Tadeo Fernández: “Grupo BID aprobó más de US$ 24 000 millones en financiación en Latinoamérica y el Caribe durante 2023”

El experto internacional Tadeo Leandro Fernández, quien estará presente en el «VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción», que se realizará el 9 y 10 de septiembre en el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en conversación con La Cámara explicó sobre la importancia y los beneficios de la gestión de riesgos de integridad en las operaciones de las empresas.

¿Cuál es el rol de la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)?

El Grupo BID, integrado por el propio Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest y BID Lab, está comprometido a fomentar el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe, y para ello es fundamental preservar la integridad en las operaciones que realiza en la región. En conjunto, el Grupo BID cerró en 2023 más de U$S 24 000 millones en financiamiento, incluyendo movilizaciones, cofinanciamientos, préstamos con y sin garantía soberana, inversiones y asistencias técnicas, entre otros productos financieros. Para lograr esto, es clave el rol de la OII en materia de gestión de riesgos de integridad.

La OII fue creada hace 20 años como una oficina independiente del Grupo BID y es la responsable de supervisar la gestión de riesgos de integridad, mediante la prevención, como también la investigación de las denuncias de «Prácticas Prohibidas», como fraude y corrupción, que pueden haber ocurrido en una operación financiada por el Grupo BID. Ese rol de investigación y sanción de «Prácticas Prohibidas» por parte del Grupo BID se complementa con las funciones de la Oficina del Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones, que conjuntamente con la OII constituyen el «Sistema de Sanciones» del Grupo BID.

¿Qué esfuerzos o acciones concretas realiza la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID para luchar contra la corrupción?

Como parte integral del “Sistema de Sanciones” del Grupo BID, una de las funciones principales de la OII es la de investigar “Prácticas Prohibidas” en las operaciones que realizan las distintas partes del Grupo BID. Por “Prácticas Prohibidas” nos referimos a ciertas conductas de corrupción, fraude, colusión, coerción y apropiación indebida, además de obstrucción a una investigación en sí misma. La OII tiene un equipo de especialistas que llevan a cabo tales investigaciones y si se concluye que esas prácticas han sucedido, entonces se presentan cargos al Oficial de Sanciones. Las resoluciones del Oficial de Sanciones, que pueden incluir una sanción de inelegibilidad para contratar con el BID (debarment), pueden ser apeladas al Comité de Sanciones. Tales sanciones son públicas y en ciertos casos, además, la sanción que impone el BID es reconocida y aplicada por otros bancos multilaterales de desarrollo. Alternativamente, en determinados casos, la OII puede celebrar acuerdos de resoluciones negociadas con la parte investigada.

Otra función clave de la OII es el manejo de riesgos de integridad en las operaciones que realiza el Grupo BID. La OII colabora con equipos del Grupo BID en la identificación y mitigación de los riesgos de integridad, a través de diversas herramientas y actividades. Estos esfuerzos son llevados a cabo en operaciones con garantía soberana (es decir, aquellas operaciones que el BID hace con los gobiernos de los países prestatarios) y en operaciones sin garantía soberana, que son operaciones (es decir, operaciones que BID Invest y BID Lab hacen con entidades del sector privado).

Estos esfuerzos de la OII buscan contribuir de forma significativa al impacto en el desarrollo que persigue el Grupo BID. En primera medida, las investigaciones implican hacer responsables a personas (humanas o jurídicas) que cometieron conductas indebidas. Luego, la OII colabora con la identificación y mitigación de los riesgos de integridad, a través de diversas herramientas y actividades. Esos dos elementos, a su vez, contribuyen a la misión de la OII de proponer mejoras a la capacidad del Grupo BID y de las agencias y entidades del sector privado con las que trabaja para gestionar los riesgos de integridad. Finalmente, estos esfuerzos ayudan a proteger la reputación del Grupo BID, y su compromiso con la integridad en sus operaciones. Esto, a su vez, alienta a los países miembros a trabajar con el Grupo BID porque las mejores prácticas internacionales y los altos estándares de integridad ayudan a atraer y movilizar capital en la región. Para mayor información de las actividades y esfuerzos de la OII contamos con reportes anuales, que son públicos y disponibles en la página web del BID.

Compliance en las organizaciones

Los Sistemas de Compliance son herramientas de gestión efectivas para combatir la corrupción y otros delitos. ¿De qué forma se podría incentivar su implementación en las organizaciones públicas y privadas?

Los programas de cumplimiento, en tanto estén diseñados en función de los riesgos que se enfrentan, son herramientas efectivas para prevenir conductas indebidas. Muchas veces, el incentivo para su implementación viene dado por requisitos legales o regulatorios, y otras veces por el entorno de negocios. En el BID, los programas de cumplimiento anticorrupción se aplican en diferentes contextos, a menudo con la participación de la OII.

En el contexto de operaciones, la OII suele recomendar que las empresas adopten (o que los organismos gubernamentales exijan a las empresas que adopten) dichos programas de manera robusta, para mitigar los riesgos de integridad en los proyectos financiados por el Grupo BID. Algunas veces, cuando los riesgos son muy altos, la OII exige la implementación de esos programas, o la adopción de mejoras significativas (como pueden ser las auditorías externas específicamente aplicables al programa).

Además de mitigar los riesgos, su adopción contribuye al impacto en el desarrollo de los proyectos del Grupo BID, ya que mejoran la capacidad de esas empresas para gestionar los riesgos de integridad. Entre los puntos principales que la OII analiza, se encuentran el cumplimiento con las leyes y regulaciones anticorrupción aplicables, la ejecución de controles y debida diligencia de terceras partes, incluyendo la inclusión de medidas contractuales robustas para mitigar riesgos una vez que las relaciones comerciales han comenzado. Por ejemplo, en algunos casos, estas disposiciones permiten rescindir contratos frente a incumplimientos graves de materia de integridad.

Una manera en la que se han implementado sistemas de compliance ha sido a través del Sistema de Sanciones del Grupo BID. En algunos casos, las sanciones por haber incurrido en una “Práctica Prohibida” pueden exigir a las empresas implementar programas de cumplimiento anticorrupción.

Otro método de incentivo que la OII ha aplicado está vinculado con una herramienta que hemos diseñado para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Muchas veces, las PYMEs no cuentan con los recursos para desarrollar sistemas de compliance porque pueden ser costosos y el asesoramiento de especialistas usualmente se encuentra más disponible para empresas grandes. Para apoyarlas a enfrentar este desafío, la OII trabajó con expertos externos para desarrollar una solución anticorrupción y antisoborno diseñada para orientar a las PYMEs en la evaluación de riesgos de integridad y formula recomendaciones sobre los tipos de controles necesarios para gestionar esos riesgos. Luego de hacer esta evaluación, expertos externos validan la información y procesos y controles aplicados. Este enfoque busca reducir las barreras para que las PYMEs adopten programas sólidos de cumplimiento anticorrupción. También busca ayudar a aumentar la disponibilidad de experiencia local mediante la capacitación de un grupo de validadores locales.

Por último, quisiera destacar que la OII incentiva no sólo programas de cumplimiento anticorrupción. En 2023, la OII colaboró estrechamente con la División de Gestión Fiscal del BID en relación con los programas de cumplimiento cooperativo. A través de estos programas, el BID trabaja con las autoridades fiscales para adoptar regulaciones que brinden incentivos a las empresas que adopten enfoques transparentes y de bajo riesgo en sus estructuras tributarias. Para que este esfuerzo regulatorio tenga éxito, las empresas participantes del sector privado necesitan demostrar un sistema de cumplimiento robusto y transparente que garantice el cumplimiento tributario.

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