Roberto De La Tore: “los auditores deberían adoptar una actitud más proactiva en la ejecución de obras públicas”
El presidente de la CCL participó en el conversatorio 'Los efectos del control concurrente sobre la inversión pública', organizado por la Contraloría de la República, donde también planteó algunas sugerencias para mejorar esta herramienta de control.
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Entre 2018 y 2023 cerca de 1 900 proyectos de inversión pública ejecutados en el Perú fueron objeto de control concurrente, mecanismo que ha contribuido a generar un ahorro global de S/ 3 829 millones, según el estudio ‘Medición del impacto del control concurrente en la inversión pública’, elaborado por la Contraloría General de la República.
Además, la investigación muestra que esta herramienta de control ha aportado en la reducción de un promedio de S/ 2 millones en el costo de las inversiones y ha mejorado en 29.2 puntos porcentuales el nivel de avance financiero de los proyectos, lo que resulta en una mayor eficacia en términos de menores plazos de ejecución.
Según el contralor Nelson Shack, la implementación de esta herramienta en las inversiones públicas contribuye a concretarlas con transparencia y efectividad, además de tener efectos en el ahorro de recursos para el Estado y en la aceleración de proyectos de infraestructura.
No obstante, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, durante su intervención en el conversatorio ‘Los efectos del control concurrente sobre la inversión pública’, realizado en la Universidad del Pacífico, señaló que la percepción del sector empresarial, según experiencias personales, es que el control concurrente paraliza la inversión pública.
“Esto en parte sucede porque se han hecho intervenciones incorrectas o mal implementadas que generaron demoras significativas. Y esas demoras, de un lado, vienen de los supervisores que no toman decisiones y le pasan la pelota a otra entidad. Estos casos suelen terminar en arbitraje”, comentó el representante del gremio empresarial.
Propuestas de mejora
En ese sentido, el líder empresarial sugirió tres acciones para mejorar la percepción de esta herramienta de control, por lo cual recomendó optimizar la comunicación, seleccionar los auditores más idóneos por cada tipo de obra y adoptar un enfoque más proactivo que faculte a los supervisores para ayudar a encontrar soluciones.
“Lo ideal es que se pueda ver al auditor no tanto como un policía o un fiscalizador sino como un funcionario que puede aportar y ayudar a solucionar el problema con una actitud más proactiva. También hay que hacer que los funcionarios se sientan más respaldados cuando toman ciertas decisiones”, indicó De La Tore.
En otra parte de su intervención, el presidente de la CCL destacó que el control concurrente que está aplicando la Contraloría de la República va a ayudar a reducir la brecha en infraestructura, dándole mayor productividad y competitividad al país y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, pero planteó que se podrían hacer algunos ajustes a esta herramienta de control.
“Como CCL estamos incursionado ya hace un tiempo en propuestas de políticas públicas. O sea, el rol del sector empresarial ya ha empezado a cambiar y hoy no solo se están preocupando por su actividad económica propiamente, sino por los grandes temas del país”, puntualizó.
En tanto, Anthony Moreno, coordinador académico de especialización de inversión pública de la Escuela de Gobierno de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), precisó que parte de las observaciones de la autoridad de control se debe a que los expedientes técnicos están alejados del perfil de la obra de inversión pública, lo cual genera demoras en su ejecución.
Por su parte, Pablo Lavado, vicedecano de la Facultad de Economía y Finanzas y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, indicó que este estudio puede contribuir a caracterizar mejor dónde funciona más el control concurrente y en qué tipo de obras a fin de aplicarlo a proyectos futuros.
A su turno, Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública, destacó que este estudio sobre el control concurrente, realizado por la Contraloría, es inédito en América Latina y opinó que podría ser implementado en otros países de la región como en México, lo cual ayudaría a combatir la corrupción de los funcionarios y haría más eficiente la gestión de los recursos públicos.
