• Rosa Bueno: Lo que nos jugamos

    5 de Diciembre del 2022
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    El Perú nuevamente se encuentra en un momento extremo. “¡Vacancia!” se escucha, justificadamente, ante las denuncias de corrupción. Pero el ruido político sigue creciendo y, a la par, se van postergando las decisiones de futuras inversiones y –peor aún– se van alejando las inversiones que estaban próximas a concretarse, con consecuencias directas y dramáticas sobre el bienestar ciudadano.

     

    El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) calcula que el Perú tiene una cartera de inversiones en centros comerciales por 1.440 millones de dólares para ser desarrollada entre 2022 y 2025. Sin embargo, este monto aparentemente alto en realidad incluye las inversiones que se postergaron entre 2019 y 2021; en ese periodo, de un total de 19 proyectos por 917 millones, solo se ejecutó el 30 por ciento.

     

    Ocurre lo mismo en sectores claves como minería, hidrocarburos, electricidad. El ruido político acarrea la postergación de inversiones y afecta el potencial de crecimiento del país, que hoy es de apenas 2,9 por ciento anual. Si queremos crecer sostenidamente a tasas más altas, tendríamos que reducir el ruido político.

     

    ¿Cómo impacta este ruido en los ciudadanos? Cuando se postergan decisiones de inversión, también se aplaza la generación de puestos de trabajo, el pago de impuestos y, por consiguiente, se dispone de menos dinero para apoyar programas sociales, pagar los sueldos de maestros y médicos y realizar inversiones estratégicas.

     

    Las expectativas empresariales de corto plazo se mantienen en tramo pesimista desde abril de 2021, desde que se definieron los candidatos presidenciales para la segunda vuelta electoral. Desde entonces, las acciones del Poder Ejecutivo no han logrado revertir esa situación, sino que han creado más dudas aún, pues la confrontación ha sido moneda corriente en el gobierno de Pedro Castillo. Y la preocupación por un eventual cambio del régimen económico que establece la Constitución de 1993 va creciendo con cada crisis política que afronta el país.

     

    Perú posee una solidez macroeconómica y una Constitución que han permitido sortear hasta el momento, con relativo éxito, la inestabilidad política de los últimos años. Sin embargo, en lo que va del actual Gobierno, se ha perdido tiempo valioso para avanzar en medidas de largo plazo que mejoren la competitividad y la productividad necesarias para alcanzar un crecimiento económico más elevado.

     

    Hace diez años, Perú tenía el potencial de crecer sostenidamente alrededor del 6 por ciento anual; hoy se ha reducido a 2,9 por ciento. La gravedad de este retroceso se comprende mejor cuando se revisan indicadores sociales como el hambre.

     

    El informe sobre el Índice Global del Hambre en el Perú, presentado por las organizaciones miembros de la red Alliance2015, señala que Perú retrocedió considerablemente su posición. Es decir, se aprecia una mayor incidencia de hambre en el país si se compara con la época prepandemia. Al cierre de 2019, el IGH en Perú era de 14,0 puntos; dos años después el índice se ha elevado a 17,7 puntos, lo cual significa un retroceso de 10 años.

     

    Otra forma de comprenderlo es traducirlo en número de personas afectadas: hablamos hoy de 16,6 millones en esta condición, ¡el doble de lo que se registró antes de la pandemia!, según la FAO. La agencia de las Naciones Unidas ha advertido que el incremento es “vertiginoso y nunca observado en el país”, pues implica que uno de cada dos peruanos va a dormir con hambre.

     

    El informe sobre el Índice Global del Hambre en el Perú revela la importancia de la transformación de los sistemas alimentarios y su gobernanza; sin embargo, eso es casi imposible porque la estabilidad de los ministros de Agricultura es mínima y las capacidades estatales de lograr concretar compras internacionales son casi nulas.

     

    Aunque la vacancia no es un fin en sí misma, sino una medida extrema, esta data de la realidad deja muy claro que con el ruido político nos jugamos mucho más de lo que se cree.

     

    El costo de oportunidad, es decir, el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos la decisión de seguir sumergidos en discusiones estériles, incluye la pérdida de beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la alternativa: focalizar todos los esfuerzos (privados y públicos) en reactivar nuestra economía y evitar que más peruanos sigan pasando hambre.

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