• Rodolfo Albán: “Impulsamos la transformación digital de la justicia en Perú”

    El director ejecutivo del Programa para el Mejoramiento del Sistema de Administración de Justicia (PMSAJ) Eje No penal, Rodolfo Albán, explicó los avances del proyecto que ejecutan en el Tribunal Constitucional y otras instituciones, que permitirá resolver los casos o disputas en menos de un año.

    6 de Diciembre del 2021
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    Erika López

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    ¿En qué consiste el Programa de Mejoramiento del Sistema de Administración de Justicia (PMSAJ) Eje No penal?

    El programa eje no penal se ejecuta bajo un contrato de préstamo por US$ 85 millones firmado entre el Gobierno peruano y el Banco Mundial (BM) en el primer trimestre del 2020.

     

    Este programa se activó en octubre del mismo año y hemos cumplido un año exhibiendo muy buenos avances y logros.

     

    En el marco de este programa tenemos cinco instituciones que participan con dos unidades ejecutoras.

     

    La primera, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), atiende a tres instituciones: el Tribunal Constitucional (TC), la Junta Nacional de Justicia y el mismo Ministerio de Justicia.

     

    La segunda unidad es la del Poder Judicial, que realiza las iniciativas de la propia institución y de la Academia de la Magistratura.

     

     

    ¿Qué pretenden lograr cuando se termine el programa?

    El programa dura cinco años aproximadamente, pudiéndose extender dependiendo de la velocidad de ejecución de los cinco proyectos.

     

    Los principales logros que queremos tener es transparencia en las decisiones del sistema de administración de justicia, la predictibilidad para que los resultados no nos tomen por “sorpresa” cuando se entra a un litigio y la celeridad de los mismos.

     

    Con estos resultados, queremos darle seguridad jurídica al país de tal manera que los agentes económicos sientan los beneficios de la existencia de un sistema de justicia eficaz y eficiente.

     

    Para ello, estamos impulsando la transformación digital del aparato del sistema de administración de justicia del país y eso va generar seguridad jurídica que nos va a ayudar a acceder al objetivo que tenemos como país que es pertenecer a la OCDE.

     

     

    ¿Cuáles son los avances concretos de este programa?

    En la etapa en la que nos encontramos de ejecución e inversión hemos combinado una estrategia mixta, que significa actuar rápidamente con adquisiciones de equipamiento e infraestructura tecnológica.

     

    Por ejemplo, en el TC ya hemos adquirido scanner; equipos de digitalización de alta velocidad con licencia perpetua; sistemas de servicios transaccionales en la nube; servidores; un data center, que estamos terminando de implementar; y aparatos de digitalización de documentos. Todo ello para que puedan administrar justicia rápidamente.

     

    El TC históricamente tardaba tres años promedio en resolver una causa, pero con el uso de las tecnologías que estamos implementando en la entidad, que ya cuenta con un expediente digital que vamos a mejorar y migrar a un mejor sistema, permitirá resolver los casos de disputa en menos de un año.

     

    Hoy el TC no llega a 500 expedientes en giro, es decir, ya no tiene stock o carga procesal. Históricamente hace unos dos años tenía como stock en promedio entre 6.600 a 7.000 expedientes.

     

    El otro proyecto, que es con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene un componente muy fuerte de infraestructura tecnológica en los denominados Centros de Asistencia Legal Gratuita (Alegra) que se distribuyen a nivel nacional.

     

    En este caso, hemos intervenido básicamente con mejoras en la infraestructura para que se puedan dar los servicios adecuados a la ciudadanía y a los agentes económicos para que tengamos buenas conciliaciones y acompañamientos legales.

     

    En el caso de la Junta Nacional de Justicia hemos terminado toda la fase de documentos y hemos trabajado algunas capacitaciones porque los proyectos tienen un componente muy importante que es el de generación de capacidades y gestión del cambio.

     

    Paralelamente, el proyecto prevé la seguridad perimetral, es decir, compraremos equipamiento para evitar a los hackers o que haya un filtro de información hacia afuera. Actualmente lo tiene, pero lo vamos a reforzar.

     

    Además, todo este sistema nos permitirá tener una interoperabilidad que es entendida como la capacidad de intercambiar información entre distintos actores para hacer más efectiva la tramitación y la eficiencia de los procesos y, como consecuencia de ello, conseguir una burocracia más eficaz.

     

     

    ¿Esto ayudará a que se imparta en el país una mayor justicia?

    Efectivamente. Ese es un componente que nosotros tenemos previsto desarrollar para todos los proyectos.

     

    Se trata de la denominada inteligencia de negocio o los business intelligence que queremos implementar para saber cómo va la justicia, en este caso no penal, a través de indicadores que nos permitan ver cómo van los procesos, si muy lentos o cuántas veces han sido rechazados de una instancia a otra, además de la trazabilidad de los mimos

     

    El usuario podrá hacer un seguimiento fino a esos procesos, y eso va generar mucha rapidez en la administración de justicia. Estoy seguro que esto va tener un impacto positivo en la economía nacional y en el quehacer de todos los agentes económicos y también en la sociedad civil.

     

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