“Se debe crear una institución que articule la política social”
Una entidad con mayor poder coercitivo mejoraría la eficiencia de los programas sociales, considera Yohnny Campana, economista asociado de Macroconsult.
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Por Mirtha Trigoso
¿Qué tan eficientes son los programas sociales que administra el Gobierno?
Bajo una revisión comparada de los costos por beneficiario que tienen algunos programas sociales icónicos, en el Perú estos son inferiores a los de otros países. Esto obedece al menor gasto social que tiene nuestro país en comparación con Colombia, Chile y Uruguay, entre otros. Esto es importante, pues puede mermar la calidad de los servicios prestados a la población beneficiaria o limitar la gestión para incorporar a todos los que se debe.
A pesar de ello, existen espacios de ineficiencia que podrían superarse. Por ejemplo, existe algo de desorden en varios programas sociales que generan duplicidades. El Perú tiene una Política de Desarrollo e Inclusión Social que ordena las intervenciones de todos los sectores; sin embargo, esta ha sido actualizada recientemente y ya incorpora a muchos más sectores e incluye a gobiernos subnacionales. Veremos cómo va. De todos modos, hay elementos institucionales en torno a la rectoría efectiva de la política social que pueden imponer límites a los avances.
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¿Los programas sociales tienen impacto en la reducción de la pobreza?
Conceptualmente, los programas sociales no buscan reducir la pobreza. La reducción de esta ocurre a través de la inserción de las personas en el empleo productivo, y sucede principalmente a través del crecimiento económico. Ahora bien, hablando de los principales programas, además de Juntos, está Pensión 65, que son tal vez los más evaluados. En varios estudios se ha demostrado que ambos aumentan el gasto del hogar y su calidad, entre otros beneficios. Ahora, es lo menos que se les puede pedir. Otros programas, como Cuna Más y el SIS, también parecen ser efectivos para mover el desarrollo infantil temprano, lo que está asociado con menor pobreza en el largo plazo.
En general, las intervenciones más costoefectivas son aquellas que tienen lugar en la infancia temprana. En el caso del programa Qali Warma, si bien ayuda a aumentar la permanencia en la escuela, no está completamente claro su impacto sobre aprendizajes.
Los casos que menciono son tal vez muy auspiciosos, pero ello es consecuencia de la mejora en la gestión de la política social en el país, al menos de los programas que están bajo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). En esto el Perú ha mejorado porque se ha introducido una cultura de asignación presupuestal basada en resultados.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los programas sociales?
El más importante es que aún hay numerosos programas que no se articulan entre sí para maximizar resultados y evitar superposiciones. Varios sectores del Estado tienen programas sociales, pero operan muchas veces de manera independiente. No hablo de los que están bajo los pliegos de Educación, Salud o el Midis, que trabajan de manera relativamente cercana, sino más bien de los que ven otros ministerios. Veremos cómo se implementa la nueva Política de Desarrollo e Inclusión Social al 2039; pero, en cualquier caso, se requiere alguna reforma a nivel institucional que permita crear una instancia con mayor poder coercitivo que los ordene.
En segundo lugar, va a tomar algún tiempo reducir el empobrecimiento de la población a raíz de la pandemia y la recesión de la economía, principalmente en ámbitos urbanos, teniendo en cuenta que la política social no la ha acompañado.
En tercer lugar, siempre hay necesidad de mejorar esquemas de focalización de la política social.
¿Cómo mejorar la eficiencia de los programas sociales? ¿Hace falta una nueva normativa?
Sí. En la década pasada se discutía la necesidad de crear una institución que se encargara de ordenar y articular toda la política social del país. Al inicio se esperaba que el Midis cumpliera esta labor, pero ha quedado relegado a unos cuantos programas. Tal vez los más emblemáticos y mejor gestionados, pero limitados en alcance. Quizá es necesario volver a pensar en esto.
Tal vez se requiera crear áreas de articulación desde los ministerios que tengan como meta vincularse de manera explícita bajo la batuta del Midis.
¿Es suficiente el presupuesto que se destina a los programas sociales?
Podría ser más amplio. Como digo, la pobreza ha crecido y no se va a reducir tan rápidamente y el gasto en programas sociales debería acompañarla.
Por otro lado, según un reciente reporte del Panorama Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL, el gasto social del Perú es del 12 % de su PBI. Este gasto es menor al de otros países vecinos, como Chile, Brasil, Uruguay y Colombia. Lo mismo pasa con el gasto en protección social: Perú gasta alrededor de US$ 260, mientras que Colombia está en US$ 500, Brasil o Uruguay en más de US$ 1 000 y Chile supera los US$ 2 000. La misma regularidad se mantiene cuando se revisan otras funciones, como salud o educación.
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