La deuda pública se ha convertido en un tema crucial dentro de los debates económicos globales. Los gobiernos recurren a esta para financiar proyectos claves, estabilizar economías en crisis o enfrentar emergencias. Inicialmente, un incremento en la deuda pública puede estimular la economía al financiar inversiones productivas, mejorar infraestructura e incluso generar empleo. Sin embargo, cuando los niveles de deuda exceden ciertos umbrales, los efectos negativos sobre la economía comienzan a manifestarse, afectando el crecimiento del PBI y la estabilidad fiscal de los países.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque la deuda pública puede estimular la economía inicialmente, en el mediano plazo puede generar un impacto negativo en el crecimiento, especialmente cuando los niveles de endeudamiento ya son elevados. Este exceso de deuda tiende a desplazar el financiamiento privado, elevar los rendimientos exigidos por los inversores y desviar recursos del presupuesto público hacia el pago de intereses. Con ello, se reduce la capacidad para invertir en infraestructura y servicios públicos claves.

Al analizar la relación entre el crecimiento promedio de los últimos 13 años y los niveles de deuda de cada país, se observa una tendencia negativa en las economías avanzadas: a medida que aumenta el endeudamiento, el crecimiento del PBI tiende a disminuir, aunque con cierta dispersión en los datos. Los altos niveles de deuda pueden limitar la capacidad de inversión y frenar el dinamismo económico. En los países emergentes, la relación es similar pero menos definida. La mayor dispersión observada en este grupo indica que el impacto del endeudamiento sobre el crecimiento varía significativamente, tomando en cuenta que las economías emergentes tienen una mayor flexibilidad para renegociar su deuda, lo que da un margen para postergar políticas de ajuste.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado que la deuda pública mundial supera los US$ 100 billones, lo que equivale al 93 % del PBI global, y se proyecta que podría alcanzar el 100 % en el 2030 si persisten las tendencias actuales. Aunque se prevé que aproximadamente dos tercios de los países lograrían estabilizar o reducir sus niveles de deuda pública, el tercio restante enfrentaría una tendencia al alza. Estos países concentran más de la mitad de la deuda pública global y contribuyen con alrededor de dos tercios del PBI mundial.

DEUDA EN ECONOMÍAS AVANZADAS

En las economías avanzadas, el crecimiento de la deuda responde principalmente a déficits fiscales persistentes y políticas expansivas para estimular el crecimiento económico, mientras que, en los países en desarrollo, el acceso al financiamiento externo ha sido crucial para cubrir necesidades críticas, aunque ha incrementado su vulnerabilidad financiera.

Europa, Japón y Estados Unidos son claros ejemplos de economías con altos niveles de endeudamiento. En Europa, la deuda pública de España alcanzó el 105,3 % del PBI en el segundo trimestre de 2024, mientras que Italia y Grecia también mantienen niveles superiores al 100 %. En Japón, la deuda pública supera el 200 % del PBI, impulsada en parte por una población envejecida y los crecientes gastos en seguridad social. Por su parte, la deuda pública de Estados Unidos ha superado el 100 %, manteniéndose en niveles históricamente altos.

DEUDA EN PAÍSES EMERGENTES

Entre los países emergentes con altos niveles de deuda destacan Argentina, Brasil e India. En Argentina, el nivel de endeudamiento alcanzó el 155 % del PBI para el 2023, aunque se espera que este se reduzca al 91,5 % para el 2024. En el caso de Brasil, la deuda pública representó el 85 % del PBI en el 2023, con previsiones de un ligero aumento al 88 % del PBI para este año. Por su parte, la India mantuvo un nivel de endeudamiento del 83,1 % del PBI el año pasado.

Por otro lado, algunos países destacan por sus bajos niveles de endeudamiento (menores al 30 % del PBI), como Puerto Rico y República Democrática del Congo. En el 2023, la República Democrática del Congo registró un nivel de deuda pública del 14,4 % del PBI, con una previsión de reducción al 11,5 % para este año. Por su parte, Puerto Rico reportó un endeudamiento equivalente al 16,7 % del PBI en el 2023, esperando un ligero aumento al 17,7 % en 2024.

En el caso de nuestro país, este se encuentra en la categoría de endeudamiento medio (del 31 % al 50 % del PBI), con un nivel estimado del 34,1 % del PBI para el 2024. Empero, hay que recordar que entre el 2012 y 2014 esta se ubicaba por debajo del 20 %. El nivel actual de deuda lo coloca junto a otros países emergentes, como Chile, que mantiene un 41 % del PBI; Paraguay, con 41,9%; e Indonesia con 40,5 %; reflejando un manejo moderado de la deuda pública en relación con sus economías.

¿CÓMO REDUCIR LA DEUDA?

La reducción de la deuda pública requiere una estrategia cuidadosamente diseñada para evitar impactos negativos sobre el crecimiento económico. Una de las principales recomendaciones es generar superávits fiscales, es decir, que los ingresos de los gobiernos superen sus gastos. Sin embargo, esta medida puede tener consecuencias adversas, como la reducción de la inversión en sectores fundamentales para el desarrollo a largo plazo.

Asimismo, incrementos en la carga tributaria pueden disminuir el consumo y la inversión privada, afectando el dinamismo económico.

Para mitigar estos efectos, el BID sugiere que la consolidación fiscal debe priorizar la eficiencia del gasto público e ingresos fiscales que no perjudiquen el crecimiento. Por su parte, el FMI recomienda diseñar estrategias que minimicen los efectos contractivos, como implementar reformas estructurales que mejoren la eficiencia del gasto y fomenten la inversión privada.

Las economías avanzadas podrían reorganizar sus prioridades de gasto, reformar los programas de prestaciones sociales e incrementar la recaudación en áreas con baja carga impositiva. En los países emergentes, existe mayor potencial para ampliar las bases tributarias y mejorar la administración fiscal, al mismo tiempo que se refuerzan las redes de protección social y se garantiza la inversión pública para promover el crecimiento sostenible.

Según el FMI, es preferible un ajuste fiscal gradual y sostenido, ya que limita el impacto negativo sobre la economía y la desigualdad, siendo hasta un 40 % menos perjudicial que un ajuste abrupto.

En el caso del Perú, controlar el déficit fiscal es crucial para evitar un incremento insostenible en el nivel de deuda pública. La acumulación de déficits recurrentes (flujos) es la principal causa del crecimiento de la deuda (stocks), por lo que resulta esencial priorizar medidas que fortalezcan los ingresos fiscales y optimicen el gasto público. Esto incluye mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria y reducir las exoneraciones fiscales no justificadas. Además, es importante garantizar una asignación de recursos enfocada en áreas prioritarias, evitando sobrecostos y desperdicios que agraven la situación fiscal.

Gestionar el endeudamiento público de manera eficiente sin dejar de promover infraestructura crítica implica avanzar en las nuevas modalidades como asociaciones público-privadas (APP), concesiones y acuerdos de gobierno a gobierno (G2G). Estas herramientas permiten atraer inversión privada y optimizar la ejecución de proyectos, asegurando estándares de calidad y reduciendo riesgos de corrupción.

Por otro lado, las APP permiten movilizar capital privado para financiar, construir y operar grandes proyectos de infraestructura, como carreteras, aeropuertos y sistemas de transporte masivo. Al asumir los riesgos de inversión, el sector privado alivia la carga fiscal del Estado, promoviendo el desarrollo sin comprometer los recursos públicos.

En resumen, la deuda pública mundial es un desafío crítico para la estabilidad económica global. La implementación de estrategias fiscales responsables y reformas estructurales permitirá equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad fiscal. Tanto economías avanzadas como emergentes deben adaptarse a sus realidades específicas para gestionar el endeudamiento de manera eficiente, garantizando un desarrollo sostenible a largo plazo.

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Durante estos dos años de crisis sanitaria debido a la COVID-19 la mayoría de países en el mundo utilizó su espacio fiscal para contener los efectos de la pandemia. En ese sentido, la directora de la Iniciativa Latinoamericana Centro para el Desarrollo Global, Liliana Rojas-Suarez, señaló que el uso de espacios fiscales y expansionales por esta coyuntura fue lo correcto porque se necesitaba hacerlo.

 

“Perú tenía espacio fiscal y lo utilizó, y si bien la deuda aumentó, si en este momento hacemos una comparación de la deuda gubernamental de Perú con la mayoría de otros países emergentes esta es relativamente baja”, destacó en entrevista para la Cámara.pe.

 

No obstante, detalló que ahora es importante volverlo a corregir y lo que se necesita hacer para ganar la confianza de los mercados, dijo, es reconstituir el fondo de estabilización fiscal.

 

“Eso es lo que se está esperando ver de Perú, que una vez que haya pasado la crisis más importante comience a reconstruirse para llegar adonde estaba, si lo logra entonces los mercados dirán, por lo menos en la parte macro, que el país está en la capacidad de repagar sus deudas”, explicó.

 

Desincentiva la inversión

Asimismo, Rojas-Suarez, afirmó que otro problema que presenta el Perú en este momento es la incertidumbre política que desincentiva mucho la inversión. Agregó que esta situación va en contra del crecimiento y si esta baja, se reduce la recaudación fiscal.

 

“Tienes por un lado la recolección de impuestos, la recuperación económica por los precios del cobre, pero si baja el crecimiento tienes que tener cuidado porque eso se logra con inversión y esta inversión llega cuando se tiene expectativas de certidumbre y no de incertidumbre”, puntualizó.

La deuda pública en el Perú sigue siendo una de las más bajas de América Latina. No obstante, es importante que el Gobierno empiece ya a modular y priorizar sus gastos para evitar que esta se incremente y ponga en riesgo la estabilidad económica del país.

 

Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, señala que la deuda pública peruana se incrementó en cerca de 10 puntos del PBI durante la crisis del 2020, medida que califica de acertada porque la situación lo ameritaba por lo excepcional de la crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19.

 

“Felizmente el Perú tenía y tiene fundamentos sólidos que le permitieron ampliar su déficit fiscal en casi nueve puntos del PBI y que le permitió seguir endeudándose en los mercados internacionales a tasas competitivas”, precisa.

 

Castilla explica que el Perú tiene una regla fiscal que es el plan de acción que asegura que las finanzas públicas sean sostenibles y contribuyan a la estabilidad de la economía que ahora está suspendida por la crisis sanitaria, que decía que la deuda, con respecto al producto, no puede superar el 30% del PBI y tenía un tope de déficit del 1%.

 

Refiere, además, que para el 2022, el Gobierno, a través del Decreto de Urgencia N° 079-2021 ha establecido de manera excepcional que el déficit fiscal será de 3,7% y la deuda de 38% del producto. “Lo que ha hecho el Gobierno es una cosa medio rara. Ha puesto una regla solamente para un año (2022), pero que no restituye las reglas fiscales que deberían ser atemporales con un horizonte largo de tiempo que marque una trayectoria”, advierte el ex titular del MEF.

 

 

La crítica al gobierno 

 

El ahorro acumulado en el Fondo de Estabilización Fiscal llegó a tener en su momento entre US$ 5.000 y US$ 6.000 millones, los que se gastaron completamente durante la crisis. Según Luis Miguel Castilla, la crítica al Gobierno está por el lado de que sigue endeudándose, pese a tener una recuperación de los ingresos tributarios muy importantes.

 

“El Gobierno ha logrado una recaudación excepcional a través del pago de ciertas deudas tributarias que todavía están en protesto y que van a continuar su proceso judicial. Las empresas que están en esta controversia decidieron adelantar el pago cancelando S/ 6.500 millones de deuda tributaria en litigio. En lugar de poner ese ingreso excepcional para reponer el Fondo de Estabilización, lo que ha hecho el Gobierno es emprender un gasto público expansivo a través de transferencias, subsidios y otorgando bonos carísimos”, resalta.

 

Castilla menciona que otra de las consecuencias de esta política expansiva es que se tiene un nivel de deuda mucho más alto. “Las reglas fiscales han sido fundamentales en la historia del Perú para asegurar que el país sea solvente y, si no hay reglas, siempre habrá la duda de que haya una farra fiscal y ahí podríamos tener no solo un deterioro más de la calificación crediticia, sino que podemos perder el grado de inversión”, puntualiza.

 

Evitar que el ratio deuda-PBI siga subiendo

 

Según el economista jefe para el Perú del BBVA Research, Hugo Perea, si bien la deuda pública en el tercer trimestre se elevó en 0,7 puntos porcentuales del PBI, lo positivo es que aún con ello los niveles de endeudamiento como porcentaje del PBI son uno de los más bajos en América Latina y del mundo en general.

 

“Hay que recordar que, en el cuarto trimestre del 2019, este ratio de deuda pública sobre PBI estaba en 27% y ahora estamos en casi 35%. Ha subido y el país se ha endeudado más y lo que se tiene que hacer hacia adelante es un mayor esfuerzo para evitar que ese ratio siga subiendo. Es ahí donde uno podría tener cierta preocupación”, remarca.

 

Agrega que, si no se modera el gasto lo suficiente, el endeudamiento público como porcentaje del PBI puede seguir aumentando en los próximos años a niveles que ya eventualmente generen problemas, incluso, de crecimiento económico de mediano plazo.

 

Perea refiere que el servicio de deuda pública ha incrementado su participación en el presupuesto, pues este año y los tres anteriores representaban el 8%, mientras que para el 2022 superará el 11%.  “El otro elemento que hay que destacar es que ha aumentado la dolarización de la deuda pública y no se quiere eso para evitar un descalce por monedas en las finanzas públicas”, subraya.

 

 

Precaución del Consejo Fiscal 

 

Por su parte, el docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), Marcel Ramírez, señala que el Consejo Fiscal ha mostrado su preocupación respecto al manejo de la deuda pública del Gobierno porque ha observado mucho desorden en la manera en cómo se está conduciendo el gasto público en los últimos meses del año.

 

“Lo que se aprecia es un desorden en el manejo fiscal, sin demostrar un objetivo muy concreto para qué se va gastar. Y, claro, esto lleva a que se siga emitiendo deuda aun cuando hay mayor recaudación y teniendo también un presupuesto autorizado y que no se ha gastado”, explica.

 

Sostiene que la última observación del Consejo Fiscal es que estos cambios se tienen que dar por ley y no por decretos de urgencia porque el presupuesto se aprueba por ley, sobre todo las ampliaciones.

 

Para el docente de la UP una de las preocupaciones de este manejo de la deuda pública es que la calificación crediticia que le dan a nuestra deuda depende mucho de la sostenibilidad fiscal. “Con la pandemia se levantaron las reglas y no se han vuelto a restablecer y esa es una necesidad para justamente darle credibilidad a la política fiscal. Al no tener esa claridad, las empresas que están observando la calificación crediticia del Perú pueden eventualmente poner al Perú en observación”, finaliza.

El acceso a financiamiento internacional ha sido uno de los mecanismos para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria y económica que aún no terminamos de superar.

 

Como consecuencia de la crisis y el deterioro de las cuentas fiscales en todos los países de la región, la deuda pública de América del Sur llegaría en el 2021 a alrededor de US$ 2.531 billones, incrementándose en 36,2% respecto al 2010.

 

A partir de las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), se observa que en este periodo hay un grupo de países que ha más que cuadriplicado su deuda, como Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Otro bloque ha duplicado ligeramente su deuda como Argentina, Perú y Uruguay.

 

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Y un grupo reducido de economías, como Brasil, la incrementó en 10%. Mientras que Colombia y Venezuela la aumentaron en 80%, cada uno.

 

Con esta dinámica, Uruguay es el país de la región con el mayor nivel de deuda pública por habitante, que se estima en US$ 10.643.

 

Por eso, el nuevo presidente uruguayo anunció – al asumir el mando en marzo 2020– los objetivos de reducir el gasto público y reforzar la disciplina fiscal.

 

Le sigue Argentina con US$ 8.811 y Brasil, el único país que ha bajado su ratio de deuda por habitante, con US$ 6.899. México, Chile y Venezuela tienen niveles similares por encima de los US$ 5.000, lo mismo que Colombia y Ecuador, alrededor de los US$ 3.600.

 

Los tres países con menores registros son Bolivia (US$ 2.500), Perú (US$ 2.362) y Paraguay (US$ 1.837). Respecto al manejo de sus finanzas públicas, Brasil y Bolivia son los países que tienen que hacer ajustes en su política fiscal.

 

Si bien Brasil ha controlado el crecimiento de su deuda, ésta se encuentra en 98,4% del PBI y su déficit fiscal en 6,6% del PBI.

 

Entretanto, Bolivia es el país de la región con mayor déficit fiscal (8,8%) y una deuda que se ubica en 69% del PBI. Perú sigue siendo el segundo país con la menor deuda de la región.

 

En la actualidad, 29 países en el mundo tienen un nivel de deuda que supera el 100% de su PBI y tres de ellos por encima del 200% del PBI.

 

Se identifican también a 44 países con una deuda entre 70% y 100% del PBI. Hay 94 economías con un rango entre 30% y 70%, y apenas 20 por debajo del 30% del PBI, condición que Perú logró mantener hasta el 2019.

 

 

Deuda pública peruana 

 

De acuerdo con la información del MEF, al 31 de agosto la deuda pública peruana ascendió a US$ 72.305 millones (35% del PBI).

 

Como resultado de las políticas de gestión de la deuda pública aplicadas durante el nuevo siglo y el desarrollo del mercado de deuda para países emergentes, se redujo la exposición al riesgo de mercado que involucra las fluctuaciones de los tipos de cambio y las tasas de interés.

 

De este modo, el 54,2% de la deuda total es externa y el 45,8% restante interna. El 47,2% se encuentra expresada en dólares y el 46,1% en soles con una participación mínima en euros (6,1%) y yenes (0,6%).

 

Además, el 85,6% de la deuda pública está en bonos y el 14,4% corresponden a créditos otorgados por organismos internacionales.

 

El 89,7% está a tasa fija, lo que permite predictibilidad en su pago, mientras que el 10,3% a tasa variable, entre ellas la LIBOR 6M que es una tasa de interés empleada por instituciones financieras en el mundo y se obtiene a partir de las tasas que los bancos se ofrecen entre ellos por depósitos a corto plazo en el mercado de Londres.

 

La deuda pública se concentra entre el gobierno nacional (89,2%) y las empresas públicas (10,6%).

 

La deuda del gobierno nacional se encuentra distribuida proporcionalmente entre deuda interna y externa. En el caso de las empresas públicas, en cambio, el 93% es deuda externa y 7% deuda interna.

 

Corresponde a compromisos asumidos por Petroperú, Cofide, el Fondo MiVivienda por US$ 7.117 millones como deuda externa.

 

Por otra parte, la EPS Grau, EPS Ilo, Electro Tocache, así como las empresas financieras mencionadas con deuda interna, por un equivalente a US$ 537 millones.

 

 

Servicio de deuda

 

Los próximos diez años Perú deberá pagar un promedio anual de S/ 27.992 millones o su equivalente de US$ 6.827 millones por concepto de servicio de deuda pública, es decir, considerando pagos por amortización e intereses de deuda, tanto interna como externa.

 

Los flujos de pagos serán crecientes desde el 2022 hasta llegar a un techo de US$ 9.588 millones en 2026, monto que equivaldría al 20% del presupuesto de 2022.

 

Como punto de referencia para el próximo año se contempla destinar para el servicio de deuda el 11,7% de dicho presupuesto, lo que significaría casi el doble del presupuesto para cumplir con dichas obligaciones en 2026.

 

Importante agregar que el 54,2% de dicha deuda es interna y el 45,8% restante es externa. Otro periodo con las mismas características se tendrá en 2031, con un pago de US$ 9.722 millones.

 

Para el FMI, los países, y en especial las economías emergentes, enfrentan dificultades para gestionar su deuda pública, tomando en cuenta las mayores necesidades de financiamiento para enfrentar la crisis de la COVID-19, el riesgo de un menor acceso o mayor costo a los flujos internacionales de capitales, así como potenciales crisis en sus economías.

 

En el caso del Gobierno peruano, el DU 079-2021 de agosto del presente año, establece para el 2022 un déficit fiscal que no supere el 3,7% del PBI y que el nivel de deuda pública no debe superar el 38% del PBI.

 

Se espera que para los próximos años se siga con esta tendencia de reducción del déficit fiscal y retornar a un nivel de deuda pública por debajo del 30% del PBI en el mediano plazo. Paralelamente se deben corregir los factores políticos e institucionales que han provocado la rebaja en la calificación crediticia.