Rosa Bueno: Nueva oportunidad

Como resultado del voto popular ejercido por los ciudadanos el domingo pasado, nuestro país tiene nuevos alcaldes y gobernadores regionales, quienes asumirán sus funciones en enero del 2023 en medio de una crisis política. Ellos deberán enfrentar un clima de desconfianza de la población y sus demandas por la obtención de servicios básicos para mejorar su calidad de vida. Asimismo, deberán enfrentar los graves problemas de corrupción, de inseguridad, de desempleo y desgobierno.

Esperemos que los peruanos no hayamos desperdiciado, una vez más, la oportunidad de elegir a las personas más idóneas, a pesar de que los partidos políticos nos han propuesto candidatos seriamente cuestionados. De nuestro voto depende que las demandas señaladas sean satisfechas. Es mandatorio trabajar en las reformas necesarias para mejorar el nivel de los candidatos. En la CCL estamos trabajando en una propuesta para ello.

La reciente encuesta nacional sobre corrupción de Proética muestra entre las instituciones consideradas más corruptas por los ciudadanos al Congreso de la República, el Ejecutivo, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Como podrán apreciar, estas autoridades llegan al poder gracias a nuestros votos.

La encuesta precisa que, en el centro, sur y oriente del país los gobiernos regionales se encuentran en el top tres de las instituciones más corruptas. Lo señalado es sumamente grave considerando que los gobernadores regionales serán los responsables de gestionar un presupuesto total para realizar obras públicas de S/ 12.467 millones, según la ley de presupuesto público que presentó el Ejecutivo al Congreso. La desconfianza popular está justificada. El 84% de gobernadores regionales son investigados por algún delito de corrupción, lo que significa que 21 de los 25 gobernadores regionales elegidos en las elecciones del 2018 deberán responder ante la justicia. Esperamos que este patrón no se repita con los gobernadores recientemente elegidos.

De otro lado, las municipalidades son la cuarta institución (detrás de la policía, los establecimientos de salud y de justicia) en la que los encuestados reconocieron que, en los últimos 12 meses, dieron alguna coima, regalo o pago indebido para realizar trámites o gestiones, de otra manera “las cosas no funcionan”. Cabe señalar que existe una alta conciencia en los ciudadanos de cuáles son las conductas ilícitas; sin embargo, pese a ello, las realizan para avanzar en sus trámites y gestiones. Esta situación exige un esfuerzo de gobernadores y alcaldes para mejorar su tramitología y transparentar sus procesos.

La percepción de los ciudadanos es que la corrupción se incrementará en el futuro y pese a que la misma sigue siendo el tema que más preocupa, el porcentaje de ciudadanos preocupados disminuye. Esto encuentra explicación en que la preocupación ciudadana se está enfocando en temas económicos al sentir la presión del alza de precios de los alimentos. Hambre y corrupción, definitivamente una mala combinación. Es imprescindible que los gobernadores y alcaldes elegidos se comprometan seriamente en la lucha contra la corrupción. Es hora de recuperar la credibilidad de quienes gobiernan un distrito, una provincia o una región. Los ciudadanos y claro está los gremios debemos asumir la vigilancia y toma de cuentas de las autoridades elegidas. De otro modo, el deterioro del país será cada vez mayor.