En el ranking de Competitividad Mundial 2024, el Perú se ubica en la posición 63 de 67 países, revertir esto es vital. Por ello es importante  que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) haya instalado, en febrero de 2024, la Comisión de Competitividad, presidida por Marysol León, con quien conversamos.

¿Cuáles el balance de las acciones desarrolladas por la Comisión de Competitividad desde su instalación?

El balance es positivo, ya que empezamos convocando a diversos especialistas de reconocida trayectoria para que formen parte de la Comisión. Luego sostuvimos reuniones con el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) para informarnos del trabajo que se realiza desde el sector público a favor de la competitividad y productividad del país. Nos dimos con la ingrata confirmación de que van por dos diferentes caminos.

Por ello, como Comisión nos planteamos el objetivo de apoyar en el diseño de políticas públicas que ayuden a mejorar la posición que tiene actualmente el Perú en el Ránking de Competitividad Mundial. Para ello seleccionamos cuatro de los nueve pilares que conforman el Plan Nacional de Competitividad, como son: institucionalidad, ambiente de negocios, infraestructura e innovación y se constituyeron equipos de trabajo para cada uno de ellos.

Lo que más destacó en negativo en la medición del referido ránking, fue el magro comportamiento del pilar de desempeño económico de nuestro país, con un alarmante retroceso hasta el puesto 60. Esta caída se debe a factores como la economía doméstica y el comercio internacional, que han mostrado escasos avances.

Para mejorar en este aspecto, es crucial atraer más inversiones y mantener la estabilidad económica. Por ello, desde el inicio de sus actividades, la Comisión de Competitividad ha trabajado intensamente en el Objetivo Nacional de Ambiente de Negocios.

A la fecha, ¿qué acciones viene desarrollando la Comisión que preside para impulsar la competitividad en el país?

La Comisión se reúne mensualmente. Esta primera etapa ha sido de levantamiento de información, dándole prioridad al objetivo nacional de ambiente de negocios, dado que, como indica el Banco Mundial, este ambiente debe ser flexible para alentar a las organizaciones a operar eficientemente, incentivando la innovación y el aumento de la productividad. Sin embargo, en el Perú, esto no sucede, por lo que los empresarios enfrentamos varios obstáculos que limitan estas oportunidades.

Uno de esos obstáculos es la informalidad laboral. Dado que ya se contaba con el estudio que la CCL encargó a Macroconsult, que plantea soluciones bien estudiadas de cómo enfrentar, en un primer nivel, esta problemática modificando los regímenes tributarios, se consiguió la actualización de dicho informe con datos pospandemia con la finalidad de analizar si las propuestas se ratificaban o debían ser mejoradas.

Consideramos que había llegado el momento de poner nuevamente sobre la mesa la discusión de la problemática de la informalidad, analizada desde varios puntos de vista. Además de reunirnos con representantes del sector público, lo hicimos con la alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, quien nos manifestó su deseo de llevar a cabo un evento que no solo tocara la problemática, sino cuál debería ser el camino para encontrar la solución.

Nos reunimos también con representantes del Banco Mundial, el BID, y otros actores, para coordinar cómo abordar esta problemática, difundirla y llegar a recomendaciones que deriven en acciones concretas.

Justamente el último  19 de noviembre, la Comisión de Competitividad realizó el ‘Foro Informalidad vs. Competitividad: El camino hacia el progreso sostenible’. ¿Cuáles fueron las principales recomendaciones q ue derivaron de este evento?

El foro sirvió como un espacio de discusión estratégica sobre los retos y oportunidades para reducir la informalidad. Una de las conclusiones fue que la informalidad no solo debilita la capacidad del Estado para recaudar impuestos, sino que también crea una competencia desleal para las empresas formales, incrementando los costos regulatorios. Además, afecta la legitimidad institucional, ya que muchas normas formales son ignoradas o ineficaces.

En cuanto a las recomendaciones, se propuso la formación de un Centro de Competitividad del sector privado, que desempeñe un papel fundamental en la reducción de la informalidad en el país y actúe como un puente entre las empresas informales y las herramientas necesarias para formalizarse.

Se recomendó implementar un sistema tributario simplificado y progresivo, eliminando regímenes especiales, salvo casos específicos, y basándose en las utilidades de las empresas. Esto incentivaría la deducción de gastos por planilla y reduciría la complejidad tributaria.

También se propuso el fortalecimiento de la protección social, creando un sistema universal que cubra tanto a trabajadores formales como informales, ofreciendo beneficios tangibles que incentiven la formalización.

Como resultado de dicho foro, remitiremos a la Dirección de Normatividad, Políticas Públicas, Articulación de Comisiones y Gremios de la CCL una propuesta de modificación tributaria que busque incentivar la formalización laboral. Esto se integrará en un proyecto de ley que pueda llegar a aprobarse en el Congreso.

PLAN DE ACCIÓN 2025

Para este nuevo año, ¿cuáles son los objetivos y acciones que planea realizar la Comisión de Competitividad?

Para 2025, la Comisión tiene como objetivo consolidar y ejecutar las iniciativas propuestas en el Foro Informalidad vs. Competitividad y alinearlas con la Hoja de Ruta de Lima. Esto incluye la promoción de reformas al sistema tributario y laboral, el fortalecimiento de la infraestructura digital para las mypes, y la creación de un Observatorio de Competitividad.

Entre las iniciativas destaca la propuesta de establecer Módulos o Ventanillas Únicas de Formalización, centralizando trámites para reducir la burocracia. Además, se promoverá la adopción de tecnologías digitales y la integración de prácticas de economía circular.

Seguiremos trabajando en la reforma de instituciones para que adopten un enfoque más colaborativo y menos punitivo. Esto incluye priorizar incentivos para la formalización en lugar de sanciones excesivas, y erradicar la corrupción.

¿Qué medidas considera que deben tom ar las autoridades para fomentar la competitividad en el país?

Las autoridades deben priorizar la simplificación normativa, el fortalecimiento de instituciones clave y la promoción de una economía más inclusiva. Esto incluye la adopción de un sistema tributario progresivo y la implementación de programas de capacitación para empresarios y trabajadores.

Asimismo, es fundamental que desarrollen proyectos de conectividad regional que faciliten el acceso a mercados y servicios públicos. Además, debe promoverse la colaboración público-privada para implementar soluciones innovadoras y sostenibles, como las discutidas en la Hoja de Ruta de Lima.

Algunas recomendaciones importantes para las autoridades son la simplificación normativa y la reducción de barreras burocráticas, con la unificación de regímenes tributarios; los Módulos Únicos de Formalización, con la creación de Ventanillas Únicas que centralicen y agilicen los trámites para la formalización empresarial, integrando Sunat, Sunarp y el Ministerio de Trabajo; y la Digitalización de procesos.

Las autoridades deben buscar el fortalecimiento institucional y gobernanza, cambiando el enfoque hacia un modelo de acompañamiento, priorizando incentivos para la formalización en lugar de sanciones excesivas, erradicar la corrupción y capacitar a los funcionarios públicos.

Asimismo, el Gobierno debe apostar por la inversión en infraestructura y conectividad con el desarrollo de proyectos estratégicos que mejoren la conectividad física; y dar incentivos para la formalización y productividad con la reducción de costos laborales no salariales; programas de financiamiento accesible; fomentando la asociatividad, entre otras medidas.

Estas medidas son esenciales para transformar el entorno empresarial y posicionar al Perú como un país competitivo, capaz de generar crecimiento económico, inclusivo y sostenible. El futuro de la competitividad del país depende de las decisiones que tomemos hoy.

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La informalidad afecta a diversas capas de la sociedad, incluida la población con estudios superiores. De acuerdo con el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en el país, el 23 % de los peruanos que dirigen negocios informales cuentan con educación superior, lo que representa aproximadamente 1,2 millones de estos emprendimientos.

“Ello responde principalmente a la necesidad económica para generar ingresos para el hogar y la falta de oportunidades de empleo adecuado”, afirmó Marysol León, presidenta de la Comisión de Competitividad de la CCL.

Remarcó que el ingreso al mercado laboral en nuestro país es lento, lo que incentiva a muchos peruanos a buscar oportunidades de trabajo en el sector informal.

Cabe mencionar que, en la actualidad, cerca de cuatro millones de peruanos cuentan con un segundo empleo debido a que aspiran a tener mayores ingresos.

Como dato adicional, debido a la recesión en el 2023, más de 15 000 negocios informales cerraron en el país, ya que son vulnerables a las contracciones económicas por su baja productividad y escaso acceso al financiamiento.

INFORMALIDAD EN REGIONES

De acuerdo con el IEDEP, en 15 departamentos del país, el número de negocios informales conducidos por mujeres supera al de los hombres, especialmente en regiones, liderado principalmente por Cajamarca (67,9 %), Huancavelica (64,9 %), Apurímac (64,3 %), Huánuco (63,9 %), San Martín (61,8 %) y Cusco (61,3 %).

Conforme al análisis del IEDEP, a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2023 del INEI, son varias las explicaciones de estos resultados. Una de ellas es que, para generar ingresos en los hogares, los hombres suelen desempeñarse en trabajos formales, mientras que las mujeres optan por un emprendimiento informal. Otra razón es que muchas mujeres son jefas de hogar y encuentran en el sector informal la oportunidad de generar su propio empleo.

FORO INFORMALIDAD VS COMPETITIVIDAD

Los temas analizados se dan en el marco de la próxima edición del I ‘Foro Informalidad vs Competitividad: El camino hacia el progreso sostenible’, organizado por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que se llevará a cabo el martes 19 de noviembre a las 6:30 p.m. en la sede del gremio empresarial.

El evento contará con la ponencia de Paula Garda, economista senior y jefa de la Oficina de Perú del Departamento de Economía de la OCDE, quien disertará sobre la problemática de la informalidad en el Perú y América Latina. También participará Elmer Cuba, socio de Macroconsult, quien expondrá sobre el impacto económico de la informalidad. Además, Carlos Meléndez, analista político y socio de 50+Uno, hablará sobre las perspectivas sociales y políticas públicas para la formalización.

Otros temas que se abordarán son la informalidad desde una perspectiva multisectorial, y el rol del Estado y el sector privado en la formalización.

“Este foro busca ser un espacio clave para el diseño de soluciones innovadoras y concretas, presentando propuestas que impulsen políticas públicas efectivas y promuevan un entorno económico formalizado. A través del diálogo y la colaboración entre distintos sectores, se espera contribuir a construir bases sólidas para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la competitividad en el Perú”, puntualizó la presidenta de la Comisión de Competitividad de la CCL.

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A diferencia de 2023, cuando el mensaje presidencial del 28 de julio se realizó en un contexto de recesión técnica inminente, este año el escenario fue completamente distinto. Con un crecimiento económico del 5,3 % en abril y del 5 % en mayo, y tras un viaje a China para ampliar los flujos comerciales y de inversión, además del anuncio de la pronta puesta en operación del puerto de Chancay, el mensaje de la presidenta Dina Boluarte fue extenso y repleto de anuncios destinados a generar optimismo en las expectativas de los agentes económicos. Este informe se enfoca en dos ejes principales: infraestructura y reactivación económica, de los diez que conforman la Política General de Gobierno y que fueron detallados durante el mensaje.

Avances en infraestructura

Durante el mensaje presidencial se detallaron los avances en infraestructura de transporte, agua potable, saneamiento, vivienda y energía. En obras portuarias y viales se destacó la inauguración del Muelle Bicentenario en el Callao, la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa y la concesión del Anillo Vial Periférico de Lima. Además, se firmaron acuerdos con Japón y Francia para nuevas carreteras y se avanzó en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. También se informó que se construyeron 113 puentes y se mejoró la conectividad digital en varias regiones. En agua potable, saneamiento y vivienda se aumentó la cobertura de agua potable al 90,7 % y de saneamiento al 78,5 %, con 297 nuevas obras. Además, se mencionó la entrega de 71 000 títulos de propiedad y se promovió la construcción de 66 500 viviendas de interés social.

En electricidad se implementaron 25 proyectos de electrificación rural, que alcanzaron una cobertura del 86 % en áreas rurales. Se prevé concluir 25 proyectos adicionales para julio de 2025, en beneficio de más de 61 000 habitantes. Y, en energía, se iniciaron proyectos de energías renovables y se concluyeron cinco proyectos de transmisión. Asimismo, se adjudicaron 11 proyectos de transmisión y se suscribieron ocho contratos de concesión, que beneficiaron a 2,9 millones de personas.

Reactivación

La estrategia de reactivación económica se ha centrado en impulsar la inversión pública, hasta lograr una ejecución acumulada de S/ 24 800 millones en el primer semestre, un incremento del 22,7 % respecto a similar periodo de 2023. Esta inversión se ha destinado a proyectos en salud, educación, agua potable y transportes, lo que generó empleos y promovió el desarrollo en las regiones más necesitadas del país. En el último año, se han constituido más de 70 000 mypes, de las cuales el 42 % son lideradas por mujeres.

Además, se ha lanzado un segundo paquete de Compras MyPerú, que favorece a más de 3 800 mypes con contratos para suministrar uniformes, calzado y kits de cocina por un valor de S/ 459 millones. También se entregaron bonos a 43 000 pescadores artesanales afectados por el fenómeno de El Niño.

De igual forma, se implementaron diversas iniciativas para mejorar la empleabilidad, como la plataforma “Mi Carrera”, que ha recibido más de 800 000 visitas; y la plataforma de capacitación virtual “Capacita-T”, que ha mejorado la empleabilidad de casi 75 000 personas. Además, se han generado más de 215 000 empleos temporales a través del programa Llamkasun Perú, en beneficio principalmente de mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

De otro lado, se ha promovido el turismo interno y externo, con cerca de 41 millones de viajes nacionales y el arribo de más de 3 millones de turistas internacionales. Asimismo, se han invertido S/ 56 millones en infraestructura turística, a fin de mejorar atractivos como la catarata de Gocta, Machu Picchu y las líneas de Nasca. Además, se ha implementado un sistema nacional para la venta de boletos electrónicos a Machu Picchu, a fin de desarrollar la gestión y preservación del patrimonio cultural.

Tomando en cuenta el bajo crecimiento económico y crecimiento de la pobreza, se anunciaron medidas en materia de infraestructura y reactivación para impulsar la economía.

Lo que se espera en infraestructura

El megapuerto de Chancay, con una inversión total de US$ 3 500 millones, ha ejecutado ya US$ 1 400 millones en su primera etapa. Su objetivo es convertirse en el hub del Pacífico Sur, al dinamizar la economía, facilitar el comercio y generar empleos. Además, contará con conexiones estratégicas al puerto del Callao, la Panamericana Norte, la futura red ferroviaria de la sierra central y sur, y una nueva red ferroviaria costera. La creación de una Zona Económica Especial en el puerto facilitará inversiones en alta tecnología, generación de empleo e innovación tecnológica.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con una inversión de más de US$ 2 000 millones, contará con nuevas infraestructuras, incluyendo una segunda pista y una nueva torre de control. Esta ampliación permitirá aumentar su capacidad de 23 millones a 40 millones de pasajeros anuales, por lo que se consolidará como el terminal aéreo más importante de Sudamérica.

Se anunció también el plan de agua potable, vivienda y títulos, que incluye la ejecución de 44 obras urbanas y 180 rurales de agua y saneamiento para 2025, con una inversión de más de S/ 2 300 millones en zonas urbanas y S/ 600 millones en zonas rurales. El megaproyecto “Nueva Rinconada” beneficiará a más de 400 000 habitantes en Lima Sur.

También, para el periodo julio 2024-julio 2025, se tiene previsto suscribir contratos para masificar el gas natural en las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac y Ucayali, con una inversión de S/ 20 millones por proyecto, en beneficio de más de 1 000 familias en cada región. A julio de 2025, 2,3 millones de hogares estarán conectados al servicio de distribución de gas natural en el país.

De otro lado, la reactivación de los lotes petroleros adjudicando contratos de explotación a los lotes X, 192 y 8 incrementará la producción en 25 000 barriles por día, lo que generará ingresos por regalías, canon y un fondo social para mejorar las condiciones de vida de las comunidades aledañas.

Se contempla también la ampliación de la cobertura de acceso a internet móvil, que incluye una inversión de más de US$ 600 millones en 2024 y 2025, proporcionando servicios 4G a 3 825 localidades rurales.

Finalmente, se concluirá la red de fibra óptica, con más de 40 000 km y que conectará 180 capitales de provincia y 1 481 distritos, lo que favorece a 1 328 escuelas públicas y 699 centros de salud en zonas rurales.

Las propuestas para la reactivación

Durante su discurso, la presidenta Boluarte señaló que el Ejecutivo plantea fortalecer la alianza público-privada, recuperar la confianza en el país y mantener la estabilidad económica. En ese sentido, entre julio y diciembre de 2024, se espera adjudicar a través de Proinversión 17 proyectos por US$ 3 200 millones en sectores como transporte, electricidad, saneamiento, salud, educación y turismo. Destacan el ferrocarril Huancayo-Huancavelica y la Longitudinal de la Sierra Tramo 4.

Además, el Gobierno tiene previsto adjudicar la ejecución del Parque Industrial de Ancón en el cuarto trimestre de 2024. Este proyecto, parte del hub logístico global conformado por el eje Chancay y Callao, generará una inversión privada de US$ 762 millones y 35 000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Para 2025 vendrán inversiones en saneamiento, como la mejora de servicios de agua potable y alcantarillado en Juliaca, Ventanilla y Piura. En salud se contemplan mejoras en hospitales de Lima, Comas y Piura; mientras que en transporte se realizarán el Eje Vial 4 Amazonas y el anillo vial periférico de Lima y
Callao. Los proyectos emblemáticos de Chavimochic y Majes Siguas en agricultura, así como la ejecución de proyectos en Cusco y Puno en el sector educación, también integran la lista.

En cuanto al mantenimiento de infraestructura terrestre, se contempla la rehabilitación y mantenimiento de 22 500 km de carreteras y la construcción de 713 puentes, con un presupuesto de S/ 2 900 millones. A su vez, en desarrollo de infraestructura ferroviaria se desarrollarán 7 rutas ferroviarias a nivel nacional, para mejorar la logística y reducir costos.

Finalmente, se mencionó que la inversión minera es un motor de crecimiento económico y generación de riqueza. En ese sentido, se destacó que, en el primer trimestre, se viabilizaron cuatro grandes proyectos mineros: Reposición Antamina, Yumpaq, Huancapetí y Reposición Tantahuatay, que habilitaron inversiones por US$ 2 470 millones. Asimismo, se espera iniciar la construcción de cinco proyectos mineros en Apurímac, Áncash, Huánuco, Lima, Cajamarca y Puno, con una inversión conjunta superior a US$ 2 025 millones. De otro lado destacó que el proyecto minero Tía María, con una inversión de US$ 1 400 millones, generará 9 000 puestos de trabajo durante la construcción y 4 800 puestos permanentes, y una producción de 120 000 TM anuales de cobre refinado.

Queda pendiente

Hay temas que consideramos fundamentales para un país que, en los últimos cinco años, ha incrementado su nivel de pobreza del 20,2 % al 29 % y registrado un crecimiento de apenas 1,1 % anual. La competitividad y la productividad son esos fundamentos para alcanzar un crecimiento sostenido que, en el mensaje presidencial, no fueron tomados en cuenta; sino que fueron postergados.

Necesitamos políticas que provoquen un quiebre estructural en la evolución del PBI. Solo así retornaremos a condiciones de vida aceptables. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad es uno de esos instrumentos que, debidamente ejecutado y priorizando sus políticas con mayor impacto en la producción y el empleo, debe acrecentar el potencial de crecimiento del país.

Otro aspecto por vigilar es la estabilidad macroeconómica. Es claro que nuestra principal fortaleza es la estabilidad en el valor de nuestra moneda. Pero es importante sostener el balance fiscal, pues cerraríamos el presente año con un déficit fiscal del 2,8 % del PBI, mientras que simultáneamente observamos que se crean nuevas universidades y se concede financiamiento a Petroperú sin tener la certeza ni el compromiso de que corrija sus cifras para el periodo del próximo año.

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El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, destacó que el “Pacto por la educación de calidad” suscrito por 26 instituciones representantes de la sociedad civil y el empresariado, marca un hito importante porque la educación de los niños y jóvenes es uno de los ejes importantes que contribuyen a mejorar la productividad y la competitividad del país.

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Luego de suscribir el pacto, impulsado por IPAE Acción Empresarial, sostuvo que la educación es un eje fundamental en el desarrollo del país, porque para aumentar la productividad es necesario invertir en capital humano, como es educación y salud.

“Las cifras que hoy se han presentado en educación son dramáticas. En secundaria tenemos que un 98% de los estudiantes no tienen comprensión matemática y un 84% carecen de comprensión lectora. Es crítico para el país, porque esos son los jóvenes que próximamente se incorporarán al mercado laboral”, advirtió.

De La Tore explicó que la educación tiene una relación con el crecimiento económico, porque además de incrementar la productividad, brinda igualdad de oportunidades, especialmente a los jóvenes.

En otro momento, el presidente de la CCL destacó “la meritocracia, porque tenemos que generar una educación de calidad para las futuras generaciones”.

Sostuvo que, en el país, las familias se esfuerzan por llevar a sus hijos a la universidad, cuando el mercado laboral demanda técnicos, por lo que es necesario fortalecer la educación secundaria técnica para que los jóvenes puedan salir de los colegios con un oficio.

“De esta manera, podremos reducir la alarmante cifra de un millón y medio de NINIs (aquellos que ni estudian ni trabajan) que hay en el país”, remarcó.

“Esta concentración genera que muchos universitarios terminen trabajando en otras actividades para las que no fueron preparados”, concluyó.

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Aprendizaje continuo: la clave para retener a los jóvenes talentos

La competitividad de un país y sus empresas se define por su capacidad para diseñar, producir y comercializar bienes y servicios superiores a los de la competencia internacional, tanto en calidad como en precio. Esta cualidad no se hereda ni depende de la coyuntura económica, sino que requiere esfuerzo y determinación.

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El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) alertó hace años sobre la emergencia de un posible competidor para el Perú en el sector de las paltas: Colombia. Este país, con una industria agrícola bien desarrollada y amplias extensiones de tierras aptas para el cultivo y un clima adecuado para la cosecha, representa una amenaza seria para la posición de liderazgo del Perú en el mercado internacional.

Inversiones en Colombia

Varias empresas internacionales han identificado a Colombia como un mercado potencialmente lucrativo para la producción de paltas. Compañías como Camposol (Perú) y los grupos Figueroa (México) y Quiroga (Chile) han invertido en el mercado colombiano en los últimos años, siguiendo el camino de la peruana Cerro Prieto, la sudafricana Westfalia Farms y el conglomerado israelí Grupo Managro, entre otros.

La presencia de inversionistas peruanos en Colombia ha llevado a una compartición de la cartera de clientes, lo que significa que los principales mercados de destino para la palta colombiana coinciden con los del Perú, incluyendo Países Bajos, España, Estados Unidos, Reino Unido y China.

Según datos de Trademap, en 2016 Colombia exportó 18 000 toneladas (t) de paltas, cifra muy baja con respecto al Perú, que realizó envíos por 194 000 t. No obstante, esto cambió a partir de 2021, cuando Colombia exportó 96 000 t, al ingresar a mercados muy competitivos como Estados Unidos y la Unión Europea. Cabe señalar que, en 2023, superó las 114 000 t, al crecer 18 % con respecto a 2021 y 537 % en comparación con 2016.

Su principal destino es Países Bajos, con una participación del 47 %, cifra que registró un aumento del 14 % respecto a 2022. Como se sabe, Países Bajos es uno de los centros de distribución en la Unión Europea (UE), desde donde se envía la mercadería a los distintos destinos de dicho bloque. Su segundo principal destino es España, otro centro de distribución de la UE, que tiene el 12 % de participación del total de envíos de paltas colombianas (+51 % vs. 2022). El tercer principal destino fueron los Estados Unidos, con una participación del 11 % (-28 % vs. 2022).

El pronóstico del Colombia Avocado Board (CAB) sugiere que la exportación de palta colombiana podría aumentar entre 16 % y 20 % en 2024 versus el 2023, al alcanzar las 141 000 t. Esto se debe a la disponibilidad de paltas colombianas durante todo el año, gracias a su clima óptimo. Además, se estima que los envíos colombianos de palta al mercado estadounidense pueden ser de más de 50 contenedores a la semana, debido a que más de 400 productores están certificados para exportar paltas a ese mercado.

Exportaciones de paltas peruanas

Nuestro país ha consolidado su posición como uno de los principales proveedores de paltas en los mercados internacionales más importantes. Además de ser el principal proveedor en mercados como Reino Unido, Países Bajos, España, Alemania y China, el Perú también es el segundo proveedor en Estados Unidos, Francia, Japón, Canadá y Australia.

En 2023, las exportaciones peruanas de palta aumentaron 9 % en valor y 3 % en volumen respecto a 2022, con un total US$ 963 000 000 por 599 222 t. Asimismo, a marzo de 2024, los envíos de palta crecieron 65 % en valor y 50 % en volumen (US$ 217 millones por 96 193 t).

Uno de los factores claves para el crecimiento de la exportación de la palta peruana, sobre todo en la UE, fue la decepcionante campaña de la palta española, la cual tuvo un descenso en su producción y la mala calidad de su cosecha (se obtuvieron pequeños calibres). Además, Sudáfrica, otro competidor relevante, demoró en el envío de sus volúmenes más grandes, a causa de problemas en el tiempo de maduración. Por este surgimiento de la demanda europea sobre las paltas peruanas es que se redujo los envíos al mercado norteamericano.

Competencia se intensifica

El surgimiento de Colombia como un competidor serio en el mercado global de la palta plantea desafíos significativos para las empresas peruanas. Por ese motivo, es fundamental que estas adopten un enfoque proactivo y así enfrentar estos nuevos desafíos. Esto puede implicar la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado, la optimización de las cadenas de suministro, y la inversión en tecnología y desarrollo de productos.

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Radiografía de la palta peruana en el ámbito internacional

La innovación es el motor que mueve la economía de un país y la que genera crecimiento en las empresas que la desarrollan, por ello es importante que las organizaciones inviertan en potenciar su negocio a través de las nuevas tecnologías.

Al respecto, el director ejecutivo del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE) de la Universidad Católica del Perú (PUCP), Julio César Vela, señala que la innovación empresarial ha avanzado en nuestro país, pero no lo suficiente.

“Si bien la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) ha mejorado a lo largo de los últimos 20 años, el problema es que nuestra velocidad de cambio es mucho más baja que la del resto de países”, subraya.

En tal sentido, sostiene que la responsabilidad de invertir en innovación recae en el empresario, porque gracias a esta se generará rentabilidad en su negocio. “Hoy la innovación no es una opción en un entorno volátil e incierto como el que vivimos. La empresa que no innova pone en riesgo su futuro”, menciona.

Pero la pregunta es, ¿qué tan arriesgadas son las innovaciones que queremos llevar en el Perú? Para el especialista del CIDE de la PUCP, hay dos fenómenos que corren en paralelo;  por un lado, las empresas que en su gran mayoría siguen jugando a lo seguro y  no toman el riesgo en el momento adecuado o correcto.

Y de otro lado, advierte que en el Perú hay una gran desconexión entre la universidad y la empresa, a diferencia de otros países como México o Brasil, donde los negocios recurren a la universidad para que ellas las ayuden con las innovaciones.

“En el Perú, las empresas recurren a las universidades para que les den profesionales, no la ven como una socia en innovación”, cuestiona.

¿CUÁNTO INVERTIR EN INNOVACIÓN?

El director ejecutivo del CIDE de la PUCP, Julio César Vela, sostiene que hay empresas en el mundo que destinan el 30 % de su gasto de marketing en innovación. Sin embargo, agrega que el país está lejos de que ello suceda.

Para que esta situación cambie, el especialista afirma que es necesario que los empresarios que han empezado a tener éxito al hacer innovaciones difundan su caso de éxito para que sirva de ejemplo a seguir. “El empresario le cree al otro empresario, no le cree al Estado ni a la academia”, puntualiza.

“Lo que necesitamos son historias de éxito. Cuando la gastronomía fue un boom vimos muchas historias que otros también seguían. Entonces, necesitamos este tipo de historias que incentiven a las empresas a hacer lo mismo”, recalca.

Además, Julio César Vela precisa que el Estado debería encargarse de hacer una difusión entre los empresarios de las casuísticas exitosas para incentivarlos a impulsar su negocio a través de la innovación.

“El Estado es un interesado en que haya innovación porque gracias a que las empresas inviertan pueden recaudar más recursos”, enfatiza.

REENFOCAR SUS PROPUESTAS

Por su parte, el director de innovación en Verne Future Mindset, Víctor Lozano, considera que el gran acelerador de la innovación empresarial en el Perú fue la pandemia, donde las empresas de más de mil colaboradores se vieron obligadas a reenfocar sus propuestas de valor.

“Estas compañías se han visto en la obligación de reinventarse y, por lo tanto, innovar en su oferta, producto y diseño para poder competir en el mercado”, subraya.

Entonces, ¿en qué radica la importancia de la innovación en las empresas peruanas? El especialista señala que en cualquier compañía es importante la innovación, pero en el Perú sobre todo para poder enfrentar a la competencia externa.

“En los últimos años cada vez más empresas regionales de origen mexicano, colombiano o chileno miran al mercado peruano y llegan a innovar a nuestro mercado”, señala. Por eso, afirma que es importante que las empresas peruanas desarrollen procesos que les permitan innovar dentro de sus equipos y competir con ellos.

 APOYO DEL GOBIERNO

Sobre el compromiso que tiene el Estado con la innovación empresarial en general, Víctor Lozano señala que los diferentes gobiernos han venido desarrollando planes que dieron como resultado el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), InnóvatePerú y Startup Perú, entre otros organismos de apoyo.

Precisa que también, en los últimos diez años, las universidades han abierto sus centros de innovación no solamente en Lima, sino en provincias como Piura, Arequipa, Huancayo, Trujillo, Chiclayo e Ica.

En ese sentido, indica que, para lograr que tanto la empresa como el Estado tengan éxito en un proceso de innovación, es necesario entender realmente cuál es la problemática del mercado porque todo es muy diverso. “Lo que pasa al norte del país en el tema de agroexportación, en el sur con las energías renovables, además de la sierra y selva son realidades distintas ya que cada lugar tiene una riqueza y una problemática diferente», subraya.

¿CÓMO ESTAMOS A NIVEL REGIONAL?

El director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) red CITE del Ministerio de la Producción (Produce), Samuel Jaramillo, señala que a pesar del trabajo que realiza el Estado, el nivel de inversión en actividades de investigación y desarrollo a nivel nacional es uno de los más bajos que tenemos a nivel regional.

“Hay estudios que demuestran que los niveles de productividad promedio de las pymes (pequeñas y medianas empresas) en el Perú se encuentran muy por debajo en comparación con las empresas de mayor tamaño y respecto a la misma diferencia que pueda existir en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por ejemplo”, explica.

En tal sentido, sostiene que hay mucho espacio por crecer “si bien la cobertura en la red CITE se está incrementando año con año todavía con respecto a la gran demanda que existe a nivel nacional, hay mucho espacio por cubrir todavía”, puntualiza.

De la misma opinión, es el director ejecutivo del CIDE de la PUCP, Julio César Vela quien indica que el Perú a nivel de inversión regional está por debajo de países como Chile, Brasil o México.

Víctor Lozano, de Verne Future Mindset, sostiene que en nuestro país a nivel de la región, la inversión para fomentar la innovación es muchísimo menor. Menciona que en otros países como Chile, Argentina y Colombia el Estado está constantemente generando políticas que ayudan a incentivar la innovación a todo nivel, no solamente de las grandes empresas sino de las pequeñas y medianas empresas.

EL TRABAJO DEL ESTADO

Si bien hay mucho trabajo por realizar para que las empresas peruanas consideren a la innovación como una herramienta para su desarrollo, el Estado viene trabajando desde distintos frentes.

Es el caso del ITP red CITE de Produce, que desde hace muchos años trabaja con los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) que tienen como propósito contribuir con la mejora de la productividad y competitividad las micro, pequeña y medianas empresas (mipymes) a nivel nacional.

Al respecto, el director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación del ITP red CITE del Produce, Samuel Jaramillo, explica que el apoyo o atención que brindan es a través de cinco cadenas productivas que son agroindustria, cuero y calzado, textil camélidos, pesca y acuicultura y forestal y madera. Además, de minería, hidrocarburos, energía, logística, metalmecánica y recientemente biomedicina que atienden los CITES privados.

Cabe precisar que a la fecha la red CITE tiene presencia en 16 regiones a nivel regional incluido el Callao y está conformado por 24 CITES públicos y 17 CITES privados.

La obra del megapuerto de Chancay está detenida desde el último mes de mayo, ante un hundimiento ocurrido en la zona de construcción, ¿considera que es necesario que se haya dado esta paralización?

Es un proyecto que no debe detenerse. Lo que ha sucedido es un accidente, un hecho aislado pese a los cuidados que ha tenido la empresa (Cosco Shipping). Lo que se debe buscar ahora es que siga adelante y termine de construirse. Ya la compañía ha ofrecido resolver el tema del hundimiento y atender a las familias afectadas. Asimismo, se debe tener en cuenta, que la construcción del puerto de Chancay (Lima) empezó no solo con la aceptación del Gobierno sino también con la de los pobladores del área donde se desarrolla, los cuales ya vienen recibiendo una serie de beneficios; por tanto, no cabe la paralización de esta obra, ya que   perjudica el desarrollo del país.

¿Cuál será el impacto económico de que se retrase o no se continúe con el proyecto?

El puerto de Chancay (Lima) es muy importante para el crecimiento del comercio exterior del país, debido a que se convertirá en una alternativa al puerto del Callao, y nos abre las puertas a una mayor competitividad portuaria. De esta manera esperamos tener mejores tarifas para la importación y exportación de productos peruanos. El megapuerto iba a comenzar a operar a fines del próximo año y si lo que se quiere es pararlo por un tema político, seis meses o un año, durante este periodo no solo se perjudicará a la empresa y sus trabajadores, sino al Estado, que dejará de recibir ingresos por esta obra, al no haber pago de impuestos; asimismo se afectará a la misma población de Chancay, teniendo en cuenta que la obra ha generado puestos de trabajo, además se impactará a los transportistas, entre otros afectados.

¿Cómo ve la creación en el Congreso de una comisión para investigar el incidente ocurrido en la zona de construcción del puerto de Chancay?

Lamentablemente este tipo de comisiones nunca están conformada por técnicos y debido a ello, por lo general, no se llega a terminar este tipo de informes. Ya la empresa ha ofrecido resolver el problema, y por ello el proyecto debe seguir adelante. Si quieren formar una comisión, deben buscar expertos.

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LEY DE CABOTAJE

Otro tema que fomentará la competitividad de los puertos en el país es el cabotaje, al respecto el Consejo de Ministros presentó al Congreso un proyecto de ley (5175/2022-PE), ¿Cuál es la posición de la CCL?

Estamos a favor de esta iniciativa legislativa, en tanto tiene como objetivo abrir la oferta del cabotaje (transporte de carga entre los puertos locales) en nuestro país. El servicio debe ser prestado por empresas domiciliadas y no domiciliadas, atendiendo a la realidad y configuración actual del mercado de transporte marítimo mundial.  Cabe señalar, que las empresas navieras son las que podrían de manera efectiva ampliar el alcance de este servicio en nuestro país, debido al tipo de inversión y experiencia requerido. Por ello, con el fin de optimizar la aplicación de la propuesta legislativa, tenemos unas sugerencias que se vienen presentando a las entidades vinculadas al tema (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre otros).

El cabotaje entre nuestros puertos permitirá dar servicio de transporte marítimo en forma permanente y especialmente en tiempos difíciles, como cuando tenemos un Fenómeno de El Niño, un ciclón como el que acabamos de tener o un terremoto. El transporte de carga general, alimentos secos, refrigerados, congelados, medicinas, se hará en forma eficiente y oportuna.

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Nuestro país ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) y el cabotaje nos ayudará también a ser más competitivos con nuestros productos de exportación y de importación.

¿Cuáles son las sugerencias presentadas?

Con la finalidad de optimizar la aplicación de la propuesta legislativa, sugerimos tener en cuenta el aspecto tributario que involucra ésta, toda vez que el servicio a ser prestado por estas empresas navieras no domiciliadas en el país, tendría que ser objeto de retención por parte del usuario del servicio por concepto del Impuesto a la Renta de fuente peruana, en una tasa del 30%, monto que afectará a las empresas prestadoras del servicio y  tendrá que ser asumido por el usuario final del servicio, con lo cual éste se encarecerá y sobre ello, no podrá ser  deducido como gasto.

A ello hay que considerar otro hecho, referido a que, si la naviera se encuentra domiciliada en un país de nula o baja tributación, el flete tampoco será deducible y, por ende, el IGV que grave la utilización de servicios en el país, no constituirá crédito fiscal (pues el gasto no es deducible para efectos del Impuesto a la Renta).

¿La CCL ha participado en el Proyecto de Ley de cabotaje, preparado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones?

La Cámara de Comercio de Lima representa a los usuarios finales de nuestro comercio exterior y por ello tenemos pendiente una conversación con el titular del sector y sus funcionarios. Les enviamos una lista de temas que incluyen las sugerencias mencionadas, y los de carreteras y otros de apoyo al desarrollo de nuestros puertos. El Estado y las empresas privadas debemos trabajar juntos en las iniciativas para hacer crecer a nuestro país.

«Dale no más, luego nos ajustamos”. Frase loable que, bajo los parámetros macroeconómicos y políticos que enfrentaremos estos próximos dos años, no estará de lleno en nuestro lenguaje empresarial. Atrás quedó la premisa basal del “volumen por volumen”. Hoy más que nunca, si no coexiste en armonía el crecimiento con los cimientos y la salud económica de la empresa, hablar de éxito se torna subjetivo. En este mercado no subsisten empresas que no se enfocan en su competitividad.

La productividad es uno de los pilares principales de la competitividad. A medida que las empresas logren aumentar la cantidad de productos fabricados o servicios realizados utilizando los mismos (o menos) recursos para producir/entregar un servicio (sin perder de vista el mercado y la calidad) podemos afirmar que son productivas y que esta entrega beneficios directos.

En ese sentido, comparto ocho pasos específicos, basados en el libro “Productividad” de David Bain, para seguir un camino eficiente en la mejora de productividad, que va desde identificar los problemas/oportunidades de productividad, fijar metas, implementar acciones y dar seguimiento a iniciativas, enfocando los esfuerzos para conseguir los resultados esperados.

1. Determinar ámbito de acción

Establecer definiciones estratégicas que determinen el rol y el marco dentro del cual la productividad creará valor para la empresa. Se proponen tres ámbitos de acción:

• Incrementar el margen (aumentar ingresos y/o disminuir costos).
• Optimizar el capital empleado (activos fijos y capital de trabajo).
• Contar con una organización y cultura de operación a bajo costo (estructura simple y equipo comprometido).

2. Identificar oportunidades para mejorar productividad

Establecer una pregunta objetivo concreta que se desee resolver, dentro del ámbito de acción seleccionado, que permita revisar sistemáticamente las condiciones de un problema y potencie un deliberado esfuerzo por detectar oportunidades de mejorar la productividad para ese problema. Por ejemplo ¿Cómo aumento el margen neto de la línea de productos X?

3. Cuantificar el potencial de productividad

Estimar claramente qué oportunidades tienen mayor impacto en aumentar la productividad para focalizar y priorizar los esfuerzos en lo que es más importante; para ello es necesario explicitar los beneficios, identificar los riesgos y los costos asociados.

4. Fijar una meta a corto plazo

Fijar una meta de aumento de la productividad y establecer cómo se medirá esa meta para las oportunidades priorizadas. Esta meta deberá estar alineada al propósito de la organización y ser compatible con otras metas estratégicas. El ejecutivo responsable del cumplimiento es quien deberá establecer la meta y compartirla con la alta dirección.

5. Identificar obstáculos

Identificar cualquier tema que sea o pueda llegar a ser un impedimento para lograr el aumento de la productividad en la oportunidad priorizada; para esto se deberá reconocer todos esos factores que actualmente limitan el desempeño de la productividad. Los obstáculos pueden presentarse, por ejemplo, en la capacidad de los equipos, en la capacidad de los procesos, en la cantidad de los materiales, en la disponibilidad de los recursos necesarios, competencias propias o de proveedores o en la aversión al cambio.

6. Incorporar tecnología aplicada

Identificar e incorporar herramientas tecnológicas que permitirán desarrollar mejores soluciones de productividad o superar obstáculos en su implementación. De esta forma aprovechar todo el potencial de la digitalización como habilitador de transformación en la empresa.

7. Desarrollar un plan de acción ágil

Desarrollar un plan de acción, priorizando la agilidad y flexibilidad para avanzar, es decir, responder ágilmente ante cualquier cambio o imprevisto y nunca aferrarse al plan establecido. La ejecución del plan deberá tener entregas rápidas y continuas, acompañado de una planificación temporal exhaustiva y rigurosa; estos dos elementos permitirán que la reacción ante posibles cambios o rectificaciones sea más dinámica y efectiva.

8. Implementación y seguimiento de los resultados

Los resultados de los esfuerzos en favor de la productividad se evalúan para dictaminar el grado de cumplimiento de las metas y confirmar que las acciones gerenciales para mejorar la productividad se están llevando a cabo como se debe y funcionan como se espera. Los resultados acumulados permitirán identificar la existencia de tendencias y serán la base para planificar y fijar metas futuras.

Es fundamental recordar que, los pasos descritos no funcionarán si las personas no desarrollan una firme convicción en la propia capacidad para llevar a cabo las ideas y cumplir las metas. Con estos ocho pasos se puede aumentar la productividad de los empleados, pero es algo que se consigue paso a paso.

En época de crisis, la innovación puede convertirse en un aliado clave para las empresas al ser factor determinante en la mejora de la competitividad permitiéndoles a su vez al ingreso a nuevos mercados.

Así lo sostuvo el director de Innovación Proyectos de Business Lab, Eduardo Mogrovejo, en el V Innovation Days 2022 organizado por la Cámara de Comercio (CCL), a través de su Centro de Innovación y con apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España (CDTI).

“Actualmente, las empresas innovadoras buscan activamente solucionar sus distintos problemas de manera eficiente. Hoy están en constante cambio necesario para adaptarse al nuevo entorno”, manifestó.

Buscar recursos externos

De igual manera sostuvo que las micro y pequeñas empresas (mypes) innovadoras para que puedan seguir creciendo necesitan encontrar recursos externos, los mismos que provienen del sector público y del sector privado.

“En recursos públicos tenemos a Startup Perú y Proinnóvate, instituciones que otorgan fondos no reembolsables para solventar proyectos innovadores que tengan alcance a nivel regional o internacional”, explicó.

Eduardo Mogrovejo sostuvo que, a comparación de Europa, Perú está más avanzado en temas emprendedurismo de innovación. Por ello, los países europeos ya están mirando hacia ese camino.

De igual manera instó a las mypes innovadoras a romper con el paradigma que solo Perú o Lima es el único mercado.

“Debemos tener la visión que podemos llegar a todo el mundo. Un proyecto innovador debe regirse a las necesidades de los consumidores de economías grandes como Estados Unidos, cuya comunidad latina tiene comportamientos de consumo similares a la nuestra”, anotó el ejecutivo de Business Lab.

Han pasado más de 20 años de la Ley de Creación del Sistema Portuario Nacional y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que desencadenó grandes concesiones de los puertos públicos como Callao, Paita, Salaverry, Pisco y Yurimaguas, además de habilitaciones portuarias para sectores como la energía.

“Según la APN, al 2021 se han invertido cerca de US$ 2.600 millones en los puertos peruanos y tenemos una proyección interesante porque, como se sabe, la inversión en infraestructura portuaria tiene que ir por delante de lo que es la demanda de las exportaciones e importaciones de la carga de contenedores a granel que hace Perú”, explicó el docente de la Escuela de Posgrado de la USIL y ex director de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Luis Torres.

Destacó que, en 2021, se batió el récord de exportaciones, con más de US$ 55.000 millones; y que, entre enero y junio de este año, se ha dado un crecimiento del 18%.

“Esto quiere decir que el movimiento de carga ha significado, primero, que el Perú siga despachando sus productos al exterior; pero, adicionalmente, hubo una posibilidad de aumentar el valor de los productos peruanos respecto a lo que es el volumen del mercado”, refirió Torres.

Competitividad en puertos

En tal sentido, el experto de la USIL mencionó que el sector portuario es clave y determinante en la productividad y la competitividad de las empresas peruanas que exportan y producen para el mercado local y para los consumidores.

“Un elemento fundamental en todo el rol que tienen los puertos es su vinculación con la ciudad. Nosotros tenemos un sistema portuario relativamente joven. La primera concesión portuaria se hizo en 1999, con el Puerto de Matarani; y luego con el Muelle Sur, en 2006”, remarcó.

Plan Nacional de Desarrollo Portuario

Asimismo, Luis Torres indicó que el Plan Nacional de Desarrollo Portuario así como el Plan Estratégico Nacional de Exportaciones han logrado trascender diferentes gobiernos.

“No obstante, hoy día tenemos que asumir otro rol. La COVID-19 ha acelerado todo el tema de transformación digital y también todo el tema de conectividad logística por lo menos unos 10 años. En ese sentido, el desarrollo portuario peruano se tiene que adecuar prontamente para poder incorporarse a la gran inversión, ya comprometida y confirmada de US$ 1.600 millones, que se está haciendo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, puntualizó.

Perú se ubica en el puesto 54 en el Ranking de Competitividad Mundial 2022 elaborado por el Institute of Management Development (IMD) de Suiza en asociación con Centrum PUCP, escuela de negocios de la Pontificia Universidad del Perú (PUCP). Nuestro país sube cuatro posiciones en comparación del 2021, pero cae en tres de los cuatro pilares.

El Ranking de Competitividad Mundial del IMD y Centrum es una herramienta para medir la competitividad de una muestra de 63 países, desde un enfoque holístico. La medición se realiza por medio de cuatro pilares: desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de negocios, y finalmente, infraestructura.

El ranking clasifica a los países de acuerdo con el nivel de competitividad, cuya definición es la capacidad que tiene cada país de generar prosperidad al usar todos los recursos disponibles y competencias de su economía.

Resultado de los pilares

En esta edición 2022, los resultados muestran la complejidad de la crisis peruana, su profundidad y sobre todo el riesgo inminente de perder los fundamentos de la estabilidad económica.

En el ranking, Perú sólo avanzó en el pilar de desempeño económico (de 36,6 a 52,6 puntos) debido al crecimiento que se registró en 2021 dado el fuerte impacto de la pandemia en los años previos. Solo en ese pilar, el Perú está por encima de países de la región como Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Venezuela.

El pilar de eficiencia del gobierno nos revela el deterioro de la efectividad del Estado con respecto a la competitividad del Perú. En estos últimos resultados, se observa un retroceso en todos los factores evaluados disminuyendo 10 puntos respecto al año anterior.

Asimismo, en el pilar de eficiencia del negocio, Perú muestra un retroceso debido al peor desempeño para atraer y retener talentos, pymes, productividad laboral, uso de herramientas y tecnologías digitales y prácticas de auditoría y contabilidad. Nuestro país registra una caída de cuatro posiciones, pasando del puesto 48 al puesto 52.

En el pilar infraestructura, Perú no ha mejorado y se ubica en el puesto 59 de 63 países en este pilar, y como en todas las mediciones previas figura entre los últimos del ranking.

El futuro inmediato del país se encuentra realmente comprometido por un crecimiento débil y no sostenido, sumado a la poca competitividad que aporta el Estado, una pérdida de la productividad de las empresas, una mayor carencia de los recursos necesarios para la infraestructura física, tecnológica y científica, señalaron en el estudio.

En Latinoamérica

A nivel regional, Chile sigue siendo el líder en el Ranking de Competitividad Mundial ocupando el puesto 45, retrocediendo una posición debido a caídas en casi todos los factores evaluados. México se mantiene en el puesto 55, y presenta retrocesos en desempeño económico y eficiencia del gobierno.

Colombia se ubica en el puesto 57, una posición inferior con un menor puntaje que en el 2021, su caída se explica por los malos resultados en desempeño económico, eficiencia del gobierno y eficiencia de negocios.

En tanto que Brasil baja al puesto 59, dos posiciones menos que el año pasado, producto de bajos desempeños en eficiencia del gobierno, eficiencia de negocios e infraestructura. Argentina y Venezuela se encuentran al final de la lista, ambos presentan bajos niveles en los cuatro pilares evaluados.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación en relación al dictamen del Proyecto de Ley 805-2021 que aprobó la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, iniciativa que busca eliminar el régimen laboral del Decreto Ley 22342, Ley de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales, régimen que los últimos años ha logrado promover la creación de empleos formales de manera sostenida en el sector.

“La eliminación del referido régimen laboral atenta contra la competitividad del país en el mercado internacional y la generación del empleo formal. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso olvida que este es uno de los pilares del desarrollo de las exportaciones no tradicionales, ya que agrupa a un gran número de trabajadores y promueve la formalización en la contratación, no solo en el sector agroindustrial, sino también en empresas industriales del sector textil confecciones, metalmecánica, sidero-metalúrgico, entre otros”, destacó el gremio empresarial.

Añadió que, de aprobarse esta norma, el impacto en el corto plazo será la pérdida de competitividad en el exterior, que generará disminución de las órdenes de compra; por lo tanto, las empresas reducirán o postergarán sus proyectos de inversión y no podrán absorber la mano de obra que hoy emplean.

“El otro escenario, indeseado, pero lamentablemente probable, es que esta norma termine promoviendo la informalidad en distintos sectores relacionados a las exportaciones no tradicionales”, precisó.

Beneficios y derechos que se perderían

La CCL sostuvo que los trabajadores bajo este régimen especial gozan de todos los beneficios y derechos laborales conferidos por ley, tales como gratificaciones, vacaciones, derecho a la seguridad social, utilidades cuando corresponda, licencia por maternidad, asignación familiar, entre otros.

Asimismo, la Ley vigente permite que se contrate trabajadores por plazos fijos, de manera condicionada a la existencia de requerimientos del exterior que deben ser atendidos para poder cumplir con la exportación de los productos, lo cual tiene que estar sustentado por la empresa.

Pese a estos beneficios mencionados y acreditados, el gremio empresarial consideró que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso no ha tomado en cuenta que este tipo de contratos existe porque la demanda internacional es muy variable y está sujeta a demanda por temporadas.

“Si a las empresas peruanas se les exige establecer una estructura de costos fijos y rígidos, no podrán competir con las empresas de otros países que disputan los mismos mercados. Esta situación es incluso más crítica en el sector agroindustrial, que se encuentra condicionado por la temporalidad de las cosechas. En suma, si la empresa no es competitiva, no podrá colocar sus productos en el exterior y, por lo tanto, no podrá seguir contratando trabajadores”, advirtió.

Contratos a plazos indeterminados  

La CCL observó, además, que el dictamen aprobado no solo elimina el régimen especial, sino que dispone que todos los trabajadores actualmente bajo dicho régimen que tengan cinco años de labores pasen automáticamente a tener contratos de plazo indeterminado y, aquellos cuyo contrato venza, no podrán ser contratados nuevamente bajo el régimen especial; lo que probablemente signifique, en la práctica, que muchos de ellos pasen al desempleo.

“El efecto de la norma no será que las empresas vayan a recontratar a estos trabajadores a tiempo indeterminado, sino que, por el contrario, dejarán de contratar; toda vez que la decisión de incorporar personal se realiza en base a un análisis de carácter económico, financiero y estratégico de las empresas, y la eliminación del régimen especial lo que va lograr es desincentivar nuevas contrataciones”, explicó la CCL.

El gremio empresarial también enfatizó que este régimen ha sido reconocido y validado por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia – Expedientes N° 2851-2009, N° 2109-2011 y  N°725-2012 -, exigiendo únicamente que no sea desnaturalizado por incumplimiento de los requisitos especiales para calificar al empleador como exportador no tradicional, y que las actividades para las que fue contratado el trabajador estén vinculadas a la fabricación de productos no tradicionales, cuya exportación motivó su contratación, lo cual debe ser materia de permanente fiscalización.

A ello, se suma que, en cada uno de los Acuerdos Comerciales Internacionales suscritos por el Perú, el Régimen Laboral del Decreto Ley ha sido revisado y validado por las contrapartes, al ser adecuado a las normas internacionales de carácter laboral.

“Esperamos que el Congreso recuerde que la prioridad en el país es preservar los empleos existentes y, a la vez, promover la creación de nuevos empleos formales, y no poner dificultades a su contratación”, exhortó el gremio empresarial.

En marco de la próxima actualización del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, instaló la mesa de trabajo “Unidos por la actualización del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y la reactivación económica”  donde se propusieron diversas soluciones e iniciativas para la reactivación macro y microeconómica del país y el cierre de la brecha de infraestructura.

El evento se desarrolló el pasado 12 de abril vía Zoom con representantes de la CCL, Instituto Peruano de Economía (IPE), Macroconsult, Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Sociedad Nacional de Industria (SNI), Asociación de Contribuyentes del Perú, Colegio de Ingenieros del Perú, Capítulo de Ingeniería Civil, del Colegio de Ingenieros del Perú y la Asociación de Exportadores (ADEX).

Al respecto, el presidente de la CCL, Peter Anders, sostuvo que dicha reunión tuvo como único propósito ser una guía inicial sobre este proceso de actualización del PNIC encargado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Con la participación y contribución de todas las organizaciones, el programa puede ser modificado o enriquecido a fin que se pueda lograr un consenso con el MEF y el Gobierno Nacional sobre la priorización de proyectos de infraestructura, pues se busca mejorar mecanismos de gestión para su pronta y correcta ejecución”, manifestó.

Por su parte, el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Miguel Honores; afirmó que en esta coyuntura política y económica es relevante poner en marcha los megaproyectos en infraestructura, que desde una perspectiva del sector privado puede dar alcances al Estado para un buen manejo del PNIC.

Acciones de la Mesa de Trabajo

En esa línea, el gerente general de IPE, Diego Macera, mencionó que se debería analizar por qué están funcionando los G2G y no la obra pública. “Deberíamos aprender de ellos, es decir, buscar puntos de compatibilidad para adoptar y mejorar los sistemas de obra pública”, señaló.

Por su lado, el miembro del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Carlos Ugaz, añadió que se busca ayudar al gobierno en el diseño y desarrollo un marco legal que le permita priorizar y realizar este tipo de proyectos, necesarios para la generación de empleo y mejorar las condiciones de desarrollo social y crecimiento económico.

En su momento, el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, destacó la importancia de que los proyectos se enfoquen en las regiones y no solo en Lima. Por su parte, el socio de Macroconsult, Elmer Cuba, enfatizó la necesidad de identificar las barreras que existen y detienen el desarrollo de la infraestructura en diferentes sectores.

A su turno, el gerente de Gerente de Defensoría al Consumidor de ADEX, Juan Carlos León, enfatizó la necesidad de buscar sinergias entre el desarrollo de los proyectos de gran magnitud como el puerto del Chancay y el Callao. Mientras que, el gerente general de Canatur, Carlos Loayza, indicó que es importante tener como foco al ciudadano y trabajar de manera articulada. Frente a ello, puso como ejemplo los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los cuales, si bien están avanzando, hay proyectos colaterales que aún no han iniciado y son fundamentales para su funcionamiento.

Desde la perspectiva técnica, tanto la decana nacional de Colegio de Ingenieros del Perú, María del Carmen Ponce como el Presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, César Roberto Torres Chung destacaron la urgencia de la reactivación para los ingenieros, quienes se han visto muy afectados por la paralización de proyectos. Asimismo, mencionaron que es necesario ver la ejecución de proyectos con un fin integrador, ya que es importante ver propuestas a nivel normativo y de gestión para que todos los proyectos se puedan destrabar.

Finalmente, el gerente general de la SIN, Carlos García Jerí, destacó que ellos vienen trabajando para fortalecer competencias en las regiones, a fin de impulsar la industrialización a nivel nacional. Asimismo, consideró beneficioso trabajar de manera coordinada priorizando los temas de inversión en infraestructura y el impulso al desarrollo empresarial como temas por solucionar a corto plazo.

Avance del PNIC

En dicha mesa de trabajo también se abordó el avance del PNIC, que comprende 52 proyectos y que a marzo del presente año ha logrado un progreso del 20%. “De este grupo, 36 de proyectos cuentan con presupuestos asignados, mientras los 16 restantes todavía no existen ninguna asignación presupuestaria”, comentó el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, Óscar Chávez.

A su turno, el socio de DDE Consultores, Miguel Prialé, precisó que los 52 proyectos en el PNIC representan una inversión de S/ 140.000 millones, de los cuales más de S/ 22.000 millones ya están en ejecución a la espera que dicho monto aumente a S/ 26.000 millones al cierre del 2002.

El evento culminó con la participación del Past President del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Luis Felipe Quirós, quien insistió en que se deben identificar proyectos cuyos estudios de pre inversión estén más avanzados y, desde las instituciones y gremios empresariales insistir al gobierno para que este tema sea parte de la agenda nacional.

La economía peruana crecería este año 3,4%, según proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR). Este resultado obedecería a la normalización de los hábitos de gasto, al levantamiento de las restricciones sanitarias y a la entrada en operaciones del proyecto minero Quellaveco, además de una actividad pesquera en condiciones normales.

No obstante, hay un aspecto que nuestro país y específicamente el gobierno debería tener como una prioridad: el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), publicado en julio del 2019, que identifica 52 proyectos a ejecutar, además de consolidar y articular la planificación de las diversas entidades públicas para cerrar parte de la brecha de infraestructura e incrementar la productividad y competitividad del Perú.

Llevar adelante dichos proyectos no solo impactaría en el crecimiento de la economía nacional, sino que contribuiría directamente en el bienestar de la población.

Sin escuelas en óptimas condiciones, el número adecuado de centros de salud, servicios de agua potable y saneamiento en zonas urbanas y rurales, electrificación, internet o sin carreteras ni puentes que interconecten al país, no existirán condiciones mínimas para garantizar el desarrollo al que todos aspiramos.

Solo en el corto plazo (cinco años), se estima que la brecha en infraestructura ascenderá a S/ 117.183 millones, mientras que para el largo plazo (20 años) sumará S/ 363.452 millones.

Haciendo cálculos, se tendría que invertir el 2% del Producto Bruto Interno, cada año, exclusivamente en los sectores transporte, comunicaciones, riego, electricidad, agua, saneamiento, salud y educación.

Queda claro que si algo no falta en el Perú es el diagnóstico detallado de nuestros problemas, limitaciones y proyectos urgentes para impulsar la economía, pero principalmente para cumplir con la enorme responsabilidad que supone garantizar una vida digna para todos.

El gobierno ha asegurado que promoverá un proyecto de ley para establecer medidas que permitan reactivar las obras paralizadas. Con ello, espera reencaminar 1,337 obras públicas, que a su vez representan 8,897 millones de soles.

También ha anunciado que impulsará y continuará con la ejecución de 26 proyectos por un monto de 1,184 millones de soles, que representan la construcción de cuatro establecimientos de salud, la construcción y mejoramiento de 20 centros educativos, el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, y la construcción del puente Kutuctay para conectar Cusco con Apurímac.

A ello se sumaría la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que a diciembre del 2022 debe culminar la ejecución de 1,585 obras de infraestructura social (establecimientos de salud, centros educativos, saneamiento, pistas y veredas) y productiva (obras de agricultura, carreteras, caminos y puentes).

Más allá de estos anuncios lo que corresponde exigir es que la ejecución de estas obras esté acompañada de una administración pública eficiente, profesional y, sobre todo, honesta, porque involucran el manejo de millonarios recursos del erario público y el trabajo coordinado con el sector privado.

¿Pero a vista de lo ocurrido en los primeros meses del actual gobierno, podemos esperar resultados alentadores?

Siempre según las proyecciones del BCR, la inversión pública y la inversión privada –cuya participación en estos 52 proyectos es fundamental- distan mucho de mostrar señales de crecimiento sostenido. En el 2021 la inversión privada creció 37,6% después de caer 16,5% en el 2020 por efecto de la pandemia, mientras que la pública subió el año pasado 23,7% luego de retroceder 15,5%.

El 2022 no muestra un panorama optimista, pues la inversión privada no crecería nada y la pública apenas lo haría en 4,0%.

¿Las razones?

En el primer caso, las graves consecuencias que tiene en la confianza empresarial un gobierno errático, cuestionado desde sus cimientos, con señales permanentes de incapacidad de gestión, de desconocimiento de las responsabilidades y funciones que implica gobernar y, lastimosamente, percibido como corrupto.

En el caso de la inversión pública, su limitado crecimiento se explica por la ausencia de capacidad administrativa y por el abandono de la meritocracia, la especialización y el profesionalismo de los funcionarios que han sido desplazados para colocar en su lugar a partidarios, amigos, familiares y socios del gobierno que comparten entre sí la falta de preparación necesaria y, en muchos casos, un prontuario antes que una hoja de vida profesional.

Es quizá el momento de que el Ministerio de Economía y Finanzas comience a liderar un espacio que permita a los pocos funcionarios públicos preparados que quedan en el Estado, impulsar la inversión pública, capacitar a los gobiernos subnacionales en la ejecución de las obras, destrabar proyectos y trabajar de la mano con la Contraloría General de la República para que estos procesos se lleven a cabo sin ninguna sombra de duda.

Por parte de la inversión privada, nos queda confiar en nuestras propias fortalezas para seguir defendiendo lo avanzado y vislumbrar un camino que nos permita seguir apostando por nuestro país, por el cual venimos luchando décadas, ya sea desde la micro, pequeña, mediana o gran empresa.

¿Qué tan importante es la digitalización de los negocios?

La digitalización de los negocios es fundamental en esta época, más aún en esta coyuntura que si bien ya no estamos como en los primeros meses de pandemia, el confinamiento permitió a las empresas y empleados realizar trabajo remoto utilizando plataformas digitales, lo que significó un avance importante en este proceso de digitalización que llegó para quedarse.

¿Cuáles son los beneficios para las empresas al acceder a la transformación de sus procesos? 

Lo primero es que mejora la gestión y las operaciones, permitiendo a las empresas aumentar la competitividad y rentabilidad en sus procesos, desde el control de las ventas, el tema de las cobranzas, etc.  La integración global de todas las áreas es indispensable para que el negocio sea adecuadamente implementado.

¿En el Perú qué porcentaje de empresas ya están digitalizadas? 

Si bien no manejo una data estadística, lo importante en esta nueva realidad es que el 100% de las empresas desde las más pequeñas hasta las más grandes tendrían que estar digitalizadas. Antes de esta transformación digital por la que estamos pasando, las empresas hacían sus facturas a mano en un libro, una especie de agenda donde llevaban sus registros.

No obstante, este proceso ya cambió desde que se empezó a usar las computadoras, los sistemas ERP (por sus siglas en inglés) que significa sistema de planificación de recursos empresariales va a permitir la integración de todas las áreas con las herramientas adecuadas que faciliten el trabajo.

Si no sabes cuánto es el costo, la compra, si has perdido o ganado, cuánto tienes en tu almacén, tienes el riesgo que tu capital se vaya diluyendo, por ello es fundamental digitalizar todo.

¿Cuál sería el sistema de gestión empresarial más adecuado para un negocio?

Eso depende del tamaño de la empresa, hay negocios desde una tienda hasta una empresa industrial y, por ende, hay grados de sistemas y determinado número de módulos que se podría digitalizar. Debemos entender que trabajar de una manera unificada y creando conexión entre sistemas ayudará a que el negocio sea más rentable.

Por ejemplo, en un negocio de zapatería se tiene que saber cuántos calzados se han comprado, cuántos se han vendido, cuántos son de mujer y de hombre y los modelos que se tienen. La digitalización de esta información en diferentes módulos los ayudará a llevar a conocer mejor el su sistema de trabajo.

¿Cuánto debe invertir una empresa que recién empieza en digitalizarse?

Como te comentaba todo este proceso de digitalización se da por módulos. Generalmente, un módulo básico puede estar entre los US$ 4.000 a US$ 10.000, pero también hay empresas un poco más grandes y, por lo tanto, un sistema para ellos puede costar US$ 20.000.

Los empresarios tienen que evaluar cuál es un sistema adecuado para su empresa, hay muchos desde los más simples o básicos hasta los más complejos que te pueden costar más de US$ 100.000 o US$ 200.000 hasta medio millón de dólares.

La competitividad del comercio exterior mejoró de manera sustantiva durante el 2021 con la consolidación de trámites y servicios cien por ciento digitales que agilizaron el acceso al mercado internacional a las grandes empresas, las MiPymes y a los ciudadanos, ahorrando costos y tiempos, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El avance de la transformación digital en el ámbito aduanero permitió acortar aún más los tiempos de liberación de mercancías, mediante el uso del despacho anticipado, la eliminación de documentos físicos y trámites presenciales, reduciendo los costos de almacenamientos y facilitando la disponibilidad de las mercancías, incluso, desde el mismo día en que arriban al país.

Así, en el caso de las importaciones, el Tiempo Total de Liberación de Mercancías (TTLM), indicador que mide el proceso total de despacho, desde la llegada del medio de transporte hasta la autorización del levante de los bienes registrados en la documentación aduanera, se redujo de 59,7 horas, al cierre del 2020, a 36 horas, a noviembre último, es decir una disminución de casi 40%.

Por otro lado, el Tiempo Total de Liberación de Mercancías de Exportación Definitiva (TTLME), procedimiento que registra la salida de los bienes por vía aérea y marítima hasta la autorización del levante, se optimizó hasta llegar a solo 1.2 horas; a diferencia de las 8.2 horas del 2020, lo que implica una reducción del 86%.

Cabe precisar que, hasta el mes de noviembre, la suma de todas las operaciones de importación y exportación realizadas ascendieron a más de 94 mil millones de dólares, monto que supera largamente los resultados alcanzados los años 2020 y 2019; y que evidencia que el comercio exterior peruano ya está por encima de los niveles previos a la pandemia.

Operadores Económicos Autorizados

El comercio exterior también recibió un impulso con el incrementó a 254 certificaciones emitidas por la Sunat a Operadores Económicos Autorizados (OEA), lo que les permite a las empresas acreditadas realizar actividades de exportación e importación de manera más expeditiva y segura en los países que son parte de ese programa.

A noviembre del presente año, estas empresas realizaron operaciones de comercio exterior por US$ 27.950 millones, que representan el 29% del total del movimiento comercial realizado por nuestro país.

En el caso de las exportaciones las empresas certificadas como OEA efectuaron operaciones por un valor de US$ 15.476 millones, lo que significa el 30% del total exportado desde el Perú en ese periodo; en tanto las importadoras OEA tuvieron un movimiento comercial de US$ 12.473 millones, que asciende al 29% de las importaciones totales.

En octubre, Perú suscribió un nuevo Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM), esta vez con Guatemala, para que las empresas certificadas como OEA realicen operaciones entre ambos países con las mismas facilidades. Este acuerdo se suma a los que tenemos con Corea, Uruguay, Estados Unidos, los países de Alianza del Pacífico (Chile, México y Colombia), la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador) y Brasil.

Envíos de Entrega Rápida

La mejora de los procesos también benefició a las MiPymes y a los ciudadanos. Así, la nueva plataforma de Envíos de Entrega Rápida (EER) les permitió agilizar y simplificar la importación de productos adquiridos en tiendas de compras online del extranjero, con trámites realizados de manera anticipada y sin la necesidad de realizar gestiones presenciales.

Durante el presente año se atendió más de 1 millón de envíos de esta naturaleza, con un promedio de 2 horas de tiempo de liberación desde su llegada al país.

Hasta el mes de noviembre, se importaron productos por un valor CIF de US$ 212 millones de dólares, generando una recaudación de US$ 34 millones y beneficiando a cerca de 350 mil ciudadanos y empresas con este nuevo proceso.

Cabe destacar que estos procesos digitales, que facilitan la vida de las empresas y los ciudadanos, han sido reconocidos como Buenas Prácticas en Gestión Pública durante el año que termina.

El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) fue elaborado en julio de 2019 con el objetivo de aumentar la productividad y competitividad mediante el cierre de brechas de infraestructura.

Ese año, la Universidad del Pacífico estimaba que la inversión de corto plazo, necesaria para que el país tenga acceso a infraestructura básica, ascendía a S/117.183 millones, siendo los sectores transporte y saneamiento los de mayor brecha. Asimismo, su estimado para el largo plazo ascendía a S/ 363.452 millones.

Para la elaboración del PNIC, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplicó una metodología de priorización de proyectos basada en los criterios de transversalidad, potencial productivo, impacto social y recursos del Estado e impacto de corto plazo.

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El resultado fue la identificación de 52 proyectos de inversión valorizados en S/99.197 millones que se distribuyen en los sectores transporte (26), electricidad (8), comunicaciones (5), agricultura (4), saneamiento (4), hidrocarburos (3) y ambiente (2).

Según ubicación, la zona Norte-2 concentra el mayor número de proyectos (11). Le siguen las zonas Norte-1 y Centro-2 (10 proyectos c/u) y las zonas Centro-1, Sur-1 y Sur-2, con ocho, siete y seis proyectos, respectivamente.

En relación a las modalidades de ejecución, se seleccionaron 29 proyectos de Asociación Pública-Privada (APP), 17 de obra pública y seis de Proyectos en Activo (PA).

Respecto a las fases de ejecución, eran tres los proyectos en fase de idea, 25 en fase de proceso y 24 en fase de ejecución.

Presente

Sobre al avance financiero de los proyectos priorizados en el PNIC dos años después de su implementación, el IEDEP estima que sería del 16%.

El sector transporte habría avanzado en 15% y el sector electricidad un 21%; mientras que comunicaciones avanzaría 30%; agricultura, 27%; saneamiento, un 0.5%; hidrocarburos, 1,5%; y ambiente, un 38,6%.

Asimismo, el IEDEP calcula que la valorización de los proyectos de inversión se elevó hasta S/118.109 millones por el mayor costo de la Línea 3 del Metro de Lima (+S/10.963 millones) y a un mayor precio del dólar.

En cuanto a las fases de inversión, 30 de los 52 proyectos se encuentran en estado de ejecución, sumando un total de S/ 54.314 millones, lo que en términos porcentuales representa el 46% del valor total de la cartera del PNIC.

Tomando en cuenta el nivel de ejecución financiera de los 30 proyectos, nueve de ellos tienen un avance mayor al 50%, sobresaliendo los proyectos de Mejoramiento de la Carretera Casma– Huaraz –Huari–Huacaybamba – Jircan–Tingo María–Monzon-Emp. PE-18A (Tingo María) y el proyecto Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y Desarrollo Social de la región Lima, con avances de 99% y 90%, respectivamente.

Además, se tiene a transporte (S/ 42.773 millones) y agricultura (S/ 5.466) como los sectores de mayor monto en ejecución. Por su parte, el MEF señala que, de los 30 proyectos en ejecución, 18 están en plazo, ocho fuera de plazo y cuatro con riesgo de retraso.

Dentro de aquellos en plazo, cinco culminarán obras en 2021 (Residuos sólidos Tumbes-Sechura, Banda ancha Lima y La Libertad, Terminal Portuario San Martín y Carretera Casma-Jircán) y tres culminarán obras entre 2022 y 2024 (Banda ancha Amazonas, Carretera Oyón-Ambo y Terminal Portuario Salaverry).

Las ocho obras que están fuera de plazo se explican por problemas de adquisición de predios y liberación de interferencias (Longitudinal de la Sierra Tramo 2, Red Vial N° 4 y Autopista del Sol), retrasos en el cronograma de obras (Línea 2 del Metro), problemas sociales (Vilavilani II), necesidad y conveniencia de realizar modificaciones contractuales (Majes Siguas II), necesidad de fijar el reinicio de obras (Chavimochic III) y no contar con aprobación del EIA-d y EDI (Hidrovía Amazónica).

Las cuatro obras en riesgo de retraso son la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Ampliación del terminal multipropósito Muelle Norte, la Central hidroeléctrica San Gabán III y la Planta de tratamiento de aguas residuales y emisario submarino La Chira.

El MEF también señala que son 21 los proyectos en proceso y uno en fase de idea. Por tanto, para el IEDEP urge continuar con la maduración de este grupo, además de solucionar los problemas de los proyectos en ejecución.

Futuro

En el marco de un nuevo Gobierno, es importante conocer cuál es su posición frente al PNIC: ¿Respetará los proyectos priorizados? ¿Los reducirá o ampliará? ¿Renegociará los contratos de concesión de infraestructura pública? ¿Continuará con las obras previstas a ser ejecutadas como APP? ¿Permitirá la participación de empresas extranjeras? ¿Impulsará la obra pública con contratos G2G? Preguntas que el IEDEP intentará dimensionar a continuación.

En primer lugar, una de las críticas al PNIC es que los proyectos estaban concentrados en infraestructura gris y no en infraestructura social; a pesar de que las obras fueron seleccionadas con una metodología que no solo incluía el impacto productivo y financiero, sino también el social.

No obstante, en el contexto del COVID-19, algunos especialistas señalaban la importancia de “ampliar” el PNIC a infraestructura hospitalaria y educativa.

En segundo lugar, de los 30 proyectos en ejecución del PNIC, existen 19 que operan con contratos de APP bajo la modalidad de concesión (12 autofinanciadas y siete cofinanciadas) y 11 que operan con contratos de Proyectos en Activo.

Además, de los 22 proyectos en fase previa a la ejecución, existen 10 obras concebidas bajo la modalidad APP (seis autofinanciados y cuatro cofinanciados) y uno bajo la modalidad de Proyectos en Activo.

En tercer lugar, la participación del número de empresas extranjeras en los proyectos en ejecución asciende al 78%, en algunos casos consorciadas con empresas nacionales. Tal vez se pueda pensar que estas empresas solo participan en contratos de APP.

Sin embargo, también participan como contratistas en la obra pública. La participación de estas empresas ha permitido la transferencia de conocimientos y tecnología.

Finalmente, la ejecución de la obra pública reforzada por contratos G2G ya forma parte del PNIC, pues el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, se ejecuta de esa manera al que se suma el anuncio de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao.

Sin embargo, aún queda por saber si los 10 proyectos en proceso concebidos como obra pública serán reforzados con estos contratos.

El 28 de julio iniciará un periodo de gobierno que se debe construir sobre los logros de los últimos años y que también tendrá aspectos que corregir, con el fin, no solo de sostener una recuperación económica, sino propiciar condiciones para el desarrollo.

Por un lado, hay lecciones aprendidas como el mantenimiento de los equilibrios macrofiscales y la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) para propiciar la consolidación fiscal pospandemia.

Aunque los equilibrios son necesarios, no son suficientes para generar condiciones de estabilidad y un entorno favorable para las decisiones de inversión de mediano y largo plazo.

Microeconomía

Es aquí donde el siguiente desafío se centra en el ámbito de la microeconomía. Esto, específicamente, pasa por fortalecer las capacidades de diseño de políticas públicas e introducir una estrategia viable para mejorar la eficacia y eficiencia del Estado.

Convertir las ganancias del crecimiento en mejoras de bienestar vía la reducción de las brechas sociales, requiere de un Estado que en los últimos años no ha invertido en mejorar sus habilidades y capacidades; la pandemia ha permitido advertir esas debilidades.

En otras palabras, la falta de una carrera pública meritocrática institucionalizada y el escaso avance en propiciar mejoras de eficiencia a nivel de procesos está pasando factura en un momento en que la contención de la pandemia requería de un Estado eficaz, oportuno y eficiente.

Productividad

Asimismo, el énfasis en lo microeconómico también requiere de diseñar e implementar políticas de mejora de la productividad y la competitividad.

La baja productividad propicia la existencia y mantenimiento de la extendida informalidad, la cual termina convirtiéndose en una válvula de escape ante rigideces del mercado laboral y reglamentaciones excesivas, especialmente sobre la micro y pequeña empresa.

Inclusive las nuevas autoridades deben comprender que la orientación principal de nuestro aparato productivo debe ser hacia el mercado internacional.

En los últimos años la competitividad global se ha estancado e incluso reducido, y aquí existe otro complejo desafío de mediano plazo, pues exige un trabajo coordinado y colaborativo entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil.

Mejorar la productividad, fortalecer la competitividad y sostener los equilibrios macrofiscales son condiciones fundamentales para ir más allá del rebote estadístico del año 2021 y establecer hitos claros con una orientación hacia el desarrollo.

Aprender a gestionar las oportunidades y riesgos del futuro exige que invirtamos, no solo en un Estado que se anticipe estratégicamente, sino, especialmente, en el valioso capital humano del país.

La productividad y competitividad son determinantes para el crecimiento sostenido de un país. Lamentablemente, en el caso peruano su evolución en los últimos años ha resultado adversa. Ello en cierta medida explica el desempeño del producto nacional en este último periodo 2019, que estaría entre 2,2% y 2,4%, resultando el más bajo desde la crisis financiera internacional de 2008 cuando el PBI apenas creció 1,0%. En esa dirección, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima ha efectuado un primer análisis a 25 Decretos de Urgencia (DU) emitidos por el Poder Ejecutivo, desde la disolución del Congreso de la República hasta el 19 de diciembre de 2019, a fin de evaluar el efecto de dichas normas en la reactivación económica e incremento de la productividad.

Como tal, se analizó si estos decretos de urgencia impactan sobre los pilares del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, a la par con evaluar si inciden en la recuperación inmediata del PBI.

Instituciones y el PNIC

Para un mejor accionar de las instituciones públicas, el decreto de urgencia N° 020 obliga la presentación de declaración jurada de intereses en el sector público con el fin de transparentar información relevante para la detección y prevención de conflictos de intereses, como requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública.

En tanto, el decreto de urgencia N° 018 resulta favorable tanto a la reactivación como a la productividad del país al establecer medidas extraordinarias –con tres años de vigencia– para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).

Un primer grupo exceptúa las licencias de habilitación urbana o de edificación a los proyectos priorizados y sus complementarios. El segundo grupo autoriza a los titulares de los proyectos a fijar de manera directa el valor de tasación de los inmuebles necesarios para la ejecución de los proyectos a su cargo.

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La salud y habilidades

A favor del pilar Salud, se ha emitido el DU N° 016 que establece medidas para garantizar la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) y cerrar la brecha de población sin cobertura de seguro a nivel nacional. Con ello, los beneficiarios accederán a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación. El financiamiento del mismo será a través del presupuesto institucional del Ministerio de Salud (Minsa) y del SIS. Adicionalmente se implementará otros planes complementarios. Es importante asegurar el financiamiento sostenible y la calidad del servicio de lo contrario los efectos a favor mínimos e incluso negativos.

Otro de los decretos de urgencia es el N° 028 que dispone medidas extraordinarias que permitan un mayor financiamiento a EsSalud. El Estado como empleador bajo el régimen de Contrato de Administración de Servicios (CAS) incrementará progresivamente sus aportes a EsSalud, montos que se destinarán exclusivamente a ejecutar las inversiones para nuevos establecimientos de salud, concluir los proyectos en ejecución, realizar mejoras, ampliación, rehabilitación y reforzamiento de la infraestructura asistencial existente, entre otros. En este caso el resultado dependerá de una gestión eficiente y eficaz.

El DU N° 007 es otra propuesta encauzada a dar acceso a medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud. Esta norma tiene el objetivo de promover el uso de medicamentos genéricos con Denominación Común Internacional y de productos biosimilares, con la finalidad de mejorar el acceso a la población.

El DU Nº 006 busca mejorar la calidad de la educación rural y por tanto el pilar Habilidades a través de la ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares para estudiantes y docentes de hasta 30 colegios que brindan el Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito Rural y el Modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia.
Por otro lado, en el grupo de decretos que deben ser evaluados por su implicancia y afectación a la competitividad está el DU N° 013 que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial. La iniciativa señala que solo podrán fusionarse aquellas empresas cuyo control previo no representen una restricción significativa de la competencia a criterio del Indecopi, quien deberá autorizar la operación.

Esta medida representa una traba a la libre inversión y posibilidad de incrementar eficiencia y productividad, así como una oportunidad para seguir creciendo. Una segunda observación es el valor del umbral que determina el control previo. No olvidemos que el nivel de facturación varía entre sectores como reflejo de diversos factores, lo cual no significa que tiendan a distorsionar o amenazar la competencia como resultado de una fusión. Además, la Constitución no permite el abuso de dominio del mercado.

Tamaño de mercado e innovación

El pilar Tamaño de Mercado evalúa el PBI de un país y las importaciones de bienes y servicios. En este caso, el DU N° 021 extiende la vigencia de la normativa que permite la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración minera e hidrocarburos. La probabilidad de encontrar o no yacimientos de recursos naturales, conlleva el riesgo de pérdida de capital y trabajo; por ello, la exoneración de impuestos para esta actividad incentiva a una mayor inversión, que en conjunto representa alrededor del 12% de la inversión privada total. Además, los decretos de urgencia N° 008 y N° 011 tendrían un impacto positivo en el PBI al impulsar la inversión pública y por tanto contribuiría en el pilar Tamaño de Mercado y en el corto plazo en la reactivación económica. Así, el primero desarrolla mecanismos para reactivar y acelerar la ejecución de las obras públicas a todo nivel de gobierno que se encuentran paralizadas.

El segundo establece medidas extraordinarias que contribuyen a una mayor ejecución del presupuesto de inversiones, destinando un máximo de S/ 200 millones para financiar la implementación de un incentivo presupuestario orientado a promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales y locales. Básicamente se trata de modificaciones presupuestales para anular determinadas inversiones y habilitar otras bajo las condiciones establecidas en el DU.

A través del DU N°010 se busca impulsar el pilar Innovación con la ampliación de la vigencia de la Ley N° 30309 sobre la deducción de gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica vinculados o no a su giro del negocio hasta el ejercicio gravable 2022. Lo positivo de la norma es que esta deducción tributaria será mayor para el caso de pequeñas y medianas empresas con ventas anuales menores a 2.300 UIT, un monto de S/ 9,9 millones aproximadamente para el 2020.

En resumen, se identificaron diez decretos de urgencia que impulsarían la productividad-competitividad, mientras uno la afecta. Además, hay tres DU (N° 14, N°15 y N°17) relacionados a la aprobación del Presupuesto Público 2020. El DU N° 004 impulsa el gasto público y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Existen dos DU N° 005 y N° 009, que prorrogan incentivos tributarios hasta el 31 de diciembre de 2022 a las rentas provenientes de la enajenación de valores y para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios, respectivamente. Finalmente, los DU N° 012, N° 019, N° 022, N° 023, N° 024, N° 025, N° 026 y N° 027 no tienen impacto en la productividad-competitividad.