establecer nuevas funciones que contribuyan a la autonomía de los gobiernos regionales y municipales, Bereche asegura que ello ayudará a contrarrestar el centralismo.

 

Finalmente, manifiesta que le preocupa que no se haya realizado una evaluación para determinar cuáles son los problemas de los gobiernos locales y regionales con respecto a la descentralización y que impiden que esta opere positivamente.

 

Mayores obras de infraestructura

 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, Eduardo Ojeda, indica que dicha región está muy diversificada en sus actividades productivas como la minería, pesca, agricultura, comercio y manufactura.

 

En tal sentido, comenta que para mejorar la productividad de estas actividades en necesario que los candidatos presidenciales expongan la importancia de desarrollar obras de infraestructura que permitan bajar los costos logísticos y hagan de esta región más competitiva.

 

“En la actualidad nuestra región está a nivel nacional en el penúltimo lugar de vías asfaltadas. Por ello, sugerimos que se elabore un plan maestro que permita mejorar la conectividad vial entre los centros poblados con los lugares de producción y las zonas turísticas.

 

Esto mediante Obras por Impuesto (OxI), para que las empresas financien obras viales que estén dentro de su zona de influencia”, explica. Ojeda asevera que es “increíble” que, siendo Ica una de las zonas agroindustriales más potentes del país, no cuente con vías de comunicación asfaltadas, lo que encarece los costos logísticos.

 

Por último, el presidente de la Asociación Cámara de Comercio Regional Huancavelica, Mariano Aguilar Quispe, pide, tanto a Fuerza Popular como a Perú Libre, que se enfoquen en implementar una vacunación masiva contra la COVID-19, ya que, sin ellas, no se puede hablar de una reactivación económica, privada y pública.

 

“Necesitamos programas de apoyo financiero para todos los microempresarios de la región, ellos son los que mueven la economía de Huancavelica”, puntualiza.

 

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales nos presenta dos candidatos: Keiko Fujimori por Fuerza Popular (FP) y Pedro Castillo por Perú Libre (PL), ambos con programas de gobierno diametralmente opuestos. Bajo la difícil coyuntura económica y crisis sanitaria severa, consideramos necesario presentar ambas propuestas en aspectos relevantes para el sector empresarial que nos den luces sobre las medidas que se aplicarían en nuestro país a partir de julio de 2021.

 

Régimen económico

 

Fuerza Popular (FP) plantea mantener el régimen económico vigente, establecido en la Constitución Política de Perú de 1993, es decir, una economía social de mercado donde la iniciativa privada es libre. A su vez, en este marco, el rol del Estado se circunscribe en áreas de promoción del empleo, salud, educación, servicios públicos e infraestructura.

 

Según FP, en su eventual gobierno, el Estado realizará subsidiariamente actividad empresarial, además de facilitar y vigilar la libre competencia, así como garantizar y otorgar seguridades contractuales.

 

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Por su parte, Perú Libre propone ejercer un régimen económico denominado “economía popular con mercado”, tomando como referencia las experiencias boliviana y ecuatoriana.

 

En este modelo, el Estado asume un rol diametralmente opuesto al establecido en la Constitución Política del Perú de 1993, pues se convierte en planificador, empresario, industrializador, nacionalizador, y redistribuidor de riqueza. Incluso, se considera a la Constitución del Perú de 1979 como conservadora y defensora de la oligarquía empresarial, en donde se reservaba al Estado una ventana para salvaguardar algunos intereses.

 

Inversión privada

 

La inversión privada ha significado alrededor del 20% del PBI en la última década y necesitamos alcanzar un mayor índice para lograr un crecimiento económico sostenido. Según el IEDEP, Perú dispone de una cuantiosa cartera de inversión de la cual forman parte los capitales privados a través de concesiones en los sectores minería, hidrocarburos, electricidad y transporte.

 

En este último sector existen 31 contratos que en los próximos años tienen compromisos de inversión por US$ 6.984 millones. Con respecto a la inversión, FP plantea inicialmente –en el corto plazo– un clima propicio a través de un plan de acción.

 

Asimismo, promoverá el mecanismo de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos, especialmente en los sectores agua, saneamiento, turismo y energía limpia. Por su parte, PL considera a Proinversión como un organismo perverso. Además, hace mención a las inversiones en el sector transporte bajo la modalidad de concesión indicando que serán revisadas.

 

Inversión Pública

 

Desde el año 2007, el presupuesto de inversión pública se ha ido descentralizando hacia los gobiernos subnacionales. Sin embargo, los niveles de ejecución de estos últimos han sido bastante bajos, alrededor del 60% para los gobiernos locales y 64% para los gobiernos regionales.

 

En ese sentido, Fuerza Popular plantea que la inversión pública en infraestructura debe ser gestionada por unidades ejecutoras y programas especializados en cada uno de los sectores. En cambio, el partido Perú Libre aboga porque la inversión pública se concentre en las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales.

 

Sistema Tributario

 

A marzo de 2021, la base tributaria asciende a 10,6 millones de contribuyentes, siendo el 0,15% los principales contribuyentes, en tanto dentro de los restantes destacan los trabajadores independientes con una participación del 79%. ¿Cómo mejorar la recaudación y a la vez ampliar esta base?

 

FP propone un sistema tributario pensado en el contribuyente, con tributos mínimos, transparentes, no arbitrarios y sencillos. Para ello, plantea orientar la gobernanza de Sunat hacia la formalización y no solo en la maximización de la recaudación.

 

Por su parte, PL elevaría el impuesto a la renta empresarial al 70% u 80% de las utilidades, además eliminaría exoneraciones y convenios de estabilidad tributaria. Incluso, alega a favor de la descentralización tributaria, es decir, que los gobiernos subnacionales podrán gravar y recaudar tributos.

 

Pensiones

 

El número de afiliados activos al Sistema Privado de Pensiones (SPP) asciende a 7,8 millones de trabajadores y la cartera administrada por las AFP es de US$ 44.548 millones, un equivalente al 22,9% del PBI. Se trata de fondos privados que corren el riesgo de ser expropiados.

 

En paralelo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) administra los recursos de alrededor de 4,5 millones de afiliados activos en el SNP. FP propone una reforma del sistema previsional a través de mayores mecanismos que aseguren pensiones dignas, creación de instrumentos financieros para que el afiliado acceda a sus fondos sin perder el derecho a una jubilación, y contribución solidaria de los grandes ahorristas hacia aquellos con menos recursos.

 

Mientras que PL propone fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones y eliminar paulatinamente el Sistema Privado de Pensiones al que considera una forma de esclavitud moderna.

 

Formalización

 

FP apuesta por crear la Comisión Nacional para la Formalización (Conafor) que estará conformada por entidades de los tres niveles de gobierno, representantes de la sociedad civil y gremios empresariales. Entre sus funciones estará elaborar un plan nacional para la formalización.

 

Por el lado de PL, se apunta a formalizar al empresariado peruano con la finalidad de que se desarrolle e inserte al Estado. Cita como ejemplo que las empresas en selva (madereras), sierra (textiles) y costa (pesqueras) deben ser aprovechadas para, con el potencial captado de las experiencias de sus actores directos, poder reemplazar paulatinamente al empresariado extranjero.

 

Remuneraciones

 

Desde abril de 2018 la remuneración mínima asciende a S/ 930. Al respecto, el partido de la candidata Keiko Fujimori no sienta posición sobre el tema. Por su parte, el partido que representa Pedro Castillo considera que urge una política clara sobre remuneraciones en consenso entre el gobierno, colegios profesionales y trabajadores.

 

Se considera que las ganancias de una empresa no son producto del trabajo individual, sino del trabajo colectivo. Hace referencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien planteó que los sueldos de los empresarios deberán ser múltiplos de las remuneraciones de los obreros, de tal forma que pagará a su obrero menos calificado no menos de veinte veces su propio sueldo.

 

Déficit fiscal y deuda pública

 

En la historia económica peruana, los años de menor crecimiento económico están asociados a elevados déficits fiscales, tal como ocurrió durante la década de los 80. La estabilidad macroeconómica es un fundamento esencial para buscar un crecimiento sostenido.

 

FP devolvería al Banco Central de Reserva del Perú el papel de supervisor de las reglas fiscales. En tanto, PL propone un Estado sin deuda externa y superávit fiscal con base en los ingresos generados luego de obtener la soberanía de los recursos.

 

Programas sociales

 

En el periodo 2016-2021 los programas sociales adscritos al Midis (Juntos, Cuna Más, Qali Warma, Foncodes, Pensión 65, Contigo y País) han recibido, en promedio, un presupuesto superior a los S/ 4.000 millones. Para FP, los desembolsos en esta materia deben ser considerados inversión social.

 

En ese sentido propone ampliar la cobertura de Cuna Más, fortalecer el Vaso de Leche y Comedores Populares, garantizar que los beneficiarios de Qali Warma reciban alimentación en un contexto de educación a distancia, perfeccionar la cobertura de Pensión 65, continuar con los programas del Ministerio de Trabajo que buscan capacitar y promover empleos dignos, y fortalecer Foncodes, buscando la generación oportunidades económicas para hogares pobres.

 

Por el lado de PL, no se identifican propuestas puntuales.

 

Barreras burocráticas

 

Indecopi reporta que en 2020 fueron eliminadas más de 4.600 barreras burocráticas en 89 entidades públicas. ¿Qué plantean los candidatos al respecto? FP implementaría la interoperabilidad de los sistemas de diversas entidades públicas, evitando incluir cobros innecesarios y pérdida de tiempo cuando la información se encuentre en el propio Estado.

 

PL plantea que las actividades que son competencia de las regiones y provincias deben ser totalmente descentralizadas con la finalidad de eliminar trabas burocráticas.

 

Conclusiones y recomendaciones

 

Se identifican medidas opuestas debido a que ambos partidos toman como base modelos económicos distintos. Por un lado, FP, la economía social de mercado y, por el otro, PL, una economía popular con mercado. En el primero de estos regímenes, el sector privado tiene un rol protagónico pues, por ejemplo, participa invirtiendo en los sectores energía, minería, transporte y sectores diversos.

 

En cambio, en el segundo régimen el papel principal lo desempeña el Estado a través de empresas públicas. A estas alturas de las elecciones, es importante que ambos partidos expliquen cómo plasmarán sus propuestas, pues en ambos casos son bastante generales.

 

En el caso de FP es esencial conocer cómo promoverá la inversión privada, cómo logrará que las entidades públicas ejecuten sus presupuestos de inversión, cuáles son esos instrumentos alternativos que mejorarán el sistema previsional, cuál es su posición respecto a la remuneración mínima vital, y qué metas de déficit fiscal y deuda pública espera al culminar su gestión.

La Cámara de Comercio de Lima y Perucámaras, organizaron el evento Mesa de Diálogo 2021 donde participaron cuatro partidos políticos los que presentaron sus planes de gobierno referente al tema de Infraestructura.

 

En esta sesión estuvieron presentes los candidatos de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), Victoria Nacional (VN) y Podemos Perú (PP), donde disertaron sobre la importancia de destrabar proyectos de envergadura, la restructuración del Estado, y las funciones de la Contraloría.

 

Al respecto, el director Institucional de la CCL, Carlos Posada, destacó que, ante esta coyuntura, es esencial contar con planes de Gobierno que contengan políticas y acciones que incluyan el desarrollo de carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas de comunicación, para que doten al Perú de una logística adecuada para competir con ventaja en el comercio internacional.

 

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“El desarrollo de la infraestructura física desempeña un papel fundamental en el progreso económico, social y cultural de los pueblos, permitiendo a la sociedad funcionar de manera articulada y a la economía prosperar de manera sostenida”, resaltó.

 

Por su parte, el presidente del gremio de Infraestructura e Ingeniería, de la CCL, Luis Felipe Quiroz señaló que, a un año de la pandemia se necesita de soluciones que impulsen el avance de los proyectos, sobre todo en el sector salud donde ha quedado evidenciado las múltiples carencias del sistema sanitario.

 

En ese sentido, los candidatos coincidieron en que se debe alistar acciones para el destrabe de los grandes proyectos, con una reforma integral del Estado donde se impulse la inversión pública y privada y sus beneficios tengan alcance a la población.

 

“Ello implica una reorganización de todos los sectores donde se incluya a los gobiernos regionales y locales. Necesitamos una visión integral del Estado, donde las instituciones estén articuladas y contemplen estrategias. Además, el tema infraestructura debe ser visto como un medio, mas no un fin, para lograr competitividad”, así lo afirmó el candidato de PP, Juan Carlos Paz.

 

Respecto a la gestión en infraestructura, Paz añadió que su partido creará el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ente técnico que tendrá el encargo de licitar los proyectos en todos los sectores.

 

Por su parte el jefe del plan de gobierno de APP, Daniel Córdova, aseguró que una gran tarea es cambiar el actual modelo que ha fracasado.

 

“Urge restructurar el poder Ejecutivo en su totalidad. Hay una suerte de “religión financiera” que ha obnubilado las cifras macroeconómicas. No basta contar con una economía sana si todavía persiste infraestructura precaria y sin servicios básicos en zona vulnerables del país”, afirmó.

 

Por su parte el candidato de VN, Alberto Ñecco dijo apostar por la reorganización del Estado con enfoque en la optimización de procesos donde prime la transparencia para evitar los casos de corrupción.

 

“Hace falta un reordenamiento de proyectos por lo que sería conveniente la creación de un Ministerio de Planeamiento donde se generen obras con conectividad. En el Plan Nacional de Infraestructura casi el 80% de los proyectos están adjudicados, pero a su vez están trabados debido a la tramitología, la burocracia y complejidad de los procesos impiden su avance”, indicó.

 

Potenciar la Contraloría

Respecto a las funciones de la Contraloría General de la República, el candidato de PP, Juan Carlos Paz, sostuvo que dicha institución debería cambiar sus acciones de control los que desincentivan el avance de los proyectos y la toma de decisiones de los funcionarios.

 

“Se debe potenciar la Contraloría, tanto nivel tecnológico con transformación digital, así como el capital humano, donde haya un control más concurrente junto al ministerio de Fomento que proponemos”, precisó.

 

Paz planteó la creación de mecanismos adicionales a la Contraloría como formar una Comisión Independiente contra la Corrupción, así como impulsar una ley donde se incentive a los ciudadanos a denunciar a los funcionarios que cometan actos de corrupción.

 

Para el vocero de FP, Jaime Abensur, la Contraloría debe tener un rol de acompañamiento con auditores capacitados en gestión y no solo en fiscalización. “También debe dejar de ser tan formalista y entender el margen de discrecionalidad y se permita al funcionario en la toma de decisiones”, acotó.

 

En tanto para el representante de VN, Alberto Ñecco, la Contraloría debe determinar claramente sus competencias para evitar excesos en sus acciones, reforzar los procesos de control concurrente y ofrecer respaldo al funcionario en la toma de decisiones.

 

Finalmente, el representante de APP, Daniel Córdova, afirmó que la Contraloría padece de un problema normativo y de gestión y también coincide que es necesario un mayor control concurrente. Por otro lado, resaltó la necesidad de restructurar el Estado dado que se ha convertido una traba permanente para el emprendimiento y el desarrollo económico.

 

El capítulo económico de la Constitución, el rol del Banco Central de Reserva, la reducción del déficit fiscal, la generación de empleo y las reformas de los regímenes tributarios fueron los temas que debatieron cinco agrupaciones políticas que participaron en la Mesa de Diálogo sobre Economía y Finanzas, organizada por la Cámara de Comercio de Lima y Perucámaras.

 

De esta manera, los jefes de los planes de gobierno del Frente Amplio (FA), Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), Victoria Nacional (VN) y Podemos Perú (PP), expusieron sus principales propuestas en materia económica.

 

Según el primer vicepresidente de la CCL, Alberto Ego-Aguirre, preocupa que, en esta campaña política atípica por la pandemia, varios grupos políticos pretendan cambiar las reglas de juego, modificando sin mayor análisis ni discusión la Constitución Política del Perú, por ello, resaltó la importancia de este tipo de debates.

 

Atribuciones para el BCR

En tal sentido, uno de los temas en el que coincidieron las cinco agrupaciones políticas fue en mantener la autonomía del BCR, además de promover la inversión privada, así como mejorar la productividad, luchar contra la informalidad, sobre todo en la micro, pequeña y mediana empresa, y la revisión de los regímenes tributarios.

 

“El BCR ha venido realizando excelente labor durante la pandemia, pero también puede intervenir en una coyuntura como esta para aliviar la economía”, indicó el jefe del plan de gobierno de APP, Daniel Córdova.

 

El representante de FP, Hernando Guerra García, sostuvo que, dentro de sus atribuciones, el ente monetario también debería dar una mirada sobre el empleo e informalidad. “Queremos introducir también un directorio similar al BCR en la Sunat, para que tenga metas específicas hacia la formalización”, agregó.

 

Para Javier Dávila, de PP, la solvencia del BCR no está en duda, pero generar cambios y darle otras funciones puede ser muy riesgoso en esta coyuntura.

 

Asimismo, el jefe del plan de gobierno de VN, Jorge Chávez, comentó que si bien la autonomía del BCR se debe mantener, se necesita revisar la forma de renovar los directores para que no se vinculen con el partido que Gobierna.

 

En esa misma línea, Farid Matuk, de FA, mencionó que se debe evitar el secuestro del BCR en caso el Ejecutivo logre mayoría en el Congreso. “Además, las políticas de crédito subsidiado pueden generar una puerta abierta a un populismo rampante”, añadió.

 

Capítulo económico

Uno de los puntos que más generó controversia de ideas fue el capítulo económico de la Constitución. Así, Farid Matuk (FA) recalcó la necesidad de un cambio de Constitución en la que se elimine capítulo económico completo, para modernizarla y centrarla en los derechos de las personas.

 

Mientras que Daniel Córdova (APP) refirió que dicho capítulo sí se debe mantener, pero también se necesita reformar las empresas estatales, ya que el modelo económico ha fracasado como modelo de desarrollo.

 

Por su parte, Nano Guerra García (FP) señaló que no se deberían hacer cambios en este tema porque la Constitución actual ha permitido afrontar la coyuntura complicada.

 

De igual manera, Javier Dávila (PP) precisó que, por el contrario, se deben generar normas económicas para mantener la competencia en el mercado y la subsidiariedad del Estado.

 

Al respecto, el jefe del plan de gobierno de VN, Jorge Chávez, destacó que el Perú es el único país en el mundo que establece un principio de subsidiariedad negativo y absoluto en su Constitución, por tanto, este principio debe mantenerse, pero también hay que revisarlo para apostar por financiar otro tipo de proyectos.