La pandemia del COVID-19 sigue dejando a su paso la estela no solo de una deficiente infraestructura administrativa y sanitaria incapaz de enfrentarla, sino también de una profunda crisis económica que desde el primer día implicó un duro golpe al empleo en nuestro país, donde el 75% de la fuerza laboral es informal.
Hasta el momento, más de 2 millones 180 mil peruanos han perdido su trabajo –tanto formal como informal- y con ello la fuente de ingresos con la que garantizaban a sus familias ya no solo un mínimo de bienestar, sino el acceso a servicios tan básicos como el agua, la electricidad, una vivienda, la salud e incluso la educación.
Desde el primer momento en que se decretó la severa cuarentena el 16 de marzo del 2020, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) propuso formar un grupo de coordinación entre los sectores público y privado con la finalidad de elaborar una estrategia para enfrentar la crisis económica que se veía venir al cerrarse todas las actividades productivas y de servicios, que también incluyera un plan para restablecer las condiciones para recuperar los puestos de trabajo perdidos.
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A más de un año de lo ocurrido, no hubo de parte del gobierno anterior y no existe de parte del actual gobierno transitorio, ningún tipo de propuesta. Ni para enfrentar las graves deficiencias en materia de salud, ni para dinamizar la economía y mucho menos para generar empleo.
No puede ser menos irónico que iniciemos un mes en el que conmemoramos el Día del Trabajo, en esta situación. Y no puede ser que excusándose en que estamos en la segunda vuelta de un proceso electoral, el actual gobierno provisional eluda esta responsabilidad, pues aún le quedan tres largos meses de gestión para -precisamente- trabajar en esta materia.
Pero corresponde también a los candidatos, el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, precisar en detalle qué es lo que plantean hacer a partir del 28 de julio, cuando uno de ellos asuma la Presidencia de la República, para recuperar los puestos de trabajo que tanto necesitan los peruanos y ahora -además- la gran cantidad de migrantes que han llegado a nuestro país huyendo de un régimen dictatorial que los sumió en la indigencia y recortó sus libertades.
Anuncios como la “nacionalización” de empresas, renegociación forzada de contratos, aplicación de impuestos sin criterio técnico y la disolución de instituciones constitucionales; o promesas de repartir dinero a diestra y siniestra o incrementar presupuestos en modo farra fiscal, no contribuyen a generar la confianza y estabilidad requeridas para alentar las inversiones privadas a través de las cuales se crean puestos de trabajo y se incentiva el consumo y la demanda, que son el a, b, c para echar a andar cualquier economía.
Llama la atención que hasta ahora haya quienes no entiendan que sin inversión privada –que explica el 80% de toda la inversión en el país- y sin empresas libres de contratar, operar y planificar, no hay posibilidad de crear trabajo.
El empleo que nuestro país tiene y tuvo se debe en gran medida al sector privado. Solo el año pasado la inversión privada representó el 17,2% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que la inversión pública apenas significó el 4%.
Es la inversión privada la que genera la mayor cantidad de empleo formal y de calidad de nuestro país. A ella se suma el sector informal, que también fruto de iniciativas privadas, da trabajo y recursos a millones de familias, aunque en condiciones precarias donde la incertidumbre es pan de todos los días.
Tengamos en cuenta esta situación este 6 de junio cuando nuevamente acudamos a las urnas a elegir a quién confiaremos el destino de nuestro país.
