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Carlos Posada: No more lies. The truth of what is happening in Peru

El 7 de diciembre del año pasado, el expresidente Pedro Castillo pretendió dar un golpe de Estado, ordenando ilegalmente la disolución del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y, a su vez, disponiendo la captura de la fiscal que lo investiga por presuntos actos de corrupción que lo comprometen directamente a él, junto a su más íntimo círculo de funcionarios y familiares.  Es desde esa fecha específica que el Perú se encuentra sometido a una ola de violencia y vandalismo que no ha sido espontánea, sino que habría sido gestada por el propio Castillo a lo largo de los 17 meses que duró su gobierno.

Ya desde el año 2022 existían amenazas propaladas por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien manifestó que “correrán ríos de sangre” en caso Castillo dejara el poder; mientras que quien en ese momento era su ministro de Trabajo, Alejandro Salas, advirtió que “la convulsión social sería tan grande que el país sería ingobernable”.

Hoy estas amenazas se han hecho realidad y empezaron inmediatamente después de la destitución de Castillo y su posterior detención en flagrancia pocos minutos después, cuando intentaba fugar rumbo a la embajada de México para solicitar asilo político.  Es a partir de ese momento que el Perú se encuentra asediado por grupos que, bajo el argumento de la “legítima protesta”, se han dedicado única y exclusivamente a cometer diariamente delitos y acciones contrarias a la ley, poniendo en riesgo la vida y la salud de millones de compatriotas peruanos, dentro de los cuales también se encuentran los efectivos de las fuerzas del orden.

Lamentablemente, muchos medios de comunicación internacionales, que gozan de amplia audiencia, han difundido versiones que en absoluto se ajustan a la realidad; en principio señalando que hubo un golpe de Estado contra Castillo, cuando todos los peruanos sin excepción fuimos testigos, en cadena nacional de radio y televisión, que fue el expresidente quien intentó dar un golpe de Estado, cometiendo graves infracciones constitucionales y delitos que lo llevaron a una inmediata vacancia por parte del Congreso. Asimismo, esos mismos medios internacionales han señalando que en el Perú existe un genocidio perpetrado por el gobierno de sucesión constitucional de Dina Boluarte; información totalmente tendenciosa y tremendamente alejada de la realidad que vivimos en el país.

Esta fábula es la que igualmente se ha repetido en varias poblaciones y regiones del Perú, especialmente del sur, donde ante una fallida estrategia de comunicación veraz por parte de las autoridades del actual gobierno, han sido fácilmente manipuladas por grupos extremistas que tienen como único objetivo la imposición de una nueva Constitución que les garantice perpetuarse en el poder.

A esto debe sumársele el descontento de décadas por la falta de atención a necesidades básicas que no han sido satisfechas por parte del Estado. Se trata de poblaciones a quienes el crecimiento económico no les ha significado la llegada del bienestar y el desarrollo, como sí ha sucedido con otros ciudadanos peruanos.

En la Cámara de Comercio de Lima queremos ser claros ante el mundo:  En el Perú no hay dictadura ni genocidio; lo que existe es la legítima defensa de un Estado democrático y la exigencia del cumplimiento de la ley, la cual se aplica frente a grupos muy bien organizados que tienen como propósito desestabilizar al país, para lo cual, en forma simultánea y planificada, han atacado aeropuertos, infraestructura pública y provocado perjuicios sustanciales a la propiedad privada, entre otros daños que diariamente nos afectan.

Tampoco puede dejar de mencionarse situaciones de extrema crueldad por parte de los mal llamados “manifestantes”, los cuales en sus actos de “protesta” asesinaron quemando vivo a un policía, el cual no tuvo opción a defenderse. Situación similar han sufrido los efectivos encargados de resguardar la seguridad de carreteras, aeropuertos e instituciones públicas y privadas, donde son atacados con explosivos, bombas incendiarias, rocas lanzadas a gran velocidad contra sus cuerpos e incluso utilizando munición cuyo uso está proscrito.

La crueldad a la que se ha llegado es tal, que producto de los bloqueos ilegales de carreteras e insania por parte de los violentistas, han muerto varios compatriotas peruanos, incluyendo niños enfermos, cuyas ambulancias no llegaron a destino al haber sido atacadas e incendiadas.

Hablemos con la verdad: no es casual que los atacantes hayan dirigido su accionar hacia objetivos estratégicos como la minería, el turismo y la agroindustria, pilares que sustentan en buena parte la economía del Perú.  De igual manera hacia cuarteles policiales, sedes descentralizadas del Poder Judicial, el Ministerio Público y las Aduanas, donde se encontraban expedientes de investigación a las mafias del contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas que dominan gran parte de la zona sur andina peruana. Todos esos expedientes han sido vandalizados y quemados.

De igual manera se han atacado campamentos mineros, plantas de gas y agua potable, impidiendo que estos servicios lleguen a la población. Otro objetivo ha sido el oleoducto Norperuano, el cual ha sido cortado provocando un derrame de petróleo en la amazonia. Las brigadas enviadas a reparar el daño y frenar una mayor contaminación, han sido impedidas de llegar a la zona.

En las carreteras los bloqueos apuntan principalmente a los camiones que trasladan alimentos, medicinas y combustibles, con el claro propósito de generar necesidad y desesperación en las ciudades. Y a los pacientes que intentan atenderse en un hospital o centro de salud, los obligan a marcharse bajo la amenaza de atentar contra su integridad, así como la de los médicos y enfermeras.

Esta no es una protesta espontánea de una población impaciente. Estos son actos violentistas de carácter político, disfrazados de descontento social. Si bien es cierto que existe necesidad de cerrar las brechas en el Perú, bajo ninguna manera puede aceptarse este tipo de accionar al margen de la ley.

Es cierto que hay demandas insatisfechas, que la inequidad en la sociedad peruana es una enorme deuda que el crecimiento económico de las últimas décadas no supo o no quiso atender. Es cierto que la pandemia demostró que los cuantiosos recursos del Estado peruano no sirvieron para mejorar los servicios básicos de salud y educación; o que la desidia, la corrupción y la indiferencia, en muchos casos, ganaron la partida.

Pero todas esas falencias y justos requerimientos no pueden ser utilizados como excusa para justificar acciones ilegales y al margen de la ley, que buscan forzar un “momento constituyente” no amparado en la Constitución Política del Perú.

Si bien no hay una sola visión en esta historia, las voces que optamos por la paz y el diálogo como la de Cámara de Comercio de Lima, merecen también ser escuchadas. Ante una violencia que vocifera, que daña, nosotros queremos decir basta de mentiras, basta de acomodar la realidad a intereses personales e ideológicos. El mundo debe conocer la historia real de lo que está sucediendo en el Perú y este pequeño texto busca contribuir en ese sentido.

On December 7 of last year, former President Pedro Castillo attempted to carry out a coup, illegally ordering the dissolution of the Congress of the Republic, the intervention of the Judiciary, the Public Ministry, the Constitutional Court and in turn ordering the capture of the prosecutor who is investigating him for the alleged and serious acts of corruption that compromise him along with his most intimate circle of officials and family members. It is from that specific date that Peru has been subjected to a wave of violence and vandalism that has not been spontaneous, but that it would have been gestated by Castillo himself throughout the 17 months that his government lasted.

As early as 2022, there were threats spread by Anibal Torres, president of Castillo’s Council of Ministers, who stated that «rivers of blood would flow» if Castillo left power; while his former Minister of Labor and Social Promotion, Alejandro Salas, warned that «the social upheaval would be so great that the country would be ungovernable.»

Today these threats have come true and began immediately after Castillo’s dismissal by Parliament and his subsequent arrest in flagrancy a few minutes later when he tried to escape to the Mexican embassy to request political asylum. It is from that moment that Peru is besieged by groups that, under the argument of «legitimate protest», have dedicated themselves solely and exclusively to daily committing crimes and actions contrary to the Law, putting life and property at risk. health of Peruvian citizens, among which are also police troops and armed forces.

Unfortunately, many international media, which enjoy a wide audience, have disseminated versions that are completely untrue; In principle, pointing out that there was a coup against Castillo, when all Peruvians, without exception, witnessed on a national radio and television channel that the former president tried to carry out a failed coup, committing serious constitutional violations and crimes that led him to an immediate vacancy by Congress. Likewise, those same international media have pointed out that in Peru there is a genocide perpetrated by the succession government of Dina Boluarte. Totally tendentious information and tremendously far away from the reality that we live in the country.

This fable is the one that has also been repeated in various towns and regions of Peru, especially in the south of our nation, where, in the face of a failed truthful communication strategy by the authorities of the current government, they have been easily manipulated by extremist groups that have their sole objective is the imposition of a new Constitution that guarantees their perpetuation in power.

To this must be added the discontent of decades due to the lack of attention to basic needs that have not received attention from the State, populations for whom economic growth has not meant the arrival of well-being and development as it has happened with other citizens.

At the Lima Chamber of Commerce, we want to be clear to the world: In Peru there is no dictatorship or genocide; what exists is the legitimate defense of a democratic State and the demand for compliance with the Law, which is applied against very well-organized groups to destabilize the country and that have simultaneously and organizedly attacked airports, public infrastructure, as well as substantial damage to private property, among other damages that daily affect the country. Nor can it fail to mention situations of extreme cruelty on the part of the so-called ”protesters», who in their acts of «protest» burned a policeman alive, who had no option to defend himself. A similar situation has been suffered by the police officers in charge of safeguarding the security of roads, airports and public and private institutions, where they are attacked with explosives, incendiary bombs, rocks thrown at high speed and even ammunition whose use is prohibited.

The cruelty that has been reached is such that as a result of the illegal roadblocks and violent acts, several Peruvian compatriots have died, including children, whose ambulances did not reach their destination after being attacked and set on fire.

Let’s speak with the truth: it is no coincidence that the attackers have directed their actions towards strategic objectives such as mining, tourism and agribusiness, pillars that largely support the economy of Peru. In the same way towards police headquarters, decentralized headquarters of the Judiciary, the Public Ministry and Customs, where investigation files were found on the smuggling mafias, illegal mining, drug trafficking and human trafficking that dominate a large part of the area. southern Peruvian Andes. All those files have been vandalized and burned.

Similarly, mining camps, gas and drinking water plants have been attacked, preventing this service from reaching the population. Another objective has been the “Norperuano pipeline”, which has been cut causing an oil spill in the Amazon. The brigades sent to repair the damage and prevent further contamination have in many cases been prevented from reaching the area.

On the highways, the blockades mainly target trucks that transport food and medicine, with the clear purpose of generating need and despair in the cities. And patients who try to be treated in a hospital or health center are forced to leave under the threat of attacking their integrity and that of doctors and nurses.

This is not a spontaneous protest from an impatient population. These are violent acts of a political nature, disguised as social protest. Although it is true that there is a need to close the gaps in Peru, in no way can this type of action be accepted outside the Law. It is true that there are unsatisfied demands, that inequity in Peruvian society is an enormous debt that the economic growth of the last decades did not know or did not want to attend. It is true that the pandemic showed that the enormous resources of the Peruvian State were not used to improve basic health and education services; or that laziness, corruption and indifference, in many cases, won the game.

But all these shortcomings and fair requirements cannot be used as an excuse to justify illegal actions and outside the Law that seek to force a «constituent moment» not protected and not stated by the Constitution of Peru.

Although there is not a single vision in this story, the voices that opt for peace and dialogue, such as the Lima Chamber of Commerce, also deserve to be heard. Faced with a violence that screams, that damages, we want to say enough of lies, enough of accommodating reality to personal and ideological interests. The world must know the real history of what is happening in Peru and this small text seeks to contribute in that regard

El quinto gabinete de ministros del gobierno de Pedro Castillo juramentó esta noche luego que, en la tarde, se designara como presidenta del Consejo de Ministros a la congresista Betssy Chávez, quien reemplaza al renunciante Aníbal Torres.

En esta ocasión son seis los nuevos ministros. Eduardo Mora Asnarán fue designado ministro de la Producción. Anteriormente se desempeñó como consultor en Asuntos Regulatorios y Gestión Pública en el Ministerio de Salud y director del Ministerio de la Producción.

Por su parte, el ingeniero de minas Oliveiro Muñoz Carrera  fue nombrado Ministro de Energía y Minas.

En tanto Juan Rodo Altamirano Quispe es el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Ingeniero agrónomo de profesión, fue viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario y director regional de Agricultura de Cajamarca.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estará a cargo de la congresista de Podemos, Heidy Juárez Calle, en tanto el Ministerio de Cultura queda a cargo de la congresista de Perú Libre, Silvana Robles Araujo.

Cinthya Lindo Espinoza, quien en enero último juramentó como prefecta de Piura, ahora es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social en reemplazo de Dina Boluarte.

Los ministros ratificados en sus cargos son los siguientes:

César Rodrigo Landa Arroyo en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Daniel Barragán Coloma en el Ministerio de Defensa

Willy Huerta Olivas en el Ministerio del Interior

Félix Chero Medina en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Rosendo Serna Román en el Ministerio de Educación

Kelly Portalatino Ávalos en el Ministerio de Salud

Alejandro Salas Zegarra en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Roberto Sánchez Palomino en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Richard Tineo Quispe en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

César Paniagua Chancón en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Wilbert Rozas Beltrán en el Ministerio del Ambiente

Kurt Burneo Farfán en el Ministerio de Economía y Finanzas

El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento esta noche a la congresista y vocera de Perú Libre, Kelly Portalatino Ávalos, como la nueva ministra de Salud y quien así se convierte en la cuarta titular de esta cartera en lo que va del gobierno actual.

Portalatino Ávalos es médico cirujano, tiene 37 años y actualmente es congresista de la República para el periodo 2021-2026.

En el 2014 fue directora ejecutiva de la Red de Salud Pacífico Sur y se desempañaba como médico cirujano en la Unidad Ejecutora N° 409 de la Red de Pacífico Norte.

A nivel político, fue secretaria en la región Áncash del partido Perú Libre. 

Portalatino Ávalos reemplaza en el cargo a Jorge López Peña, quien era ministro de Salud desde abril último y duró en el cargo casi 6 meses. Fue destituido luego que un canal de televisión el domingo último diera cuenta que solicitó a trabajadores del Ministerio de Salud realizar una serie de depósitos en distintos bancos por un total de 98,400 soles en favor de la madre de sus hijos, a quien además un empresario, dueño de centros médicos, depositó 70 mil dólares.

La Fiscalía inició una investigación preliminar al ahora ex ministro de Salud.

Desde que asumió el gobierno Pedro Castillo, el Minsa ha tenido tres ministros, El primero de ellos fue Hernando Cevallos, quien dirigió esta cartera entre el 29 de julio del 2021 y el 8 de febrero del 2022. Fue reemplazado por Hernán Condori, quien estuvo entre el 8 de febrero y el 3 de abril del presente año, luego de ser censurado por el Congreso de la República. Posteriormente, asumió Jorge López.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) considera que el uso de los mecanismos Constitucionales para controlar el mal uso del poder, investigar y sancionar los delitos supuestamente cometidos por el presidente y su entorno cercano, no puedan ser considerados como un golpe de estado.

Por ello, lamenta que el presidente Pedro Castillo Terrones, siga sin dar explicaciones de sus actos al pueblo peruano y en su reciente Mensaje a la Nación haya preferido denunciar un inexistente complot contra la democracia, para solicitar la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) en nuestro país.

Asimismo, subraya que no corresponde activar la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, afirma que la decisión tomada el día de hoy por el Consejo Permanente de la OEA, de enviar una misión a nuestro país, permitirá que sus funcionarios escuchen directamente a los distintos actores políticos y de la sociedad civil y entiendan lo que realmente está ocurriendo.

“Por ello, invocamos que su visita y actividades se realicen con la transparencia y objetividad que este caso amerita. Estamos convencidos que entenderán que las investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República sobre los actos de corrupción señalados, no constituyen acciones destinadas a alterar el orden constitucional y, por el contrario, buscan proteger la democracia peruana”, precisa la CCL.

En ese sentido, manifiesta que es de vital importancia para evaluar la situación peruana lo señalado por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, quien sostuvo que “la rendición de cuentas es vital para un sistema político democrático”, lo que constituye un nuevo llamado para que el mandatario peruano finalmente responda por sus actos.

Cabe precisar que las acciones o decisiones que deriven de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA no impiden ni limitan el accionar de la Fiscalía de la Nación o del Congreso de la República, los cuales se encuentran amparados dentro de los alcances y competencias que garantiza la Constitución Política del Perú.

El gremio empresarial reitera su reconocimiento a la labor que vienen realizando la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y el Congreso de la República, quienes deben ceñirse a la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos por el Perú.

Finalmente, sostiene que es urgente resolver por los cauces democráticos la crisis política que atraviesa el país, pues sus consecuencias ya se perciben en la falta de empleo formal, el menor dinamismo de la economía y hasta en aspectos tan importantes para la estabilidad macroeconómica como la calificación crediticia que el Perú tenía y cuya perspectiva fue rebajada este jueves por la agencia calificadora Fitch Ratings.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) demandó una actuación inmediata del Ministerio Público frente a las denuncias del exministro del Interior, Mariano González, que comprometen al presidente de la República, Pedro Castillo, en presuntos actos de corrupción y obstrucción de la justicia.

En tal sentido, consideró positivo que la fiscal de la Nación haya citado al exministro González para tomar su declaración y formalizar su denuncia.

La CCL manifestó que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias a fin de esclarecer y sancionar a los involucrados en estos hechos que agudizan la crisis política, económica y de inseguridad que vive el país.

“Deploramos la actitud del presidente Castillo de destituir al exministro Mariano González horas después de que constituyera un equipo especial de la Policía Nacional para que se dedique a investigar y capturar al exministro de Transportes, Juan Silva; al ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco; y al sobrino del presidente Castillo, Fray Vásquez; implicados en el presunto cobro de sobornos para la adjudicación de obras públicas y el otorgamiento de ascensos militares y policiales, casos en el que estaría comprometido el propio jefe del Estado”, sostuvo la organización empresarial.

Cuestionó la destitución de un ministro –a través de la red social Twitter–, lo que constituye un atentado a la institucionalidad y al respeto a los procedimientos, al no explicar previamente a la opinión pública las razones por las cuales se tomó tal decisión, siendo posteriormente explicadas por el abogado personal del mandatario.

La CCL recalcó que es evidente que una de las razones por las cuales el presidente Castillo destituyó a González, fue la creación del escuadrón especial de la policía.

“Esta situación no solo aumenta las sospechas de corrupción que vinculan al mandatario, a sus familiares y a ex funcionarios, hoy prófugos de la justicia, sino que, además, elimina cualquier compromiso por parte del presidente Castillo de someterse a las investigaciones, como corresponde a cualquier ciudadano. Esta es una conducta que conllevaría a la incapacidad moral para seguir desempeñando el cargo y debe llevar a su renuncia o destitución”, manifestó la CCL.

“Exhortamos al Congreso de la República y a todas las instituciones democráticas, a que actúen de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, evitando que reine la impunidad y que el país continúe en una situación de descalabro permanente, que afecta la recuperación económica y trunca el desarrollo y el bienestar de todos los peruanos”, sentenció.

No somos pocos quienes esperamos que el reciente viaje del presidente Pedro Castillo a México y Estados Unidos para presentarse ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) le permita reflexionar sobre el importante papel que le corresponde, a fin de que asuma de una vez por todas, con responsabilidad y determinación, el liderazgo que reclama el país para comenzar a resolver los graves problemas que enfrenta la población.

Esto supone terminar con el clima de inestabilidad, desconfianza e incertidumbre que reinan desde que asumió su mandato, para lo cual requiere cuanto antes corregir la serie de errores que ha cometido –en principio– con la designación personajes de dudosa idoneidad profesional, técnica e intelectual –para no hablar de quienes arrastran investigaciones y denuncias policiales y judiciales– como ministros de Estado y funcionarios públicos.

No es poca cosa lo que enfrenta el profesor Castillo como presidente del Perú, un país que, desde la llegada de la pandemia del coronavirus, y debido a la manera por decir lo menos indolente e ineficiente con que la enfrentaron sus antecesores, se ha sumido en una terrible crisis que ha costado la vida y el bienestar a millones de personas.

Esto no quiere decir que antes de la enfermedad no hubiesen existido problemas, pero sin duda estos – limitado acceso a servicios básicos como agua, alimentación, salud, educación, vivienda y electricidad; infraestructura; conectividad; acceso a la justicia, entre otros– se han agudizado especialmente entre los más pobres.

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Diferentes especialistas señalan que para tomar decisiones se necesita tener un objetivo claro que alcanzar, el cual debe ser fijado por un líder que facilite la toma de tales decisiones y oriente los procesos y actividades hacia el logro de dicha meta.

El líder debe tener una visión, un impulso y un compromiso para alcanzar esa visión u objetivo.

¿Tiene el presidente Castillo una visión y un objetivo que deberían ser alcanzados por el Perú durante su Gobierno? ¿Tiene el liderazgo para orientar al país hacia un camino que asegure su desarrollo?

Estas preguntas no tienen respuestas, sobre todo si nos guiamos por lo ocurrido solo en la última semana, pues mientras que ante cada auditorio que se presentaba durante su viaje internacional el presidente Castillo; el ministro de Economía, Pedro Francke; y el canciller Oscar Maúrtua, se esforzaban por asegurar que el Gobierno no impulsa una Asamblea Constituyente, que garantiza la inversión privada nacional y extranjera, que rechaza al terrorismo, que respeta las libertades de prensa y expresión y que no reconoce a dictaduras como la que regenta Venezuela; en el Perú, su jefe del gabinete Guido Bellido y sus congresistas decían y hacían todo lo contrario.

Ojalá el presidente Castillo haya tenido la oportunidad de escuchar los discursos que sus colegas de Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay también pronunciaron ante la Celac y la ONU, en los que coincidieron en invocar que se deje de lado los populismos y, en cambio, se impulse al sector privado como motor de la economía y se defienda la democracia para seguir buscando una mayor equidad y justicia.

Ojalá haya escuchado también lo que ellos y otros tantos presidentes del mundo expresaron sobre la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela, para que entienda que los modelos aplicados en estos países destruyeron sus democracias y economías, sumiendo a sus poblaciones en la miseria y la desesperación, obligándolos a huir con lo poco que tienen.

Lo hemos dicho antes y lo repetimos; no hay tiempo que perder, porque cada minuto que pasa sin que se tomen decisiones, tiene un costo muy alto, muchas veces irreparable para millones de familias. Ojalá lo entienda el presidente Castillo.